26
Oct 11

Estupenda iniciativa de jóvenes

Es una iniciativa estupenda, útil e ingeniosa la de el Movimiento Cívico Nacional, Guatemala Visible, la Red Nacional por la Integridad y Un Joven Más , organizaciones que a partir del 14 de enero iniciarán la fiscalización del trabajo de cada diputado electo al Congreso. El MCN integrará un grupo de 158 ciudadanos que, en la primera fase, verificarán la asistencia al pleno y comisiones, así como las votaciones en el pleno. El objetivo del proyecto es contar con información objetiva del trabajo de cada legislador.  Luego del reclutamiento de los voluntarios, cada uno de ellos será evaluado de acuerdo a sus estudios, o experiencia de trabajo, y se le asignará un diputado. Cada mes, las organizaciones de jóvenes presentarán un informe sobre la evaluación de los 158 congresistas y eventualmente visitarán a la persona designada.

Felicito a los chicos por esta iniciativa que puede ser muy valiosa y educativa para contruir una República sana.

Por eso es que, paralelo a la fiscalización en sí, es preciso establecer criterios de fondo.  Por ejemplo, no es mejor diputado el que más iniciativas presenta, o el que más iniciativas aprueba.  Los congresos no son fábricas de salchichas cuyos resultados se pueden medir por la cantidad de leyes (o salchichas) que producen.  La calidad de las leyes también es importante.  No es mejor diputado el que aprueba la mayor cantidad de regulaciones concretas y específicas; sin el que evita que estas prosperen.  Es, sin embargo, un mejor diputado el que sabe que las leyes deben ser generales y abstractas.  No es mejor diputado el que propone normas violatorias de los derechos individuales y normas que restringen las esferas de acción privada de las personas; sino aquellos que protegen la vida, la libertad y la propiedad de las personas; y los que cuidan como tesoros las esferas de acción privada de las personas.

La iniciativa de los jóvenes será valiosa, de verdad, no sólo por el monitoréo, sino en la medida en la que ponga en evidencia a los diputados que respetan los derechos individuales de todos, y los que no; y en la medida en la que ponga en evidencia a los diputados que respetan la igualdad de todos ante la ley, y los que no. Si no hace esas diferencias, la iniciativa no desarrollará todo su potencial.


03
Jun 11

Felicitaciones para el Tribunal Supremo Electoral

Los funcionarios que hayan manejado fondos públicos y que ahora opten a un cargo de elección tienen que presentar su finiquito al inscribirse, porque así lo estable la Ley de Probidad.  Mis felicitaciones al Tribunal Supremo Electoral por resistirse a la presión de los Partidos Políticos en el sentido de que fuera permitido que los candidatos fueran inscritos sin su finiquito.

¡Aaaaaaaaaaah, recua de sinvergüenzas!  Y después, ¿sáben qué me da entre risa y rabia? Que esos mismos funcionarios luego juran y protestan que van a cumplir y a hacer cumplir la ley.

Representantes de distintos partidos políticos le habían solicitado al TSE que fuese flexible al exigir la presentación de aquel documento dadas las dificultades que tienen sus candidatos para obtenerlo en la Contraloría General de Cuentas. El finiquito es una constancia que garantiza que los funcionarios no tienen juicios de cuentas pendientes ni multas sin pagar por irregularidades financieras en el manejo del dinero de los tributarios.


13
May 11

Ley pervertida y política

La perversión de la ley confiere preponderancia exagerada a la pasión política, a las luchas políticas y a la política propiamente dicha, advirtió Frederic Bastiat en 1848, como si hubiera leído los diarios chapines del siglo XXI.

En parte esto es porque ser electo como legislador quiere decir ser seleccionado para ir a conseguir privilegios. Se cree, por ejemplo, que los diputados deben ir al Congreso a obtener obras para los departamentos en los que fueron electos. Y cada facción, o grupo de interés que puede, quiere a su gente en el Congreso; las corporaciones de empresarios, de indígenas, mujeres, sindicalistas, jóvenes, ecologistas, ancianos y de todo lo que se mueva quieren leyes para sí. Y mejor si van acompañadas por asignaciones presupuestarias.

La ley –no el decreto, sino las normas generales y abstractas que facilitan la convivencia social pacífica– es la organización del derecho natural de legítima defensa; y la misión de los diputados debería ser la protección de la esfera de acción privada de todas las personas por igual. Así como la protección de los derechos de todos por igual.

Pero a todo esto, ¿qué es la perversión de la ley, contra la que nos advierte el buen Bastiat? La ley es pervertida cuando se convierte en instrumento de codicia y pone la fuerza colectiva al servicio de los que buscan rentas parasitarias, y enriquecerse a expensas de la vida, la libertad y la propiedad de otros. La legislación que les permite a unos apropiarse de lo que les pertenece a otros, ¡y encima le confiere a esa expoliación la categoría de derecho, es legislación pervertida!

Por eso es que, entre nosotros, la política es objeto de una preponderancia exagerada, de pasiones y de lucha. Quien tiene éxito en la política, obtiene la facultad de expoliar legalmente. Ahora bien, no tiene la culpa el loro, sino el que le enseña a hablar; y la demanda política –o sea tú y yo– tenemos nuestra parte de responsabilidad por permitir aquel estado de cosas.

¿Has leído las propuestas de candidatos a diputados? Están llenas de representantes de intereses, cuando no de sujetos que han estado involucrados en actos de corrupción, o de tráfico de influencias, y llenas de parientes, amigos y compadres.

Sé que es tarea difícil y que quiere una dosis importante de responsabilidad; pero en estos comicios, tómate algo de tiempo para seleccionar a quienes les darás tu voto para diputados. Esa es la elección más importante de los comicios.

Esta columna fue publicada por El Periódico.


25
Mar 11

He aquí una buena propuesta de ley

Las leyes malas son las que crean privilegios y son hechas para beneficiar intereses particulares.  Las leyes malas son las que apuntan a la consolidación del estatismo globalizado.  Las leyes malas son las que criminalizan la vida privada de las personas.  Las que se aprueban aunque se sepa que nadie va a a tener, ni la autoridad, ni las ganas de hacerlas cumplir.  Las que empobrecen.  En fin…leyes malas tenemos montones; y como tanto los medios de comunicación, como los políticos creen que la tarea de los organismos legislativos es la de hacer leyes, como si se tratara de hacer salchichas, pues las leyes abundan y abundan más las leyes malas.

He aquí una buena propuesta de ley:  La de una ley de quiebras que proteja a los trabajadores y proveedores de aquellas empresas que fracasan y se ven en la necesidad de cerrar operaciones.  ¡Hasta el fisco se beneficiaría de algo así!

La legislación chapina no facilita el cierre de una empresa tras su insolvencia;  pero sí  establece penas para la quiebra fraudulenta y dolosa, aunque sin tipificar claramente los delitos.   Si usted buscaba un ejemplo de una ley mala, este es uno bueno.

Por eso es notable la iniciativa de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, en el sentido de promover una ley moderna y práctica para las quiebras.  Sobre todo en una economía que se deteriora, no sólo en el contexto de una crisis económica de orden mundial, sino por méritos propios.


23
Mar 11

El cumplimiento de la ley debe ser política de estado

Según la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, el estado de Guatemala tiene una política de desalojos porque contabilizó 99 expulsiones de invasores de tierras ajenas en un lapso de 3 años.

Según el Código Penal comete homicidio quien diere muerte a alguna persona; y la pregunta aquí es: si las autoridades persiguieran a los delincuentes homicidas, se diría propiamente que existe una política de estado contra los homicidas.  ¿Sería inmoral que la tuviera? ¿No se supone que, precisamente, tenemos autoridades para que persigan, procesen y encierrena a los homicidas?

El mismo código dice que quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble total o parcialmente ajena será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Si las autoridades persiguieran a los ladrones, se diría propiamente que existe una política de estado contra los culpables de robo.  ¿Sería inmoral que la tuviera? ¿No se supone que, precisamente, tenemos autoridades para que persigan, procesen y encierrena a ladrones de automóviles y teléfonos móviles, por ejemplo?

El mismo cuerpo legal dice que comete delito de usurpación quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien, ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía, el ministerio público o el juez, están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda, al inmediato desalojo.

Si las autoridades desalojaran a los usurpadores, se diría propiamente que existe una política de estado contra los culpables de usurpación.  ¿Sería inmoral que la tuviera? ¿No se supone que, precisamente, tenemos autoridades para que hagan cumplir la ley?

Talvez es que, si debería haber una política de estado, esta debería ser una de cumplimiento de la ley.  El que mata al otro comete homicidio; el que roba un celular es ladrón; y el que usurpa propiedad ajena debe ser desalojado.  La política de estado debe ser de cumplimiento de la ley.  Sobre todo si se trata de leyes generales y abstractas, como las que ejemplifican estas meditaciones, propias de una sociedad comprometida con el respeto a la igualdad ante la ley y al respeto de los derechos individuales.


23
Mar 11

¿Fraude de ley y prevaricato?

Si un acto político llegara a constituir fraude de ley,  un juez que refrendara aquel acto político, ¿cometería prevaricato?

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.  El fraude de ley no es un delito; pero sí es la violación a una norma de orden público cuyo propósito es -precisamente- que se respete y que se cumpla la ley.

Por otro lado, el artículo 462 del Código Penal, dice que el juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años.  Este delito es conocido como prevaricato.

Si un juez resuelve para refrendar, autorizar, o consumar un acto que constituye fraude de ley, ¿comete prevaricato?


25
Nov 10

Las leyes que dan risa (pero no a las víctimas)

Los que tienen la autoridad, o creen tenerla, saben que hay ¡496! puntos de comercialización y procesamiento ilegales de productos forestales.  ¿Desde cuándo lo saben? ¿Por qué es que hasta ahora van a haber operativos en su contra? ¿De a cuánto será la mordida o soborno para operar un punto de venta de madera ilegal?

Los que dicen tener la autoridad también saben exactamente dónde es que se venden música, películas y software piratas; pero Tu Muni hasta les construyó un mercado ad hoc.

Los que dicen tener la autoridad saben bien dónde es que se venden los teléfonos móviles robados, y los radios de carros robados.  ¿Por qué continúan impunes esas ventas?

Los que dicen tener la autoridad emitieron una ley que prohíbe que vaya más de una persona en moto y exige que los motoristas usen cascos y chalecos numerados.  Pero a la mara, le pela y nadie tiene las agallas de hacer cumplir una ley tan absurda.

Leyes como aquellas y autoridades como aquellas, les dan risa a los delincuentes;…pero no a las víctimas.


13
Oct 10

¿Cuánto de libertad estamos dispuestos a ceder?

El Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras señaló  la necesidad de todos los sectores de decidir cuánto de libertad estamos dispuestos a ceder.  Pero, ¿será que eso quiere decir el autor de la opinión?


En una sociedad hay libertad cuando en las relaciones sociales está ausente la coacción arbitraria.  Es libre la persona  cuyas acciones no están sujetas a la voluntad antojadiza de terceros.  La coacción, por cierto es la presión autoritaria que una persona ejerce en el medio o en las circunstancias de otra; bajo esa presión el presionado se siente forzado a actuar conforme los deseos de quien ejerce la presión, y no en persecución de sus propios planes, y objetivos. La coacción es un mal porque elimina al individuo como ser pensante que tiene un valor intrínseco y hace de él un mero instrumento en la consecución de los fines de otro.  Hay libertad en una sociedad cuando la coacción -bajo las leyes, y no arbitraria- ha sido reducida al mínimo, sólo para ser usada contra aquellos que, en vez de basar sus relaciones sociales en las relaciones voluntarias y pacíficas las basan en la fuerza; como los delincuentes, por ejemplo.  Las leyes, eso sí, no son cualesquiera regulaciones emanadas por el Legislativo; leyes son sólo aquellas normas generales y abstractas que protegen la vida, la libertad y la propiedad de todos. 

Dicho lo anterior, a la pregunta de cuánto de libertad estamos dispuestos a ceder sólo puede haber una respuesta: Niente.  Nada porque, ¿para qué querríamos ceder 10%, 30%, o 90% de uso legal de la coacción arbitraria en la sociedad? ¿Por qué querríamos cederle espacio a las relaciones forzosas, a costa de las relaciones pacíficas y voluntarias? ¿Por qué querríamos sustituir un estado de cosas en el que podemos hacer todo, excepto aquello que está prohibido por la ley, a cambio de un estado de cosas en el que sólo podamos hacer lo que la ley nos permite?

La libertad, que es ausencia de coacción arbitraria, sólo se cede a cambio de presencia de coacción arbitraria.  Si lo opuesto a la libertad es la coacción arbitraria, cuando tenemos menos libertad porque la cedemos, entonces tenemos más coacción arbitraria; es decir, más presión autoritaria que nos obligue a actuar conforme los fines de otros; en vez de hacerlo conforme a nuestros fines propios.  ¿Para qué querríamos eso, sino para destruir a la sociedad? 

Si queremos una mejor sociedad, que creo que es lo que sinceramente quiere el Presidente del CACIF, la vía no va por ceder la libertad.  Va por protegerla, garantizarla, y defenderla total y absolutamente para todos y siempre.  El uso de la coacción arbitraria en las relaciones sociales debe ser rechazado y prohibido sin excepción.  Y aquellos que hagan uso de ella, como los delincuentes, deberían ser castigados moral y penalmente.  Una sociedad que admite el uso de la coacción arbitraria, porque cedió parte de su libertad, es una sociedad condenada a caer en manos de aquellos que viven de la coacción arbitraria y que por eso desprecian la libertad, y las leyes que la protegen.

02
Sep 10

Lecciones sobre ley maya y la autoridad

Hoy, en Siglo Veintiuno, hay una entrevista con Dalio Berreondo, gobernador de Quiché. El tema es la supuesta ley maya que un grupo de caciques impone en Chunimá. De ella, por lo que dice el Gobernador, se desprende que:

– Si las autoridades legítimamente constituidas se mantienen al margen de conflictos de este tipo porque los actores de los mismos amenazan con quemarlos.
– Lo de quemar a la autoridad es parte de la cultura quichelense.
– Las autoridades legítimamente constituidas se limitan a acompañar esos conflictos.
– La responsabilidad del manejo de estos conflictos se diluye en comisiones.
– La campaña electoral hace difícil el control de los conflictos que generan los caciques y las prácticas tribales.
– Se insiste en negar que la violencia sea parte de la cultura, o ley maya. Esto a pesar de las evidencias en contra, tales como el despellejamiento, la decapitación y la tortura, el uso de instrumentos sanguinarios, el empalamiento, y otras prácticas similares, entre los mayas clásicos.

30
Ago 10

Ley maya, o abusos tribales

En Chunimá, Quiché, un grupo de personas impuso una serie de regulaciones y les cobra exacciones a los pobladores. Si los afectados incumplen, pueden hasta recibir agresiones físicas. Por estas acciones 44 familias han tenido que huir hacia las montañas. Y quienes detentan el poder dicen que sus acciones se basan en la ley maya. ¡Abuso tribal, diría yo!

Las regulaciones, por ejemplo, prohíben que las mujeres embarazadas reciban atención de comadronas si no están al día con las exacciones que exigen los que detentan el poder. Estos personajes pueden, porque tienen la fuerza para hacerlo, suspender servicios como agua potable, trasnporte, molino de nixtamal, salud, tiendas de consumo, empleos, energía eléctrica, acceso el mercado y cementerio. Chunimá es el ideal de cualquier dirigente, activista y político totalitario.
Los habitantes de la aldea incluso deben avisar a la autoridad comunal si van a trabajar fuera y deben decir dónde pueden ser localizados. la constitución de Chunimá no le regatea poder a los que lo detentan; y dice que en estas normas hay otros aspectos que no están escritos, pero no dejan de ser derechos y obligaciones que también pueden ser sancionados. O sea que todo se vale.
¡Por supuesto que la tensión y el miedo prevalecen en la aldea!
Chunimá no es un caso aislado, porque se sabe de otras poblaciones en las que existen reglamentos invasivos y cacicazgos totalitarios parecidos. En Santiago, Chimaltenango y en Todos Santos, Huehuetenango, las autoridades la han emprendido contra el consumo de licor. En otros lugares, como Acatán, Huehuetenango, el grupo que detenta el poder ha ido tan lejos como para prohibir el divorcio y el basquetbol. En Zunil, Quetzaltenango, un hombre pude robarse una esposa, aunque ella sea menor de edad.
Ya sea ley maya, o cacicazgo tribal, estas prácticas seguramente son más abundantes de lo que conocemos. Y tengo la sospecha de que si se las sigue alcahueteando, como se alcahuetean los linchamientos, estas barbaries van a convertirse en pesadillas fuera de toda proporción.