¿Cuántos cigarros y cuántos octavos le ha ofrecido a Maximón Sandra Evita Torres? ¿Quién la protege? ¿Vas a creer que el caso penal que se lleva en su contra estaba listo 117 días antes de que recibiera inmunidad como candidata presidencial?
¿Qué quiere decir, exactamente, que el caso estaba listo? ¿Vas a creer que un caso de tanta, pero de tanta trascendencia jurídica y política se iba a atascar solito en un escritorio de la Fiscalía General del Ministerio Público? ¿Vas a creer que la Corte Suprema de Justicia no se enteró a la hora de rechazar la solicitud de retiro de inmunidad en el contexto de un caso por financiamiento electoral ilícito?
Imagen de Maximón o Mam.
¿Por qué es que la CICIG (¿todavía existe la CICIG?) y la FECI dejaron pasar 117 días y hasta ahora dan la alarma? ¿No tuvieron oportunidad de advertir a la CSJ de la existencia de este caso que ya estaba en el MP? Según la CSJ para el 27 de febrero pasado, sus miembros no tenían elementos de racionalidad suficientes para retirarle la inmunidad a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. Yo creo que la Fiscal General tiene explicaciones que dar en este intríngulis; ¡pero también tienen que dar explicaciones la CICIG y la FECI…y la fiscal de 2015!
El proceso contra Sandra Evita Torres se originó de las pesquisas del caso llamado Traficantes de Influencias, en el que empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el Tribunal Supremo Electoral por la Unidad Nacional de la Esperanza en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.
Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido, según la acusación del MP, fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo– y la última con Ixcamey.
Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.
Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.
¿Qué le ha ofrecido a Maximón, Sandra Evita Torres, para safarse de estas?
Eso sin contar que el 27 de marzo pasado se conoció un audio en el que Torres habla con Gustavo Alejos acerca de aportes de financistas (en 2015, ¿quién era fiscal general en 2015?). La conversación revela la implicación de Torres y Alejos en la captación de fondos para la campaña de la UNE en las elecciones de hace cuatro años.
Hace cuatro años, Torres era la consentida de la CICIG y de sus patrocinadores; puesto que perdió por las colas que tenia y frente a Thelma Aldana. Ahora que Aldana anda prófuga (por las colas que tiene), ¿quién se beneficiaría si su caso presentado por la CICIG al Ministerio Público se atorara ahí, sin seguimiento apropiado de parte de la Comisión y de su aliada, la FECI, a sabiendas de que Torres iba a ser inscrita como candidata y de que luego de ello tendría inmunidad?
¿Quién protege a Sandra Torres?
