La prohibición municipal de la ciudad de Guatemala, en el sentido de que los vehículos de transporte pesado no deben circular en esta urbe durante el día hizo crisis ayer. Lo más notorio fue le desabastecimiento de gasolina agravado con el pánico que, a lo largo del día, generó largas colas de vehículos en las gasolineras citadinas.
Esto es porque los transportistas se niegan a ingresar a la capital chapina y a movilizar los productos que acarrean. Como consecuencia, la administración socialdemócrata decretó un Estado de prevención.
Es cierto que la ciudad de Guatemala tiene un problema de tránsito; pero los dioses del Ayuntamiento están tratando de arreglarlo de la forma más ineficiente, arbitraria y populista posible.
Con la prohibición han decidido ignorar que las mercancías no se movilizan irracionalmente, ni al azár. El flujo de bienes responde a millones de decisiones dispersas que, de acuerdo con los recursos disponibles y las necesidades evidentes, son las que indican cuándo, dónde y por qué se mueven los camiones cargados.
Si esas decisiones se centralizan y se reglamentan de forma arbitraria (como se está haciendo), esto resultará en la asignación antieconómica de recursos y en sobrecostos que, a la larga, pagamos los consumidores. Por ejemplo: si un camion llega la ciudad de Guatemala a una hora X, normalmente ingresaría a su destino final y así se cumpliría su misión. En cambio, con los reglamentos municipales, si el camión llega a la capital a la hora X tendrá que esperar a que llegue el momento en el que el reglamento permita su ingreso; por lo que el camión, lo que lleva y el personal que va en él tendrán que aguardar en las afueras de la urbe. Es evidente que esto incrementará los costos de todo el proceso.
La Municipalidad actúa bajo el supuesto de que tiene que hacer algo para resolver el tráfico; y bajo la arrogancia de que sus expertos son capaces de ordenar mejor lo que aparentemente no tiene orden. Esa fatal arrogancia les evita buscar soluciones más creativas y evidentes. Les pasa con el Transmetro y les pasa en este tema.
El tráfico se aliviaría si el transporte público fuera confiable; pero nadie va a usar el transporte público si puede ser asaltado y asesinado en lo que camina de su casa a la parada, o mientras viaja en camioneta. Sin un mínimo de seguridad en las calles, todas las musarañas reglamentarias que diseñen e impongan los planificadores y los ingenieros, són sólo vanidad e ignorancia de la peor.
Mientras el uso de las calles no tenga un costo, y mientras que este costo no refleje el valor, nadie va a usar ese recurso con prudencia y con criterio económico. La gente economiza gasolina porque su costo indica que es un recurso valioso; de esa forma, la gente economizaría el uso de las calles, si ese supiera que ese es un recurso valioso, por escaso.
Este problema no se va a resolver si las autoridades parten de premisas equivocadas; y sólo va a empeorar si con sus soluciones, los políticos y sus técnicos obligan a las personas a tomar decisiones antieconómicas, y por la fuerza.
Finalmente, muy machita se vió la administración al imponer el estado de prevención; pero…¿por qué no les aplican la ley por igual a todos? ¿Por qué al magisterio no? Lo que me recuerda aquel dicho de que: Para mis amigos, lo que quieran; y para mis enemigos, la ley.
