A partir de hoy, todo agente de la Policía Nacional Civil debería preguntarle a su oficial superior -de la manera más formal posible- si el Ministro de Gobernación va a decidir si una orden judicial se cumple, o no. Esto se debe a que el ministro semillero de Gobernación informó sobre la destitución de los agentes que capturaron a un abogado sindicado de haber manipulado de forma ilegal la inscripción del Movimiento Semilla. El ministro explicó que los policías habrían realizado acciones fuera del procedimiento policial y que se les deducirían las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.
La decisión del jefe de la cartera de Gobernación es no sólo un abuso de poder, sino una canallada.
Es un abuso de poder porque a los agentes de la PNC les corresponde ejecutar -sí o sí- las órdenes de captura emitidas por los tribunales. No les corresponde a los policías, en ningún escalón de la jerarquía, decidir si una orden de captura debe ser ejecutada o no. Si la orden de captura fuera ilegal, la responsabilidad es del juez o del tribunal, y no de los agentes que son solo instrumentales. La decisión del ministro se saltó las trancas y constituye una violación a la división de poderes. Es inadmisible que el titular de Gobernación intimide a los agentes de tal manera que, en el futuro, estos teman ejecutar una orden de captura sin la venia del ministro.
Es una canallada porque, si hubiera errores de procedimiento (y estoy seguro de que estos abundan en las capturas), habría que proceder en proporción, comenzando por una llamada de atención oral o escrita, e incluso por una suspensión si el error fuera de alguna gravedad, en vez de quitarles el trabajo de buenas a primeras, y de forma arbitraria a dos agentes que no hicieron más que cumplir con su deber.
Por supuesto que habría que discutir si las capturas que ocurren en contextos políticos (como la elección de directiva del Colegio de Abogados) tienen, o no objetivos políticos. Esa herencia de la CICIG ya está causando mucho daño.
Dicho lo anterior, parece evidente que el castigo desmesurado de los dos policías afectados por el capricho ministerial es una acción cuyo propósito es castrar a la policía y a sus agentes. Inutilizarlos para que, en vez de estar a la disposición de los tribunales para hacer cumplir resoluciones judiciales, la PNC sea una herramienta del Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación.
A partir de ahora, ¿qué jefe de policía o qué agente se va a atrever a ejecutar una orden judicial, de acuerdo con la ley, sin el permiso expreso del ministro de Gobernación? La lección es clara: en un sistema que intimida a quienes cumplen con la ley, la justicia queda secuestrada por el miedo y el capricho.