Según la entidad danesa Ibis, la alemana GIZ y el Instituto de Estudios Fiscales la conflittividad vinculada a la minería se arreglaría si tan sólo el estado pudiera expoliar más a las empresas mineras.
En el tema minero los ingresos fiscales son bajos en el país debido a que la legislación resulta insuficiente e inadecuada, señalan en un estudio titulado La minería en Guatemala: realidades y desafíos frente a la democracia y el desarrollo.
El informe destaca que la actividad de exploración y explotación minera con licencias autorizadas, presentan mayores índices de conflictividad que las que no cuentan con la misma; y asegura que los conflictos más comunes son el deterioro ambiental, principalmente en términos de agua y deforestación y falta de confianza en las instituciones del Estado.
La realidad es otra: los conflictos por minería tienen sus raíces en dos temas:
1. El hecho de que la propiedad del subsuelo no es de los propietarios del suelo; y para eso te recomiendo una conferencia de Enrique Ghersi acerca de ese tema: haz clic aqui.
2. Los designios políticos y anti-industriales de los grupos que quieren hacer la revolución por medio de los movimientos sociales. Estos grupos viven de los conflictos y de la lucha de clases.
Ambas causales no se resuelven con la extorsión de parte de los políticos y sus funcionarios, ni con el pago de más impuestos, ni con acciones de supuesta responsabilidad social empresarial. Se resuelven reconociéndole la propiedad del subsuelo a los propietarios del suelo (por medio de títulos de usufructo, para no caer en algún tipo de inconstitucionalidad); y se resuelven por medio de la aplicación del derecho penal vigente cuando las dirigencias revolucionarias incurran en delitos para perjudicar a la actividad minera, o para presionar por medio de acciones violentas.
