El problema de creer que todos están complotando contra uno, es que así no se puede tener una conversación de buena voluntad. No se puede intercambiar información, ni se puede aprender de los demás, si uno descarta la posibilidad de que los desacuerdos no sean parte de una conspiración.
Yo creo que a la administración de Los Colom y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala les está pasando aquello. Y creo que de verdad creen que todos conspiran contra ellos; o peor aún, es posible que necesiten fabricar conspiraciones con el propósito de cerrar las tenazas contra la libertad de expresión.
El más reciente intento en esta última dirección es el proceso que la CICIG, por medio del Ministerio Público le sigue a Rodolfo Ibarra, a quien acusa de orquestar una campaña de desprestigio en contra suya. Y, ¿cuáles son las supuestas pruebas que tiene el MP?
Las columnas de opinión de Marta Yolanda Díaz-Durán, Estuardo Zapeta, Gabriel Orellana, Pedro Trujillo, José Miguel Argueta, y trabajos periodísticos de Haroldo Sánchez, Francis Urbina, y Rubén Velásquez. Todos ellos periodistas de larga tradición en medios como Siglo Veintiuno, Prensa Libre, Nuestro Diario, Guatevisión, y Telediario, entre otros.
El MP supone que, como estas personas se han expresado de modo que contraría a la CICIG, esas personas -muchas de las cuales se conocen entre sí y hasta son amigos- son parte de una conspiración orquestada por Ibarra, e incluso han sido pagados para participar en ese complot.
Todo aquello no tiene sentido porque si el mundo es un pañuelo, Guatemala lo es más. De modo que el hecho de que las personas se conozcan, se comuniquen y compartan valores y perspectivas no debería extrañarle a nadie. De hecho, como dice el dicho: Birds of a feather fly in flocks. No hay forma de suponer, razonablemente, que toda asociación y coincidencia de personas que comparten valores y visiones es una conspiración. Aquello es un sin sentido porque supone que las personas no tienen principios, ni valores y que necesitan ser pagadas para expresar sus opiniones sinceras.
Todo aquello no tiene sentido porque muchas de aquellas personas tienen años y años de defender el estado de derecho desde las perspectivas filosófica, ética, jurídica y política para mencionar algunas, aún desde antes de que en este país se hablara de comisiones como la CICIG. Aquello carece de sentido porque, ¿qué clase de periodismo harían aquellos periodistas que nunca cuestionaran a aquellos políticos -locales e internacionales- que ejercen el poder? ¿Qué clase de periodismo sería aquel que temiera tocar ciertos temas para no ofender a la CICIG?
Todo aquello no tiene sentido porque, ¿qué república sana podría funcionar sin el libre intercambio de ideas y sin la libertad de expresión? ¿Qué república sana podría ser fundada sobre la ausencia de libertad para disentir?
Empero, y en este mundo torcido, todos aquellos disparates apuntan a que lo que buscan Los Colom, el Ministerio Público y la CICIG es asustar a la opinión pública y perjudicar a quienes los critican. Los procesos judiciales frívolos son costosos y desgastantes para quienes los sufren; y no tienen costo alguno para quienes los inician con dinero de los contribuyentes. Utilizan instrumentos legales para dar la apariencia de ser legítimos. Limitan la libertad de expresión sin tener la apariencia de ser censura. Como son contra sólo unos, el gremio periodístico tarda en reaccionar, o no reacciona. No importa cuántos ejemplos similares hayan oído que ocurren en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina, el Gremio no se da por aludido.
¿Y cómo es que buscan validar -Los Colom, el MP y la CICIG- su teoría de la conspiración? Con dictámenes de funcionarios como Carlos Morales Monzón, de la radio estatal; y Gustavo Bracamonte Cerón, de la universidad estatal. Estos peritos han sido los encargados del humo y los espejos que respaldan las acciones de aquel trío de víctimas con lágrimas de cocodrilo.
En Guatemala, la libertad de expresión está siendo sitiada y minada mediante el uso de instrumentos legales y mediante la fabricación de conspiraciones. Y usted, ¿no está alarmado?
La Asociación de Jueces y Magistrados rechazó la intervención de la Comición Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la elaborción de un plan de emergencia para darles seguridad a los operadores de justicia. Carlos Aguilar, presidente de la Asociación, indicó que no es prudente aceptar la colaboración del ente internacional, ya que en algunos casos judiciales la CICIG es acusadora y tiene a su cargo investigaciones penales que se ventilan en los tribunales. Por su parte, Juan Ramón Lau, secretario de la Asociación de Trabajadores del Organismo Judicial, expuso que la seguridad de jueces y personal judicial debe ser una obligación del Ministerio de Gobernación, y no de la Cicig.
