La Corte de Constitucionalidad suspendió, de manera provisional, el acuerdo gubernativo 333-2011, que impedía la exportacion de plástico PET -en privilegio de ciertos empresaurios locales-.
El acuerdo, vigente desde el 14 de octubre de este año y emitido por el Ministerio de Economía, establece la cuota anual para la exportación de desechos, desperdicios y recortes de plástico en 2 mil 400 toneladas métricas, con código arancelario 3915.90.00.
Ve pues…y yo que creía que los chapines ya habíamos aprendido que no hay que privilegiar industrias y que hay que desterrar al proteccionismo. Y ahora resulta que no. Resulta que vamos de regreso a los años 60, o 70.
El 13 de octubre pasado, el diario oficial publicó el Acuerdo Gubernativo 333-2011, del Ministerio de Economía socialdemócrata, en el cual ese despacho establece una cuota anual para la exportación de deshechos, desperdicios y recortes de politereftalato de etileno, conocido como PET.
Al PET lo conoces bien porque es el material plástico con el que se hacen los envases transparentes de aguas gaseosas. Las hojuelas de aquel material, sirven para reciclar los objetos hechos con PET y convertirlos, por ejemplo, en cerdas para escobas.
Para hacer la historia corta y sencilla, tu te terminas tu doble litro de gaseosa, tiras el envase, tu basurero lo recoge y lo envía a una planta procesadora, esta lo covierte en hojuelas que no ocupan tanto espacio como el envase que tiraste, lo embalan y lo envían a China, México, o El Salvador en donde es convertido en otras cosas, como cerdas para la escoba con la que barres tu casa. ¿Tutti contenti? No.
Hay empresaurios locales a los que les molesta que las hojuelas sean exportadas a otros países y que ellos tengan que competir para comprar su materia prima. El acuerdo es uno de favoritismo para los empresaurios que instalaron plantas para fabricar objetos con hojuelas de PET y que quieren adquirir materias primas más baratas. Esto es porque obliga a que parte de las hojuelas no pueda ser exportada y tenga que ser vendida aquí, por la fuerza. Por la fuerza del acuerdo y de la imposición de una cuota. Este es un caso clarisimo de privilegios, de proteccionismo y de anacronísmo. ¿Será uno de tráfico de influencias y de clientelismo? Ya lo dijo el ministro de Economía: No se trata de una limitante sino de una regulación a fin de que el material se procese en el país; o sea proteccionismo chauvinista puro y duro al estilo de los años 60.
Este es el típico caso en el que un interés específico, el de una industria específica, usa el poder político y el poder de la ley para beneficiarse, perjudicar a otros y obtener rentas parasitarias. Es un ejemplo de lo que en inglés se conoce como crony capitalism, o mercantilismo Este tipo de políticas le repugnan al capitalismo; y te deberían repugnar porque son multiplicadoras de privilegios y empobrecedoras.
Aaaaaah, como quisiera yo, una ley que dijera que: en ningún caso el Congreso o el Ejecutivo emitirán leyes, acuerdos, o decretos arbitrarios, o discriminatorios, en los que explícita o implícitamente se concedan prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Quién se atrevería a emitir una ley así? Ciertamente que los socialistas y sus socios los mercantilistas no. ¿Quién?
Yo ovacionaría de pie, quemaría cohetes, abriría una botella de cava y me sentiría orgulloso de la administración chapina, si se cumpliera la oferta que hizo el Ministro de Economía, Rómulo Caballeros.
El funcionario aseguró que el precio de los productos es uno de los temas que le ocupa; y en una reunión con la prensa, Caballeros dijo que considera “la liberalización de importaciones”.
Dicha medida es propia de un sistema que respeta la vida, la libertad y la propiedad de las personas, así como la igualdad de todos ante la ley. A todos nos interesa que esta administración tenga éxito, porque no queremos seguir siendo pobres; y la eliminación de los impuestos a las importaciones y la de los privilegios en el comercio sería un adelanto extraordinario no sólo para empezar a fundar un estado de derecho, sino para abaratar precios, liberar recursos, aliviar cargas, y crear nuevas oportunidades.
A partir de hoy es libre la venta, distribución, importación, fabricación y almacenaje de silbadores, en Guatemala, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto el amparo provisional que prohibía lo anterior.
De forma improcedente, la Corte había amparado de manera provisional a la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque el Procurador presentó la acción legal contra el Ministerio de Economía, para que no extendiera más licencias de importación y de fabricación de silbadores, y que se prohibiera la venta de aquellos artículos.
La acción de la PDH se originó por el incendio ocurrido el 20 de noviembre del 2006 en el mercado La Terminal, donde murieron 18 personas.
Luis Fernández, presidente de la Cámara de Amparos, mencionó que entre los argumentos destaca que una resolución de la Corte no puede limitar las actividades comerciales, las cuales deben ser reguladas por leyes.
El fallo señala que si “la Corte Suprema de Justicia decretara tal limitación se arrogaría facultades que únicamente le competen al honorable Congreso de la República, a través de la emisión de normas que regulen tales situaciones”. Por esas razones, el magistrado Fernández dijo que solo con la aprobación de una ley en el Congreso se podría restringir esa actividad comercial.
Al procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, parece no importarle el Estado de Derecho e impugnará la resolución; y, contra la razón, afirma que sigue vigente la prohibición de la venta y comercialización de silbadores y canchinflines. Los burócratas del estado niñera chapín no entienden -o no quieren entender- que en el largo plazo y para todos es mejor que el poder público esté sometido a la ley. Y que por muy buenas intenciones que tenga, el estado niñera no debe regular arbitrariamente las actividades comerciales.
