El grupo de interés que promueve que los tributarios paguen su afición a la producción cinematográfica -con la idea falaz de que la industria del cine es muy importante y que por lo tanto el estado debería financiarla- es el mismo grupo que está atrayendo la regulación y la intervención estatal en la actividad fílmica que, hasta ahora, ha sido independiente del poder gubernamental.
La ley que les otorgaría el privilegio de vivir a costillas de otros, a los cineastas, es la misma normativa que los obligaría a registrar sus obras, antes de empezarlas. Es la misma ley que -¡a petición de los que serán afectados!- le abre la puerta a la censura y a la intervención arbitraria de los políticos en al industria cinematográfica.
Pero eso tiene su lógica, aunque sea en un sentido torcido. Si los cineastas van a recibir dinero ajeno tomado por la fuerza, gracias a la generosidad de los políticos; pues tendrán que aceptar la intervención política en sus actividades. De una forma perversa es un quid pro quo que tiene sentido.
¡Por supuesto que a mí me repugna la idea de censura!, como me causa repulsión la idea de que las películas que un cineasta vaya a producir tengan que ser inscritas en algún tipo de registro estatal; pero, como el que paga pide las canciones, si los cineastas van a vivir del dinero de los impuestos asignado políticamente, deberían resignarse a que tendrán que atenerse a lo que les exija el que parte y reparte.
Por eso creo que es muy mala idea esto de la Ley de la Industria Cinematográfica y Audiovisual. Primero porque perpetúa el sistema de privilegios en el cual unos viven a costillas de otros; y en segundo lugar porque abre la puerta para la intervención estatal en una industria que, hasta ahora ha sido independiente, y le abre la puerta para que el estado niñera ejercite sus facultades de censura.
