Un total de Q2 millardos, 203 millones, 530 mil 701.02 han recibido los propietarios de autobuses urbanos (…y sospecho que un porcentaje de esa millonada la han recibido más de un político y funcionario). Para que tengas una idea, un millardo son mil millones y esto ha ocurrido entre 2004 y 2014.
Han recibido esa plata -tomada de tus bolsillos- y el transporte colectivo urbano es cada vez peor, cada vez peor, cada vez más indigno.
El transporte colectivo urbano es uno de los íconos más dañinos del populismo. Por un lado a la dirigencia popular no le gusta que suba el precio de ese servicio y -por lo menos cuando yo lo usaba- sus huestes no dudan en acudir a la violencia (quemando y destruyendo buses) cuando hay que elevar las tarifas. La dirigencia popular quiere un servicio razonable, sin que haya que pagar directamente por él. Entonces les pasan la factura a los políticos y a sus funcionarios y de ahí el subsidio. Estos les ofrecen a los propietarios de buses que los tributarios les pagarán por no subir el precio del servicio (aunque los costos de prestación suban y suban) y se crea un círculo vicioso: los propietarios se pegan a la teta del estado y disfrutan de sus monopolios y ni siquiera tienen que prestar el servicio; en tanto que los políticos difieren un problema grave y seguramente alguien se echa algo al bolsillo cada cuanto. ¿Te sorprende que haya corrupción? A mi no. ¿Te sorprende que los más damnificados sean los usuarios? A mi no.
Ahí andan los tomates destartalados que fueron la supuesta solución genial en tiempos de Oscar Berger; y sólo fueron un paliativo para darles atol con el dedo a los usuarios y a los tributarios. Al final ese asunto sólo fue una fuente de corrupción. Ahí andan los buses del Transurbano, una alianza público-privada que sólo fue otra fuente de corrupción y que ya está en la mira del Ministerio Público. Sospecho que este va a ser el Waterloo de los Colom/Torres.
Esta historia del transporte colectivo urbano es un ejemplo clásico de lo que ocurre cuando el sector político (el sector coercitivo de la economía) sirve a intereses particulares (los de la dirigencia popular y los de los propietarios de buses), en perjuicio del derecho de los usuarios. ¿Cuál derecho? El derechos a contratar el servicio de transporte que cubra mejor sus necesidades, de forma pacífica y voluntaria.
¿Te sorpende que, supuestamente, no les alcance el dinero a los pipoldermos? A mi no. Si hay para repartir esos miles de millones entre los propietarios de autobuses (y seguramente entre los políticos y funcionarios que los reparten), eso quiere decir que sí hay para el desperdicio y para la corrpución. ¿Verdad? Entonces, ¿con qué cara pretenden pedirles más impuestos a los tributarios?
No te vas a dejar, ¿verdad?
La foto es de boletos de camionetas de los años 50 y 70.
