31
May 15

La manifestación del 30M

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La de ayer fue la tercera manifestación multitudinaria en la Plaza de la Constitución para exigir:  La renuncia de Otto Pérez Molina como presidente de la república y justicia en los casos de corrupción durante su administración (La línea, el IGSS, y otros); así como para advertirle a Manuel Baldizón que #NoLeToca.  ¿Por qué es que la CICIG y el MP no han presentado todavía las pruebas en los casos de corrupción?  Ya pasaron casi 40 días desde la renovación del mandato de aquella Comisión; pero uno tiene la impresión de que hay mucho ruido y pocas nueces.

Aquellos eran los comunes denominadores aunque también había grupos con demandas específicas que iban desde la legítima petición de justicia en el caso de Cristina Siekavizza y el equipo de #SoyUnCiudadano, hasta la irresponsabilidad de la gente que pide que sean suspendidas las elecciones y el consecuente golpe de estado.  Esta vez no vi sus hoces y martillos; pero ahí andaban con sus pañuelos rojo y negro.

Fue evidente que bastante de la propaganda contra Baldizón fue fabricada en serie por algún competidor ¿o competidora?); pero había muchísimas expresiones espontáneas, legítimas e individuales.

Había gente muy creativa como la que llevó marcos de fotos en alusión al hecho de que la administración de Pérez fotografía a quienes llegamos a las manifestaciones; una pareja, con gemelos, llevaba un pantalón y una leyenda que decía: Aquí está lo que te falta para renunciar.  Estas jornadas pacíficas y voluntarias son fiestas familiares.  Me gustó mucho un letrero que decía: Se metieron con la generación equivocada.

No faltan los que llevan máscaras de V for Vendetta; y llegaron varios grupos de indígenas principales.

Todos en paz. Los guatemaltecos le estamos mostrando al mundo lo que somos en realidad; más allá de la manipulación y de la propaganda.  Y si algo hubiera que sugerir para la próxima es que -como en las anteriores- no haya tarima para evitar protagonismos sectoriales.

Por cierto, el grupo #renunciaya original fue cerrado por sus fundadores porque algunos grupos están tratando de usar lo que hizo #renunciaya haciéndose pasar por ese movimiento y nadie sabe cuál es la agenda, ni las intenciones de los usurpadores. Supongo que los creadores del grupo lo cerraron para salvar el movimiento ciudadano que sigue con muchos movimientos legítimos que han surgido Lo que está ocurriendo es de millones de ciudadanos no de unos cuantos.  ¡Que no te tomen el pelo grupos que usan aquel nombre!


08
May 15

¿Por qué hay comisión pesquisidora?

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¡Que no se te olvide!, la razón porla cual los diputados sesionaron ayer y la mayoría votó por conformar una comisión pesquisidora contra la vicepresidenta Roxana Baldeti, es la presión ciudadana en la que tú, tu familia, y tus amigos han estado participando.  Si no hubieramos puesto esa presión, los diputados no se hubieran visto en la necesidad de avanzar en el proceso relacionado con La línea y la defraudación en la Superintendencia de Administración Tributaria.

Sin aquella presión, nada bueno ocurriría. Ahora no hay que soltar le pelota.

Para la Historia, los nombres de los miembros de la comisión pesquisidora son:

Del Partido Lider, de Manuel Baldizón, Salvador Baldizon (hermano del candidato), presidente de la comisión; Manuel Barquín y Mario Yanes; de Creo, de Roberto González, Alvaro González; y de la Unidad Nacional de la Esperanza, de Sandra Torres, Fidel Reyes.

¿Quiénes y de dónde fueron los diputados que votaron contra la conformación de la comisión pesquisidora? Pablo Duarte, del Partido Unionista, de Alvaro Arzú; Gregorio Nolasco, del oficialista Partido Patriota; Julia Maldonado, de Líder; y Walter Felix de la exguerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

No estuvieron en el hemiciclo para este asunto importante: Edgar Arévalo, Iván Arévalo, Boris España, Floridalma Leiva, Fidencio Lima, Emilenne Mazariegos, Gudy Rivera, Gloria Sánchez, Mynor Cappa, Rodolfo Castañon, José Trejo, José Echeverría, Joel Martínez, Marvin Osorio, Mario Rivera, Virna López, Pedro Gálvez, Alvaro González, Leonel Lira, Ruben Pérez, ni Paul Briere (con licencia).

¿Anotaste los nombres?

Por cierto, si ni la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, ni el Ministerio Público han presentado evidencias de corrupción contra Baldetti, ¿de qué sirve que el Congreso le levante le revoque el privilegio de antejuicio a la vicepresidenta? Ojalá que algún abogado lector nos explilcara. Porfa.  Y sin Monzón, ¿qué son papas y pan pintados, y qué no?


20
Feb 15

Giro novedoso y espeluznante en caso Siekavizza

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El caso de la desaparición de Cristina Siekavizza -que parecía sepultado- tomó un giro novedoso y espeluznante, más no sorpresivo: Un informe realizado por agentes de la Policía Nacional Civil involucraría a funcionarios y vehículos de una entidad estatal en la desaparición de Siekavizza; el informe salió a luz ¡casi cuatro años después de su entrega a la fiscalía, en el Ministerio Público!  El informe habría sido traspapelado de forma intencional.

El giro es espeluznante porque -como en una película de suspenso- sólo que en la vida real, los actos de los involucrados nos muestran la corrupción y la maldad descarnadas de la que son capaces ciertas personas; sino la profundidad que aquella corrupción y aquella maldad puede alcanzar si goza del amparo del poder y del estado.

El giro no es sorpresivo porque , ¿a quién le sorprenden la corrupción y la maldad de las que son capaces quienes pueden usar aparatos estatales para conseguir propósitos aviesos?  ¿De verdad te sorpendería si supieras que alguien usó el poder, o sus conexiones políticas para ejacutar, o encubrir un delito?

Las preguntas ahora son: ¿Quién, o quienes serán responsabilizados por haber ocultado las investigaciones sobre la participación de aparatos del estado en el caso Siekavizza?  ¿Se hará presente la CICIG? Y, si se hace presente, ¿lo hará de la forma indigna en que lo hizo con el caso del asesinato de Khalil y Marjorie Musa?

La foto es de El periódico.


12
Feb 15

Caso Vielmann, lo que no se informa, o se informa a medias

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El juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid admitió para su trámite la demanda de Protección Civil del Derecho al Honor interpuesta por Carlos Vielmann (ex ministro de Gobernación, de Guatemala) contra 16 personas físicas y jurídicas en relación con las falsas y vejatorias afirmaciones vertidas por ellos en el documental titulado Impunidad, reporte Guatemala, transmitido en Youtube.

Entre los demandados están funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el excomisionado Francisco Dall´anese; el Ministerio Público de Guatemala y la ex fiscal.  Entre otras cosas el vídeo citado señala a Vielmann de la creación de aparatos de represión clandestina y de ejecuciones extrajudiciales.  La demanda llama la atención sobre el hecho de que el vídeo en cuestión tenía la intención evidente de influir en los procesos judiciales que se siguen contra el Vielmann (en España) y Edwin Sperisen (en Suiza) y elevar la presión para evitar fallos absolutorios.

La demanda solicita que se declare la existencia de una intromisión ilegítima en el honor de Vielmann y que se condene a los demandados a indemnizar al damnificado.  Pide, también que se ordene la publicación de la sentencia al respecto.  Los empazados habrán de comparecer ante el tribunal en Madrid, o ser declarados en rebeldía.

Nada de esto lo leíste en los medios masivos chapines. ¿O sí?


02
Jun 14

¡No!, a la extensión del período presidencial

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El grupo denominado Plataforma Ciudadana interpuso una denuncia penal y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, por atentar flagrantemente contra la Constitución Política de la República y leyes del Estado.  

Los denunciantes advierten que la Constitución es muy clara al advertir que ni el Presidente, ni sus funcionarios no pueden promover la prolongación de su mandato, ni excusarse en la libertad de expresión, y aseguraron que la opinión de un mandatario sobre ese tema constituye una situación flagrantemente ilegal.

Los interponentes también solicitaron que sea iniciado un proceso de antejuicio contra Arístides Crespo, presidente del Congreso; Roberto Molina Barreto, presidente de la Corte de Constitucionalidad; José Arturo Sierra, presidente del Organismo Judicial; y Valentín Gramajo, diputado del oficialista Partido Patriota  debido a que estos pudieron también haber participado en los actos de promoción a la reelección y a la ampliación del periodo presidencial.

El artículo 382 del Código Penal de Guatemala dice que quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades  tendientes a la reelección de la persona que ejerza la Presidencia de la República, o a  cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o a  aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la  República, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientos a dos  mil quetzales.  Por su parte, el artículo 187 de la Constitución dice que  la reelección o la prolongación del período presidencial por cualquier medio, son  punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo.

Está por verse como reacciona la recién designada jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana.  Está por verse si va a actuar de forma independiente, o si va a actuar de forma servil.  Las señales no son buenas porque la Fiscalía ya dijo que no va a actuar de oficio en este caso. El Presidente, por su parte, ya reaccionó…como bien puede; y lo que hizo fue decir que la denuncia citada es una payasada.

En aquel mismo tema, el Centro para la Defensa de la Constitución publicó un campo pagado en el que rechaza cualquier pretensión o actividad tendente a la reelección del actual Presidente de la República, así como prolongar el período de funciones para el que fue electo.  Demanda del Ministerio Público la investigación y persecusión penal contra cualquiera que promueva  la reelección del actual Presidente de la República, así como prolongar el período de funciones para el que fue electo.

Hay quienes creen que como el Presidente está promoviendo lo que aparentemente es sólo un debate de ideas, este es un asunto de libertad de expresión.  Empero, en materia de hermenéutica jurídica, las normas específicas, como la prohibición de promover la extensión del período presidencial, prevalecen sobre las generales como la que protege  la libertad de expresión.  La norma específica es para proteger el sistema republicano, el estado de derecho, el constitucionalismo y los derechos individuales que suelen ser las primeras bajas cuando los gobernantes intentan aferrarse al poder.  Evita que quienes controlan los monopolios legales de las armas, el dinero y la educación usen los procedimientos legales para extender sus mandatos.

Otto Pérez Molina y sus cómplices deben ser detenidos aquí y ahora antes de que terminen de organizar su golpe al estilo de Chávez y Maduro, Kirchner, Ortega, Correa y Morales.   Si a Ubico y a Estrada Cabrera se les hubiera puesto un ¡Hasta aquí!, en su momento, no se habrían dado las dictaduras de los 16 y los 22 años.


30
Abr 14

Polarización y amenazas en la elección de Fiscal General

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La elección de nuevo jefe del Ministerio Público y Fiscal General, en Guatemala, llevó al país a horizontes de polarización elevadísimos; pero peor aún, sacó del fondo de la caja el recurso de las intimidaciones y las amenazas en el marco de la toma de decisiones políticas a este alto nivel.

La polarización comenzó con la pretension inconstitucional, por parte de la fiscal general, Claudia Paz y Paz -y su clientela y patrocinadores-  en cuanto a alargar su período frente al Ministerio Público.  La Corte de Constitucionalidad resolvió contra aquella pretensión y el horizonte de tensión y de polarización se elevó más porque había que elegir quién la sucediera.

En los ambientes políticos y cívicos de Guatemala, y desde que se inició aquel proceso,  estás con Paz y Paz y su grupo, o estás contra ellos.  El equipo de la Fiscal General ha politizado e ideologizado no sólo el Ministerio Público, sino toda discusión que tenga que ver con su permanencia al frente de la institución que, de acuerdo con la Constitución tiene como  fin principal velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

Obvio que la elección de un nuevo Fiscal General es un proceso político -aunque debería hacerse tomando muy encuenta criterios técnicos-; pero es un proceso que concierne a los guatmaltecos como ciudadanos y como tributarios.  El equipo de Paz y Paz, sin embargo, ha incolucrado a Raymundo y todo el mundo.  Es curioso que su equipo considere que es una intromisión en el proceso la opinión de grupos de interés guatemaltecos; pero no tenga empacho alguno en aceptar el apoyo y las presiones a su favor de parte de embajadas, organismos internacionales, agrupaciones profesionales de Europa y de otras latitudes, así como de cualquiera que quiera subirse a su barco.

Obvio que en un proceso de seleccion de aquel calibre, y de naturaleza política, no sea ajeno a algún nivel aceptable de calentamiento de los ánimos.  Pero lo que es muy lamentable, muy peligroso, muy triste y muy atávico es que en pleno proceso de selección de los seis candidatos para el puesto, Milton Estuardo Argueta, uno de los obligados constitucionalmente a participar en la comisión de postulación correspondiente haya recibido dos mensajes de amenaza e intimidación.   Las amenazas le exigían que el abogado se retirara de la comisión de postulación.  Una cosa es presionar y vociferar; pero otra muy distinta es amenzar con el uso de la violencia.  No se vale.

Entiendo que hay grupos que están acostumbrados a hacer uso de la fuerza para prevalecer; y entiendo que hay grupos que creen que los procesos republicanos retrasan, cuando no obstaculizan del todo  la consecusión de sus objetivos.  Entiendo que los grupos que fueron capaces de poner una bomba en el parque central de la ciudad de Guatemala en septiembre de 1980, y que fueron capaces de destruir y saquear el museo de Tikal en septiembre de 1981 puedan no dudar en intimidar y amenazar durante un proceso como el que concluyó ayer con la selección de los 6 candidatos a Fiscal General.  Lo que no se entiende es por qué es que no hay un repudio generalizado contra ellos y por qué es que pueden convocar a los señores de Xibalbá -impunemente- cuando sus intereses no son favorecidos de forma legal y legítima.

Urge retomar la calma.  Urge que aquellos grupos se serenen.

A pesar de las formidables presiones mediáticas y políticas -locales e internacionales- su candidata obtuvo sólo 4 votos de los 13 miembros que tuvieron la dignidad y la decencia de presentarse durante el proceso de selección.  Si aquellos grupos son tan democráticos como dicen que son, este debería ser un mensaje alto y claro: los guatemaltecos no queremos más de lo mismo. Ciertamente no queremos más amenazas e intimidaciones.  No queremos más violencia.  Queremos que  y acaben la ideologización y la politizacion de la vida chapina.  Queremos a los señores de Xibalbá en donde deben estar: lejos y en el pasado.

Para empezar a acabar con la impunidad, urge un Ministerio Público profesional que promueva la persecusión penal, dirija la investigación de los delitos de acción pública, garantice los derechos de las víctimas y vele por el estricto cumplimiento de las leyes del país…con una venda en los ojos.  Sin ideologización y al margen de los conflictos políticos.

La foto es de Andrew Butko [GFDL 1.3 (www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons


08
Abr 14

Lo que llama la atención en el proceso de El aguacate

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El 22 de noviembre 1988 miembros de la Organización del Pueblo en Armas cometieron La masacre de El aguacate en la que fueron asesinados 22 campesinos guatemaltecos.  La Orpa era una de las organizaciones marxista-leninistas que integraban la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca e intentaban tomar el poder por la fuerza para instaurar un régimen de aquel corte ideológico.

Fermín Felipe Solano está siendo procesado como el supuesto guerrillero que lidereó aquella masacre, con el pseudónimo de David; y durante la diligencia de ayer estas son las cosas que me llamaron la atención basado en lo que reportó El periódico:

1. El Ministerio Público señala a un David y el comandante de David señala a David; el imputado dice que no es David.  Pero David es un pseudónimo.  Luego de todas las diligencias, ¿habrá forma de probar que David es el imputado? Este caso, ¿será un éxito, o un fracaso planificado por el Ministerio Público?

2. El comandante de David -Luis Antonio Santa Cruz Mendoza, cuyo pseudónimo era Comandante Santiago, o Pablo- ahondó en la masacre y justificó el hecho.  Dice que fue un pecado de guerra y un grave error que iba contra los principios filosóficos de la guerrilla; pero que muchos de los combatientes apoyaban la acción.  Entonces, era un grave error que iba contra los principios filosóficos de la guerrilla…pero muchos apoyaban la acción.  ¿Entonces?

3. Rodrigo Asturias -el comandante Gaspar Ilom y dirigente máximo de la Orpa- ordenó que David fuera fusilado.  ¿No te da como escalofríos cuando te enteras de que alguien puede ordenar que otro sea fusilado, así como así?

4. Solano afirma que el hijo de Pedro Palma Lau -excomandante guerrillero, asesor del Ministerio de Gobernación y ex diputado del Frente Republicano Guatemalteco (el partido de Efraín Ríos Mont) respondía al pseudónimo de David.  ¿Sabremos, alguna vez, quién era David? ¿Sabremos si tuvo que ver con El aguacate?

Por cierto…las víctimas de aquella masacre cometida por la Orpa murieron estranguladas, supuestamente para no ocasionar ruido. Los cadáveres sufrieron contusiones en los genitales y heridas punzocortantes en el tórax, mismas que presuntamente fueron hechas en vida.  O sea que fueron torturados.  Algunos tenían muestras de haber sido amarrados de las muñecas.

La ilustración muestra un comunicado de la Orpa en el que reporta un fusilamiento y actos de terrorismo.


01
Mar 14

Otro tiro por la culata para la CICIG

A la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -y al Ministerio Público- les salió otro tiro por la culata. Les explotó otro cuete en la mano.  Les salió otro pedo inflado porque durante el proceso fueron violados los derechos procesales de su víctima.

La Sala de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio anuló la sentencia emitida por diez ejecuciones extrajudiciales de internos de Pavón y en  El infiernito.  El Presidente del tribunal, explicó que al momento de conocer las impugnaciones planteadas contra la sentencia, fueron evidentes varias vulneraciones del procedimiento contra el acusado, por lo que tomaron la decisión de repetirlo.  El hecho es que el Tribunal B de mayor riesgo, en el que se desarrolló el debate no valoró en forma adecuada las pruebas presentadas por el sentenciado.  Esto, pregunto, ¿sería de motu propio por parte del Tribunal, o por presiones de la CICIG y del MP?

La decisión de la Sala no anuló la sentencia absolutoria que recibieron otros cuatro acusados que fueron declarados inocentes del cargo de ejecución extrajudicial.

La mala práctica de buscar condenas mediante la violación de los derechos procesales de los imputados conduce a injusticias gravísimas.  Debe ser erradicada ya. ¡Pero ya!


28
Feb 14

Los cargos públicos no son canonjías

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Cuando Ramiro De León fue electo Presidente de la República, luego de que Jorge  Serrano rompiera el orden constitucional, no fue premiado con un mandato de cuatro años.  El suyo fue para concluir el período que había sido interrumpido.  De León no se aferró al cargo y lo entregó al concluir el período correspondiente.

Cuando Gilberto Chacón fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia y quedaban sólo unos meses para que concluyera el período constitucional, que había empezado ocho meses antes, el magistrado abandonó el cargo, respetuoso de la ley.

Los cargos públicos –especialmente los cargos elevados como las presidencias de los organismos del estado y otras altas investiduras, como la jefatura del Ministerio Público, por poner un ejemplo– no deben ser prebendas, ni premios, ni feudos.  Esto ocurre en direcciones generales, embajadas, puestos de aduanas, plazas de maestros yo otros puestos de ese nivel con consecuencias gravísimas para los tributarios y para quienes dependen de ellos.

Direcciones generales, embajadas, puestos de aduanas, plazas de maestros y otros “huesos” de ese nivel muchísimas veces (¿Demasiadas?) sirven para premiar a correligionarios, clientes, financistas, amantes, socios, familiares y compadres.  No en todos los casos, claro, pero, ¿entiendes?

Cuando el presidente Alvaro Colom le dio a Claudia Paz y Paz la jefatura del Ministerio Público lo hizo para sustituir a Conrado Reyes que había sido electo para un período de 4 años y fue destituido y a Encarnación de Contreras que fungió interinamente.  El período ya había empezado y había sido ocupado por dos personas antes.  Colom –que fue candidato presidencial de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca– se pasó de listo y de forma impropia e ilegal le asignó a su colega cuatro años completos aunque lo que correspondía era que terminara un período que ya había empezado, como ocurrió con De León y Chacón.

En una república sana no es aceptable que los cargos públicos sean canonjías personales. Lo sano es que los funcionarios respeten los períodos constitucionales.

Columna publicada en El periódico.


13
Feb 14

Estudiantes presentan recurso contra exceso en nombramiento de Paz y Paz

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Miembros de la agrupación Estudiantes Promoviendo el Estado de Derecho  presentaron ante la Corte de Constitucionalidad una accion de inconstitucionalidad general parcial contra la frase (…) para un periodo de cuatro años del artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 90-2010, emitido por el Presidente de la República, que nombró a Claudia Paz y Paz como Fiscal General de la República.

Alvaro Santa Clos Colom, con fecha 9 de diciembre de 2010, emitió el acuerdo que  en el artículo 1 dice: Nombrar a la licenciada Paz y Paz Bailey, en el cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, para un periodo de cuatro años; con las funciones, atribuciones y obligaciones establecidas en la Constitución Política de la República, y las leyes del país. Y para culminar, en el artículo 2 del mismo Acuerdo se estableció que el mismo surte efectos a partir de la toma de posesión de la persona nombrada.

Los estudiantes de Derecho argumentan que la frase impugnada viola, limita y restringe el periodo constitucional de cuatro años del Fiscal General de la República que le ha conferido expresamente la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 251, que establece claramente: El Fiscal General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones. El plazo de cuatro años del Fiscal General es independiente de la persona individual o titular que ocupe el mismo, es decir que es un período objetivo y los períodos constitucionales establecidos para cada cargo público son improrrogables y deben de ser obedecidos.

Santa Clos, al emitir el Acuerdo Gubernativo 90-2010, no tomó en cuenta el período constitucional de cuatro años del Fiscal General de la República, violando así los artículos 251 y 24 e) transitorio y 25 transitorio de la Constitución.

El periodo constitucional actual del cargo de Fiscal General empezó a correr cuando terminó el periodo anterior el 17 de mayo del 2010, durante el cual José Amílcar Velásquez fue titular del cargo por lo que Claudia Paz y Paz debió haber sido nombrada como Fiscal General para completar el periodo que ya había sido iniciado cuando asumió el cargo interinamente María Encarnación Mejía y que posteriormente continuó Conrado Reyes, para que después lo volviera a ocupar interinamente, mientras se nombraba a un nuevo Fiscal General, Encarnación Mejía; por lo tanto, el periodo constitucional actual finaliza 4 años después el 17 de mayo de 2014.

Los períodos constitucionales que son asignados a los cargos de administración tienen un papel importante en el sistema republicano democrático porque implican la existencia de un sistema de pesos y contrapesos, ya que los funcionaros son electos en distinto tiempo y si estos periodos constitucionales se violan se corre el riesgo de facilitar la arbitrariedad y la corrupción.

Una de las finalidades de un sistema republicano como el que tiene Guatemala es la de establecer límites a los funcionarios, entre ellos los períodos constitucionales para los cuales han sido nombrados. En este caso debe prevalecer el Estado de Derecho y la Corte de Constitucionalidad debe declarar la suspensión provisional de la frase impugnada,  afirman los miembros de Epred.

¿Te das cuenta?  Hay un montón de gente comprometida, haciendo cosas, poniendo recursos y denuncias ciudadanas.  No desde la comodidad de los baby showers y de las redes sociales, sino donde importa.  El apoyo de la opinión pública es importante, claro, pero la gente que utiliza la Constitución y la ley para defender la República e invierte tiempo y recursos para hacerlo merece aplausos.  Son héroes cívicos.  Mis respetos para los patojos de Epred