Una nueva ley de armas ha sido presentada en el Congreso y su principal característica es que no limita el número de armas que pude tener una persona y el único requisito que pide, para tenerlas, es que el poseedor tenga una licencia por cada tres de ellas. Yo aplaudo esta iniciativa porque la anterior, desarmaba a los ciudadanos honrados.
Lo que me parece descarado y una sinvergüenzada, es la justificación para hacerlo. El diputado Luis Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, dijo que es para equilibrar entra las demandas de la sociedad civil y las de los empresarios de armas que pedían dejar en libertad la adquisición de municiones.
La explicación de Mendoza pone en evidencia lo que sabemos y sospechamos: que la legislación chapina está plagada de normativas hechas a la medida de los grupos de interés que tienen influencia y poder. En vez de leyes generales y abstractas que protejan los derechos individuales y el cumplimiento de los contratos, el Legislativo es una churrería de normas mandadas a hacer, particulares y concretas, hasta con nombre y apellido.
La verdadera justificación para no negarles a la gente la facultad de poseer y portar armas registradas reside en el derecho a la defensa que todos tenemos qua personas. Los delincuentes prefieren víctimas desarmadas. Los delincuentes ni registran sus armas, ni piden licencias para portarlas y cometer crímenes con ellas. Y encima de todo, la administración y el Estado son demostradamente incapaces de proveer un mínimo de seguridad y justicia. En esas condiciones, el indiscutible derecho individual a la defensa de la vida y de la propiedad es, sobradamente, la única justificación necesaria para que el estado niñera se mantenga al margen de este asunto.
Más, aún, las armas en manos de los ciudadanos no sólo sirven para defender legítimamente la vida, la propiedad y la libertad contra los delincuentes; sino para garantizar la protección de aquellos derechos en caso de que la administración (depositaria del poder público y del monopolio del uso legítimo de la fuerza para proteger los derechos individuales) se convierta en una sistemática violadora de los derechos que está llamada a proteger. Esto, claro, no les gusta a los políticos; pero ¿quién dijo que tiene que gustarles? Total, “el poder público proviene del pueblo y los funcionarios son depositarios de la autoridad”.
Lamentablemente, entre la manía regulatoria de los grupos de interés que dicen representar a la sociedad civil, y la rapiña de los pipoldermos y de sus patrocinadores, se olvida lo más importante.
