29
May 18

Igor Bitkov libre bajo fianza y sin vigilancia

Por quebrantos de salud y debido a que no hay peligro de fuga, Igor Bitkov goza de arresto domiciliario sin vigilancia luego de una resolución de la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán.

Igor Bitkov tiene prohibición de salir del país y debe asistir al Ministerio Público, cada semana, para registrarse.  Bitkov ya se reunió con su hijo Vladimir, que es menor de edad.

Aquellas son las buenas nuevas; pero falta mucho por resolver para que se haga justicia.  Primero, su esposa Irina y su hija Anastasia todavía están en prisión. Los Bitkov -perseguidos por Vladimir Putin– han estado en prisión injustamente durante tres años y medio.  Injustamente porque son sujetos del Protocolo de Palermo para migrantes. Injustamente porque la Sala tercera de la Corte de Apelaciones, constituida en tribunal constitucional ha ordenado que se cierre el proceso en su contra, en tanto que la jueza Aifán no ejecuta aquella orden, ha sido multada y debería ser investigada por el Ministerio Público, de acuerdo con una resolución de la Sala tercera.  Injustamente porque la jueza D ha iniciado una cadena de amparos para retrasar la liberación de la familia. En dicha cadena de recursos se han involucrado el Registro Nacional de Personas, que en tres años de proceso había estado al margen y, ¿cómo no? la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que ha sido el enlace con el banco estatal ruso VTB y las influencias del Putin. Injusta porque el niño Bitkov ha pagado cara la persecusión de sus padres.

Como la Comisión Helsinki, de los Estados Unidos de America, se ha ocupado del caso y los culpables de la persecusión y violación de los derechos de los Bitkov podrían ser sujetos de a Ley Magnitky global se hace más dificil mantener el acoso contra la familia.

La foto es de Igor Bitkov y sus abogados, hoy a la 1:00 a.m. Tomada de Twitter.


25
May 18

Confirmado: jueza Reyna violó derechos del niño Bitkov

Luego de la captura de sus padres, Vladimir [Bitkov], con apenas tres años de edad, se fue a vivir con sus dos tutores legales, uno su niñera de los últimos tres años, y el otro un amigo cercano de la familia. Pero no por mucho. En un acto de extraordinaria crueldad, una jueza, María Belén Reyna Salazar, dictaminó que por su “seguridad”, debería ser trasladado a un orfanato sin contacto con sus padres o tutores. Permaneció allí durante 42 días antes de que otro juez anulara la decisión anterior. Volvió a sus guardianes un niño asustado y con cicatrices psicológicas que padecía conjuntivitis y portaba parásitos, dice Irina Bitkova en Business Insider.  El niño Bitkov también salió del orfanato con un diente roto y lastimado físicamente.

Aún con esos antecedentes, en marzo de 2016 la jueza Reyna y Shyrel Lynne Osborne, responsable de la Asociación Amor al Niño, interpusieron un recurso de Amparo con el propósito de reclamar al niño y devolverlo al lugar de donde había salido física y psicológicamente dañado.  El amparo fue denegado por improcedente, las amparistas fueron condenadas a costas y sus abogados fueron multados…y la jueza apeló el fallo.

El 22 de mayo de 2018 la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto pr la jueza Reyna y confirmó el fallo apelado.  La Corte de Constitucionalidad confirmó que la juzgadora violó los derechos del pequeño Vladimir Bitkov.

Una vez más -en el caso Bitkov- un tribunal superior ha tenido tenido que enmendarle la plana a una jueza que comete abusos en primera instancia. De esas juezas que acuden al uso de recursos para no cumplir con la ley, aún a costa de la justicia.  Recientemente y en el mismo caso, por ejemplo, la juzgadora Ericka Aifán ha hecho malabares –de la mano de la CICIG– para incumplir con lo resuelto por un tribunal superior (constituido en tribunal constitucional) Y para retrasar la liberación de los Bitkov…y ha sido sancionada por ello.

Asi relata los hechos el abogado Rolando Alvarado:

  1. El 15 de enero 2015, un juzgado de turno me entregó al niño Vladimir Bitkov.  Entrega fue conjunta a mi favor y de su niñera Verónica González.
  2. El 10 de febrero del 2015, la jueza de Primera Instancia (superior a la de turno), nos citó para presentar al niño y realizar una audiencia para determinar su situación.  Lo llevamos, y ese día dijo que “la identidad del niño estaba viciada” (lo que le dijo la Fiscalía Especial contra la Impunidad a la Procuraduría General de la Nación ) y que nosotros no eramos sus parientes.  En ese mismo momento y sin escuchar al niño  (lo cual es grave en materia de la niñez), lo remitió a un cuarto de niños abandonados y ordenó su traslado al Orfanato Amor del niñ, donde fue maltratado.  La jueza prohibió visitas al niño.
  3. Luego de una batalla legal intensa, logramos que la Sala de la niñez revocara la ilegal resolución de la jueza Reyna Salazar, y ordenó que el niño saliera del orfanato (donde pasó 42 días practicamente secuestrado).
  4. Denunciamos a la jueza ante el Procurador de los Derechos Humanos, el anterior, De León Duque, y el declaró que los derechos del niño fueron violados por parte de la jueza y por parte del orfanato.
  5. La jueza y la directora del Orfanato presentaron un Amparo ante la Corte Suprema.  Fue denegado.  Ellas apelaron y fue remitido a la Corte de Constitucionalidad.
  6. La CC dictó sentencia confirmando que la resolución de PDH se encuentra ajustada a Derecho.

24
May 18

Caso Molina Theissen: ¿Los relatos deben considerarse reales?

En este tipo de acciones los relatos de la víctima deben considerarse reales y subsisten por sí mismos, dijo el presidente del Tribunal C de mayor riesgo, Pablo Xitumul.

El juez se refería al proceso contra cinco militares retirados, recién condenados por el tribunal que preside Xitumul.  Los señalados fueron acusados de haber detenido ilegalmente en un control de carreteras  a Emma Molina Theissen cuando portaba propaganda y material surbversivo. Molina fue llevada a la Zona Militar Manuel Lisandro Barillas, de Quetzaltenango, donde fue violentada sexualmente y torturada.y de donde escapó nueve días después. Al poco tiempo su hermano, Marco Antonio, de  14 años de edad y estudiante de secundaria, fue secuestrado por personas vestidas de militares y nunca apareció.

¡Por supuesto que las detenciones ilegales, los secuestros, las torturas, las violaciones y las desapariciones no sólo son deliltos, sino crímenes horribles!  ¡Por supuesto que si alguno de esos crímenes es cometido contra un niño, no sólo es criminal, sino cobarde! ¡Por supuesto que los autores de aquellos crímenes deberían ser castigados!  Pero deberían ser castigados para hacer justicia y conforme a la ley.  ¡No como un acto de venganza! y tampoco en violación del debido proceso y ciertamente, no basados en relatos que subsisten por sí mismos, al margen de las evidencias y de las pruebas. Un relato puede ser verdadero, o falso (hasta lo dice el inspector Fynch, en V for Vendetta); pero las evidencias y las pruebas deben ser plenas.

Aquello se aprende en Derecho Penal I y en Derecho procesal I y sospecho que lo sabe cualquier estudiante de Derecho.  Yo lo aprendí de mis maestros Francisco Fonseca Penedo y Baudilio Navarro Batres, que luego fueron Magistrados de la Corte de Suprema de Justicia. ¿Qué son pruebas?

Los medios y procedimientos aceptados en la ley para convencer al juez de la certeza de los actos y hechos​ discutidos en un proceso judicial. La plena prueba no sólo debería convencer al juez, sino que debería establecer la verdad de los actos y hechos, si ha de servir a la justicia.

De ahí que las pruebas científicas sean más valoradas que las pruebas testimoniales en un proceso.  De ahí que un relato, un cuento o una narración, por conmovedores que sean, por horribles que sean, no deberían constituir prueba alguna.  Pueden ser útiles para la retorica y para la cobertura mediática; pero como elemento probatorio, un relato no sólo no puede subsistir por sí mismo (frente a las pruebas plenas, o en sustitución de las pruebas plenas), sino que no tiene por qué ser considerado como real…y menos en ausencia, o sustitución de evidencias.

La afirmación del juez Xitumul no sólo viola la relación que debería haber entre la la realidad, la verdad, la justicia y la responsabilidad; sino que viola el principio -que conoce cualquier estudiante de Derecho- de que la carga de la prueba pesa sobre el acusador, o sea sobre el que afirma un acto, o un hecho que no es admitido por la contraparte, debido a la presunción de inocencia.  La afirmación del juzgador viola dos principios fundamentales de la justicia penal en Occidente.  ¿A dónde iríamos a parar si, principalmente con base en la narración de la víctima, un acusado (tu, por ejemplo) tuviera que probar que es inocente?

Para que se les hiciera justicia a los Molina Thiessen, los responsables de los crímenes cometidos en su contra deberían enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos conforme a los principios fundamentales citados y conforme al debido proceso y en proporción a su responsabilidad; pero no con base en el criterio de un juzgador que sostiene que los relatos deben considerarse reales (pudiendo no serlo, esto lo saben hasta las piedras) y seguramente no con base en el criterio de un juez que sufrió en carne propia el hecho de que los restos de su padre fueron encontrados en un destacamento militar.

Sólo en ese contexto se explica el criterio de que los relatos de la víctima deben considerarse reales y subsisten por sí mismos; y el hecho de que, el día de la sentencia, el Tribunal presidido por Xitumul citó a los acusados a las 3:00 p.m. y aquella resolución no fue dada a conocer hasta las 10:00 p.m.

Procedimientos judiciales como este -por legítimos que sean los reclamos de las víctimas- huelen a venganza, más que a justicia.  Porque no sólo no se establecen plenamente relaciones causales, ni responsabilidades, sino que se privilegian los relatos o narraciones, y da la impresión que hay un ensañamiento, una intención de humillación y un encono más propios del odio, que de la búsqueda de la verdad y de la justicia.


22
May 18

¡Victoria constitucional para los Bitkov!

Como la jueza de Mayor Riesgo D no cumplió con lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones de lo penal, en el sentido de que anulara la resolución con la cual Igor Bitkov fue enviado a nuevo juicio, aquella Sala -que actúa como tribunal constitucional- le fijó un plazo de 24 horas a la jueza Ericka Aifán para que emita una nueva resolución que debería beneficiar no sólo a Igor, sino a su esposa Irina, y a su hija Anastasia.

La Sala amparó a los Bitkov que pedían no ser sometidos a un proceso penal porque son migrantes y sujetos del Protocolo de Palermo; y tanto ese instrumento, como las leyes nacionales benefician a los migrantes para no ser señalados por delitos referentes a su ingreso y paso por territorios distintos a los de sus orígenes. ¡El caso debe ser sobreseído!

La Sala tercera también le ordenó al Ministerio Público que investigue al a jueza Aifán por incumplimiento y desobediencia al no haber cumplido una resolución emitida por aquel tribunal.  Y la cosa no queda ahí, también le impuso una multa de Q1000 a la jueza.

Es cierto que la multa es casi una nadería, comparada con el daño que les ha causado no sólo a los Bitkov, como personas, y al daño que le ha causado al estado de derecho al desobedecer la resolución de un tribunal constitucional; pero casi simbólica y todo, la multa y la investigación, así como la proteccción de los derechos de los Bitkov, son actos de justicia notables.

La resolución de la Sala tercera -constituida en tribunal constitucional- fue emitida justo antes de que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (que ha estado íntimamente ligada a la persecusión del los Bitkov, de la mano del banco estatal ruso VTB), viaja a Washington D.C. para tratar de rescatar aquella comisión luego de que, en la Comisión Helsinki, su credibilidad ha sido puesta en serias dudas.

Velásquez ha conseguido una audiencia privada con la Comisión Helsinki, luego de no haber aceptado un escrutínio público como cualquiera otro.  ¿Qué ocultan Velásquez, la CICIG y la ONU?

Una de las mayores objeciones contra la forma en que opera la CICIG es que lo hace a la sombra, a espaldas de los tributarios y de los electores, sin responder dentro de un sistema republicano de pesos y contrapesos.  Que tiene el poder de aconsejar al Ministerio Público sobre qué causas penales iniciar, cómo iniciarlas y contra quiénes iniciarlas.  Tal poder formidable -porque el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente- no debería ser ejercido en secreto; ni en Guatemala, ni en Washington D.C.

Actualización: La jueza Aifán le está dando largas al asunto y presentó un recurso de ampliación y aclaración.  ¿Qué poderes la protegen, que siente que puede jugarle la vuelta a un tribunal superior?

Ilustración por Deval Kulshrestha, CC BY-SA 4.0,  Wikimedia Commons.


17
May 18

Caso Bitkov: ¿Puede, un juez, compartir información?

La jueza, de Mayor riesgo D, le dio una respuesta detallada, a la embajada de Rusia, acerca de las posibles penas para los Bitkov.  ¡Dos meses antes de que fueran llevados a juicio! ¿No te parece raro que una jueza independiente responda a una solicitud política durante el trámite de un proceso?

Esto viola la Ley del Organismo Judicial porque es prohibido a los jueces y magistrados dar opinión sobre asuntos que conozcan, o deban conocer (Artículo 70, c); los jueces deben excusarse cuando antes de resolver hayan extemado opinión en el asunto que se ventila (Artículo 123). Viola el Código procesal penal porque todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños (Artículo 314).  Viola la Ley de la carrera judicial porque es falta grave no guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva; (Artículo 40).

Ayer, Igor Bitkov, intentó por medio de dos acciones legales separar a la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán,  como contralora en el caso en su contra;  ambos recursos fueron rechazados ya que a consideración de la jueza Aifán no contenían los medios de prueba necesarios que demostraran que había emitido opinión en el caso Migración. Previo al inicio de la audiencia de ofrecimientos de medios de prueba, la defensa de Bitkov accionó en contra de la jueza aduciendo que había externado opinión al remitir un informe solicitado por los magistrados de la Cámara Penal.

Así operó el asunto:

  1. La embajada de Rusia le hizo la solicitud al Ministerio de Relaciones Esteriores.
  2. El Minex remitió la solicitud a la Corte Suuprema de Justicia y generó un expediente de la carta rogatoria: 01004-2017-01088.
  3. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la sección de procedimimientos especiales remitió el requerimiento de la embajada rusa para las juezas Ericka Aifán y Yassmin Barrios.
  4. La jueza Barrios respondió que no podía atender el requerimiento porque tiene prohibición como juez según la Ley del Organismo judicial (Artículo 70 C). Pero La jueza Aifán si respondió y proporcionó la información requerida por la embajada de Rusia.
  5. Las respuestas de las juezas se fueron de regreso a Procedimientos especiales de la Cámara penal de la Corte Suprema de Justicia y de ahí pasó al Minex.
  6. El Minex le proporcionó, a la embajada de Rusia, la informació proporcionada por la jueza Aifán.

Barrios sabía que aquello estaba mal, ¿no lo sabía Aifán?

¿Y esto no es raro?

Las fotos las tomé de Twitter.


16
May 18

Caso Bitkov, CICIG y Guatemala en el ojo de U.N. Watch

Con el título de Agencia de la ONU en Guatemala secuestrada por Rusia en cruel venganza contra familia que desafió al régimen, la organización United Nations Watch publicó un informe sobre la familia Bitkov, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la administración de justicia en este país.

Una agencia poco conocida de la ONU, creada para combatir la corrupción gubernamental en Guatemala, parece haber sido corrompida por Rusia en su venganza contra Igor, Irina y Anastasia Bitkov, quienes escaparon de Rusia a Guatemala en 2008 temiendo por sus vidas después de haberse atrevido a desafiar a Putin, dice el reporte que incluye evidencias de la influencia de Rusia en la CICIG en la persecusión contra los Bitkov. El informe también indica que, en aquella persecusión, la CICIG violó su mandato y la ley de Guatemala.

United Nations Watch es una organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, cuyo mandato es supervisar el desempeño de las Naciones Unidas con el criterio de su propia Carta. United Nations Watch, junto con otras 20 ONG internacionales, organiza cada año la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia. Iniciada en 2009, esta conferencia anual de derechos humanos reúne a reconocidos defensores de los derechos humanos, víctimas, activistas y ex presos políticos, informados por los principales medios de todo el mundo.

Las evidencias citadas por U.N. Watch incluyen las presentadas por Bill Browder, promotor de la Ley Magintsky, ante la Comisión Helsinki del gobierno de los Estados Unidos de América y otras presentadas por los abogados Victoria Sandoval y Rolando Alvarado.

13 de noviembre de 2014 – La CICIG aceptó una queja del banco VTB contra los Bitkov.

21 de enero de 2015 – El Banco VTB emitió un comunicado de prensa alabando las acciones coordinadas del Banco VTB y la CICIG para detener a los Bitkov.

22 de enero de 2015 – La CICIG argumentó, en la corte para que el VTB Bank se una al caso de migración contra los Bitkovs, aunque las infracciones de pasaportes no guardan relación con las acusaciones de VTB Bank -rechazadas por los tribunales guatemaltecos- de que los Bitkov cometieron fraude contra el banco en Rusia.

26 de enero de 2015 – Un importante periódico ruso, Kommersant, informó que los abogados del VTB Bank involucraron a la CICIG en el caso Bitkov.

14 de diciembre de 2017 – VTB Bank y la CICIG presentaron un recurso para anular la decisión del Tribunal de Apelaciones de Guatemala en favor de Bitkov.

25 de abril de 2018 – Aunque el tribunal constitucional de Guatemala confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones en favor de Bitkov y rechazó la apelación del VTB Bank y la CICIG, el caso fue enviado para su reconsideración por el mismo tribunal penal que erróneamente enjuició a los Bitkov.

Esto es importante porque algunos defensores de la CICIG siguen negando que haya evidencias; a pesar de que ya fueron presentadas hace días.  La evidencia presentada por Sandoval es que la CICIG inició un procedimiento para enviar a un orfanato al hijo menor de edad de los Bitkov; y la presentada por Alvarado se refiere al uso excesivo de la fuerza durante el primer cateo de la casa de los Bitkov, fuerza que fue justificada por un fiscal con base en que el cateo estaba relacionado con el reclamo de VTB, reclamo que ya había sido rechazado por una corte guatemalteca.

La historia triste de los Bitkov ha sido resumida en varios artículos publicados por The Wall Street JournalThe New York Times, y National Review, entre otros, explica el reporte de U.N. Watch.

 


11
May 18

VTB, la CICIG y los Bitkov en la Comisión Helsinki

El empresario Bill Browder presentó, ante la Comisión Helsinki, un listado de evidencias documentales que prueban que le banco estatal ruso VTB trabajó con la CICIC la persecución de la familia Bitkov, en Guatemala.

Bill Browder es el promotor de la ley Magnitski, que en sus inicios buscaba castigar a funcionarios rusos involucrados en el asesinato de Sergei Magnitski mediante no dejarlos entrar a los Estados Unidos de América y mediante la prohibición de que usen el sistema bancario de aquel país; y luego se extendió a funcionarios globales involucrados en abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. En Guatemala, un diputado acusado del asesinato de dos periodistas fue sancionado por los EE.UU, con la ley Magintski.

Recientemente uno de los banqueros rusos involucrados en este asunto es Andrey Kostin, presidente del banco estatal VTB que ha sido objeto -junto a otros oligarcas rusos- de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, que le ha aplicado la ley Magnitsky, que equivale a una muerte financiera internacional.

Las evidencias provistas por Browder incluyen que: el 13 de noviembre de 2014 la CICIG aceptó una queja de VTB contra los Bitkov: el 21 de enero de 2015 VTB publicó un boletín de prensa en el que elogiaba las acciones coordinadas entre VTB y la CICIG, que llevaron a la captura de los Bitkov; el 22 de enero de 2015 la CICIG arguyó, en la corte, que VTB de debería ser aceptado en los procedimientos judiciales contra los Bitkov.

Las evidencias también incluyen que: el 26 de enero de 2015 un periódico de negocios, ruso, reportó que los abogados de VTB estaban involucrados con la CICIG en el caso contra los Bitkov; el 14 de diciembre de 2017 VTB y la CICIG presentaron una apelación que buscaba anular un amparo a favor de los Bitkov; y el 25 de abril de 2018 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló a favor de los Bitkov y rechazó una apelación de VTB y la CICIG.

Claro que la CICIG no actúa directamente en los tribunales, sino que lo hace por medio del Ministerio Público, de acuerdo con su mandato.  La CICIG hace las investigaciones para el MP, lo asesora en cuanto a qué casos perseguir y con qué intensidad y le arma los casos.

Hay un caveat, sin embargo, con normas como la legislación Magnitsky, La legislación de extinción de dominio, o la lista Engel por mencionar tres: Por supuesto que a uno le alegra que los malos sean castigados; pero la legislación referida y la práctica mencionada son disposiciones ejecutivas -y por lo tanto políticas- que violan el debido proceso, y la presunción de inocencia.  Además son expropiatorias. Nada tienen que ver con la administración de justicia.  Son un sanbenito y pueden resultar en una forma de linchamiento o asesinato de carácter que tiene efectos profundos en la prensa, las redes sociales, en la opinión pública y, hasta en los tribunales.

Todo aquello no sirve a la justicia, ni siquiera si cae sobre los malos. ¿Y qué tal si cae sobre los buenos? El problema grave de castigar políticamente, al margen de las garantías procesales, es que se abre una puerta ancha para la arbitrariedad y para el ejercicio de la guerra jurídica o lawfare

En Guatemala esa puerta fue abierta durante los tiempos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG; y la cuestión es si queremos que siga abierta.  

¡Por supuesto que los malos -como los esbirros de Putin y los violadores de derechos humanos- deben enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos delictivos y abusadores! Pero no por medio de decisiones políticas, no a riesgo de decisiones arbitrarias y no al margen de las garantías procesales. 


08
May 18

¿Por qué se van los chapines y no regresan?

El ingreso de divisas por remesas familiares creció en el primer trimestre de 2018.  Mientras tanto, en Guatemala el Indice de confianza en la actividad económica sigue en picada, igual que el crédito bancario al sector privado, y en contraste la tasa de desempleo, en los Estados Unidos de América, ha llegado a su nivel más bajo en 18 años. Guatemala aleja a su gente y los migrantes chapines, ¿qué incentivo tienen para regresar si allá las cosas van bien y aquí las cosas pintan mal?

De aquellas circunstancias me acordé cuando leí el arttículo titulado George Soros and the “Caravan”, publicado en The Wall Street Journal.

La “caravana” de centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos, que busca asilo, tiene a algunos conservadores retorciéndose las manos a causa de una invasión hispana. Deberían, en cambio, preguntarse qué hay detrás de la desestabilización de los países a los que han huido esos migrantes desesperados, dice la columnista, y miembro del Consejo Editorial del WSJ, Mary Anastasia O´Grady.

De forma certera, la autora apunta a que la corrupción, el estatismo y el capitalismo de amigos [el viejo y conocido mercantilismo] en América Central han conducido a la región a la pobreza y la exclusión. También, de forma certera, O´Grady señala que los liberales clásicos de la región entienden esta conexión y han luchado para fortalecer el estado de derecho. Pero sus esfuerzos se han visto socavados por las redes criminales de financiamiento del narcotráfico que agobian a las instituciones.

Muchas personas, en Guatemala, creyeron que el remedio contra aquel azote y el de otras mafias, iba a ser la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; pero yo advertí, desde que esa comisión era discutida y se iba a llamar Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos, que el concepto presentaba dos peligros: 1. Que los chapines abdicábamos a la responsabilidad de resolver nuestros problemas; y 2. Que un organo perseguidor, todopoderoso, era un peligro.  Y dicho, y hecho.

La columnista dice que existe evidencia sustancial de que la solución financiada por los EE. UU. para el problema en Guatemala [la CICIG], utilizando un fiscal de las Naciones Unidas, ha sido corrompida por actores sin escrúpulos y la por ideología izquierdista de Organización de las Naciones Unidas, y más razón no podría tener. A mí, por cierto, ya no me gusta usar izquierda y derecha porque son términos vacíos y su significado cambia dependiendo de los contextos.  Yo digo, para aclarar las cosas, que la solución ha sido corrompida por la ideología socialista de la ONU…y por los actores inescrupulosos.  Hace ratos sostengo que los guatemaltecos enfrentamos un project of nation buliding diseñado para llevarse a cabo sin la aprobación de los chapines en las urnas electorales y para mí es cada vez más evidente que se hace por medio de los organos jurisdiccionales (los tribunales y las cortes) y del manejo de la opinión pública a nivel de acuerdos entre oligarquías de todos los colores. Para aclarar las cosas la oligarquía es un grupo minoritario de personas, pertenecientes a un mismo estrato social, generalmente con gran poder e influencia, que dirige y controla una colectividad, o institución.

Algunas de esas oligarquías son ese montoncito de organizaciones no gubernamentales y operaciones mediáticas que trabajan en Guatemala y que están financiadas por la Open Society Foundations de George Soros y otros de esa persuación. En ese caso, sus instrucciones son rodear los vagones para defender al fiscal de la CICIG, Iván Velásquez, y destruir a quienes se atrevan cuestionarlos.

Los estadounidenses se están preguntando, con razón, por qué es que los Estados Unidos financian aquella operación de la ONU carente de responsabilidad y transparencia.  El caso que disparó las alarmas es el de la familia Bitkov, porque parece evidente de que esa familia es víctima de persecusión por parte de Vladimir Putin, por medio del banco estatal ruso VTB y parece evidente que la familia fue embaucada por una red de corrupción en Migración, el Renap y otras oficinas estatales de Guatemala.  Este no es espacio para los detalles; pero lee otras entradas al respecto y el artículo  George Soros and the “Caravan”.

En el, Mary Anastasia O´Grady concluye: En una declaración hecha ante la audiencia de la Comisión Helsinki, el Senador Mike Lee (R., Utah) señaló que, si bien la CICIG fue “creada para erradicar la corrupción y defender el estado de derecho”, se ha convertido en un árbitro extrajudicial, parcial e injusto . “Su politización es injusta para todos los que buscan una Guatemala libre y próspera”. Algo en lo que pensar cuando los autobuses llenos de refugiados llegan a la frontera [entre México y los EE.UU.].


02
May 18

¿Un candidato sin compromisos?

Mientras continúe vigente el sistema político y administrativo de incentivos perversos, mientras en la administración pública abunden las posibilidades de negocios y de arbitrariedad, la ilusión de tener candidatos sin compromisos para los cargos públicos más influyentes y poderosos es eso…una ilusión.

La meditación viene al caso porque durante el procedimiento judicial llevado a cabo el miércoles 25 de abril, en el juzgado de Mayor riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán, según las colaboradoras eficaces, el ahora Presidente de la República y entonces secretario general del partido FCN-Nación, Jimmy Morales, habría dicho que no quería que el dinero de los empresarios ingresara a su partido para evitar que su imagen de “candidato sin compromisos” se viera afectada, ya que era lo que, consideraba, lo había elevado en las encuestas. Ya lo dijo Henry David Thoreu, por cada mil personas atacando las ramas de un problema, hay una sóla atacando sus raíces. Mientras no entendamos que los orígenes de la corrupción y de los compromisos están en la arbitrariedad, y no en la falta de controles, seguiremos atacando ramas y no raíces.

Por otro lado, en Camino de Servidumbre, capítulo 10, Friedrich A. Hayek explicó por qué es que los peores se ponen a la cabeza, en un sistema como el guatemalteco, o en cualquier sistema con las características colectivistas del nuestro:  De la misma manera que el  gobernante democrático que se dispone a planificar la vida económica tendrá pronto que enfrentarse con la alternativa de asumir poderes dictatoriales o abandonar sus planes, así el dictador totalitario pronto tendrá que elegir entre prescindir de la moral ordinaria o fracasar. Esta es la razón de que los faltos de escrúpulos y los aventureros tengan más probabilidades de éxito en una sociedad que tiende hacia el totalitarismo. Quien no vea esto no ha advertido aún toda la anchura de la sima que separa al totalitarismo de un régimen liberal, la tremenda diferencia entre la atmósfera moral que domina bajo el colectivismo y la naturaleza esencialmente individualista de la civilización occidental.

Durante los procedimientos judiciales citados arriba, una de las colaboradoras eficaces, dijo: Recuerdo que mi primo…era el único que estaba enojado. Nos dijo que le parecía increíble que ese señor que era candidato a Presidente nos sugiriera darle dinero fuera de su partido. Nos cuestionó que por qué en Guatemala todo se tenía que hacer bajo de agua.

Una vez más, aquella maña de ir a por las ramas, en vez de ir a por las raíces, pone énfasis en las formas y no en el fondo.  En ese contexto, no hay distinción alguna entre el dinero que viene del narcotráfico y de las mafias, y el dinero que viene de personas que no son criminales.  No hay distinción alguna entre el dinero que sirve para conseguir privilegios, negocios, favores e impunidad, para decir algo, y el dinero que sirve para garantizar que se respete la voluntad de los electores.  Yo no digo que los actos que están siendo juzgados deban quedar impunes, ¡para nada!; pero no deben ser sacados de proporción.

¡Para escándalo es la fetidez que sospecho que los fiscales encontrarían si abrieran las gavetas de Unidad Nacional de la Esperanza y las del Partido Patriota, por mencionar dos!

Una vez más, son el sistema de incentivos perversos y la abundancia de oportunidades de negocios y la arbitrariedad la tierra fértil no sólo para la opacidad, sino para tratos y arreglos ruines. De ahí que la llamada de atención, por parte de Hayek sea muy relevante, tomando en cuenta que, si ves con detenimiento, en nuestros países todas las tiranías vigentes -especialmentee las que los jóvenes tienen que salir a echar a pedradas y a costa de sus vidas- fueron precedidas por regímienes corruptos de los que la gente ya estaba harta, ¿qué dice Hayek?  Tenemos que retornar por un momento a la etapa que precede a la supresión de las instituciones democráticas [y yo diría que republicanas, no democráticas]  y a la creación de un régimen totalitario. En este punto, la general demanda de acción resuelta y diligente por parte del Estado es el elemento dominante en la situación, y el disgusto por la lenta y embarazosa marcha del procedimiento democrático convierte la acción por la acción en objetivo. Entonces, el hombre o el partido que parece lo bastante fuerte y resuelto para “hacer marchar las cosas” es quien ejerce la mayor atracción. “Fuerte”, en este sentido, no significa sólo una mayoría numérica; es la ineficacia de las mayorías parlamentarias lo que tiene disgustada a la gente. Lo que ésta buscará es alguien con tan sólido apoyo que inspire confianza en que podrá lograr todo lo que desee. Lo que estará buscando es un dictador.

¿Te das cuenta del peligro? Es peligroso concentrarse en las ramas y olvidarse de las raíces.

La imágen es de dominio público, via Wikimedia Commons


01
May 18

Justicia en el Día del trabajo

En buena parte del mundo hoy se celebra el Día del trabajo y esta entrada se las dedico a todos aquellos que no pueden trabajar porque alguien se los impide deliberadamente.  Por ejemplo: los trabajadores de la mina San Rafael, a quienes la Corte de Constitucionalidad les niega justicia.

Nueve meses que estamos sin empleo, que los magistrados nos dejen trabajar, a mí la mina me ayudaba bastante con el seguro yo tengo a mi esposo enfermo y sólo soy yo la que trabaja, entonces queremos que por favor, se pongan la mano en la conciencia, queremos trabajar, sólo yo no puedo salir adelante, dice una mujer de nombre Amparo en un anunció que escuché en Libertópolis.

Como colaboradores de Minera San Rafael hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael, de esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias, nuestros hijos nos exigen educación , nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro, dice un hombre de nombre Henry, en otro anuncio.

En serio, Magistrados, ¿qué les responden a doña Amparo y a don Henry y a sus hijos? ¿Cómo hacen ustedes para dormir tranquilos en las noches?

Desde hace nueve meses los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se han negado a resolver el problema de la mina San Rafael, y mientras tanto, ¿cuántas familias -que podrían vivir del trabajo productivo- están pasando penas?

Si tienes trabajo, agradece que no hay intereses políticos que te impidan llevar el pan a tu mesa.