Los que se robaron el dinero del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿eran funcionarios? Los diputados que se fueron a París, ¿son funcionarios? Los que saquearon el Crédito Hipotecario Nacional, ¿fueron funcionarios?
El gobierno hace mal cuando le hace creer a la gente que sus funcionarios les garantizan la seguridad y la certeza que la gente misma es supuestamente incapaz de buscar para sí y sus bienes. La pobre gente “descansa” en el IGSS y cree que este le va a garantizar una vejez digna, del mismo modo en que se engaña creyendo que la Superintendencia de Bancos va a sustituir su responsabilidad individual y va a velar por sus ahorros.
En el contexto de los problemas de algunos bancos guatemaltecos, los villanos han resultado ser los bancos fuera de plaza y los banqueros que los promueven. Por supuesto que cabe probar, en los tribunales de justicia, si algún banquero ha cometido fraude en el manejo de su negocio. Sin embargo, como se necesitan dos para bailar un tango, el depositante también es responsable de la elección que hace cuando le entrega su dinero a una organización bancaria, o a otra; a menos que el gobierno le quite esa responsabilidad
Los bancos offshore existen por razones que le convienen al depositante; y cuando alguien decide colocar su dinero en un banco que se asienta en el extranjero y someterlo a las regulaciones de otros países, lo hace porque quiere beneficiarse de las ventajas que eso ofrece.
Los primeros offshore de bancos chapines surgieron porque el gobierno les prohibía a las personas conservar sus dólares y depositarlos en bancos de aquí. Antes de la Ley de Desconcentración de Divisas, la gente era obligada a cambiar sus dólares valiosos por quetzales que se devaluaban y a depositarlos en bancos locales. Pues bien, los offshore les ofrecieron a los tenedores de dólares la posibilidad legítima de conservar el valor de su dinero. Por eso es que mucha gente tiene su plata en bancos de los EUA, en las Bahamas, o en otras plazas.
Muchos depositan sus dólares afuera, en busca de mejores rendimientos. Si un banco local ofrece un interés de 2% y un banco en el exterior ofrece 4%, u 8%, pues hay gente que se ve atraída por ello y deposita su dinero en la organización offshore. No hay nada mal en eso; pero el ahorrante debe saber, y es raro que no lo sepa después de Autocasa y otras malas experiencias, que las tasas muy altas son indicación de riesgos muy altos.
En cuanto a ganancias, ¿a quién no le gusta recibir rendimientos altos? Pero los rendimientos que verdaderamente cuentan son aquellos que quedan después de pagar impuestos; de modo que uno de los incentivos para depositar en bancos fuera de plaza es el de pagar menos tributos. Como el impuesto a los rendimientos del capital en Guatemala es de carácter nacional, el ahorrante tiene incentivos fuertes para guardar el fruto de su trabajo en donde los impuestos le afecten menos. Mucha gente deposita en bancos offshore para pagar menos impuestos y obtener mejores rendimientos.
Y hablando de rendimientos e incentivos, los altos costos de operar en Guatemala, para los banqueros, también les motivan para establecer operaciones fuera de plaza. ¿Por qué no? Si usted tuviera una tienda, ¿la pondría en el lugar que le ofreciera más ganancias?
Lo que no se ve, es que el gobierno y sus regulaciones están en la raíz del problema. El estado niñera le quita la responsabilidad a la gente, y la gente deposita en bancos fuera de plaza porque busca mejores rendimientos, porque quiere pagar menos impuestos, y porque quiere proteger el valor de su dinero; y todo eso tiene un precio en términos de riesgo.
El dinero local pierde valor porque el emisor monopólico, o sea el gobierno, es incapaz de garantizar dicho valor. Los impuestos altos y los costos elevados de operación, también los impone el gobierno. Y, encima de todo el gobierno asegura que se privaticen las ganancias mientras que se socializan las pérdidas de las operaciones bancarias. Entonces, ¿qué nos extraña?
Publicada en Prensa Libre el 20 de enero de 2007.
En Guatemala, el Acuerdo Gubernativo 29-2004 obligaba a los salineros a añadirle yodo y flúor a su producto. Adicionalmente, los miembros de la Asociación Nacional de Salineros consiguieron que la sal importada -que carecía de flúor- fuera retirada del mercado.
