estado de derecho

Estado de sitio en Santa Cruz Barillas

El 1 de mayo unos pobladores de Santa Cruz Barillas generaron disturbios, porque la gente cree que una hidroeléctrica que está por ser construida allá es, en realidad, una mina. Y ya sabes…si a la dirigencia popular no le gustan las hidroeléctricas, menos le gustan las minas. Quieren electricidad barata, pero no quieren hidroeléctricas; sus obispos usan anillos de oro, pero no quieren minas.

La dirigencia popular, además, tiene experiencia en manipular gente sencilla. ¿Te acuerdas de la vez que un grupo de campesinos detuvo, en una carretera, una pieza industrial enorme porque les habían dicho que serviría para secar el lago de Atitlán?

En fin. Los disturbios empezaron porque la dirigencia de los revoltosos aseguró que una persona había sido asesinada por personal de la hidroeléctrica; y acto seguido la turba agredió a comerciantes de la zona y se dirigió a la base militar del lugar de donde sustrajo armamento. La turba tomó de rehenes a policías y soldados. Y la Administración decretó estado de sitio. Esto es lo que cuentan los diarios.

Rápidamente la dirigencia popular gritó: ¡Racismo!, y no falta quien alegue que la gente tiene derecho a manifestarse. ¡Y claro que todos tenemos derecho a manifestarnos!; pero lo que no es admisible es que las manifestaciones organizadas por la dirigencia popular incluyan actos de violencia, vandalismo y delitos como tomar rehenes, robar armamento y agredir a otros de buenas a primeras.

Esto no sucede a menudo; pero le creo al Presidente cuando dice que en esto hay intereses oenegeros que se financian con dinero de tributarios extranjeros; y hasta le creo que hay algún tipo de mafia involucrada. El modus operandi de aquellos grupos de interés es by the book. Primero la turba, el bloqueo, el saqueo, la toma de rehenes y el caos; para luego organizar la victimización.

En un estado de derecho, el estado de sitio es una herramienta extraordinaria para controlar situaciones de extremo peligro social. Si hay vídeos, testimonios y pruebas confiables acerca de quiénes podrían ser los responsables intelectuales, financieros y materiales de lo que ocurrió en Barillas, estos deben ser capturados, procesados y sancionados; con respeto absoluto a los derechos de las personas, pero sin tolerancia para los delitos.

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16
Feb 12

Las “autoridades” dan mal ejemplo

Las autoridades se quejan de la ingobernabilidad y de que los chapines no respetamos las leyes; y los europeos y los gringos dicen que somos díscolos. En fin…tu ya conoces la historia. Empero, ¿cómo va a ser de otra forma si los que se suponen que tienen la autoridad, y que prometen cumplir las leyes desde cargos públicos son los primeros en hacer caso omiso de las leyes y la legislación que producen?

El Organismo Legislativo está remodelando su Casa de la Cultura, ubicada en la 10a. calle y 8a. avenida, zona 1. Por ser dicho inmueble parte del Centro Histórico, el Instituto de Antropología e Historia tendría que autorizar cualquier remodelación demolición o cambio en la estructura. Sin embargo, en la Dirección del IDAEH no se registra solicitud alguna del Congreso para aquella remodelación, la cual busca crear 16 oficinas para igual número de diputados del Partido Patriota.

Siempre dando el mal ejemplo, ¿o no?

Baltazar Garzón / estado de derecho / Justicia — 1 Comment
10
Feb 12

Garzón abusó de su investidura

Leo un titular que dice: Justicia española castiga a juez por haber ordenado escuchas a red corrupta; y puesto así, el lector promedio se preguntará que qué clase de justicia es esa y que a dónde va a ir a parar el mundo si se castiga a un juez por escuchar las conversaciones de los corruptos. Empero, la cosa no es así tan fácil. Sospecho que muchos de mis colegas, periodistas, son en extremo generosos con Baltasar Garzón a veces por cuestiones ideológicas, y a veces por descuido periodístico.

En realidad, Garzón fue inhabilitado durante 11 años porque fue hallado culpable del delito de prevaricato; porque ningún funcionario -y menos un juez- debe actuar fuera de la ley, o por encima de ella; por hacer escuchas ilegales y porque la garantía del debido proceso es fundamental para el estado de derecho y la justicia. Garzón no fue castigado por cumplir con sus funciones; sino por abusar de su investidura.

En este caso comparto la propuesta de Luis del Pino que, en su bitácora Los enigmas del 11M dice: Hala, muchachotes, los que estáis criticando la condena de Garzón: a firmar la declaración renunciando a vuestros derechos. Mientras no lo hagáis (es decir, mientras sigáis conservando intactos esos derechos que os parece muy bien que Garzón vulnere cuando se trata de otras personas), no nos deis la plasta, por favor.

Esta es la declaración a la que se refiere del Pino:

Yo, [PONER AQUÍ EL NOMBRE], ciudadano español, mayor de edad y con DNI [PONER AQUÍ DNI], comparezco ante notario y manifiesto:

1) Mi absoluta indignación por la condena de 11 años de inhabilitación que el Tribunal Supremo ha impuesto al juez Baltasar Garzón, por haber grabado las conversaciones entre abogados e imputados en el curso de la instrucción del caso Gurtel.

2) Aunque haya quien diga que la confidencialidad de las conversaciones abogado-cliente resulta imprescindible para garantizar el derecho de defensa; aunque las leyes establezcan que esa confidencialidad solo puede violentarse en casos muy extremos (como por ejemplo en delitos de terrorismo) y aunque haya quien sostenga que el estado de derecho no puede subsistir si se viola arbitrariamente el derecho de defensa… YO CREO que D. Baltasar Garzón actuó correctamente, porque lo lógico es que el juez intervenga cuando le venga en gana las conversaciones que quiera, aunque la ley diga lo contrario.

3) Por tanto, y como muestra de coherencia, si en el futuro alguien me acusara de cometer algún delito, AUTORIZO EXPRESAMENTE a cualquier juez a grabar las conversaciones que yo mantenga con mis abogados, diga lo que diga la ley vigente.

En [PONER AQUÍ LA CIUDAD], a [DIA] de [MES] de 2012.

Firmado [FIRMAR AQUI]

estado de derecho / leyes / Otto Pérez Molina — 1 Comment
06
Feb 12

¿Y el chaleco numerado de Otto Pérez?

Talvez me equivóco, pero…¿viste el chaleco y el casco numerado del presidente Otto Pérez en la Caravana del Zorro?

Digo…porque su Ministro de Gobernación dijo continúa vigente la norma que manda que todos los motoristas usen chaleco y casco con el número de placa de la moto que conducen.

Yo digo que el Presidente debería dar el ejemplo, ¿o no? Por otro lado, aunque la presente administración quiere modificar aquella norma absurda, de modo que puedan ir dos personas en una moto, la norma original todavía está vigente…y en la citada Caravana iba mucha mara en pareja sobre una moto. ¿Es que la ley debe ser aplicada de forma arbitraria? ¿Por qué es que las autoridades multan a unas personas, y a otras no por ir dos en moto? ¿Qué efectos tienen la arbitrariedad y el no cumplimiento de la ley sobre la autoridad y sobre la legislación?

¿Fue una decisión arbitraria, o hubo algún decreto que no leí suspendiendo-temporalmente- la prohibición?

Alvaro Colom / cicig / estado de derecho — Comentarios desactivados
11
Ene 12

¿Y si la CICIG se quedó sin mandato?

Ayer, martes, el abogado Moisés Galindo presentó una querella contra el presidente, Alvaro Santa Clos Colom, por su presunta responsabilidad en la comisión de varios delitos constitucionales que dejaron sin vigencia el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento y funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Yo he criticado a esa comisión; y los lacayos de Santa Clos dicen que no hubo ilegalidad alguna; pero, ¿qué hay detrás de la omisión presidencial y de la querella?

Galindo explica que la omisión presidencial fue con dolo y que el Presidente violó la Constitución con la clara intención de dejar a la CICIG fuera de toda posibilidad de investigar los actos de corrupción cometidos durante la administración de Los Colom/Torres-Espada. Supuestamente, a partir del 14 de enero próximo, la CICIG podría econocer cualquier acusación de corrupción que se hiciera contra la administración que preside Colom, con base en un acuerdo suscrito el 7 de octubre de 2011 entre el comisionado, Dall´anese con la Contraloría General de Cuentas.

Galindo justifica su querella en el hecho de que el Presidente, conociendo el procedimiento que ordena la ley, y como se había realizado anteriormente con los decretos 35-2007 y 20-2009, sólamente envió a publicar en el Diario de centro América, el 2 de septiembre de 2011, el Instrumento de Ratificación, sin que el Congreso de la República hubiese autorizado cicha prórroga, como lo estipula el artículo 183, k, de la Constitución.

Por tal motivo, Galindo sostiente que desde el 5 de septiembre de 2011, la CICIG actúa como un cuerpo paralelo ilegal; y todo lo actuado por ella es nulo ipso iure. Asunto que Santa Clos conocía y, aún así, omitió solicitar la prórroga al Congreso. Ello con el propósito, premeditado, de preparar una futura neutralización de la CICIG ante cualquier acción por actos de corrupción durante su administración.

Galindo expone, en su querella, que las violaciones contra la Constitución no sólo se manifestaron en la prórroga de 2011 a 2013; sino que también existen en la prórroga de 2009 a 2011 lo que, a su juicio, podría anular todos los procesos penales en los que actuó aquella comisión.

En la primera prórroga, Colom ratificó el insturmento de prórroga el 28 de mayo de 2009 sin que existiera, previamente, una ley que la aprobara. Asunto que fue corregido por la presión del ex comisionado Castresana; y el 16 de julio de 2009 se emitió el decreto 20-2009; por lo que se violo el artículo 183, k, de la Constitución, que manda que el Congreso debe autorizar previamente a que se ratifique cualquier convenio, o tratado internacional.

La violación no quedó en ese hecho, sin que, además, Colom ocultó esa ilegalidad y nunca mandó a publicar en el Diario Oficial el instrumento de ratificación, para no poner en evidencia que había ratificado sin tener la autorización del Congreso, por lo que nunca entro envigencia dicha ratificación, como lo ordena la ley, para el período 2009-2001.

Recientemente, el 2 de septiembre pasado, fue publicado en el Diario de Centro América el instrumento de prórroga de la CICIG para 2011-2013, sin que el Congreso emitiera la ley correpondiente que hubiese autorizado al ejecutivo para dicha ratificación.

El secretario general de la Presidencia, Carlos Larios , opina que la Carta de Entendimiento suscrita entre el Estado de Guatemala y la ONU es suficiente para prorrogar el funcionamiento de la comisión en el país; y que, por lo tanto, no hay necesidad de que Colom remita una iniciativa de ley al Congreso para su ratificación.

He aquí un reporte de CNN al respecto.

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04
Ene 12

Inconstitucionalidad en ley de reconciliación nacional

El licenciado Ricardo Prado Ayau ha estado trabajando en la presentación de una serie de inconstitucionalidades para fortalecer el estado de derecho. Una de aquellas inconstitucionalidades es la planteada contra el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional por no ser equitativo para una de las partes.

La Corte de Constitucionalidad dio fecha para la Vista Pública de la misma, el jueves 12 de enero, a las 9:00 a.m. Si vas a ir a apoyar es bueno estar ahí media hora antes.

abusos / estado de derecho / Panajachel — 2 Comments
31
Oct 11

La mano que aprieta, en Panajachel

Ya hace ratos que vengo advirtiendo contra los peligros de las juntas de vigilantes y otras figuras parecidas. Al comentar los casos de San Juan Sacatepéquez, Sololá y la zona 1o de la ciudad de Guatemala, he advertido contra un estado de cosas en el que se multipliquen estas nuevas versiones de las Patrullas de Autodefensa Civil y el país quede a merced de estos grupos de vecinos nerviosos, dispuestos a disparar antes que a preguntar, y demasiado proclives a usar galones de gasolina y fósforos para resolver problemas. Hasta ahora, lo que hemos visto es que cuando el pueblo hace justicia, lincha.

El caso más reciente y dramático ha sido denunciado por El Periódico y por la periodista Lucía Escobar, en Panajachel, donde parecen estar operando patrullas de vecinos que no sólo se ocupan de castigar presuntos delicuentes, sino que andan moralizando.

En parte, lo que ocurre allá es consecuencia de la ausencia de autoridad y de la ausencia de estado de derecho -que todos sufrimos-; y en parte es consecuencia de la moralina derivada de la guerra perdida contra las drogas.

Las denuncias de lo que ocurre allá son graves y, por lo pronto, Lucía Escobar ha tenido que abandonar su hogar y su vida allá debido a intimidaciones y amenazas. ¿Qué más estará pasando, que todavía no sabemos?

A Panajachel pareciera que le cayó una maldición. En poco más o menos 20 años pasó de ser un relajante y encantador pueblo bohemio, a ser la meca del mal gusto. Lo que podría ser una joya para el turismo se está convirtiendo en una cloaca inmensa. Al lago le creció la cianobacteria. Sus carreteras y sus cerros se desmoronan. Panajachel es, ahora, como un pequeño ejemplo de lo que es Guatemala: Una obra de tributarios y ciudadanos borregos, en sumisión a políticos rapaces.

Panajachel es un ejemplo, más, de cuando las autoridades rebasan sus mandatos y se convierten en amos y señores. Y el caso paradigmático es el del alcalde de el alcalde de Acatán, cuyo particular código penal prohibía los divorcios, las violaciones nocturnas y los juegos de basquetbol, entre otras cosas.

Es peligroso lo que está ocurriendo en Panajachel, y es peligrosa la persecusión contra Lucía Escobar y quienes están denunciando las arbitrariedades que ocurren allá, y que seguramente ocurren en otras poblaciones.

La foto es de una calle de Panajachel.

elecciones / estado de derecho — 6 Comments
16
Sep 11

Antes de que haya violencia

Mañana cumplo 50 años, y si el Congreso no hubiera engavetado Pro-Reforma, en desobediencia al artículo 227 de la Constitución, que dice que aquel órgano debe ocuparse sin demora de las reformas constitucionales que se planteen, este es el año en el que me hubiera tocado elegir senadores. Otra reforma que clama por atención es la reforma electoral.

En esta elección fue evidente que los partidos ningunearon al TSE, al Registro de Ciudadanos y a la Ley Electoral. La absurda prohibición de hacer campaña antes de la convocatoria oficial fue ignorada. ¿Quién cumplió en 100 por ciento la obligación de hacer transparente su financiamiento? ¿Qué pasó con los límites fijados para los gastos de campaña? Hubo candidatos inscritos sin finiquitos. Los partidos siguen siendo roscas electoreras, y no intermediarios entre mandantes y mandatarios. En el interior, las pasiones agarran fuego.

En cuanto a los candidatos, abundaron las nominaciones de carácter familiar y clientelar. El populismo adquirió dimensiones sudamericanas. Muchos tienen la impresión de que para la segunda vuelta se presenta un dilema entre dos males. Con todo y todo, la “magia” de los comicios se hizo presente en el entusiasmo de las multitudes que se entregan en las Juntas Receptoras de Votos, en el Centro de Cómputo y entre los miles de voluntarios. La “magia” estuvo entre los votantes que acudieron a darles sus votos a los candidatos, o a expresar su rechazo legítimo a un sistema que se está agotando. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la mayoría ponga, en todas las papeletas, las groserías que pone en las del Parlacen? ¿Llegaremos a ese momento antes de que el descontento se vuelva violento?

Es un cliché recordar aquello de que, en chino, la palabra crisis es la misma que oportunidad, pero a sabiendas, mi opinión es que deberíamos aprovechar que los chapines han madurado bastante en algunos aspectos cívicos (después del serranazo, después de las jornadas de mayo de 2010 y luego de las amenazas que sufrió la Constitución en estos comicios) y empezar a trabajar en una reforma electoral y de partidos.

Una que consolide el sistema republicano, que acabe con los privilegios, que amplíe y fortalezca la facultad de elegir que tienen las personas, que opere en favor de los mandantes, y que aproveche la energía y el entusiasmo que la gente vuelca en las elecciones. Una para antes de que el descontento se vuelva violencia.

Esta columna fue publicada en El Periódico.

constitución / estado de derecho / república / sandra torres — 3 Comments
08
Ago 11

¡Prevaleció la República!

¡Albricias!, prevalecieron la República y el estado de derecho ahora que la Corte de Constitucionalidad rechazó la inscripción inconstitucional de Sandra Evita Torres como candidata presidencial. La resolución puede ser bajada aquí.

Los magistrados estuvieron a la altura del momento histórico. Igual cosa hicieron el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

Mis respetos para Adela de Torrebiarte que dio la cara en esta batalla; y para los patojos que actuaron como Amici curiae.

constitución / Corte de Constitucionalidad / estado de derecho / república / sandra torres — 1 Comment
08
Ago 11

Jóvenes dan ejemplo de ciudadanía

La Corte de Constitucionalidad convocó para hoy, a las diez de la mañana, al pleno de magistrados, para conocer la ponencia de Roberto Molina Barreto sobre la participación de Sandra Evita Torres como candidata presidencial.

En se contexto y por medio de la figura de Amicus curiae o Amigo de la corte -que es poco utilizada en la legislación guatemalteca- un grupo de estudiantes de las universidades Francisco Marroquín, Rafael Landívar y San Carlos participan en el proceso con un análisis jurídico que fue admitido por el máximo tribunal el pasado viernes.

El análisis contiene un recuento histórico de la prohibición que hace el Artículo 186 a los parientes del Presidente para optar a la Presidencia, desde 1921, explicó Jorge Gabriel Jiménez. También incluye una amplia discusión del sentido de la palabra dentro, utilizada en el Artículo para determinar el grado de parentezco.

Los jóvenes que participan en este proceso les dan a otros jóvenes y a muchos, muchos adultos, un ejemplo y una lección de ciudadanía responsable. Estos patojos no son espectadores, sino actores; y no se resignan a un supuesto determinismo, ni se contentan con preguntarse que qué pueden hacer.

Jóvenes como estos seguramente encontrarán sus nombres junto a los distinguidos ciudadanos que protagonizaron episodios cimeros de la Historia de Guatemala. Jóvenes como estos deberían ser héroes de la República.

Luis Figueroa CARPE DIEM Periodismo de reflexión, por la libertad y la razón