A pesar del clima de tensión que se vive en Bolivia, mañana se celebrará el referendum para decidir la autnonomía del departamento de Santa Cruz.
El gobierno de Evo Morales alega que procesos como el de Santa Cruz carecen de legalidad y de legitimidad; empero, por medio de los cabildos, miles de bolivianos reclaman descentralización y autonomía; aspiraciones perfectamente aceptables en el marco de la democracia y del estado de derecho que, además, ya existían antes de la llegada al poder por parte de Morales.
En ese contexto, la campaña de descrédito contra los estatutos autonómicos que Morales y su gobierno han emprendido, no contribuye a la consolidación de una democracia participativa como la que supuestamente dice promover el gobierno. Buscando la ayuda de Caracas, La Habana, Europa y la OEA, el gobierno de Morales ha perseguido deslegitimar el referendum, en abierta oposición a esa epxpresión democrática, sólo porque “éstas no se pliegan a los deseos oficiales”. La pretensión de que el proceso autonómico es ilegítimo carece de sentido y de sustento legal alguno.
En la víspera de tan extraordinario acontecimiento, Morales y su gobierno serán ejemplares si recuerdan que la responsabilidad del establecimiento de un clima de respeto, en el cual pueda alcanzarse un resultado pacífico y democrático, pesa sobre su administración. No sólo a nivel boliviano, sino a nivel latinoamericano.
La mismísima constitución de Bolivia, es clara en cuanto a que “La soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa; es inalienable, inembargable, indivisible, imprescriptible e indelegable, y de ella emanan las funciones y atribuciones del poder público”.
