Con mucha esperanza leo que “pese al cabildeo intenso que realizan los funcionarios del Ejecutivo sobre dos proyectos de ley, la aprobación parece ir cuesta arriba. Propuestas como el proyecto que crea la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); y el Estatuto de Roma sobre la adhesión del país a la Corte Penal Internacional son proyectos que generan desacuerdos entre las bancadas”. No pongo enlace porque no lo encontré en el sitio Web de El Periódico.
Para los que llegaron tarde, la Cicig es la sucesora de la Ciciacs; entidad que se pinta no sólo como la Stasi, la KGB, o la Gestapo chapina; sino que es un ejemplo clarísimo de cómo es que otros países intervienen para imponer sus agendas.
Como este es un tema que puede acarrear malentendidos, de buena y de mala fe, aquí va lo último que he escrito al respecto:
En la clandestinidad, a oscuras y por temor a un saludable y transparente debate público sobre su naturaleza y sobre su legitimidad, fue negociada la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por la Organización de las Naciones Unidas y la Administración de Oscar Berger.
La Cicig, es la sucesora de la nonata Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos. Por eso se entiende que la ONU y la Administración, hayan llevado a cabo aquellas negociaciones al amparo del secreto y de las sombras.En 2004 los guatemaltecos repudiamos la formación de la Ciciacs porque era inconstitucional. Por ejemplo: usurpaba del Ministerio Público la facultad de ejercer la persecución penal; y violaba el principio de igualdad de todos ante la ley, al crear privilegios tributarios y procesales para sus funcionarios.La inconstitucionalidad, la usurpación y la multiplicación de privilegios fue lo que motivó a muchos a oponerse a la creación de la Ciciacs.
Nadie, en su sano juicio, se va a oponer a la eliminación de los cuerpos ilegales y a los aparatos clandestinos; y nadie, con dos dedos de frente, se va a oponer al combate contra la impunidad. Pero esas batallas deben ser libradas dentro del marco del estado de derecho y no a su costa. Este principio era válido para rechazar la Ciciacs y es válido para evaluar la Cicig. ¡A los cuerpos clandestinos y a la impunidad que pudren el estado hay que acabarlos; pero no con una Stasi, una KGB, o una Gestapo!
Ahora que la negociación entre la ONU y la Administración chapina es un hecho, nos vamos enterando de que la Cicig podrá recabar, evaluar y sistematizar información oficial y privada; de que podrá publicar informes y de que podrá exigir la aprobación de leyes especializadas, entre otras facultades. Está por verse si los guatemaltecos nos sentimos cómodos con un procunsulado de esa naturaleza; y si así fuera, habría que asegurarse de que sus funciones sean hechas, ¡por lo menos!, con respeto a las garantías constitucionales y de forma proba.Digo esto último porque una de las cosas que más llaman la atención es la candidez de aquellos que, haciendo caso omiso de los escándalos de corrupción que involucran al hijo de Koffy Annan y los que envuelven a la Organización Internacional de Migraciones, ven en la ONU y en los organismos internacionales a ángeles puros, radicalmente diferentes a los burócratas venales criollos. Suponen, los inocentes, que en nuestra incapacidad de cuidarnos a nosotros mismos, los chapines necesitamos de niñeras y capataces extranjeros para salir adelante. ¿Usted que cree?
Por lo pronto, y de acuerdo con dos exconstituyentes (Molina y Linares), y un exmagistrado de la Corte de Constitucional (Rohrmoser), la Cicig no viene exenta de peligros. Algunos son de procedimiento como el traslape de funciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio Público; pero otras son de fondo como la posible violación de la confidencialidad y la privacidad de las personas y la inmunidad frente a daños a terceros que pudieran cometer los funcionarios de la Comisión, entre otras.El futuro de la Cicig pasa ahora a manos del Congreso de la República donde su discusión debe ser serena. No sólo evaluando las ventajas de doblar la cerviz frente a la ONU y las embajadas “amigas”; sino sopesando los costos en el largo plazo, principalmente para la constitucionalidad y el estado de derecho.
