Yo digo que ¡con razón hay gente muy preocupada en el Departamento de Estado y en el Congreso de los Estados Unidos de América!
En la lucha para vencer el crimen transnacional en América Central, los Estados Unidos está financiando un cuerpo de fiscalía de las Naciones Unidas en Guatemala. Sin embargo, estos fiscales de la ONU se están burlando del estado de derecho y parecen estar usando su poder para politizar al poder judicial guatemalteco, advierte Mary O´Grady, columnista de The Wall Street Journal,en el artículo titulado A Crisis in Guatemala, Abetted by the U.N.
La autora añade que aquello está dividiendo y desestabilizando una democracia crucial en la región. El frágil estado guatemalteco está en la mira del dictador venezolano Nicolás Maduro y el general Raúl Castro de Cuba. Si sus aliados toman el control del vecino del sur de México por medio de sus instituciones, como lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, tendrá implicaciones para la seguridad de México y Estados Unidos.
¿Te extraña que haya gente muy preocupada en el Departamento de Estado y en el Congreso de los Estados Unidos de América? Un proyecto de nation building (que sosgtengo que eso es la CICIG) financiado por tributarios de los EE.UU. no sólo debería estar basado en principios de los padres fundadores de aquel país; sino que no debería perjudicar los intereses, ni la seguridad de aquel país.
O´Grady, cuenta que la CICIG, que ha estado en el país desde 2007 ha arrestado a algunos criminales. Pero su poder desenfrenado ha conducido a abusos, y esto debería afectar a los patrocinadores de EE. UU. Algunos de los defensores más vociferantes de la CICIG provienen de la extrema izquierda de Guatemala, que reniega de la igualdad bajo la ley y de la democracia representativa. ¿Ya sabes, verdad? Muchos de aquellos revolucionarios creen que la justicia debe ser revolucionaria y que la igualdad de todos ante la ley es un fetiche; y sin duda recuerdas que en 2015 trataron de evitar las elecciones y quisieron imponerse a golpe de plaza.
No es extraño, entonces, que la justicia deshonesta de la CICIG ha llamado la atención del senador Roger Wicker (R., Miss.), Presidente de la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa, también conocida como la Comisión de Helsinki. Él programó una audiencia el 27 de abril para revisar el papel de la CICIG en la acusación guatemalteca y la condena extralegal de una familia rusa huyendo de la mafia de Vladimir Putin. No es la primera vez que el Jefe de la CICIG es citado para responder ante sus patrocinadores en Washington, D.C. El representante Chris Smith ya había propuesto una audiencia para mañana, martes 24, y el funcionario de la ONU declinó asistir.
For the record, el régimen de Putin es la amenaza más grave para la democracia y los valores occidentales que existe en el mundo de hoy. El poder de Putin como líder de Rusia se basa en el miedo, el misterio y la propaganda. Putin ha utilizado la violencia como la herramienta clave para configurar un sistema que le otorgue poder y riqueza sin igual, tanto dentro de Rusia como a nivel mundial, segun la Human Rights Foundation.
Anyway, no te cuento más para que leas la columna en The Wall Street Journal; y,más bien, voy a llamar la atención sobre algo que se menciona, y que nadie ha comentado en otra parte. Dice O´Grady: Matías Ponce es el “jefe de comunicaciones” de la CICIG, pero no hay información de contacto para él o su oficina en el sitio Web de la CICIG. Me las arreglé para obtener su número de teléfono celular por medio de un tercero y, después de repetidos intentos, hice contacto con él. Solicité su correo electrónico y le escribí para que pudiera compartir con los lectores la explicación de la CICIG sobre lo que parece ser un abuso de poder. Me envió una respuesta repetitiva sobre el trabajo de la CICIG contra las redes delictivas pero no respondió mis preguntas.
¿Qué notaste?
Ve al sitio web de la CICIG y vas a ver que no hay forma de contactarlos. Ni los periodistas -y menos un guatemalteco de a pie- tienen forma de hacer contacto con la CICIG y sus funcionarios, ni siquiera con su jefe de comunicaciones. Para bien, o para mal, la CICIG tiene gran impacto en la sociedad guatemalteca. Sin exagerar, uno podría decir que es casi todopoderosa. Cuestionarla tiene costos sociales elevados y está forjando instituciones, así como culturas políticas, jurídicas, periodísticas y éticas específicas; pero ni los tributarios, ni los periodistas (sospecho que con excepción de algún grupo de consentidos), puede comunicarse con la Comisión. Lo cual es muy raro porque otras agencias de la ONU no ponen dificultades para comunicarse con ellas.
La Agencia de la ONU para los refugiados, en Guatemala, para citar un ejemplo, publica dirección, correo electrónico y teléfonos para que tu, o yo, nos comuniquemos abiertamente con ellos.
Igual cosa hace el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.
Pero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala está en su castillo de la zona 14 y parece que no quiere saber nada que no responda a sus intereses. Parece que, a menos que uno pertenezca al círculo de favoritos, la mejor opción para comunicarse con ellos es pasar por el fuerte y tocar la puerta con la esperanza de que te atienda un guardia de seguridad…o como lo indica su página Web, que no molestes y que vayas con tus cosas y tus preguntas incómodas al Ministerio Público.
¿No te parece raro? Que una organización tan influyente y hasta poderosa, una organización imposible de ignorar, sea tan…tan hermética por decir algo. Cuando hace diez años yo advertía contra la CICIACS (que fue la predecesora de la CICIG) y luego cuando advertí contra la CICIG tenía dos argumentos principales: Uno es que nos iba a hacer dependientes; y la otra es que había el riesgo de que se convirtiera en una forma de Gestapo, KGB, o Stasi…y me pregunto si la Gestapo, la KGB y la Stasi -en sus sitios Web- si los tuiveran, tendrían páginas de contacto, o no. Una organización tan influyente y poderosa como la CICIG no sólo no debería ser hermética, sino que debería estar sujeta a los normales pesos y contrapesos, a los usuales balances de poder, propios de una república.
