Si Bernardo Arévalo veta la ley del Impuesto Único sobre Inmuebles que exime del pago de aquel tributo a las personas que son dueñas de terrenos que sirven para viviendas, se van a confirmar dos teorías con respecto al uso del poder.
Los alcaldes reciben los tributos de la gente trabajadora. La ilustración es de Grok.
Lo ideal hubiera sido que el IUSI fuera eliminado por completo, ya que ese tributo es uno de los más inmorales; sin embargo, como cualquier alivio del peso impositivo sobre las ya castigadas familias guatemaltecas es bienvenido, pues la idea de que las viviendas no paguen es buena. Total… la política es el arte de lo posible.
¿Qué teorías se confirmarían si el Presidente veta aquel beneficio para los tributarios? La primera es de mi maestro, Osvaldo Schenone: Gobernar es gravar para gastar y despoja al gobierno de la retórica para reducirlo a su núcleo operativo. En lo esencial, gobernar no es liderar, transformar ni representar; sino que es extraer recursos de unos para asignarlos de alguna forma a otros. Todo lo demás es debate sobre el cómo y el para qué. Los gobiernos no crean riqueza; solo la transfieren y por eso necesitan gravar. Toda discusión seria sobre política pública debe partir de reconocer que el Estado opera fundamentalmente por medio de la extracción de recursos y su posterior asignación. Schenone sostiene que, cualquiera sea el tamaño, o la ideología del gobierno —desde el Estado mínimo hasta el más intervencionista—, su función definitoria e ineludible es recaudar impuestos (gravar) y destinarlos a algún uso (gastar).
La segunda parte de una premisa contra la cual se nos ha entrenado desde bien chiquitos: la política no es un reino moralmente superior al mercado. Es un proceso de intercambio e incentivos donde los actores responden a costos y beneficios privados. El Análisis Económico de las Decisiones Públicas (Public Choice) aplica el instrumental de la economía a la política, la burocracia y las instituciones colectivas. No supone benevolencia, ni omnisciencia en los gobernantes.
Políticos, burócratas, votantes y grupos de interés maximizan su propia utilidad (poder, presupuesto, prestigio, reelección, rentas) bajo las restricciones institucionales que enfrentan. No hay interés general abstracto que los mueva de forma automática; y esta es la ruptura fundacional con la visión romántica del Estado como agente benevolente. James M. Buchanan y Gordon Tullock la formularon con claridad: si abandonamos el supuesto de egoísmo racional en el mercado, no tenemos derecho a reintroducirlo mágicamente cuando analizamos al Congreso, o a los ministerios.
Tullock desarrolló el concepto de búsqueda de rentas parasitarias (rent-seeking), que ocurre cuando recursos reales se desperdician y no sirven producir riqueza, sino para capturar transferencias por medio del gobierno.
Estas teorías son realismo puro y nos obligan a abandonar la ilusión de que más democracia, o mejores intenciones resuelven automáticamente los problemas de acción colectiva y de poder. Nos recuerdan que la libertad y la prosperidad dependen menos de la virtud de los gobernantes y más de las restricciones institucionales que enfrentan.
Si el veto llega, no será un error de cálculo. Será el poder actuando exactamente como estas teorías describen en perjuicio de tu familia y de tu economía familiar.
Columna publicada en República.
