27
May 16

¡Golpazo merecido en el Congreso!

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Escucha el podcast aquí.

Por la aprobación  de ¡235 contrataciones  irregulares! y no menos de ¡50 plazas fantasma! en el Congreso de la República,  siete diputados, encabezados por los expresidentes del Organismo Legislativo, Luis Rabbé y Arístides Crespo, son señalados  de peculado y abuso de autoridad y nombramientos ilegales.  Cuatro otros expresidentes del Congreso se hallan en la picota: Pedro Muadi, Gudy Rivera, Eduardo Meyer y Rubén Darío Morales. Luis Mijangos, eterno director del Congreso, también cayó ayer. Durante las administraciones de Rabbé y Crespo fueron ejecutados más de Q1 mil millones del dinero quitado a los tributarios para pago de personal, rubro que drena el 73 por ciento del presupuesto del Congreso.  Con esos niveles de desperdicio, corrupción y mala administración, ¡con razón es que a  los pipoldermos (de todos los tiempos) no les alcanzan los impuestos que cobran!

Fue emocionante ver enchachados a aquellos protagonistas de la piñata en el Organismo Legislativo (Luis Rabbé no ha sido capturado; pero su hermano sí)…sin embargo, para que se haga justicia, estos y otros actores no sólo deben enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos delictivos, sino que todas las plazas -todas- irregulares deben ser eliminadas.  No puede, ni debe pasar, lo que ocurrió en el Ministerio de Salud donde el sindicato forzó a la administración a reinstalar a exburócratas despedidos por violar la ley.  Para que haya justicia, una limpieza de esa naturaleza debe ser hecha a todo lo largo y todo lo largo del sector público que ha de estar plagado de prácticas como esta y prácticas más escandalosas.

Hoy, por ejemplo, leímos que una empleada y un extrabajador de la Contraloría General de Cuentas fueron capturados por supuestamente extender finiquitos inmerecidos, a cambio de sobornos.  Eliminaban información negativa de candidatos a puestos de elección popular (que puede que ya estén ocupando esos puestos) y quitaban multas a particulares.  ¡Si hay dos, debe haber más!…y ha de ser fascinante conocer la lista de los beneficiados, y saber qué puestos ocupan, y verlos enchachados porque si alguien quitaba información a cambio de dinero…alguien daba dinero a cambio de quitar información.  Esa gente está ahí afuera y muchos de ellos han de ocupar puestos de poder e influencia.  Si la Contraloría de Cuentas no ayudara a los funcionarios a ocultar sus cochinadas año tras año, año tras año, año tras año, ¿estas serían posibles?

Todo el sector público está infestado de esas ratas.  Hoy leímos, también, que unas 48,500 personas son víctimas de trata de personas y que empleados y funcionarios públicos (o sea pagados con tus impuestos), así como policías y autoridades municipales (igualmente pagados con tus impuestos) están involucrados -directa, o indirectamente- en estructuras criminales dedicadas a la trata de personas. Es lo que pasaba con las adopciones irregulares, si había notarios que las hacían, seguramente había funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y jueces en el Organismo Judicial, que las dejaban pasar y las autorizaban.  Sin el estado (sin políticos y sin sus funcionarios) todo aquello, en gran escala, es imposible.

Sería chulo ver que se haga justicia y que todo esto no quede sólo en conferencias de prensa, titulares y memorias de labores.  Esto no debe parar aquí.

La ilustración es del Movimiento Cívico Nacional.


14
Jun 11

La Contraloría de Cuentas en la picota

Hoy nos enteramos de que los informes que presenta la Contraloría General de Cuentas muestran que esa dependencia pone muchas multas; pero comienza pocos juicios de cuentas o procesos judiciales por corrupción, y de que, aún en estos,  hay siempre un órgano del Estado que sale muy bien librado: el Congreso de la República. Aunque el número de multas que puso la CGC de 2006 a 2010 prácticamente se duplicó, este auge fiscalizador parece no haber alcanzado al Legislativo.  En esos 4 años el Congreso recibió de la Contraloría solo 42 multas y ni un solo juicio de cuentas, o denuncia penal. El año en el que más hallazgos se le efectuaron al Legislativo fue 2008: fue en el que se destaparon los negocios en los cuales participaba la Junta Directiva del Congreso, con los ahorros de la institución y la desaparición de Q82 millones de esos fondos.

También nos enteramos de que la CGC le entregó un finiquito al alcalde de San Jerónimo Baja Verapaz donde se hace constar que el titular del presente documento a la presente fecha no tiene reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia del cargo o cargos desempeñados anteriormente.  Sin embargo, la Jefa del ente fiscalizador  hizo público el informe de auditoría practicada al presupuesto de 2010, en el cual destacan 15 denuncias penales a 11 alcaldes por irregularidades en el manejo de sus recursos, entre los que se encuentra ¡el Jefe Edil de San Jerónimo!

Hace unos días los fiscales de los partidos políticos pidieron que -para inscribir candidaturas- sus candidatos no tengan que presentar finiquitos y que baste, para su inscripcción, una declaración jurada de los candidatos y el compromiso de que presentarán el finiquito en caso de ser electos.  Acertadamente, el Tribunal Supremo Electoral denegó aquella solicitud disparatada.

Ahora bien, ¿de qué sirve la decisión del TSE si hay candidatos que pueden conseguir finiquitos aunque tengan asuntos pendientes?  Este caso, ¿fue un error, o así es como son las cosas?


23
Ago 10

Si así es el camino, ¿cómo será el poblado?

El crecimiento desbocado de la deuda flotante de la Administración -deuda que es ilegal- asciende actualmente a unos Q980 millones de quetzales; y esa es la razón por al cual la Contraloría General de Cuentas le pidió al Ministerio de Finanzas, por escrito, que frene las compras y contrataciones sin fuente de financiamiento.


Generalmente los políticos y funcionarios son muy complacientes entre sí, en parte porque entre bomberos no se pisan las mangueras y en parte porque, como decía el periodista Alvaro Contreras, cuando se levanta la chamarra no se sabe a quién le va a dar frío. Por eso llama la atención que la CGC haya visto la necesidad de hacerle este llamado, ¡por escrito!, al MFP. La situación tiene que ser alarmante, digo yo, como para que en la Contraloría se hayan animado a hacer esto. Si así es el camino, ¿cómo será el poblado?

Puede ser alarmante desde varios puntos de vista, pero ahora se me ocurren dos: El primero es que, en cumplimiento de sus funciones, el Contralor haya decidido actuar profesional y legalmente en persecución de la transparencia y en defensa del dinero de los tributarios; y la segunda es que, para que conste en acta el día que se le pidan cuentas judiciales a la Administración de Los Colom, el Contralor no quede como el alcahueta del desperdició y de la mala administración.

24
Ene 09

La certeza es más importante que el monto

Una de las principales causas del éxito que tiene la actividad criminal en Guatemala es la impunidad. No es la falta de delitos tipificados, ni la ausencia de pensa severas (porque hay hasta pena de muerte para asesinos y secuestradores). La criminalidad sería menos, ¡mucha menos!, si los delincuentes tuvieran alguna certeza de que necesariamente tendrían que enfrentar las consecuencias penales de sus actividades criminales. Pero claro, eso no sucede, y la delincuencia prospera.

Hoy vemos un ejemplo de eso, en un ámbito ligeramente distinto: aunque cada año son millones de quetzales los que impone en multas la Contraloría General de Cuentas a oficinas del Estado por mala administración de fondos públicos, apenas consigue el pago de 20 por ciento de esas sanciones. Y el mensaje que reciben los burócratas corruptos, venales, y descuidados, es el mismo que reciben otros criminales: No te apures, lo mas seguro es que no te atrapen, y si te cachan, no habrá consecuencias.

¿De qué sirven las penas, los delitos, y las multas si sólo unos pocos -con mala suerte- tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones criminales? La impunidad, y no otra cosa, es la causa de la inseguridad en la que vivimos.


08
Jun 08

No es cuestión de controles y más controles

Fo lo pone muy bien en su caricatura de hoy en Prensa Libre. En la administración pública chapina, los millones van y los millones vienen sin que los órganos contralores, como la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas lo noten.

Uno puede suponer que el escándalo del Congreso, protagonizado por el equipo del presidente socialdemócrata de ese órgano, es sólo la punta del témpano de hielo; ¿quién está controlando qué ocurre en el resto de la administración?

Empero, la cuestión no es de contralores. En la caricatura de Fo podría haber dos, o tres personajes más con los ojos tapados; y la la corrupción, el desperdicio, y los malos manejos, seguirían como si nada. El meollo del problema reside en la falta de un verdadero estado de derecho, y en el hecho de que el sistema permite y alienta que ocurran cosas así; no sólo porque en arca abierta hasta el justo peca, sino porque al amparo del sistema prosperan el clientelismo y los buscadores de rentas parasitarias.

Por eso es pueril que algunas personas clamen por controles en la Bolsa de Valores, por ejemplo; ya que sin tribunales de justicia efectivos, sin un Ministerio Público efectivo y con el paternalismo que priva en la administración y no demanda responasbilidad de parte de los usuarios, los contralores no son nada más que un grupo de interés adicional, que generalmente actúa de forma política, o peor aún, de forma burocrática.

Total, ya hemos visto que en el sistema financiero regulado, los fraudes se le pasan a la Superintendencia de Bancos; y en la administración pública, los fraudes se le cuelan a la Contraloría General de Cuentas. ¿O no?


14
Abr 07

Mi hija, y el señor

Tomar dinero ajeno por la fuerza es robo, aquí y en la Cochinchina. La gente normalmente se opone a este tipo de despojo, a menos que aquella expoliación ocurra como consecuencia de una decisión política (a cargo de los mismos políticos que la gente critica por corruptos e ineptos). Sin embargo, no deja de sorprender que la gente crea que está obligada a pagar impuestos, sin más.

Ahora que leo que el Fondo Monetario Internacional ha exhortado a la administración chapina para que impulse una reforma fiscal, en este año, con el objetivo de aumentar impuestos; y que la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal anda muy activa, vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el tema impositivo.

En mi humilde opinión, como tributario y como elector, ninguna reforma impositiva debería dar un paso más sin resolver los siguientes puntos:

Ni un solo centavo de los impuestos que pagamos debe servir para favorecer, promover, incentivar, financiar, subvencionar, proteger, ni fomentar intereses particulares, ni privilegios.

Hasta el último centavo de los impuestos que pagamos debe ser utilizado única y exclusivamente para el bien común. Entendido este como el bien de todos, no como el bien de algunos, ni como el bien de muchos.

Leo que de 332 municipalidades, 275 no pasan por la fiscalización de sus presupuestos por parte de la Contraloría de Cuentas; y quién sabe que cosas parecidas ocurren a todo lo ancho y todo lo largo de la administración. Luego, hasta el último centavo de los impuestos que pagamos debe ser fiscalizado de forma transparente.

Recuerdo que antes las facturas detallaban cuánto es que uno pagaba de Impuesto al Valor Agregado; posteriormente, ese detalle importante fue ocultado en las facturas para que la gente no estuviera consciente de que está pagando un tributo. Luego, todo habitante de la República debe cargar con su parte alícuota del costo de tener gobierno. Así, estoy seguro de que seríamos más cuidadosos con permitirles, o no a los políticos, usar nuestro dinero para favorecer los intereses particulares y los privilegios de quienes no ven nada malo en usar, para sus negocios y sus fines, dinero ajeno tomado por la fuerza.

Antes de que el más mínimo aumento de impuestos sea llevado a la mesa, siquiera, la administración debe garantizar plenamente que: no se usa el dinero de los tributarios para beneficiar a nadie en particular; todos cargamos con el costo de tener gobierno; el dinero de los tributarios no se desperdicia y no se pierde en corrupción; y se hace todo lo posible por recaudar eficientemente. Si así fuera, así sí baila mi hija con el señor.

Sólo en estas condiciones es posible admitir, con mucha cautela, que tomar dinero ajeno por la fuerza tiene alguna justificación: si todos contribuyen por igual, sin se usa para el bien de todos y si se administra honradamente.

Esto es, no sólo porque robar es muy malo; sino porque los impuestos tienen efectos que no son muy evidentes y que son perjudiciales. Por medio de los tributos (por altos, o por complejos) el gobierno puede destruir la base productiva que hace posible el desarrollo económico.

A estas alturas alguien dirá que exagero cuando digo que el cobro de impuestos es violento; pero, ¿habrá quien niegue que se llaman impuestos, precisamente porque no son donaciones voluntarias? ¿Habrá quién no recuerde que si uno no paga sus impuestos corre el riesgo de irse enchachado a la cárcel? El uso de la fuerza para tomar el dinero ajeno está ahí presente, aunque se nos olvide.

Pasadas aquellas precondiciones, sólo queda tomar en cuenta que, para que los impuestos no erosionen la capacidad productiva y competitiva de la población económicamente activa, deben ser neutros, lo que significa que no deben afectar los precios relativos para que no cambien la manera en que las personas valúan las cosas y toman sus decisiones. Y dicho lo anterior, el primer tributo que debería desaparecer, entonces, es el impuesto a los rendimientos del capital.

Publicada en Prensa Libre el sábado 14 de abril de 2007