05
May 11

Oportuna acción contra fraude de ley

En su publicidad, Sandra Evita Torres todavía usa el apellido Colom y en Internet todavía se promueve como Primera Dama de la Nación, a pesar de que supuestamente se divorció de su esposo, el Presidente Alvaro Santa Clos Colom.

Esto evidencia el fraude de ley que cometen Los Colom/Torres con tal de conseguir la inscripción de Sandra Evita como candidata presidencial y retener la presidencia de la República.

En ese contexto, el Movimiento Cívico Nacional solicitó un amparo contra la postulación de Sandra Evita Torres como candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido oficialista que la proclamará candidata en la asamblea que se realizará el domingo 8 de mayo.  La acción fue presentada por el abogado Julio Flores, que indicó que el MCN considera que Sandra Evita no puede ser presidenciable de la UNE, pues tiene el impedimento constitucional que establece el artículo 186 inciso c.  Señaló que el divorcio del presidente Alvaro Colom es una farsa y que si el partido oficial la postula cometerá un fraude de ley. El amparo será conocido por la Sala Tercera del Ramo Civil.


08
Abr 11

El divorcio por el poder y el dilema de Roca

La jueza de Familia, Mildred Roca resolvió a favor de la demanda de divorcio Alvaro Santa Clos Colom y Sandra Evita Torres.  En fraude de ley, Evita tiene el camino allanado para ser candidata presidencial.

Eso no me sorprende porque sostengo que Los Colom/Torres harán todo lo que sea necesario para aferrarse el poder y garantizarse impunidad.  Lo que si me llama la atención, sin embargo, es la cara de angustia profunda que, a lo largo de todo este proceso ha mostrado la jueza Mildred Roca.

Al principio creí que era cosa mía; sin embargo, varias personas me han hecho la observación de que la Jueza se ve como presa de intranquilidad, malestar, pesadumbre, ansiedad, desconsuelo, incertidumbre, pesar, zozobra, aflicción, ansia, congoja, desesperación, preocupación, inquietud, pena, tormento y quizás hasta de tristeza.

Para muestras, véala:

Aquí;

Aquí;

Aquí;

y aquí, en la foto 2.

No es para menos; porque si la Jueza fallaba contra las pretensiones de Los Colom/Torres y el fraude de ley, se hubiera echado de enemiga a Evita. Y parece ser que nadie en la administración pública, y en su sano juicio, querría caer en desgracia frente a esa señora y poner en riesgo su carrera.  Y ahora, que resolvió a favor de los intereses de la pareja presidencial y que le dio su sí al fraude de ley, su prestigio profesional no ha quedado bien parado.  Roca enfrentó un dilema moral y se decantó por no ofender a Santa Clos, ni a Evita.


07
Abr 11

Con jóvenes así, por eso soy optimista

El grupo de jóvenes guatemaltecos que presentó un amparo el 30 de marzo pasado, con el propósito de cumplir la función preventiva de suspender el proceso de divorcio del Presidente de la República, Alvaro Santa Clos Colom , y su esposa, Sandra Evita Torres hasta finalizado el período de inscripción electoral, apeló la denegatoria del amparo provisional de la Sala Tercera de lo Civil. Dicha apelación deberá conocerla la Corte de Constitucionalidad.

Los jóvenes consideran que el amparo provisional sí procede, y que es necesario decretarlo para evitar que sea violada la Constitución, ante la inminencia de que la jueza dicte la sentencia de divorcio y disuelva el vínculo conyugal existente entre la pareja presidencial.

Los jóvenes somos responsables que el estado de derecho en nuestro país se vea fortalecido, dijeron los interponentes.


02
Abr 11

Detenido el divorcio de “Santa Clos” y “Evita”

El  30 de marzo un grupo de jóvenes guatemaltecos presentó un Amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el propósito de cumplir la función preventiva de suspender el proceso de divorcio del presidente Alvaro Santa Clos Colom y su esposa, Sandra Evita Torres hasta finalizado el período de inscripción electoral.

El Amparo que inicialmente fue planteado ante la Corte de constitucionalidad, fue remitido a la Sala de Familia, para que esta entrara a conocerlo. Hoy,  1 de abril,  dicha sala le dió trámite al Amparo y mandó a pedir los antecedentes del proceso al Juzgado Segundo de Familia, por lo que la jueza ha manifestado que no dictará sentencia aún.

Como consecuencia, el proceso de divorcio se encuentra detenido temporalmente por el Amparo presentado por el grupo de jóvenes. Ahora se espera que la Sala decrete el amparo provisional, el cual,  de ser otorgado, dejaría en suspenso el proceso de divorcio hasta finalizado el periodo de inscripción.


23
Mar 11

El cumplimiento de la ley debe ser política de estado

Según la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, el estado de Guatemala tiene una política de desalojos porque contabilizó 99 expulsiones de invasores de tierras ajenas en un lapso de 3 años.

Según el Código Penal comete homicidio quien diere muerte a alguna persona; y la pregunta aquí es: si las autoridades persiguieran a los delincuentes homicidas, se diría propiamente que existe una política de estado contra los homicidas.  ¿Sería inmoral que la tuviera? ¿No se supone que, precisamente, tenemos autoridades para que persigan, procesen y encierrena a los homicidas?

El mismo código dice que quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble total o parcialmente ajena será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Si las autoridades persiguieran a los ladrones, se diría propiamente que existe una política de estado contra los culpables de robo.  ¿Sería inmoral que la tuviera? ¿No se supone que, precisamente, tenemos autoridades para que persigan, procesen y encierrena a ladrones de automóviles y teléfonos móviles, por ejemplo?

El mismo cuerpo legal dice que comete delito de usurpación quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien, ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía, el ministerio público o el juez, están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda, al inmediato desalojo.

Si las autoridades desalojaran a los usurpadores, se diría propiamente que existe una política de estado contra los culpables de usurpación.  ¿Sería inmoral que la tuviera? ¿No se supone que, precisamente, tenemos autoridades para que hagan cumplir la ley?

Talvez es que, si debería haber una política de estado, esta debería ser una de cumplimiento de la ley.  El que mata al otro comete homicidio; el que roba un celular es ladrón; y el que usurpa propiedad ajena debe ser desalojado.  La política de estado debe ser de cumplimiento de la ley.  Sobre todo si se trata de leyes generales y abstractas, como las que ejemplifican estas meditaciones, propias de una sociedad comprometida con el respeto a la igualdad ante la ley y al respeto de los derechos individuales.


28
Feb 11

Las impertinencias de “Santa Clos” Colom

¿Por qué están martirizando al Presidente?

No quieren dejar trabajar al gobierno.

A mí no me van a poner útimatum las cámaras.

Ellos que se dediquen a producir, que se dediquen a su rollo.

Con esas palabras Alvaro Santa Clos Colom expresó su disgusto porque algunas cámaras del sector empresarial interpusieron acciones ante la Corte de Constitucionalidad con el propósito de que se amparara a los guatemaltecos contra los bloqueos organizados.  ¿Preferiría, Santa Clos, que todos nos dedicáramos a nuestros rollos y lo dejáramos ignorar las leyes sin llamarle la atención?

Sin embargo, y como dicen los artículos 152, 153 y 154 de la Contitución, el ejercicio del poder está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley; el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República; y los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalemtne por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

En ese contexto, no está de más recordarle al Presidente que la Carta Magna le ordena, en el artículo 182 que su primera función es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

En ese sentido, cuando los directivos de las cámaras, o cuando cualquier habitante le tiene que pedir a la Corte de Constitucional que le ordene al Presidente que cumpla con su función primera, en vez de andarse quejando y en vez de lanzar recriminaciones inapropiadas, el Mandatario debería sentirse algo avergonzado.  Es que, siendo el Presidente de la República y no un ujier, ¿qué necesidad hay de estar detrás de él para que cumpla con sus tareas?

Los directivos de las cámaras, lo que hicieron fue recurrir a la Corte con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos, en el espíritu que lo establecen el artículo 265 de la Ley Fundamental y toda la doctrina de protección a las garantías constitucionales.

El hecho es que los bloqueos organizados por el Frente Nacional de Lucha (y cualquiera otra organización, o grupo de personas) no manifestaciones inocentes, sino violaciones deliberadas a derechos de otros como el de locomoción.    No es que las demandas de los grupos que manifiestan sean excluidas del debate nacional, ni que se criminalice la protesta social como podrían argumentar algunos inocentes, o algunos que se pasan de vivos; pero lo que si es inaceptable -tanto por la ley como por las normas mínimas de convivencia social pacífica y la doctrina- es que unos pretendan ejercer supuestos derechos (como el de bloquear carreteras) a expensas de los derechos de otros (como el de libre locomoción).

En vez de victimizarse, de hacer berrinches y de lanzar ataques, el Presidente de la República, como jefe del Estado y representante de la unidad nacional debería comprender que es el primer llamado a cumplir con la ley; y que debe velar porque se cumpla sin privilegios.  Debería recordar que los derechos individuales deben prevalecer sobre los intereses colectivos, porque es de interés colectivo que así sea.

El letrero  que ilustra esta entrada está en la Séptima avenida y 15, o 16 calle de la zona 1.


14
Feb 11

Wikileaks y la guerra perdida contra las drogas

Without outside intervention, Coban will join the growing list of areas lost to narcotraffickers, dice el más reciente WikiLeak sobre Guatemala.

Sólo esa frase despierta preguntas inquietantes.  Esa lista creciente de áreas perdidas para los narcos incluye departamentos como Zacapa e Izabal, así como partes de Jutiapa, Chiquimula, San Marcos y Petén.  Esas áreas, ¿ya están perdidas, como en totalmente perdidas? ¿Quién es el gobierno en aquellas áreas? ¿Qué papel tienen las organizaciones de la administración de Los Colom en esas áreas?

Otras preguntas tienen que ver con la naturaleza de la intevención exterior.  ¿Se refiere a intervención exterior, como exterior a esas áreas? ¿O se refiere a exterior, como de allende las fronteras guatemalteca?

El cable nos dice algo al respecto:

  • What is happening there [in Cobán] is typical of many rural areas of Guatemala.
  • Cobán´s police are corrupt and allied with traffickers, and sometimes even provide them escort.
  • Some judges and prosecutors are too frightened to do their jobs properly.
  • Others are in league with the traffickers.
  • The Rule of Law apparatus is broken.

Este estado de cosas nos debería poner a pensar en las consecuencias que está teniendo la guerra perdida contra las drogas.  Estas cosas, y sus consecuencias, nos deberían poner a pensar en que quizás tengan razón los expresidentes Vicente Fox, César Gaviria y Enrique Cardoso; así como los escritores Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.  Quizás sea tiempo para pensar en serio en la regularización de las drogas y de abandonar esta guerra costosa.


19
Ene 11

Acometida contra la libertad de expresión

El problema de creer que todos están complotando contra uno, es que así no se puede tener una conversación de buena voluntad.  No se puede intercambiar información, ni se puede aprender de los demás, si uno descarta la posibilidad de que los desacuerdos no sean parte de una conspiración.

Yo creo que a la administración de Los Colom y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala les está pasando aquello.  Y creo que de verdad creen que todos conspiran contra ellos; o peor aún, es posible que necesiten fabricar conspiraciones con el propósito de cerrar las tenazas contra la libertad de expresión.

El más reciente intento en esta última dirección es el proceso que la CICIG, por medio del Ministerio Público le sigue a Rodolfo Ibarra, a quien acusa de orquestar una campaña de desprestigio en contra suya.  Y, ¿cuáles son las supuestas pruebas que tiene el MP?

Las columnas de opinión de Marta Yolanda Díaz-Durán, Estuardo Zapeta, Gabriel Orellana, Pedro Trujillo, José Miguel Argueta, y trabajos periodísticos de Haroldo Sánchez, Francis Urbina, y Rubén Velásquez.  Todos ellos periodistas de larga tradición en medios como Siglo Veintiuno, Prensa Libre, Nuestro Diario, Guatevisión, y Telediario, entre otros.

El MP supone que, como estas personas se han expresado de modo que contraría a la CICIG, esas personas -muchas de las cuales se conocen entre sí y hasta son amigos- son parte de una conspiración orquestada por Ibarra, e incluso han sido pagados para participar en ese complot.

Todo aquello no tiene sentido porque si el mundo es un pañuelo, Guatemala lo es más.  De modo que el hecho de que las personas se conozcan, se comuniquen y compartan valores y perspectivas no debería extrañarle a nadie.  De hecho, como dice el dicho: Birds of a feather fly in flocks.  No hay forma de suponer, razonablemente, que toda asociación y coincidencia de personas que comparten valores y visiones es una conspiración.  Aquello es un sin sentido porque supone que las personas no tienen principios, ni valores y que necesitan ser pagadas para expresar sus opiniones sinceras.

Todo aquello no tiene sentido porque muchas de aquellas personas tienen años y años de defender el estado de derecho desde las perspectivas filosófica, ética, jurídica y política para mencionar algunas, aún desde antes de que en este país se hablara de comisiones como la CICIG.  Aquello carece de sentido porque, ¿qué clase de periodismo harían aquellos periodistas que nunca cuestionaran a aquellos políticos -locales e internacionales- que ejercen el poder?  ¿Qué clase de periodismo sería aquel que temiera tocar ciertos temas para no ofender a la CICIG?

Todo aquello no tiene sentido porque, ¿qué república sana podría funcionar sin el libre intercambio de ideas y sin la libertad de expresión?  ¿Qué república sana podría ser fundada sobre la ausencia de libertad para disentir?

Empero, y en este mundo torcido, todos aquellos disparates apuntan a que lo que buscan Los Colom, el Ministerio Público y la CICIG  es asustar a la opinión pública y perjudicar a quienes los critican.  Los procesos judiciales frívolos son costosos y desgastantes para quienes los sufren; y no tienen costo alguno para quienes los inician con dinero de los contribuyentes.  Utilizan instrumentos legales para dar la apariencia de ser legítimos.  Limitan la libertad de expresión sin tener la apariencia de ser censura.  Como son contra sólo unos, el gremio periodístico tarda en reaccionar, o no reacciona.  No importa cuántos ejemplos similares hayan oído que ocurren en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina, el Gremio no se da por aludido.

¿Y cómo es que buscan validar -Los Colom, el MP y la CICIG- su teoría de la conspiración?  Con dictámenes de funcionarios como Carlos Morales Monzón, de la radio estatal; y Gustavo Bracamonte Cerón, de la universidad estatal.  Estos peritos han sido los encargados del humo y los espejos que respaldan las acciones de aquel trío de víctimas con lágrimas de cocodrilo.

En Guatemala, la libertad de expresión está siendo sitiada y minada mediante el uso de instrumentos legales y mediante la fabricación de conspiraciones.  Y usted, ¿no está alarmado?


13
Ene 11

El peligroso legado de la irresponsabilidad y de la ambición

Casi 5 de cada 10 guatemaltecos, principalmente jóvenes y con poca educación, son proclives a apoyar un golpe de estado.  Es el legado de la irresponsabilidad de las administraciones de Los Colom, Oscar Berger, Alfonso Portillo, Alvaro Arzú, Ramiro De León, Jorge Serrano y Vinicio Cerezo, administraciones que en lugar de construir un estado de derecho y fundar una república sobre instituciones lo que hicieron fue perpetuar el sistema de privilegios, fomentar el mercantilismo cuando no el socialismo, y cultivar el ambiente de impunidad que permite el desorden y la delincuencia.

Los jóvenes y los que no tiene mayor educación creen, pues, que por la fuerza se puede resolver lo que ellos creen que no resuelve el derecho.  Creen que la dictadura es mejor que la república.  Por eso, creo yo, es que se inclinan por apoyar un estado de facto, en vez de comprometerse a defender el estado de derecho y la república.  Como los han engañado haciéndolos creer que la democracia y el mercantilismo, pueden propiciar la convivencia pacífica y la prosperidad, están dispuestos a darle la espalda al sistema republicano y al estado de derecho culpando a estos por los fracasos de aquellos.

Los políticos colectivistas, mercantilistas y socialistas que han administrado el presupuesto del estado desde 1986 han cocinado el caldo de cultivo en el que crecen el miedo a la libertad y la dictadura.  ¡Ese es el legado de la irresponsabilidad y de la ambición!


24
Dic 10

Extraordinaria solicitud de empresarios venezolanos

En defensa de la Constitución y de la república, y con mucho valor, la dirigencia empresarial venezolana les pidió a los miembros de las Fuerzas Armadas que desobedezcan las órdenes que, en su criterio, puedan violar la Constitución, o alguna ley de aquel país.

Les hacemos un llamado para que ejerzan la libertad de conciencia y para que rechacen aquellas órdenes que violan la Constitución y las leyes, dijo el llamado, mismo que recordó que no todos los oficiales se han prestado para violentar los derechos de los ciudadanos.

El llamado -aunque tarde- es importante porque Venezuela se está convirtiendo rápidamente en una dictadura totalitaria.  Mis respetos para la dirigencia empresarial venezolana.  Lo que sí es lamentable es que aquella dirigencia todavía no distingue entre democracia y república, de modo que su llamado es para formar un gran frente para la defensa de la democracia y de la libertad.  La dirigencia empresarial venezolana, esta en desventaja filosófica y moral si no se aclara las ideas y si no empieza a ser un poco consistente.  Yo los animo a que su lucha, ¡justa!, sea por la república y por la libertad.

En una pasadita rápida por la Constitución de Venezuela no encontré una norma parecida;pero es muy interesante que, en Guatemala,  el artículo 156 de la Constitución dice, expresamente, que ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.

Normas como esta, propias de una república, sirven como salvaguarda contra tiranos como Chávez, cuando pretenden usar la fuerza de las armas contra los ciudadanos.  Como dijo V, People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.