Leo que “Los partidos políticos no podrán gastar más de Q44.7 millones en la campaña electoral, según disposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El límite máximo para la campaña se basa en el número de empadronados hasta el 31 de diciembre del 2006, de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización del Financiamiento Público y Privado de las Organizaciones Políticas”; y leo que “Los partidos políticos deberán abrir una cuenta específica para registrar sus gastos de campaña electoral, un mes antes de la convocatoria a comicios generales (2 de mayo)”.
Cayó en mi escritorio The Falacy of Campaign Finance Reform, por John Samples. El autor pone a pensar acerca de cuestiones que “la sabiduría popular” da por incuestionables. Si se les prohibe a los partidos políticos recibir contribuciones de corporaciones, sindicatos e individuos, ¿eso beneficia a la democracia? ¿Qué tal si hay poca, o ninguna evidencia de que las conttibuciones realmente influyen en las decisiones de los miembros del Congreso de los Estados Unidos de América? ¿Qué tal si la publicidad política negativa realmente mejore el proceso democrático al informar mejor al votante? ¿Y qué tal si los limites a las donaciones para las campañas electorales benefician a los candidatos oficiales porque hacen más difícil que pierdan sus lugares en el poder?
Samples explora muchas falacias alrededor del tema de las campañas electorales y da qué pensar porque ¿cuántas de aquellas falacias están presentes en la reforma electoral chapina? ¿Cómo influirán en los próximos comicios?
