La Unidad nacional por las víctimas de tránsito afirma que los accidentes viales son la segunda causa de muertes en Guatemala y la primera de heridos y discapacitados.
Pero los pilotos y los propietarios de los buses se rehusan no sólo a hacerse responsables; sino que obstaculizan la entrada en vigencia del seguro obligatorio. El seguro de responsabilidad civil es un beneficio para quien tiene un accidente y termina causando daños. Además, es una garantía para las víctimas del daño…y evitaría que -en caso de accidente- ciertos pilotos sientan la necesidad de salir armados con una llave de chuchos, o con un machete, para evitar su responsabilidad.
La situación no va a cambiar a menos que se libere completamente el mercado de transporte. A menos que las autoridades cesen de conceder monopolios en las líneas. A menos que los usuarios puedan elegir entre viajar en un bus asegurado, o en uno que no lo esté; y a menos que las víctimas de aquellos accidentes se unan y demanden judicialmente a los responsables y obtengan compensaciones justas que por sus montos sean incentivos para preferir el pago del seguro. Los pilotos y propietarios no van a pagar seguro mientras sea barato no hacerlo. Mientras no haya consecuencias jurídicas considerables por no pagarlo. El mercado de seguros, por cierto, también debería ser libertado. No ha motivo alguno para forzar a los transportistas a pagar seguros del cártel local.
Mientras tanto los bloqueos organizados por los transportistas son ilegales y atentatorios contra la libertad de los guatemaltecos y nada, pero nada tiene que ver con el derecho de manifestación. ¿Por qué es que un bebé debe nacer en un automóvil por el capricho de los transportistas? Esos bloqueos para evadir responsabilidades y para pedir privilegios son actos violentos e ilegítimos. Dichos actos criminales deben ser combatidos por las autoridades, en defensa de la gente que se moviliza pacíficamente.
