La división del poder, conocida también como separación de poderes, o más apropiadamente, como distribución del poder, es una de las características más importantes de un estado de derecho. Esto es porque no es un secreto que la concentración del poder lleva a la dictadura; y aunque es un hecho que el poder político es uno, también lo es que la distribución de funciones -en una república- debe ser defendida y sostenida para evitar el despotismo propio de aquellos que se atribuyen la facultad de ejecutar, legislar y ejercer la función juristiccional sin pesos, ni contrapesos.
Carl J. Friedrich, citado por Alberto Herrarte en su obra El Estado de Derecho, dice que “la división del poder es la base del gobierno civilizado”; y Karl Loewenstein, también citado por Herrarte, advierte que “la clasificación de un sistema político como democrático constituciona depende de la existencia o carencia de instituciones efectivas por medio de las cuales el ejercicio del poder político está distribuido entre los detentadores del poder, y por medio de las cuales los detentadores del poder están sometidos al control de los destinatarios del poder”.
Me meto en estas profundidades porque Sandra Evita de Colom, esposa del Presidente socialdemócrata de Guatemala, llegó al Congreso de la República (o ex república) a exigir Q2 mil 800 millones para su consejo de coersión social. En el marco de esa visita, el factotum de los Colom en el Congreso, Mario Taracena, pronunción las siguientes palabras con respecto a Fonpetrol: “Ordenes del Presidente y la Primera Dama. Haremos lo que el Presidente diga”. Un Congreso servil es camino seguro para la concentración del poder.
