Hay una perspectiva desde la cual el tema de la justicia ancestral podría ser, no una causa de enfrentamientos y de discordias, sino una fuente de oportunidades. Esa perspectiva está basada en el reconocimiento de que el derecho es una tecnología; y de que, como tal, pueden competir con otras tecnologías de su misma naturaleza.
Pero antes, ¿qué es una tecnología? es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material, o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.
Dicho lo anterior, en el artículo titulado How Local Governments Could Work More Like Cell Phones, Zachary Caceres explica que la gobernabilidad puede ser mejorada por medio de innovaciones focalizadas, que pueden ofrecer una prueba de del concepto antes de su adopción más amplia. La clave, según Zach, es dar autonomía a los barrios y ciudades para implementar reformas a pequeña escala, por lo que sirven de campo de pruebas para nuevos enfoques. Una ciudad de arranque [o startup city] podría tener un sistema legal, o una policía diferentes. Las comunidades se convierten en “startups” que prueban las reformas como prototipos y modifican las políticas hasta que funcionen bien.
En Startup Cities: How Can Entrepreneurs Save Politics, Zachary Caceres abunda en aquella perspectiva. La reforma política es extremadamente arriesgada. Típicamente, sólo pensamos que una reforma ha ‘fallado’ cuando una nueva ley, o programa no es aprobado por el Congreso. Pero la reforma, al igual que la iniciativa empresarial, está llena de fracasos. A veces una reforma es cooptada por intereses especiales y se convierte en un Frankenstein, una horrible creación que sus inventores nunca quisieron. O un comité en algún lugar a lo largo del camino lo destruye. Lo peor de todo es que a veces los reformadores se equivocan y terminan “haciendo mal mientras tratan de hacer el bien”…Estos rasgos empeoran, dice Zach, si se intenta reformar a nivel nacional porque nada se pone a prueba. Desde una perspectiva local las comunidades que compiten tienen suficiente autonomía para probar muchos enfoques diferentes y nuevos para el mismo problema. Este es el espíritu de humildad del emprendedor por medio de experimentos. Cualquier falla es pequeña y local en lugar de arrastrar todo el país. Los experimentos locales son más baratos ya menudo son más fáciles de entender. Las ciudades son más ágiles que las naciones y pueden adaptarse más rápidamente al fracaso.
Luego, si la función del derecho -como tecnología- es satisfacer ciertas necesidades de las personas en sociedad, como la de limitar el poder, las de evitar y resolver conflictos, la de reducir los costos de transacción, además de conseguir justicia, paz y orden para sólo mencionar unas, la idea de Zach es que podemos poner a prueba diferentes formas de derecho, como ponemos a prueba diferentes tipos de teléfonos; y la clave es que las pruebas sean focalizadas…y voluntarias. Que no sean generalizadas, ni forzadas para evitar que, si la tecnología (el derecho) fracasa, los daños sean extendidos; y si la tecnología (el derecho) tiene éxito, la prueba facilite su adopción a niveles más extendidos.
En aquel contexto la justicia ancestral (o el sistema de derecho ancestral) -si fuera tratada como tecnología- podría competir con otras formas de justicia (o sistemas de derecho). Empero, aquella competencia debe ser libre, voluntaria y pacífica -como ocurre con la competencia en otras tecnologías, digamos, la de los teléfonos- No puede ser de forma coercitiva, y no puede ser sobre bases etnicistas. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, promover que los miembros de esta, o aquella etnia, no pueden usar ciertas marcas de teléfonos,o ciertas marcas de computadoras, o ciertos tipos de automóviles. El tratamiento racista del experimento, aunque fuera focalizado como sugiere Zach, fracasaría porque no sería voluntario.
Un detalle importante- a estas alturas- es que en la propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia, que se discute en el Congreso, no se está discutiendo el reconocimiento del derecho ancestral. Ese reconocimiento ya está consignado -a nivel nacional- en el artículo 66 de la Constitución, desde 1985. Lo que está a discusión es el reconocimiento de la capacidad de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado por parte de las autoridades ancestrales al mismo nivel que el de los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.
No está claro, sin embargo, cuáles son los límites de aquella capacidad de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado por parte de las autoridades ancestrales. ¿Cuáles serán las materias de competencia para las autoridades ancestrales? Sabemos que el principal criterio es etnicista; pero, ¿se aplicará a asuntos comerciales, a asuntos penales, de toda cuantía, en todo el territorio del país? ¿Qué ocurrirá si las partes son de etnias diferentes, digamos indígenas, y garífunas? Todas las dudas que hay sobre el las facultades jurisdiccionales del sistema ancestral podrían ponerse a prueba si se entiende la propuesta de Zachary Cáceres en los dos artículos citados arriba.
Digamos que está en el mejor interés de la paz y de la cooperación social reconocer que -debido a la multiculturalidad y a que cada cabeza es un mundo– distintas personas tienen distintas necesidades y perspectivas con respecto esa tecnología conocida como derecho o sistema de justicia. ¿Por qué no despojar a esas necesidades del componente etnicista del cual están saturadas en la discusión actual? En un espíritu disruptivo, innovador, emprendedor y más allá del colectivismo etnicista, ¿qué tal si aprovechamos la oportunidad y probamos distintos tipos de derecho en statrup cities, por ejemplo?
En el primer párrafo mencioné muy de pasada el tema de la competencia entre tecnologías, competencia que no es ajena a las fuentes del derecho. En esta conferencia, que te recomiendo mucho, Enrique Ghersi explica el carácter competitivo de las fuentes del derecho; basado en las preferencias de las personas de acuerdo con sus intereses particulares, de los costos y beneficios y de nuestra escala de valores.
Eso sí, para que la competencia de sistemas de justicia, o de fuentes de derecho sea legítima, es imprescindible que a las statrup cities sus habitantes puedan unirse pacífica y voluntariamente, y no por mandato legal y menos por circunstancias tan impersonales y fuera de su control como la etnia. Es imprescindible que los habitantes puedan elegir, libremente, las startup cities en las que la tecnología política y la tecnología judicial -entre otras- cumplan con sus funciones a satisfacción de quienes las han elegido.
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La ilustración es por Deval Kulshrestha, CC BY-SA 3.0
