Una querella fue presentada hoy; y el antecedente de la misma es el Plan Subida, en el contexto de las acciones terroristas que vivía Guatemala en 1980. Los querellantes mencionan en su denuncia que el Plan Subida, tuvo un trágico final al incendiar, los terrorista,s la embajada de España, el 31 de enero de 1980 y con ello ocasionar la muerte de distinguidas personalidades, de otras víctimas inocentes y causar la actual prisión de Pedro García Arredondo.
Aquel plan fue organizado por quienes conformaban la dirección nacional de la organización terrorista denominada Ejército Guerrillero de los Pobres.
Para ejecutar el plan, los dirigentes del EGP utilizaron a varios miembros de sus organizaciones de fachada, o de frente como ellos las denominaban. Las acciones tendrían como objetivo final la captura de rehenes en la embajada de España, para lo cual, supuestamente contaban con el consentimiento, colaboración y participación activa del embajador , Máximo Cajal y López, personaje ampliamente conocido por su militancia con los sectores de izquierda radical en su país, según dicen los querellantes.
El documento presentado dice que desde su llegada a Guatemala este diplomático efectúo varios viajes hacia diferentes zonas del Quiché, en donde se entrevistó con los religiosos españoles militantes del EGP.
Dicho Plan dio inició el lunes 21 de Enero de 1980. El tema principal de sus demandas fue la salida del ejército de Guatemala del occidente del país (casualmente el área de operaciones terrorista del EGP). Durante el 22 y 30 de enero, este grupo terrorista tomó en diversas ocasiones institutos, colegios y radiodifusoras.
El jueves 31 de enero y luego de que el embajador de España Máximo Cajal convocara a una reunión y se asegurara de la participación de distinguidas personalidades guatemaltecas, ese mismo día ingresó el grupo de terroristas (siguiendo el Plan y estando en la hora en que conocían que habrían llegado las personalidades invitadas). Fue del conocimiento público que los terroristas se encontraban armados con bombas molotov y armas cortas. Ante el pánico que provoca dicha acción, empleados de la embajada y sus invitados dan aviso a las fuerzas de seguridad.
Es así como el embajador se convirtió en interlocutor de las demandas de los terroristas, quienes indicaron que no|abandonaría las instalaciones hasta que se conformara una comisión que negociara el retiro del Ejército de Guatemala de los departamentos del occidente del país, así como la devolución de sus tierras ancestrales.
Sin embargo, la denuncia asegura que la historia ha sido manipulada, intentando ocultar la conspiración terrorista de la dirección nacional del EGP, de la cual el embajador Máximo Cajal era sabedor y colaborador, cual otro terrorista. Cajal rompió con lo estipulado en la Convención de Viena, que estipula que los diplomáticos no deben involucrarse en los asuntos políticos internos del país. Cajal orquestó un plan que él esperaba lo haría protagonista de un acontecimiento político sin precedentes a nivel mundial, dice la denuncia. Los familiares de los convocados fueron testigos de la insistencia del ex Embajador en realizar esa reunión en la Embajada. Hoy día se conoce que inclusive, él acudió personalmente a las residencias particulares respectivas, para confirmar la asistencia y puntualidad a la cita de los convocados. El resultado final fue que la sede de la Embajada de España en Guatemala fuera tomada por asalto por quienes dejaron ingresar con el consentimiento del ex jefe de la misión diplomática.
A continuación, se amontonaron a las puertas de la Embajada. Una vez les fueron abiertas las puertas, el embajador ordenó que se cerraran tras ellos. Los responsables intelectuales de lo que allí ocurrió siguen impunes.
Dice la denuncia que la toma de rehenes en la Embajada de España no fue un hecho aislado ni fortuito, y que se dio dentro de la dinámica del enfrentamiento armado interno. Por lo que se solicita que se proceda a cursar como corresponde la solicitud de detención con fines de extradición del querellado Máximo Cajal y López en su país de origen, por medio del procedimiento que establece la Convención Internacional Contra la Toma de Rehenes, vía el Secretario General de las Naciones Unidas.
