Luis Figueroa CARPE DIEM Periodismo de reflexión, por la libertad y la razón

Recuerdas, ¿verdad? «Sin agua no somos nada» es la frase que inspiró esta serie de artículos sobre la legislación de aguas. Hoy voy a abordar las características que debería tener una legislación de aquella naturaleza para que respete la propiedad y la libertad, proteja el ambiente y favorezca el desarrollo social.

Pero no lo hago en un vacío filosófico ni práctico. Para ello me baso en principios como el de que el derecho surge a partir de las interacciones y conflictos entre individuos, no necesariamente de la intervención de un Estado, bien explicado en el libro «Fundamentos praxeológicos del derecho», de Ricardo Rojas; y en las experiencias del Property and Environment Research Center.

Lago de Amatitlán.

Una legislación de aguas alineada con aquellos principios y experiencia debería:

Definir claramente los derechos de propiedad:
Establecer derechos de propiedad transferibles sobre cuerpos de agua (ríos, lagos, manantiales) o derechos de uso específicos (por ejemplo, para riego, pesca o turismo). Estos derechos pueden asignarse a individuos, comunidades u otras formas de organización, según el contexto. Ejemplo: Similar a los mercados de agua en el oeste de los EE. UU., donde los agricultores pueden vender derechos de agua a municipios o empresas turísticas, una legislación en Guatemala podría facilitar que comunidades locales gestionen manantiales o ríos no navegables.

Mecanismos de mercado para la asignación:
Facilitar el surgimiento de mercados de agua donde los derechos puedan comprarse, venderse o arrendarse, asegurando que el agua se destine a los usos más valiosos (agrícolas, turísticos, domésticos). Esto fomenta la eficiencia y reduce conflictos. Ejemplo: Un agricultor podría vender parte de sus derechos de agua a una empresa turística que desee preservar un lago para actividades recreativas.

Responsabilidad por daños ambientales:
Establecer normas claras que responsabilicen a los propietarios o usuarios por la contaminación o degradación de las aguas. Esto incluye multas, compensaciones o la obligación de restaurar (por ejemplo, tratar aguas negras o reforestar riberas). Basado en «Los fundamentos…», los tribunales privados o sistemas de arbitraje podrían resolver disputas, evitando la burocracia estatal.

Incentivos para la conservación:
Podrían considerarse beneficios fiscales o económicos a los propietarios que implementen prácticas sostenibles, como sistemas de tratamiento de aguas negras, reforestación de riberas o mantenimiento de cauces. Ejemplo: PERC propone que las tarifas de entrada a parques nacionales se usen para financiar su mantenimiento. En Guatemala, los ingresos por el uso de aguas (por ejemplo, en turismo) podrían ser reinvertidos en la conservación.

Descentralización y participación comunitaria:
Facilitar que las poblaciones locales gestionen sus recursos hídricos mediante acuerdos voluntarios, como propone Rojas. Esto respeta el conocimiento local y fomenta la cooperación. Ejemplo: Comunidades indígenas en Guatemala podrían tener derechos sobre manantiales cercanos, gestionándolos según sus tradiciones y necesidades. Hay que entender mejor las experiencias en Totonicapán, donde las poblaciones han desarrollado sistemas comunales exitosos para la preservación de bosques y fuentes de agua, con comités de vigilancia y guardabosques que integran el manejo hídrico con la conservación ambiental. En La Fragua (y otras localidades de Zacapa) hay experiencias valiosas sobre la admnistración del agua por parte de los usuarios. 

Flexibilidad para diferentes tipos de aguas:
Es necesario reconocer que cada tipo de agua (marítimas, lacustres, ríos navegables, no navegables, manantiales, aguas negras) requiere enfoques específicos. Por ejemplo: Aguas marítimas: Gestionadas mediante derechos de pesca o navegación, como las cuotas transferibles individuales propuestas por PERC. Lagos y ríos: Asignar derechos de uso a comunidades o empresas, con obligaciones de reforestación y mantenimiento. Aguas negras: Promover sistemas privados de tratamiento, incentivados por beneficios económicos.

Minimización de la intervención estatal:
Limitar el rol de políticos y burócratas a garantizar los derechos de propiedad y resolver disputas graves, dejando la gestión diaria a los propietarios y usuarios. Evitar regulaciones uniformes que ignoren las particularidades de cada cuerpo de agua, como se critica en «Los fundamentos…».

Promoción del desarrollo social:
Explorar la conveniencia de que los mercados de agua incluyan mecanismos para proteger a las poblaciones vulnerables, como subsidios cruzados o derechos prioritarios para el consumo humano. Fomentar la inversión privada en infraestructura hídrica (por ejemplo, sistemas de riego o plantas de tratamiento), lo que impulsa no solo la conservación del agua, sino la creación de riqueza.

En última instancia, una legislación de aguas anclada en la propiedad privada y la libertad no es solo un marco teórico: es la clave para transformar un recurso disponible en un motor de prosperidad compartida, donde cada gota cuente para un futuro sostenible y justo para los guatemaltecos.

Columna publicada en República.

• Agua a salvo, I
• Agua a salvo, II

La semana pasada expliqué cuatro motivos por los cuales las aguas no deben ser estatizadas, con base en la frase Sin agua no somos nada. Argumenté que no hace falta una legislación de aguas que estatice el líquido vital y expuse la perspectiva praxeológica del derecho de aguas, así como otras experiencias.

Lago de Amatitlán de noche.

Prometí que hoy comentaría por qué la estatización de las aguas y su manejo son peligrosas para la conservación del líquido vital, para su buena administración, para el ambiente y para el desarrollo social.

La estatización de las aguas sería perjudicial por las siguientes razones, a partir de las aportaciones del libro Fundamentos praxeológicos del derecho y del Property and Environment Research Center:

Conservación del agua: La falta de derechos de propiedad claros lleva a la sobreexplotación y contaminación. Por ejemplo, los ríos en Guatemala, como el Motagua, sufren contaminación por aguas negras y otros desechos debido a la falta de responsabilidad directa. El PERC argumenta que los propietarios privados, al tener un interés económico en el recurso, invierten en su conservación (por ejemplo, al limpiar un lago para turismo). La gestión estatal a menudo no logra monitorear ni sancionar eficazmente a los contaminadores, menos aún si la contaminación proviene del propio Estado (como desde las municipalidades), lo que degrada la calidad del agua.

Buena administración: La centralización estatal, como se desprende de la praxeología, ignora el conocimiento local y las necesidades específicas de las comunidades. Por ejemplo, un manantial en una población rural podría gestionarse mejor por los habitantes locales, que conocen sus necesidades, que por un ministerio en la capital. El PERC señala que los mercados de agua, basados en derechos de propiedad, permiten una asignación más eficiente. En contraste, la gestión estatal en Guatemala es lenta y politizada, lo que dificulta responder a crisis como sequías o contaminación.

Ambiente: La estatización desincentiva la reforestación y el mantenimiento de riberas, a pesar de las obligaciones constitucionales. Los usuarios, al no ser propietarios, carecen de motivación para invertir en estas tareas. El PERC ha documentado casos en los que poblaciones con derechos de propiedad sobre recursos naturales (como bosques, o ríos) implementan prácticas sostenibles, como la reforestación, porque obtienen beneficios directos. La contaminación de aguas negras, un problema grave en Guatemala, se agrava por la falta de sistemas de tratamiento efectivos, que podrían desarrollarse más rápido mediante inversiones privadas incentivadas por derechos de propiedad. Aquí, los edificios están obligados a tratar las aguas, pero luego las aguas tratadas se mezclan con las negras.

Desarrollo social: La estatización limita el acceso equitativo al agua, ya que el Estado puede favorecer a ciertos grupos (por ejemplo, grandes empresas agrícolas) sobre poblaciones locales. La perspectiva praxeológica argumenta que los acuerdos voluntarios entre individuos, basados en derechos de propiedad, generan un orden social más justo. El PERC destaca que los mercados de agua permiten a las poblaciones negociar derechos, lo que favorece que el agua llegue a quienes más la necesitan (por ejemplo, para riego en poblaciones rurales), fomentando el desarrollo económico y social.

La semana próxima abordaré qué características debe tener una ley de aguas que respete la propiedad y la libertad, proteja el ambiente y favorezca el desarrollo social.

En conclusión, la estatización del agua no solo amenaza su conservación y manejo eficiente, sino que también frena el desarrollo social y ambiental. Solo a través de la libertad y la propiedad privada podemos garantizar un futuro donde el agua, que es un recurso precioso, sea protegido y aprovechado con justicia.

Columna publicada en República.

• Agua a salvo, I
• Agua a salvo, III

Sin agua no somos nada, dice un eslogan de poray; y por eso es que los guatemaltecos no necesitamos más ley de aguas, que las disposiciones constitucionales y las del Código Civil [artículo 124, transitorio] que ya existen. No necesitamos la estatización de las aguas, porque ya sabemos cómo van la estatización de la educación, la salud, los puertos y las carreteras; y porque recordamos muy bien cómo iban la estatización de las telecomunicaciones y la de la energía eléctrica.

El lago de Amatitlán es asesinado todos los días porque es de todos.

La experiencia de Totonicapán —para citar un ejemplo— nos recuerda que el derecho no depende intrínsecamente de la intervención de una autoridad pública. Ricardo Rojas, en su libro Fundamentos praxeológicos del derecho, explica que desde la perspectiva de la ciencia que estudia la acción humana podemos entender el derecho como parte de los procesos de intercambio social. Entonces, el derecho surge a partir de las interacciones y conflictos entre individuos, no necesariamente de la intervención de un Estado. El derecho en general y el derecho de las aguas en particular pueden ser estudiadon como fenómenos que surgen de las decisiones y acciones individuales, en lugar de ser vistos sólo como conjuntos de normas impuestas por una autoridad estatal, según explica Rojas.

En esa dirección, la experiencia y estudios realizados por el Property and Environment Research Center evidencian que los derechos de propiedad y los mercados son herramientas efectivas para mejorar la calidad ambiental, en contraposición a las regulaciones gubernamentales invasivas. El PERC ofrece investigaciones valiosas sobre mercados de agua para asignaciones más eficientes, como flujos en ríos; y concluye que los derechos de propiedad privada fomentan la gestión responsable de los recursos; los subsidios gubernamentales a menudo dañan el medio ambiente; los incentivos de mercado motivan a los individuos a conservar recursos y proteger la calidad ambiental; y que los contaminadores deben ser responsables por los daños que causan.

Dicho lo anterior, te comparto cuatro motivos por los cuales las aguas no deben ser estatizadas; y la semana entrante te contaré por qué es que la estatización de las aguas y la de su manejo son peligrosas para la conservación del líquido vital, para su buena administración, para el ambiente y para el desarrollo social.

PERC enfatiza que los recursos de acceso público, como las aguas estatizadas, tienden a sobreexplotarse porque nadie tiene incentivos claros para conservarlos. Por ejemplo, el lago de Amatitlán ha sido asesinado porque es de todos (y no es de nadie), los usuarios han abusado de él sin considerar los costos a largo plazo.

Desde la praxeología, Rojas argumenta que las decisiones estatales no reflejan las preferencias individuales, ni las necesidades locales. El Estado, al gestionar las aguas desde la política, impone regulaciones uniformes que ignoran las particularidades de cada cuerpo de agua (un río navegable vs. un manantial). Esto reduce la eficiencia y desincentiva la innovación en la gestión.

¡Sorpresa! La gestión política de las aguas, como señala PERC, a menudo está sujeta a ineficiencias burocráticas y decisiones de poder. En Guatemala, la falta de recursos y la corrupción pueden impedir una administración efectiva, resultando en ríos contaminados, o lagos (como Amatitlán) que no se recuperan pese a la intervención estatal.

Aunque la Constitución dice que el aprovechamiento de las aguas debe servir a la comunidad, la gestión estatal suele priorizar intereses políticos, o económicos de corto plazo (por ejemplo, otorgar concesiones a industrias contaminantes). Esto contradice el principio praxeológico de Rojas de que el orden social surge de acciones individuales coordinadas, no de imposiciones centralizadas.

En conclusión, la estatización de las aguas no es solución. Confiar en los derechos de propiedad y los mercados, como demuestra la experiencia, fomenta una gestión responsable y eficiente. Si queremos preservar el agua, el camino es dejar que las acciones individuales, guiadas por incentivos de mercado y responsabilidad, lideren el cambio, no las burocracias estatales que han fallado una y otra vez.

Columna publicada en República.

• Agua a salvo, II
• Agua a salvo, III
• Agua a salvo, IV