En la Constitución guatemalteca está claro que la función del ejército es mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio y la seguridad interior y exterior.
Es una lástima que la administración no lo apoye políticamente para esas tareas. En el contexto de lo que ocurre en lugares como San Antonio Las Trojes, el ejército tiene mucho que hacer para el cumplimiento de su función constitucional. Una de las principales tareas en ese sentido es la de inteligencia; y otra es prepararse para cuando haga falta.
Un ejército, en tiempos de paz, debe prepararse para cuando la seguridad interior y exterior sea amenazada, o para cuando la integridad del territorios sea amenazada. Los mexicanos y beliceños se cuelan por las fronteras, casi a cada rato, para saquear recursos naturales y tesoros arqueológicos. Está claro que el ejército debe evitar esa piratería.
La institución armada no debe intimidarse frente los intereses de quienes ven en ella un obstáculo para sus fines aviesos; sin embargo, está claro que, para fortalecer su carácter institucional, debe garantizarles a los tributarios y a los electores, que está al márgen de la corrupción que impera en otrás áreas del sector público.
Sólo así podrá tener la autoridad moral para cumplir con lo que le ordena la Constitución, en el estricto marco de la ley y del respeto a los derechos individuales de los habitantes de la República.
El ejército de Guatemala, en otras ocasiones, ha sabido cumplir con aquel mandato del artículo 224 de la Carta Magna; y el sector político de la administración pública debería aprovechar esa experiencia. Antes de que un día nos despertemos con que no tenemos ejército, ni policía, ni seguridad de ninguna clase, y caigamos en manos de quién sabe qué aventureros, con quién sabe qué aberraciones ideológicas en la cabeza.
