Peligroso es el criterio del juez que determinó que la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos no podrá exigir ningún dato ni documentos a los usuarios del transporte urbano para obtener la tarjeta de prepago que se utilizará en el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses, ya que se trata de un contrato mercantil.
Resulta que parte de la naturaleza de todo contrato mercantil (de verdad) es que los acuerdos entre las partes son libres, pacíficos, voluntarios y responsables. De modo que si -sin mediar el uso de la fuerza- las partes involucradas en un contrato acuerdan entregar un bien, o o hacer un servicio a cambio de un pago y la entrega de cierta información -por privada que sea-, ese acuerdo debe ser respetado tanto por las partes, como por los jueces. Precisamente porque es voluntario y pacífico. El carácter mercantil de un acuerdo de aquella naturaleza, no debería ser razón para invalidar el contrato.
Temo que el criterio subyacente en la resolución es que si la información fuera requerida por políticos y funcionarios, en los ámbitos coercitivos del Derecho Administrativo, entonces sí sería válido que a los individuos se les exigiera información. No así en el campo del Derecho Privado, al cual pertenece el Derecho Mercantil.
Hay, sin embargo, un elemento que hace de aquel contrato mercantil algo viciado y que lo saca del Derecho Privado propiamente dicho. Esto es que a los autobuseros y a Siga, los políticos y sus funcionarios -en ejercicio de sus facultades administrativas- les compran los buses, les subsidian la operación con dinero de los tributarios, los exoneran de impuestos y les garantizan el monopolio de las líneas. Esto no sólo es crony capitalism; sino que involucra demasiados elementos coercitivos, propios del Derecho Público, como para considerar que los términos en los que Siga ofrece sus servicios, y los usuarios no tienen más que aceptar, sean algo más que un contrato de adhesión al amparo de la fuerza coercitiva que a Siga le da el privilegio de ser la única prestataria de un servicio que la gente necesita. Y encima, el suyo es un contrato de adhesión.
¡En esas condiciones sí que no es válido pedir tanta información! Cuando al cliente no le queda otro palo en qué ahorcarse -porque los políticos y sus funcionarios han creado el privilegio de un monopolio- es cuando los jueces deberían proteger la privacidad de las víctimas o clientes. No porque sea un contrato mercantil.
La resolución en cuestión refuerza el criterio totalitario según el cual, los políticos y sus funcionarios pueden demandar todo de los ciudadanos y tributarios; en tanto que estos no son libres de pactar pacífica, voluntaria y responsablemente lo que convenga a sus necesidades. Esto es muy peligroso.
La noticia fue publicada en la página 3 de Prensa Libre de hoy. No puse el enlace porque no encontré la nota en su sitio Web.
