Y tres, no votes. No te dejes engañar por los bribones de la democracia, y recuerda siempre que: que no hay servidores públicos sino aprovechadores públicos. Escoger al malo para evitar al peor es inmoral. No alcahuetees a ninguno de estos sinvergüenzas con tu voto. Que el que llegue llegue respaldado por el viento y por el voto de su madre. Fernando Vallejo
Gracias al cuate Juan Diego, por la pista.
Hace añales, el difunto periodista Hugo Arce escribió una columna que tituló Pueblo pendejo; y de eso me acordé cuando leí que por lo menos diez alcaldes fueron electos aunque tenían juicios pendientes.
Bien dicen que no tiene la culpa el loro, sino el que le enseña a hablar; porque esos alccaldes electos no serían alcaldes, ni fueran electos, si no hubiera un montón de electores como los que inspiraron la columna de Arce.
Y pensando en aquello, me pregunto: Este domingo, ¿vas a ser de los pendejos?
Esta vez estoy con Sandra Evita Torres en el sentido de que creo que el voto nulo es una opción válida. No es antinacional, como cree Oscar Vian.
Si un ciudadano no va a votar, el mensaje que envía es equívoco ya que podría ser porque está enfermo, o porque está de viaje. Pero si alguien se toma la molestia de acudir a las urnas y anular su papeleta, esa es una forma de expresión. Sí es cierto que es una expresión que no tiene efectos legales; pero debería tenerlos, porque sí tiene consecuencias sociales. La república sería más sana si los políticos tomaran en cuenta que el sistema no goza de la confianza de muchos electores.
Ahora bien, ¿cómo van a recibir, los políticos, el mensaje alto y claro de que el sistema ya no goza de la confianza de los tributarios que lo sostienen? El voto nulo debería de ser como el botón de Dislike. Por eso el voto nulo debería hacerse mediante el uso de la palabra Nulo. Para que sea inequívoco.
En una república sana, los electores y tributarios no deberían sentirse moralmente obligados a elegir sólo entre lo que hay. Es una negación de la libertad, y del sistema republicano, que los electores y tributarios no puedan sentirse cómodos con lo que les indique su conciencia. El voto pensado debe incluir la posibilidad de negarse a legitimar regímenes de los cuales el elector y el tributario no están dispuestos a hacerse responsables.
En una sociedad con instituciones débiles, no es conveniente que una Administración llegue al poder sintiéndose como que ha recibido un cheque en blanco. Es bueno que quien llegue al poder sepa que hay un grupo significativo de electores y tributarios que creen que sería bueno reformar el sistema. Es bueno que recuerde que su mandato está limitado, no sólo por los derechos individuales y por la ley, sino porque la mayoría que lo llevó al poder es muy, pero muy relativa; y que el sistema que lo sostiene es frágil. Y si la democracia es acerca de la voluntad de la mayoría, ¿qué tal si la voluntad de la mayoría es que sea reformado el sistema? ¡Bingo!
Yo voto nulo para el Parlamento Centroamericano; puede que vote nulo en la papeleta presidencial (y puede que no); pero meditaré muy bien a quiénes elegiré para el Congreso. En una república sana el poder debería estar dividido. Por eso es que el voto pensado debería ser un voto cruzado. Sobre todo porque si se quiere hacer cambios profundos en un sistema –que no goza de la confianza de muchos– la elección de diputados debe ser muy bien meditada y no debe reforzar la concentración del poder. ¿Por qué crees que a los políticos no les gustan ni el Dislike, ni el voto cruzado?
Dice la Ley del Organismo Judicial que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir”. Y, por eso, el Registro de Ciudadanos les negó su inscripción, como candidatos presidenciales, a Sandra Evita Torres, y a Harold Caballeros.
A Evita le fue denegada porque se divorció, al amparo del texto de una norma (la del divorcio), en persecución de conseguir su inscripción como candidata presidencial a pesar de que la norma suprema del ordenamiento jurídico –o sea la Constitución– prohíbe que los parientes del Presidente (y su esposa es pariente) opten a la Presidencia.
La prohibición constitucional tiene sentido para evitar el continuismo de la Presidencia en manos de familiares; y un incentivo perverso para usar los recursos de los tributarios en favor de un candidato que es pariente del Presidente.
Y la figura del fraude de ley busca evitar que alguien pudiera jugarles la vuelta a las leyes mediante simulaciones, o mediante actos legales que, ad hoc, cambiaran los supuestos que se quieren eludir. La del fraude de ley es una norma de orden público cuyo objetivo es que se cumpla la ley, y evitar maniobras legales para que las personas eviten cumplir con la misma.
El divorcio de la pareja presidencial fue un acto jurídico realizado al amparo de una norma –y es irrelevante si Evita y el Presidente comparten el tálamo, o ya ni se hablan. Lo importante es que existe y es real el acto de disolución del vínculo matrimonial. Y el problema, uno grave porque es con el propósito de violar la Carta Magna, es que ese divorcio fue hecho a la medida para tratar de que a la candidata del partido oficial no se le aplique una importante y justificada prohibición constitucional.
Es evidente que los Colom/Torres persiguen el continuismo de su proyecto y abundan las evidencias de que recursos de los tributarios son usados para la candidatura oficial; ya sea por medio de los programas sociales electoreros, como en actos de campaña y de propaganda.
Esto no es cuestión de democracia, ni de que lo pidan los acarreados. Es cuestión de preservar la República y el Estado de Derecho. En consecuencia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la gran oportunidad de que se les recuerde bien y con respeto, como próceres… o no.
Esta columna fue publicada por El Periódico.
Hoy, el Partido Unión Democrática publicó un Campo Pagado* en el que dice que El proceso electoral dejó de ser la fiesta cívica en la que todos debemos ser invitados de honor.
El documento trata de convencernos de que, a los ciudadanos y a las organizaciones políticas que no llenan los requisitos constitucionales y legales mínimos -conocidos y pre establecidos, para participar en los comicios- se les niegan sus derechos a elegir y ser electos, cuando las autoridades rechazan sus solicitudes de inscripición, precisamente por no llenar aquellos requisitos.
Esta línea de razonamiento es absurda y si fuera llevada a sus últimas consecuencias, supondría que la ley debe estar por debajo de los caprichos de los pretendientes a candidatos, y que si algún pretendiente y alguna organización política no cumple con los requisitos pre establecidos, aquella pretensión debería ser suficiente para ignorar la ley.
Digamos que sí la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece ciertos requisitos para que una organización política pueda celebrar su Asamblea Nacional, y esa organización no cumple con los requisitos, la UD pretende que la ley sea ignorada y que la organización incumplida pueda proceder a capricho y celebrar su asamblea, como si nada.
Si los razonamientos de la UD fueran tomados en serio, el mínimo de 40 años que la Constitución establece para poder optar a la Presidencia de la República no sería un requisito en busca de madurez y ejecutorias de vida; sino una mera sugerencia que, si un ciudadano en busca de ser electo decidiera que no le conviene por tener él 35 años (por decir algo), debería ser ignorada.
Si los razonamientos de la UD fueran tomados en serio, la prohibición constitucional de que los parientes del Presidente pudieran ser candidatos a la Presidencia no sería una previsión para evitar el nepotismo, el continuismo y la dictadura; sino que sería una mera sugerencia de la que cualquier cónyuge, hijo, padre, sobrino o tío del Presidente podría hacer caso omiso.
Sí. Es cierto que la Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos los deberes y derechos políticos de elegir y ser electos, optar a cargos públicos y participar enactividades políticas; pero…pero…cumpliendo con la ley. Y la ley dice que para hacer asambleas hay que llenar ciertos requisitos pre establecidos y conocidos; y dice que sólo los mayores de 40 años pueden ser Presidentes y que los parientes del Presidente no pueden optar a la Presidencia.
Todos ellos, por cierto, requsitos razonables. No estamos hablando de que no puedan ser candidatos presidenciales los menores de 75 años, o los mayores de 35. No estamos hablando de que no puedan ser candidatos a Presidente las mujeres, los hombres, o los indigenas, ni nada parecido. Es razonable que haya plazos que tengan que ser cumplidos, es razonable que los candidatos tengan que tener finiquitos, es razonable que los candidatos sean guatemaltecos de origen. Nada de eso contradice a la democracia ni viola derechos civicos.
El Tribunal Supremo Electoral debe velar por el fiel cumplimiento de la Constutición, leyes y disposiciones que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos; y siendo el rector, garante y facilitador de la participación de los guatematlecos, en el proceso electoral, debe hacerlo conforme a la ley y no conforme a los caprichos de politicastros que se quieren pasar de listos.
Hasta ahora, tanto el Registro de Ciudadanos, como el Tribunal Supremo Electoral han demostrado que pueden cumplir con su cometido y que pueden hacerlo bien. Con decencia y entereza. A pesar de güizachadas como la de la UD; e incluso de amenazas de violencia física.
Los invitados de honor a la fiesta electoral son todos aquellos ciudadanos que participan en ella de buena fe y respetando la Constitución y las leyes. Los colados, en cambio, son los que pretenden imponerse caprichosamente sin respeto alguno por el ordenamiento jurídico, ni por el estado de derecho.
Manuel Conde-Orellana, por cierto, es el Secretario General de la Unión Democrática y el firmante del documento en cuestión. Usted lo recuerda, claro, porque fue Secretario Privado de Jorge Serrano Elías, el protagonista de El Serranazo.
*El documento está publicado en la página 11 de El Periódico.
Hay mucho entusiasmo por el hecho de que el movimiento ¡Democracia real, ya! y sus indignados, están teniendo éxito gracias a las redes sociales; pero a pesar de que soy un entusiasta de aquellas herramientas, me inquieta más el fondo, que la forma.
Así que luego de leer un estupendo artículo por mi amigo José Benegas, titulado En lugar de indignarse, piensen, me metí al sitio Web de ¡Democracia real, ya! y lo que descubrí confirma por qué es que José aquel artículo. Es evidente que lo que los indignados quieren es más colectivismo. Su movimiento debería llamarse ¡Colectivismo real, ya!
Tienen razón cuando dicen que el actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental es un obstáculo para el progreso de la humanidad; pero lo que los indignados reclaman es, precisamente, lo que hace que el sistema sea perverso. Los males del colectivismo, no se curan con más colectivismo. Eso lo saben los chinos, y lo saben en Cuba. Los males del colectivismo se curan con todo lo contrario. Por eso es que allá la gente pide libertad, cuando los indignados quieren igualdad.
Hoy me he pasado buena parte del tiempo que debería haber destinado a almorzar, para buscar los detalles de la siguiente anécdota, y no los encontré. Por eso se las comparto incompleta y con la esperanza de que algún lector ayude a completarla.
Cierto genial compositor clásico, o romántico, asistió a un concierto de otro maestro de gran talla. Al finalizar la presentación, el segundo le pidió un autógrafo al primero. Este tomó su pluma y, en el programa de mano, anotó las primera notas del concierto que -del maestro- acababa de escuchar. Debajo de aquellos acordes puso: Notas, que ¡Oh, por desgracia!, no escribió Fulano de tal.
Eso digo ahora y comparto con ustedes lo que escribió mi amigo, José.
“Lo que ustedes reclaman como hijos mal atendidos es lo que toda la vida les hemos estado diciendo los que no creemos en el uso de la autoridad central para manejar a la sociedad que el Estado no puede dar. No son sus dirigentes los que han fallado, ellos han hecho exactamente lo que ustedes demandaban y así les fue.
Las viviendas, los empleos, las jubilaciones que ustedes quieren que les den, deben ser producidas. Una vez que escribieron en un papel todos los derechos y aspiraciones que tienen alguien tiene que venir y hacer eso que ustedes dicen que nacieron con el derecho a tener (y ahora lloran ante los que se pusieron a escribir papeles cada vez más lindos y fueron entronizados a los puestos de mando), se deben fabricar los ladrillos, y el cemento, extraer el hierro de la roca y convertirlo en vigas, enviarlo en camiones – que muchos fabricaron – y ponerlas en su lugar. Y hay que estudiar para saber cuál es ese lugar. Ustedes piden que otros escriban todos esos derechos que dicen tener y ellos lo hacen. Crean oficinas de derechos y escriben leyes por las que ustedes van a tener todo lo que necesitan. Pero todavía falta la instancia de ponerse a trabajar ¿Y saben qué? Háganse cargo porque la verdadera naturaleza de sus pretensiones es deleznable. Quieren que esa autoridad vestida de paternalismo utilice la fuerza contra otros para que esos ladrillos, vigas y camiones, esos conocimientos adquiridos con mucho esfuerzo para saber cómo hacer sus viviendas, todo eso sea hecho esclavizando a todos los que intervienen en el proceso. Claro, ya no usan látigos directamente en la obra, solo pasa el recaudador y les revisa las cuentas para ver de dónde apoderarse del fruto de su trabajo. Y ustedes están ahí para alentarlos, sin saber que siempre los que pagan son ustedes. Parece que hay justicia finalmente en el mundo. Ustedes reclaman y ustedes pagan porque están ahí al margen de una economía que como tiene que cargar con el peso de sus pretensiones autoritarias, debe tirar el lastre de los menos productivos ¡Adivinen quiénes son los menos productivos! Ustedes los que están en las carpas quejándose porque su crimen no paga.
No se disfracen más de “democráticos reales”, ustedes son colectivistas reales. En el colectivismo no hay democracia alguna porque el ciudadano no existe, solo la maquinaria. No falsifiquen sus intenciones, van a terminar con la poca libertad que sus deseos han dejado en pie.
No pidan que se vaya nadie, váyanse ustedes. Váyanse al carajo. O empiecen a pensar. Tiren sus libros y busquen otros. Traicionen a sus maestros y libérense de la Matrix o déjense de joder de una buena vez con tanto llanto”.
En este espacio se recibe, con frecuencia, la visita del lector Carlos Fajardo. Y con la misma frecuencia que el visita Carpe Diem, se le publican sus comentarios. Esto es a pesar de que, en ellos, el visitante acude generalmente a prácticas que en el boxeo equivalen a los golpes bajos. En ese sentido, Fajardo abusa de la hospitalidad que recibe en este espacio.
Para muestra, un botón: el más reciente de aquellos golpes bajos es el que usó cuando comentó la entrada que se titula Pacto político, atol con el dedo y el emperador desnudo. En ella, al criticar la distinción que hay entre democracia y república, Fajardo quiere hacer creer, a los lectores, que dicha distinción es un huevo de serpiente y que quienes distinguimos entre ambos no nos atrevemos a definir.
Fajardo, también, acude múltiples tipos de falacias -generalmente ad hominem– para descalificar lo que no puede desvirtuar con argumentos válidos.
Lo de que quienes distinguimos entre democracia y república no nos atrevemos a definir ambos términos es mentira; fácilmente evidenciada por el hecho de que Aristóteles hizo la distinción en La República; y los liberales más modernos, como Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, también hicieron la distinción. Autores del siglo XX, como Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek también han escrito sobre el asunto. Y, por cierto, no estoy de acuerdo con el segundo en sus ideas sobre la democracia. Pero eso es otro par de zapatos.
En términos contemporáneos, autores como Edward Cline, Walter Williams, Glenn Woiceshyn, Alexander Marriott, Amit Ghate, Allen Forkum, Jessica Nappi y Carter Laren, entre otros, han abundado en el tema. Hace pocas semanas Marta Yolanda Díaz-Durán y Warren Orbaugh, en Todo a pulmón, hicieron un programa completo al respecto.
¿De dónde saca Fajardo que los liberales no definimos las diferencias entre democracia y república? ¿Por qué trata de engañar a los lectores? ¿Por qué?
Hasta ahora le he tenido paciencia a Fajardo y he publicado su retórica; pero cuesta tenerle paciencia. Verán los lectores: Carpe Diem es un espacio privado de uso público. Respeto la libertad de expresión de Fajardo y de todos, pero me pregunto: ¿estoy moralmente obligado a prestar mi espacio para que él, o cualquier otro lector, use falacias y distorsione la realidad con quién sabe qué propósitos? Y la respuesta es que no. No.
Respeto la libertad de expresión de Fajardo y de cualquiera otro; pero -como corresponde- ejercida en su propio espacio, con sus propios recursos, y con su propio tiempo. Invito a Fajardo, por ejemplo, a que establezca un blog propio y que desde ahí, con toda libertad, se exprese cuanto quiera y como quiera y contribuya al diálogo como pueda. Nunca me atrevería a negarle su derecho a la libre expresión en su espacio y con sus recursos; pero puedo reservarme el derecho a negarle el uso de mi espacio y de mis recursos.
Verán los lectores: un derecho se basa en un pacto voluntario y su ejercicio implica las obligaciónes de no dañar a otros, ni infringir cargas a nadie con él. De esa cuenta, en Carpe Diem no me siento obligado a cargar con falacias repetidas, repetidas y repetidas. Ni a patrocinarlas.
Cuando en una sociedad unos se atribuyen derechos, a costa de obligar a otros, esa sociedad vive bajo un doble estándar moral que mina la cooperación social pacífica que es el cimiento de la mismísima sociedad. No estoy, ni puedo estar, obligado a prestarle mi espacio y mis recursos a la repetición de falacias que tergiversan los principios y los valores que aprecio.
¡Bienvenido el diálogo!; pero, por favor, sin falacias y sin distorsiones retóricas deliberadas y repetitivas.
Hugo Chávez ya se hizo con el poder que le permitirá gobernar por decreto durante los próximos 18 meses.
La división del poder, que es una de las características fundamentales del estado de derecho, fue eliminada con la ley habilitante que le permitirá al vesánico presidente venezolano decir con propiedad que el estado soy yo.
Chávez se está consolidando como dictador porque la gente olvidó defender y proteger las instituciones republicanas; y se dejó llevar por los cantos de sirena de la democracia. Si usted quiere saber la diferencia entre república y democracia, haga clic aquí. Es muy peligrosa la ilusión de que la defensa de los derechos individuales y de la igualdad de todos ante la ley descansa sobre la democracia.
