08
Ago 11

¡Prevaleció la República!


¡Albricias!, prevalecieron la República y el estado de derecho ahora que la Corte de Constitucionalidad rechazó la inscripción inconstitucional de Sandra Evita Torres como candidata presidencial.  La resolución puede ser bajada aquí.

Los magistrados estuvieron a la altura del momento histórico. Igual cosa hicieron el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

Mis respetos para Adela de Torrebiarte que dio la cara en esta batalla; y para los patojos que actuaron como Amici curiae.


08
Ago 11

Jóvenes dan ejemplo de ciudadanía

La Corte de Constitucionalidad convocó para hoy, a las diez de la mañana, al pleno de magistrados, para conocer la ponencia de Roberto Molina Barreto sobre la participación de Sandra Evita Torres como candidata presidencial.

En se contexto y por medio de la figura de Amicus curiae o Amigo de la corte -que es poco utilizada en la legislación guatemalteca- un grupo de estudiantes de las universidades Francisco Marroquín, Rafael Landívar y San Carlos participan en el proceso con un análisis jurídico que fue admitido por el máximo tribunal el pasado viernes.

El análisis contiene un recuento histórico de la prohibición que hace el Artículo 186 a los parientes del Presidente para optar a la Presidencia, desde 1921, explicó Jorge Gabriel Jiménez. También incluye una amplia discusión del sentido de la palabra dentro, utilizada en el Artículo para determinar el grado de parentezco.

Los jóvenes que participan en este proceso les dan a otros jóvenes y a muchos, muchos adultos, un ejemplo y una lección de ciudadanía responsable.  Estos patojos no son espectadores, sino actores; y no se resignan a un supuesto determinismo, ni se contentan con preguntarse que qué pueden hacer.

Jóvenes como estos seguramente encontrarán sus nombres junto a los distinguidos ciudadanos que protagonizaron episodios cimeros de la Historia de Guatemala. Jóvenes como estos deberían ser héroes de la República.


05
Ago 11

El “numerito japonés” de “Evita” se fue a la CCJ

Desde el martes pasado, la coalición oficialista demandó al Estado de Guatemala, ante la Corte Centroamericana de Justicia, debido a que Sandra Evita Torres –precandidata presidencial de esa alianza– se considera excluida de la lucha electoral.

Ni la administración de Alvaro Santa Clos Colom, ni los partidos demandantes les informaron de esa acción a los guatemaltecos; y hoy nos enteramos sólo porque lo reveló un alto funcionario de la CCJ.

Mientras tanto flota una duda en el ambiente twittero:

Según resolvieron el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, la precandidata cometió fraude de ley para intentar ser inscrita a pesar de una prohibición constitucional.  Y en ese contexto, la Corte Suprema de Justicia confirmó que sí hubo fraude de ley y que, por lo tanto, el Registro sí tiene la facultad legal de denegar la inscripción.

Entendido lo anterior, resulta que la coalición que apoya a Evita ha demandado al Estado de Guatemala; pero ahí está que quien ejerce la representación del estado es el Jefe de la Procuraduría General de la Nación; órgano que, en su oportunidad le pidió a la Corte Sprema de Justicia que amparara a Torres.  Para más señas, el Procurador es nombrado por el Presidente de la República, que es cómplice, con Evita, en la comisión de fraude de ley.

¿Quién, entonces, defenderá al Estado?  ¿Es al Estado al que hay que defender, o al estado de derecho y a la República?

Coincido con quienes opinan que esta acción de la Unidad Nacional de la Esperanza-Gran Alianza Nacional, no es más que un acto más del numerito japonés que Evita montó, ayer, en la Corte de Constitucionalidad.  Mi cuate, Fernando, decía que su mamá le hacía un numerito japonés cuando, a modo de Cio Cio San, la señora le montaba un drama lastimero con lágrimas y todo.

¿Qué más sorpresas nos depara este novelón?


05
Ago 11

República en peligro

Sobre Alejando Maldonado, Gloria Porras, Héctor Pérez Aguilera, Mauro Chacón, Roberto Molina, Héctor Trujillo y Juan Carlos Medina –magistrados de la Corte de Constitucionalidad– ha pesado una gran responsabilidad; la gran responsabilidad de preservar la República. Por eso, agosto de 2011 ha sido como septiembre de 1821, junio de 1871marzo de 1920, junio de 1944, octubre de 1944, julio de 1954, o mayo de 1993.

Los magistrados han tenido la oportunidad de jugar el papel honroso que jugaron Pedro Molina, o Miguel García Granados; o el miserable que jugaron José El Zonto Bustamante, o Vicente Huevosanto Cerna. El papel que jugó Epaminondas González, o el indigno de Jorge Serrano.

Esto es porque lo que ha estado en juego no es la candidatura de Sandra Evita Torres, sino todo el sistema republicano que se basa en el respeto a la Constitución. Si los magistrados fallan en favor de aquella candidatura inconstitucional, ¿Para qué deberíamos tener Constitución? ¿De qué sirve la Constitución si va a ser cumplida, o no, según conveniencias políticas? Como la función de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional, si ellos fallan contra la Carta Magna mejor sería que se eliminara la Constitución y que los magistrados se erigieran en monarcas absolutos. Y si eso ocurriera, ¿para qué servirían una Constitución y una CC?

Tú también has tenido responsabilidad. Tú eres el que paga las facturas y tú votas. Tú puedes ser actor en este proceso cívico, o puedes hacer como si no es contigo. Pero el problema con la última opción es que cuando tus nietos te pregunten qué hiciste en agosto de 2011 para defender la República, podrás sentirte orgulloso, o avergonzado. Es tu decisión, claro. Y poner Like en Facebook, no es suficiente. Tus nietos podrán oírte como tú oías a tu abuelo, orgulloso, contar sus historias de 1944; o tendrás que oírles decir: ¡Qué “coyón” fue el abuelo!

Y a mí, de paso, la actitud de la mayoría me recuerda una canción de La Trinca, que dice: Que noche la de aquel día/ aquello fue un melodrama/ pasamos la función/ todos bajo la cama./ No nos pongamos nerviosos./ El pueblo por lo visto/ dio muestras de gran madurez/ y una repentina invalidez./ Y así este pueblo tan maduro/ ¡Qué tragedia, qué sainete!/ se pasó toda la noche/ encerrado en el retrete/ escuchando el transistor,/ conmovedor.

Esta columna fue publicada  por El Periódico.


03
Ago 11

Facta, non verba: La amenaza de Blanco

Si a nuestros candidatos les niega la participación, vamos a impugnar el proceso electoral en su conjunto, dijo Orlando Blanco, jefe de la campaña oficialista de la Unidad Nacional de la Esperanza, y la Gran Alianza Nacional.

¿Y a usté le sorprende?, preguntó Cándido cuando le leí la noticia.  Si esta gente nunca ha tenido respeto por la Constitución y la República les importa un bledo.  No ve que creen que la Constitución debería ser ignorada sólo porque ellos traen acarreados, pues.  Estos si no ganan por las buenas, arrebatan.  Eso dijo Cándido mientras se comía un tamalito de elote, con crema, canela y azúcar.


03
Ago 11

La responsabilidad de la Corte de Constituciónalidad

Sobre Alejando Maldonado, Gloria Porras, Héctor Aguilera, Mauro Chacón, Roberto Molina, Héctor Trujillo y Juan Carlos Molina –magistrados de la Corte de Constitucionalidad– pesa una gran responsabilidad.  Pesa sobre ellos la gran responsabilidad de preservar la República.  Por eso es que agosto de 2011 es como septiembre de 1821, junio de 1871, marzo de 1920, junio de 1944, octubre de 1944, julio de 1954, o mayo de 1993.

Los Magistrados tienen la oportunidad de jugar el honroso papel que jugaron Pedro Molina, o Miguel García Granados; o el miserable que jugaron José El Zonto Bustamante, o Vicente Cerna.  Pueden Jugar el papel digno que jugó Epaminondas González, o el indigno de Jorge Serrano.

¿Por qué? Pues porque lo que está en juego no es la candidatura de Sandra Evita Torres, sino todo el sistema republicano que se basa en el respeto a la Constitución y las leyes.  Si los magistrados fallan en favor de aquella candidatura inconstitucional, ¿Para qué, entonces, deberíamos tener Constitución? ¿De qué sirve la Constitución si va a ser cumplida, o no según conveniencias políticas?  Como la función de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional, si ellos fallaran contra la Carta Magna mejor sería que se eliminara la Constitución y que los magistrados se erigieran en monarcas absolutos, o en algo parecido.  Y si eso ocurriera, ¿para qué servirían una Constitución y una Corte de Constitucionalidad?

Con estas meditaciones me dejó el cuate Warren; y estos son los magistrados que pueden defender la República, o hundirla: http://on.fb.me/nATq2y.  Gracias a Libertópolis por las fotos.


29
Jul 11

El fraude de ley

Dice la Ley del Organismo Judicial que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir”. Y, por eso, el Registro de Ciudadanos les negó su inscripción, como candidatos presidenciales, a Sandra Evita Torres, y a Harold Caballeros.

A Evita le fue denegada porque se divorció, al amparo del texto de una norma (la del divorcio), en persecución de conseguir su inscripción como candidata presidencial a pesar de que la norma suprema del ordenamiento jurídico –o sea la Constitución– prohíbe que los parientes del Presidente (y su esposa es pariente) opten a la Presidencia.

La prohibición constitucional tiene sentido para evitar el continuismo de la Presidencia en manos de familiares; y un incentivo perverso para usar los recursos de los tributarios en favor de un candidato que es pariente del Presidente.

Y la figura del fraude de ley busca evitar que alguien pudiera jugarles la vuelta a las leyes mediante simulaciones, o mediante actos legales que, ad hoc, cambiaran los supuestos que se quieren eludir. La del fraude de ley es una norma de orden público cuyo objetivo es que se cumpla la ley, y evitar maniobras legales para que las personas eviten cumplir con la misma.

El divorcio de la pareja presidencial fue un acto jurídico realizado al amparo de una norma –y es irrelevante si Evita y el Presidente comparten el tálamo, o ya ni se hablan. Lo importante es que existe y es real el acto de disolución del vínculo matrimonial. Y el problema, uno grave porque es con el propósito de violar la Carta Magna, es que ese divorcio fue hecho a la medida para tratar de que a la candidata del partido oficial no se le aplique una importante y justificada prohibición constitucional.

Es evidente que los Colom/Torres persiguen el continuismo de su proyecto y abundan las evidencias de que recursos de los tributarios son usados para la candidatura oficial; ya sea por medio de los programas sociales electoreros, como en actos de campaña y de propaganda.

Esto no es cuestión de democracia, ni de que lo pidan los acarreados. Es cuestión de preservar la República y el Estado de Derecho. En consecuencia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la gran oportunidad de que se les recuerde bien y con respeto, como próceres… o no.

Esta columna fue publicada por El Periódico.


10
Jun 11

Voto cruzado

En La Encuesta, publicada por elPeriódico, leo que 37.3 por ciento de los encuestados que saben por quién van a votar, piensa hacerlo por los candidatos postulados por el mismo partido que encabeza las intenciones de voto en la elección presidencial.

Creo que aquella es una mala idea, e invito a los electores a considerar la importante estrategia republicana del voto cruzado. Es decir, la de votar por el candidato de un partido para la Presidencia y hacerlo por los candidatos de otros partidos en las listas para el Congreso. En el caso del Parlacen, que no les dé pena anular su voto.

En cualquier república –pero especialmente en una en construcción– la división del poder político es más sana que la concentración del mismo. En una república en construcción, sin instituciones políticas sólidas, sin un Organismo Judicial plenamente independiente, y con una enraizada tradición de presidencialismo, la separación del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo es sabia y prudente.

Es más, para afinar esta estrategia cívica propongo no votar por partidos, o símbolos en las listas de diputados. En este contexto lo que verdaderamente importa son las personas, y no las organizaciones políticas. Los partidos, entre nosotros, no son aquellas organizaciones que sirven de intermediarias entre gobernantes y gobernados descritas en los textos de ciencia política. No son plataformas de ideas y políticas públicas; son maquinarias y boletos para las candidaturas. Por eso invito a los lectores a votar cruzado, y a votar por las listas con mejores personas, independientemente del partido que los postule.

Los detractores del voto cruzado dicen que esto es inconveniente porque impide que el partido oficial, en la Presidencia, legisle y “haga cosas” sin tropiezos y sin cuestionamientos. Pero yo digo que ¡qué bueno!, que de eso se tratan el sistema republicano y el Estado de Derecho. Digo que es mejor que el Ejecutivo tenga que meditar, negociar y medir las consecuencias de sus acciones, y no que reciba un “cheque en blanco” de parte de electores y tributarios.

Alexis de Tocqueville nos advirtió contra la tiranía de la mayoría en una democracia; y la división del poder protege a las minorías. No en balde es que Carl J. Friedrich escribió que “la división del poder es la base del gobierno civilizado”.

Independientemente de cuál sea el partido que encabece la elección presidencial, el voto cruzado es la mejor opción para evitar la peligrosa concentración del poder.

Esta columna fue publicada en El Periódico.


15
Abr 11

Lecciones de Africa

Laurent Gbagbo no es cualquier cosa; es doctor en Historia por la Universidad de Paris-Diderot, fue activista del socialismo y profesor universitario; se hizo de un nombre respetable al ser puesto en prisión por su oposición a la dictadura de Felix Houphouët-Boigny.

Después de una brillante carrera académica y política, se malogró cuando se convirtió en un dictador obsesivo que se aferró al poder, durante 10 años, hasta que ya no le quedó otra, a pesar de su derrota en las urnas. Derrota que no fue aplastante, porque 46 por ciento de los electores votaron por él.  Alessane Ouattara fue el ganador de aquellos comicios y él tiene la tarea de pacificar una sociedad que ha estado envuelta en un conflicto sangriento que ha dejado más de 2 mil víctimas.
¿Qué es de Gbagbo? El y su esposa, Simone –considerada la mano dura del régimen– fueron detenidos y están en un cuartel. Según Ouattara, Laurent, su señora y sus colaboradores serán procesados judicialmente; y ha sido conformada una comisión de la verdad y la reconciliación.

La historia está simplificada, por cierto; pero yo veo varias lecciones en ella: como escribió Lord Acton, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Deshacerse de una dictadura es más difícil y sangriento que contribuir –por acción, u omisión– al establecimiento de una. Si se pierde el respeto a la institucionalidad, y a la Constitución, una dictadura puede llevar a otra, y a otra. La polarización puede convertirse en violencia. Detrás de un dictador, muchas veces hay una señora brava.

La preservación de la república y sus instituciones, pues, debería ser de interés para aquellos que entienden que no es posible la prosperidad sin cooperación social pacífica. Y por eso es que para la preservación de la república, y sus instituciones, son inútiles las elites clientelistas, pusilánimes y serviles. Cualquiera con dinero para hacerlo puede juntar un millón o dos millones de peticionarios para cualquier disparate. Y cualquiera, con dinero de los tributarios y algo de talento, puede obtener 40 por ciento de votos. Empero, la institucionalidad y la constitucionalidad no deben ser rendidas frente a la demagogia. Una república sana no es una veleta que se voltea a donde sopla el viento; sino una en la que se respeta la Constitución.

Por eso es que, como canta Toto, I bless the rains down in Africa.

Esta columna fue publicada en El Periódico.


09
Feb 11

La libertad de expresión, las falacias y el engaño

En este espacio se recibe, con frecuencia, la visita del lector Carlos Fajardo.  Y con la misma frecuencia que el visita Carpe Diem, se le publican sus comentarios.  Esto es a pesar de que, en ellos, el visitante acude generalmente a prácticas que en el boxeo equivalen a los golpes bajos.  En ese sentido, Fajardo abusa de la hospitalidad que recibe en este espacio.

Para muestra, un botón: el más reciente de aquellos golpes bajos es el que usó cuando comentó la entrada que se titula Pacto político, atol con el dedo y el emperador desnudo.   En ella, al criticar la distinción que hay entre democracia y república, Fajardo quiere hacer creer, a los lectores, que dicha distinción es un huevo de serpiente y que quienes distinguimos entre ambos no nos atrevemos a definir.

Fajardo, también, acude múltiples tipos de falacias -generalmente ad hominem– para descalificar lo que no puede desvirtuar con argumentos válidos.

Lo de que quienes distinguimos entre democracia y república no nos atrevemos a definir ambos términos es mentira; fácilmente evidenciada por el hecho de que Aristóteles hizo la distinción en La República; y los liberales más modernos, como Alexis de Tocqueville, en La democracia en América,  también hicieron la distinción.  Autores del siglo XX, como Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek también han escrito sobre el asunto. Y, por cierto, no estoy de acuerdo con el segundo en sus ideas sobre la democracia. Pero eso es otro par de zapatos.

En términos contemporáneos, autores como Edward Cline, Walter Williams, Glenn Woiceshyn, Alexander Marriott, Amit Ghate, Allen Forkum, Jessica Nappi y Carter Laren, entre otros, han abundado en el tema.  Hace pocas semanas Marta Yolanda Díaz-Durán y Warren Orbaugh, en Todo a pulmón, hicieron un programa completo al respecto.

¿De dónde saca Fajardo que los liberales no definimos las diferencias entre democracia y república?  ¿Por qué trata de engañar a los lectores? ¿Por qué?

Hasta ahora le he tenido paciencia a Fajardo y he publicado su retórica; pero cuesta tenerle paciencia. Verán los lectores:  Carpe Diem es un espacio privado de uso público.  Respeto la libertad de expresión de Fajardo y de todos, pero me pregunto: ¿estoy moralmente obligado a prestar mi espacio para que él, o cualquier otro lector, use falacias y distorsione la realidad con quién sabe qué propósitos? Y la respuesta es que no.  No.

Respeto la libertad de expresión de Fajardo y de cualquiera otro; pero -como corresponde- ejercida en su propio espacio, con sus propios recursos, y con su propio tiempo.  Invito a Fajardo, por ejemplo, a que establezca un blog propio y que desde ahí, con toda libertad, se exprese cuanto quiera y como quiera y contribuya al diálogo como pueda.  Nunca me atrevería a negarle su derecho a la libre expresión en su espacio y con sus recursos; pero puedo reservarme el derecho a negarle el uso de mi espacio y de mis recursos.

Verán los lectores: un derecho se basa en un pacto voluntario y su ejercicio implica las obligaciónes de no dañar a otros, ni infringir cargas a nadie con él.  De esa cuenta, en Carpe Diem no me siento obligado a cargar con falacias repetidas, repetidas y repetidas.  Ni a patrocinarlas.

Cuando en una sociedad unos se atribuyen derechos, a costa de obligar a otros, esa sociedad vive bajo un doble estándar moral que mina la cooperación social pacífica que es el cimiento de la mismísima sociedad.  No estoy, ni puedo estar, obligado a prestarle mi espacio y mis recursos a la repetición de falacias que tergiversan los principios y los valores que aprecio.

¡Bienvenido el diálogo!; pero, por favor, sin falacias y sin distorsiones retóricas deliberadas y repetitivas.