25
Feb 18

Devastación en Laguna del tigre

Una zona talada -de 14 manzanas- en el parque nacional Laguna del tigre, en Petén,  fue localizada durante una operación de reconocimiento que se hizo en puntos vulnerables del Biotopo Laguna del Tigre y en  el área limítrofe con México, con el objetivo de monitorear zonas invadidas por personas procedentes de Quiché y Alta Verapaz.

A finales del siglo pasado visité el parque nacional de la Laguna del tigre, donde convergen los ríos San Pedro y Sacluc. Allá aprendí algo sobre las hermosas guacamayas y sobre el cultivo de hierbas medicinales. Comprobé, con tristeza, que El Perú-Waka había sido intensamente saqueado antes de que los arqueólogos pudieran excavarla y estudiarla apropiadamente; que lo que queda allá es lo que los depredadores no quisieron llevarse, o lo que escapó a sus garras.

Los patrullajes se incrementaron a raíz de que los invasores talan grandes extensiones de bosque con la finalidad de convertir el área en una zona agrícola o ganadera, por lo que se mantendrá un control permanente en áreas protegidas de los parques Laguna del tigre, Yaxhá, Sierra del lacandón y Biotopos Cerro Cahuí y El zotz.

Voy a atreverme a especular que si hay un área talada así, posiblemente hay otras; y voy a atreverme a especular que, como los taladores son pobres migrantes, no falta quien se oponga a que se criminalice su actividad.  Es un hecho que los políticos y burócratas a cargo de la conservación de áreas como Laguna del tigre y otras no tienen capacidad alguna para cumplir con su razón de ser.

De hecho, ayer nos enteramos de que en el área protegida Punta de Manabique, en Izabal, grupos de campesinos talan especies en vías de extinción y se estima que al menos ocho caballerías han sido devastadas.  Los lugareños, al salir a luz la denuncia, temen por sus vidas.

En esta semana, leímos, también, que los políticos y burócratas encargados de proteger el patrimonio histórico del país, tampoco están en la capacidad de cuidar los tesoros mayas recién descubiertos, gracias a la tecnología LiDAR y a la colaboración entre Pacunam y NatGeo. Eso es evidente con lo que acabo de contar de Perú-Waká, y con mi experiencia durante el viaje que hice a El Mirador.  Durante todo el camino, de cinco días ida y vuelta, vimos estructuras saqueadas. Es un hecho que los políticos y burócratas que tienen a su cargo la conservación del patrimonio cultural, ¿del país?, tampoco tienen la capacidad de cumplir con su razón de ser.

Los políticos y burócratas no pueden conservar La Antigua, ni Amatitlán, ni Atitlán, ni nada para ser francos.  Pero, si así es con las carreteras, las escuelas y los hospitales, ¿cómo iba a ser diferente con el pasado, y con la naturaleza?

En estas condiciones, y ahora más que nunca, antes de que sea demasiado tarde, es necesario preguntarse, ¿a quién pertenece la historia y a quién pertenecen los recursos naturales?  Es hora de preguntarse si queremos, o no conservar esos recursos y aquella historia.  Y si la respuesta es que sí, que si queremos conservarlos, es el momento para explorar: Si lo que estamos haciendo es inútil y costoso (porque es costoso), ¿qué opciones tenemos? ¿Hay ideas nuevas sobre como conservar la historia y los recursos naturales?

Yo digo que sí; y que aquella exploración no debe ser contaminada por consideraciones ideológicas, sino que debe atenerse a evidencias.  Por eso, si te interesan estos temas, te invito a visitar:

¿A quién pertenece el pasado?

Red de amigos de la naturaleza 

La foto 2 muestra la convergencia de los ríos San Pedro y Sacluc, y en la foto 1 hay un lagarto, ambas las tomé durante mi viaje por el río San Pedro y Laguna del tigre.


31
Ene 18

El Congreso debe poner en su lugar a la Corte de Constitucionalidad

Como ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito, el Congreso de la República -no sólo junta directiva- hace bien si le pide a la Corte de Constitucionalidad que revoque el amparo provisional por medio del cual le ordenó al Congreso que realice una nueva elección para Junta Directiva, o por lo menos que explique en detalle por qué tomó esa decisión. ¿Por qué? Pues en defensa del sistema republicano y del estado de derecho.  Debe quedar claro que lo que está haciendo la Corte de Constitucionalidad no es judicializar la política, ni establecer un tipo de gobierno de los jueces, ni forzar al Congreso a hacer algo inconsitucional.

Escucha el podcast aquí.

La Corte de Constitucionalidad ordenó la nueva elección sin escuchar a las partes, en violación del debido proceso de acuerdo con el cual nadie puede ser condenado sin antes sido oído y vencido en juicio. El propósito del amparo es proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido; y en el caso de esta elección, no se ve por dónde habría una violacion de derechos contra la organización que interpuso el recurso…ni contra alguien más.  En su actuación, la Corte de Constitucionalidad está interfiriendo activa y descaradamente en un proceso netamente político, como lo es el de decidir qué representantes de los electores (o mandantes) van a dirigir el Congreso durante el año siguiente.  No está claro -y la Corte debe aclarar en qué condiciones y por qué- si el artículo 60 transitorio del Decreto 14-2016 es aplicable.  Ese artículo es un castigo para los tránsfugas, les impide formar parte de otro bloque legislativo y les impide presidir comisiones, o formar parte de la junta directiva del Congreso. Está en duda si ese artículo se le aplica a la diputada Alejandra Carrillo (por cuestiones de temporalidad), y no parece razonable que, aunque el artículo se le aplicara a ella, su aplicación debería extenderse a sus compañeros de planilla, que son la actual junta directiva del Congreso.

En mi opinión aún si el artículo le fuera aplicado a Carrillo -y sospecho que no lo es- debe ser respetada la representatividad de los otros diputados, que llegaron al Congreso como representantes de los mandantes (o electores) que votaron por ellos.  Es un error, de fondo y de forma, tratar a los diputados como si fueran representantes de partidos políticos (que no son esos intermediarios entre mandantes y mandatarios,  ni esas plataformas programáticas que describen los libros de texto, sino  roscas electoreras para llegar al poder).  Los diputados son representantes de quienes votaron por ellos, y sólo a ellos y a sus conciencias se deben. Por eso es que nunca he estado de acuerdo con que exista una obligación moral de los diputados con la disciplina de partido.  Este es un tema propio de la legislación electoral; pero esta es una buena oportunidad para discutirlo y aclararlo.

Adicionalmente esta la cuestión de que la Corte de Constitucionalidad, anteriormente, ya  había resuelto que la descalificación, por cualquier motivo, de los integrantes de una planilla que se encuentre participando en un proceso eleccionario, no podrá afectar a los demás miembros de la misma planilla, dado que la imputabilidad de cualquier situación anómala que se realice, es netamente personal sin que dicha circunstancia pueda afectar a los demás.  Cualquiera que entienda el tema de la responsabilidad individual y su relación con las consecuencias jurídicas de los actos propios tendría por razonable aquella resolución, y desconfiaría de un giro que pretendiera salpicar de responsabilidad a los integrantes de una planilla, en función de los actos imputables de un miembro de esa planilla.  El criterio colectivista, de la responsabilidad colectiva por actos ajenos, es un despropósito.

Te recomiendo que leas el voto razonado de la magistrada Dina Ochoa, miembro de la Corte de Constitucionalidad.

Dicho lo anterior, si los que se oponen a la actual junta directiva del Congreso quieren una nueva y más sana, no es serio que en ella hayan incluido a la Unidad Nacional de la Esperanza, que es el partido, de los Colom/Torres e incluye a personajes tan cuestionables, corruptos e impresentables, como cualquiera.

Es peligrosa la judicialización de la política, es peligroso el gobierno de los jueces, es peligroso que, por quién sabe qué presiones y de donde, los organismos del estado acaten ordenes ilegales, peor si es a costa del mandato que han recibido de los electores.

Las funciones principales de la Corte de Constitucionalidad son la defensa del orden constitucional, y en consecuencia del estado de derecho y de la certeza jurídica del país; y el Congreso es la representación de los tributarios, los electores y los mandantes.  Los miembros de ambos órganos harían bien en recordar que el poder proviene del pueblo y que su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley; así como que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República.

Lo que está ocurriendo es grave y debe resolverse conforme a la Constitución y las leyes; no conforme a intereses particulares meramente vinculados con la cuestión de cómo hacer para hacerse del poder sin ser electos.   El Congreso debe poner en su lugar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que son responsables de la resolución en cuestión.

La ilustración la tomé de Facebook.


28
Nov 17

Hondureños nadan hacia honduras

Dos cosas destacan de lo que está ocurriendo en Honduras, en materia electoral: Primero, la ineficiencia de su sistema electoral; y segundo, la miopía de sus élites.

Al ver que ha pasado la noche del domingo, todo el lunes y lo que va del martes, y el Tribunal Supremo Electoral de Honduras no ha podido ofrecer resultados confiables de los comicios; lo que se me ocurre es comparar aquello con el desempeño del sistema electoral chapin. Aquí, las juntas electorales y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala siempre ofrecen un elevadísimo porcentaje de conteos, antes de la media noche del día de las elecciones, y los chapines podemos irnos a la cama con una idea certera de qué es lo que ha ocurrido.

A veces uno da por sentado que las cosas son así; pero pueden no serlo.  Lo cierto es que, desde mediados de los años 80, el desempeño de las juntas electorales y del TSE son ejemplares en materia de cómo es que se hacen los escrutinios, cómo es que se garantizan la transparencia y la fluidez de los datos y cómo es que se respeta la voluntad de los electores.  Es posible que a veces haya tropezones; pero nunca hemos visto nada parecido a lo que están viendo los catrachos.

En cuanto a la miopía de las clases dirigenciales, una vez más está claro que las élites istmeñas están más interesadas en conservar el estado benefactor mercantilista del que se sirven, que en garantizar la cooperación social pacífica en el marco del respeto a los derechos individuales de todos, sin privilegios.  En Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, y ¿Guatemala?, parece evidente que hay más interes en encontrar un modus vivendi para el corto plazo, que en contribuir a que las sociedades (como tales) sean viables en el largo plazo.  Esa miopía elitista, unida a las estrategias gramscianas en los campos de la educación, la cultura, los medios masivos de comunicación, el pensamiento único y el lenguaje están arrastrando a los centroamericanos por un camino de servidumbre y de miseria que va a costar vidas humanas.  Vidas humanas entre los grupos más vulnerables.

Los hondureños han tenido que elegir entre un político manipulador y mañoso, de nombre Juan Orlando Hernández; y un outsider manipulador y mañoso, de nombre Salvador Nasralla.  Nada bueno va a salir de eso; aunque quizás los chapines podamos aprender algo, si es que uno puede aprender de lo que ve que ocurre en la vecindad.

¿Podemos?


29
Sep 17

Tenemos estos pendientes

Luego de una eventualidad negativa que afectara mi vida, o las vidas de la familia sin causar daños mayores, mi tía abuela, La Mamita, solía decir: Todo pasó, sin que pasara nada y es, precisamente, lo que no debería ocurrir en Guatemala.

¿Qué debería pasar?

Es importante un diálogo cuya misión sea entender el fenómeno político que atravesamos; así como encontrar los temas mínimos en los que podemos estar de acuerdo tirios y troyanos (y todo lo que hay en medio).  Estos acuerdos deben estar encima de ambiciones y necedades.  No estoy seguro de quién debería convocarlo, ni de cuál sería la metodología, pero sería genial si no fuera de carácter corporativista, como suele ocurrir.

Es importante una ley electoral que: 1. Nos devuelva, a los mandantes, el control como tales; 2. Fortalezca el TSE, qua supremo e independiente; 3. Facilite la fundación de partidos políticos que sean intermediarios entre los mandantes y los mandatarios y plataformas ideológicas y programáticas. 4. Les quite a los partidos el monopolio de la presentación de candidatos a diputados. 5. Establezca distritos electorales pequeños.; y 6. Permita la elección de diputados uninominal, o por listas abiertas. Un sistema político que huya, como de la peste, de: el bipartidismo, o tripartidismo artificial, de las cuotas colectivistas y del financiamiento estatal para los partidos.

No es menos importante la reforma del sistema de justicia.  Una que nos permita conseguir una administración de justicia pronta y cumplida, y que fortalezca el estado de derecho y la institucionalidad (o tal vez que los funde). Una abordada desde una perspectiva cívica y que nos permita luchar contra la injusticia, la corrupción y la politización. El CEES tiene una, que te invito a conocer en goo.gl/5pbww8

No debe quedarse atrás la necesidad de desarmar el sistema mercantilista, patrimonialista, multiplicador de privilegios y fabricante de miseria que es caldo de cultivo de la corrupción e impunidad.  Eso implica reconocer que estos son consecuencias -a veces intencionadas, pero muchas veces no intencionadas- de ideas concretas sobre cuál es la naturaleza del ejercicio del poder público.

Tengo confianza en los chapines, ¿y tú?

Columna publicada en elPeriódico; y la ilustración la tomé de Facebook.


13
Sep 17

Catón y el aprendiz de hechicero: dos historias

Primera historia: Entre algunos de mis cuates, el tribuno romano Catón el joven es admirado por probo, determinado y escrupuloso (y yo comparto la admiración por esas virtudes).  Catón colaboró con uno de mis héroes, que es Cicerón, contra la conspiración de Catilina. Catón y Cicerón erradicaron el peligro de aquella conspiración y los participantes fueron sentenciados a muerte.  Durante aquellos eventos, Catón y Julio César se enemistaron.

Pasado el tiempo, Catón y su partido acusaron a Julio César de hacer la guerra de forma ilícita en la Galia, y querían hacerlo volver a Roma, incluso llegaron a proponer que César fuera entregado a los germanos. Más tarde Catón se unió a Pompeyo, el enemigo de César.  Catón y su partido declararon a César como enemigo de la república y le exigieron que licenciara a sus tropas.

Julio César demandó que el senado lo nombrara proconsul, para quitarse de encima el acoso de Catón y su partido; pero el senado le negó el nombramiento. Catón y su partido declararon a César como enemigo de la república y le exigieron que licenciara a sus tropas. Acorralado, César cruzó el río Rubicón con su hueste, y ahí -para hacer corta la historia- terminó de quebrarse la república romana.

Algunos, entre mis cuates amigos sostienen que si Catón no hubiera acorralado a César, otra sería la historia; y no por un ánimo pusilánime de apaciguamiento, sino por entendimiento político/praxeológico. Y pienso que quizás podamos aprender algo de esta historia si queremos una reforma política y desmantelar el sistema de arbitrariedad, privilegios y clientelismo.

Segunda historia: ¿Recuerdas Fantasía?  Mickey es fámulo de un hechicero capaz de hacer conjuros impresionantes.  En ausencia del nigromante, Mickey  decide usar la magia para conseguir que una escoba lo sustituya en la tarea agotadora de acarrear agua.  En sueños Mickey organiza un show de luces y en su entusiasmo de aprendiz de hechicero domina las aguas y las tempestades. Mickey despierta para darse cuenta de su escoba mágica está inundando el lugar y que no puede detenerla. Con un hacha destruye aquella escoba, sólo para que de las astillas surjan más escobas que no cesan de acarrear agua y de empeorar la situación.  Mickey no puede contra las miles de escobas y termina en un remolino incontrolable.

Imagen de previsualización de YouTube

De aquello me acordé cuando leí, de Joseph Schumpeter, que la Historia es un récord de efectos, la mayoría de los cuales nadie tenía la intención de producir. Mickey quería resolver un problema, pero las consecuencias no intencionadas de su experiencia como aprendiz de hechicero empeoraron las cosas; y lo relacioné con lo que está pasando en Guatemala.

Durante décadas –y yo creo que por irresponsabilidad ciudadana– los chapines criaron un sistema corrupto y plagado de privilegios que hace dos años que está haciendo agua  Ahora, y a última hora, hay  gente que quiere que todo se arregle para ayer.  ¡Todos queremos acabar con la corrupción y la impunidad!; pero como Mickey, no han faltado los que están dispuestos a hacer cualquier cosa, sin tomar en consideración las consecuencias no intencionadas.

La ilustración de Catón el joven es por Jean-Baptiste Roman & François Rude (M.Romero Schmidkte), CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons


12
Sep 17

Jalisco y las “organizaciones campesinas”

¿Ya sabes lo que se dice de Jalisco, verdad? Que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Lo dicen quienes quieren mostrarte valientes y terribles, y pretenden infundir miedo.

De eso me acordé cuando leí que miembros de varias organizaciones campesinas están bloqueando vías en la ciudad de Guatemala y se dirigen al Congreso de la República para presionar con el objetivo de que le sea retirada la inmunidad a Jimmy Morales.

Esta operación ocurre un día después de que aquel organo rechazara retirarle el antejuicio al Presidente tal y como lo había solicitado el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.  El propósito de corto plazo de aquella solicitud es investigar al Mandatario por el supuesto delito de financiamiento electoral ilegal (del cual la comisión pesquisidora del Congreso no encontró evidencias); pero el propósito a mediano plazo es remover a Morales, de la Presidencia y sustituirlo por Jafeth Cabrera (el Vicepresidente); para luego remover a este e imponer un Presidente electo a dedo y al margen de la voluntad popular expresada en comicios. Un Presidente cuyas acciones hagan germinar la semilla de un proyecto socialista.

El plan falló ayer porque se impuso el buen juicio en el Congreso donde privó el criterio de que el Tribunal de antejuicio deberá declarar sin lugar la solicitud, aunque haya plena comprobación de que le funcionario es culpable del delito (que no la hubo), si su procesamiento pudiera causar al estado un daño mayor que el causado al agraviado por el delito.

En el espíritu de Jalisco, parece que los grupos que quieren remover a Morales y hacerse con la Presidencia van a acudir a lo que mejor saben hacer: el bloqueo, la plaza y la barricada.  Sin descontar que, en el Congreso, van a tratar de revivir el proceso cada vez que puedan, con la esperanza de que luego de las cansadas y bajo amenazas de inestabilidad y actos de violencia, se haga su voluntad (y la de sus patrocinadores).

Para mucha de la dirigencia popular en este estado de cosas, los procedimientos democráticos -como los comicios y la actividad parlamentaria- son valores y no se cansan de defender la democracia frente al concepto de república, por ejemplo; y esto es porque la democracia es el gobierno de la mayoría o de los que dicen representar a la mayoría. Pero para aquella dirigencia, los procedimientos democráticos sólo tienen utilidad y valor mientras que aquellos procedimientos sirven a sus intereses específicos (como remover al Presidente y poner uno de su gusto). Una vez que los procedimientos no responden a sus expectativas (porque se advierte el peligro que implican), el plan B es jacobino: El bloqueo, la plaza y la barricada. Es soreliano, en el sentido de que, desde su perspectiva, la violencia (los bloqueos, por ejemplo) puede ser moralmente buena (si no es cruel) y a partir de la idea de que -tarde, o temprano- los procedimientos democráticos no hacen más que animar al proletariado a participar en instituciones burquesas, como el parlamento, que son fuentes de desmoralización, corrupción y minado de la solidaridad de clase.

Jalisco siente que perdió ayer; y va a intentar arrebatar.  Lo que ocurrió ayer no debe ser visto con triunfalismo por parte de la Presidencia -y no debería ser aprovechado para profundizar el clima de conflicto por parte de la dirigencia popular y sus patrocinadores-; sin embargo, debe ser aprovechado para resolver el tema de Iván Velásquez y la CICIG.  Por eso, este es un muy buen momento para recordar el consejo de Ayn Rand: En todo conflicto entre dos hombres (o grupos) que comparten los mismos principios básicos, gana el más consistente. En toda colaboración entre dos hombres (o grupos) que se apoyan en diferentes principios básicos, el más maligno, o irracional es el que gana. Cuando los principios básicos opuestos están abierta y claramente definidos, eso obra en ventaja del lado racional; y cuando no están claramente definidos, sino que están ocultos, o difusos eso obra en ventaja del lado irracional.

La foto es de RepúblicaGt


11
Sep 17

¿Quiénes están en el infierno?

Si el informe que presenta la comisión pesquisidora del Congreso va en el tono de que no se evidencia que Jimmy Morales haya tenido participación directa en el financiamiento ilícito del partido oficial; pero que igual recomienda que el Congreso discuta su antejuicio y le retire la imunidad, ese gallo/gallina es material para el infierno, de Dante Alighieri, en La divina comedia.

Ante las puertas del infierno, entre otros, se encuentran -entre lamentos de dolor y de ira- las gentes que vivieron sin gloria, ni infamia, mezcladas con los ángeles que no se rebelaron contra el dios cristiano; pero no por lealtad, sino para evitar las consecuencias de tomar partido en la lucha entre el bien y el mal. El cielo los rechaza porque no hicieron algo bueno y el infierno los rechaza porque no hicieron algo malo. Su tormento es que nadie se acuerda de ellos, no tienen esperanza de morir y no tienen nada que hacer en sus pobres vidas, desdeñados tanto de la justicia como de la compasión.

Mientras tanto, se cuentan con los dedos de las manos los miembros de los grupitos que presionan para remover al Presidente, sustituirlo por el Vicepresidente, para luego remover a este e imponer nuevos Mandatario y Vicemandatario de su gusto y a dedo -sin pasar por comicios-; a pesar de su irrelevancia y de su falta de representatividad, sus semillas germinan y avanzan en sus propósitos porque cuentan con el apoyo de los procónsules en las zonas 10 y 14.  Todo en detrimento del sistema republicano y del orden constitucional.

Este es momento para recordar las palabras del jurista Francisco Fonseca Penedo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia:  Es preciso llegar a la conclusión de que el Tribunal de Antejuicio deberá declarar sin lugar la solicitud, aunque haya plena comprobación de que le funcionario es culpable del delito, si su procesamiento pudiera causar al estado un daño mayor que el causado al agraviado por el delito…y en este caso no hay plena comprobación de que el Presidente estuviera involucrado en las irregularidades y financiamiento ilícito en el que hubiera ocurrido el partido que lo postuló en las elecciones pasadas.  Lo dijo el Presidente de la Pesquisidora : No hay evidencias.

Más, aún,  la Pesquisidora estaba consciente, de que el orígen del proceso es de naturaleza política.

Dicho lo anterior, esta es una manifestación de la semana pasada:

Y esta es la manifestación de ayer:

Estos grupitos ahora tienen la prudencia de esconder las banderas rojas y las efgies del Che Guevara; pero siguen siendo tan pocos. Tan…nada.

¿Por qué, entonces, es que los diputados ceden ante sus presiones?  Las que hay ahora no son las manifestaciones representativas y masivas de 2015. ¿Qué fuerzas formidables intimidaron a los diputados? ¿Siguiera se necesitaron fuerzas formidables?

Ilustración  por Gustave Doré (1832 – 1883) [Dominio público], via Wikimedia Commons.


05
Sep 17

El antejuicio, por Francisco Fonseca Penedo

En El derecho de antejuicio, un librito escrito por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Fonseca Penedo, y profesor mío de Derecho Penal, parte de una premisa: Como principio general, todo aquel a quien se impute un delito está obligado a responder en juicio criminal, y correlativamente toda persona tiene el derecho de pedir el juzgamiento de todo aquel a quien considere culpable de un delito.  Y luego explica: El derecho de antejuicio es una restricción al principio general de la responsabilidad y de la acusación y puede definirse así: “Privilegio que la ley concede a ciertos funcionarios [y a no funcionarios, como candidatos a puestos de elección popular] para que no puedan ser enjuiciados criminalmente sin que antes una autoridad, distinta del juez competente para conocer la asusación, declare que ha lugar a formación de causa”.

El antejuicio, pues, es una evaluación de carácter político acerca de la pertinancia, o no, de someter a juicio a un funcionario, o a un candidato.  El fundamento lógico del antejuicio, dice Fonseca Penedo, es político y no jurídico; el antejuicio no prejuzga sobre el fondo de la acusación.  El Tribunal de Antejuicio deberá declarar que no ha lugara formación de causa cuando así lo demanden los altos intereses del estado.

De allí que sólo gocen de antejuicio las personas a las que la ley les concede ese privilegio de manera expresa; es un derecho irrenunciable porque se trata de una institución de orden públilco.

El jurista explica que no es suficiente decir que le propósito del antejuicio es proteger a los funcionarios contra el riesgo de denuncias falsas, o de acusaciones, porque igual protección merece cualquier persona y, en todo caso, el juez que conozca de una denuncia, o querella, quienquiera que sea el acusado está obligado a rechazarla si apareciere como falsa, o infundada.  ¿Cuál es la razón de que, en el caso de ciertos funcionarios, sean otros órganos del estado los que practiquen las diligencias previas a la declaración de haber lugar, o no a formación de causa y no los jueces ordinarios?

No se trata de que el funcionario, por el solo hecho de serlo, deba ser juzgado, por lo menos inicialmente, por funcionarios de mayor categoría, ni que goce de una inmunidad especial que le permita cometer impunemente ciertos delitos, dice el jurista que, luego enfatiza: esa discriminación sería ianceptable.

La razón, dice Fonseca Penedo, es una protección de las funciones que le han sido encomendadas al funcionario acusado.  El fundamento lógico de la institución del antejuicio no es jurídico, sino político.  Las diligencias previas a la declaratoria de haber lugar, o no a formación de causa no tiene por objeto saber si el funcionario cometió el delito, porque esa función estaría concomendda al juez ordinario y por medio de los procedimientos ordinarios.

En El derecho de antejuicio, Francisco Fonseca Penedo explica que sabido que existió el hecho que es constitutivo de delito y que es imputable al funcionario acusado, será preciso hacer una valoración comparativa entre la gravedad del delito por una parte y la gravedad que causaría al orden institucional la remoción del funcionario, apartándolo de su cargo para ser sometido al proceso criminal.  Esta valoración, señala, no debe hacerse pensando en la persona individual del funcionario, sino en la importancia de las funciones que le han sido encomendadas.

Es preciso llegar a la concluisión de que el Tribunal de Antejuicio deberá declarar sin lugar la solicitud, aunque haya plena comprobación de que le funcionario es culpable del delito, si su procesamiento pudiera causar al estado un daño mayor que el causado al agraviado por el delito.

Ah, y algo no menos importante: al cesar el funcionario en el desempeño de su cargo deja de gozar del derecho de antejuicio y su responsabilidad podrá deducirse en todo tiempo, mientras no haya prescrito.  La prescripción empieza a correr cuando el responsable hubiere cesado en el ejercicio del cargo durante el cual incurrió en responsabilidad.

Finalmente, Fonseca Penedo aclara: ignoro si la tesis aquí sustentada esté aceptada por la doctrina, o sí, aquí por el contrario, resulte inaceptable.  Sin embargo, parece robustecida por  el hecho de que la competencia para conocer de los antejuicios contra la mayoría de los funcionarios de mayor categoría, corresponda al Congreso de la República que no es un órgano jurisdiccional, sino eminentemente político.

Ilustración por Marcello Bacciarelli [Dominio público], via Wikimedia Commons.


29
Ago 17

Guatemala, ¿un país podrido?

Francis Fukuyama tiene una opinión sobre Guatemala y tuiteó lo siguiente: Un país podrido: el presidente guatemalteco intenta expulsar al jefe de la ONU contra la corrupción; y no faltó quien celebrara la ocurrencia del científico político. Empero, el juicio del autor de Trust y de The End of History and the Last Man es apresurado e injusto con los guatemaltecos.

La afirmación supone que, por sí mismo, el intento de expulsar a un burócrata de la Organización de las Naciones Unidas es algo malo; hasta el punto de que el hecho de que un Jefe de estado -en ejercicio de sus facultades constitucionales- intente la expulsión, ese acto hace que el país esté podrido. La afirmación supone, también, que la ONU -y sus agentes- son tan ajenos a la corrupción, que cualquiera que rechaza su participación -incluso a nivel de un jefe de misión- está podrido.

No comparto la perspectiva de Fukuyama por dos razones:

Primera: seguramente es cierto que Guatemala es un largo amanecer que no termina de ser día; para usar una frase del escritor Francisco Pérez de Antón. Es cierto que en Guatemala la corrupción y la impunidad son elevadas; pero también lo es que muchos guatemaltecos luchamos contra esas lacras. ¡Todos los días! Es cierto que no todos coincidimos en la identificación de las causas y no todos coincidimos en los remedios. Por ejemplo, unos entendemos que el estatismo y la posibilidad de arbitrariedades son caldos de cultivo para la corrupución; en tanto que otros creen que la corrupción es consecuencia de falta de controles y de una naturaleza humana perversa, para citar dos ejemplos. Estos asuntos son complejos y cabe en ellos diferencias de opiniones mientras se dilucida el asunto. Voy a atreverme a decir que la mayoría de chapines somos ajenos a la corrupción y a la impunidad; y que a lo sumo, la peor imputación que puede hacérsele al mantante guatemalteco promedio es que no se involucra como tal y prefiere abdicar a su condición de mandante. Con todo y todo, con la excepción de las mafias y de los grupos políticos que apoyan tiranías, la mayoría de guatematecos queremos vivir en paz y prosperar en un marco de respeto a los derechos individuales de todos por igual; sin privilegios.  Guatemala no es un país podrido; pero estamos pasando un proceso muy difícil y enmarañado. Guatemala, eso sí, tiene un sistema político lleno de incentivos perversos, que atrae a lo peor entre nosotros hacia el ejercicio del poder. Guatemala, eso sí, tiene un sistema económico mercantilista que es fabricante de miseria.  Guatemala, eso sí, tiene un sistema jurídico que no siempre sirve a la justicia.  Sin embargo, desde el punto de vista ético, voy a atreverme a decir que la mayoría de guatemaltecos repudiamos aquellos vicios y queremos salir de aquel estado de cosas.  Sólo que diferimos en cómo. ¿Hay gente podrida en Guatemala? Sí; pero Guatemala no es un país podrido.  En Guatemala hay miles y miles de personas honradas, productivas, creativas, que nada tienen que ver con la podredumbre.

Segunda: es un mito eso de que las burocrácias -nacionales, e internacionales- son, por sí mismas, moralmente superiores a otros actores en la sociedad.  La teoría del Análisis de la decisiones públicas utiliza las herramientas de las ciencias económicas para interpretar lo que ocurre en el terreno político. En lugar de sugerir lo que debería ser, ese enfoque hace un diagnóstico desapasionado, con base en una cuidadosa observación de las acciones de los distintos actores políticos.  Aquella teoría ha demostrado que, en su actuar, los políticos y los burócratas no son menos ajenos a sus propios intereses, que cualquiera otro actor en la sociedad.  Y menos en un contexto de poder.  Es un error suponer que, por sí misma, una misión de la Organización de las Naciones Unidas, o un jefe de misión, son incuestionables, o inexpulsables.

Hay abundante evidencia de que la ONU -y otras agencias internacionales- son sujetos de corrupción y de que, por lo tanto, sus burócratas y las agencias mismas deben ser tratadas exactamente con los mismos estándares que se trata a cualquier organización con poder que opera con dinero ajeno que no ha tenido que ganarse y con niveles muy laxos y difusos de responsabilidad.

Al lector acucioso le dejo unas sugerencias:

El juicio de Fukuyama es apresurado e injusto con los guatematltecos; y su aprovechamiento es desafortundado.


28
Ago 17

¿Guardaron las banderas?

Las banderas y mantas de Comité de Desarrollo Campesino, el Comité de Unidad Campesino y el partido Winaq -tan evidentes en las operaciones de la semana pasada- han desaparecido de los operativos del sábado y de hoy. La foto de abajo es de la manifestación del sábado.

Los colectivos que roban energía eléctrica, organizan bloqueos y tienen sus raíces en la exguerrilla han bajado su perfil, ¿con la esperanza de que la contaminación ideológica no sea evidente? Los colectivos que roban energía eléctrica, organizan bloqueos y tienen sus raíces en la exguerrilla han bajado su perfil, ¿con la esperanza de que la contaminación ideológica no sea evidente? La foto de abajo es de un bloqueo en Totonicapán.

En cambio, la semana pasada -y sin darse cuenta del colorón ideológico que le daban a lo que está ocurriendo- los colectivos se dejaron ver con todos sus colores.  Abajo, manta de la Codeca.

Abajo, banderas del CUC

Abajo, bandera de Winaq

El humo y los espejos distraen. ¿Rescatamos el ideal republicano, o nos entregamos al frenesí de botar y poner presidentes desde la plaza y desde las barricadas? Los chapines, ¿asumimos la responsabilidad del futuro de nuestro país, o nos entregamos a la voluntad de la burocrácia internacional?

La crisis que se vive en Guatemala es de orden político; y los actores políticos están tomando posiciones incluso en la Corte de Constitucionalidad.  Se engañan quienes no se dan cuenta de que el enfrentamiento (peligrosamente personalizado) entre Iván Velásquez y Jimmy Morales es una batalla en la que tienen importancia las ideas sobre los límites del poder, sobre la naturaleza de las instituciones, sobre el rol de la ley y de la legislación, sobre quién la igualdad de todos ante la ley y sobre la naturaleza de los derechos individuales.

¿Actuamos racional y objetivamente, o no? ¿Actuamos en función del largo plazo, o nos limitamos al corto plazo? ¿Asumimos nuestra responsabilidad de mandantes, o abdicamos a ella?

La pelota está en la cancha de la Corte de Constitucionalidad.  Los magistrados tienen que decidir si van a otorgar un amparo definitivo, en una materia que no es sujeta de amparo, o si respetan la ley. Los magistrados tienen que decidir si van a fallar conforme a derecho, o si va a fallar para favorecer intereses políticos.  Los magistrados tienen que decidir si va a animarse a pasar sobre una decisión presidencial y si está dispuesta a asumir las consecuencias de hacerlo.

Si bien es cierto que la Constitución dice que no hay ámbito que no esté sujeto a amparo, también es cierto que  el amparo es instituido con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido; y que  el amparo procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.  Nada tiene que ver con derechos el ejercicio de las funciones de un comisionado que se halla invitado en el país y que -de acuerdo con la Convención de Viena- puede ser removido por una decisión ejecutiva, del Ejecutivo.

De paso…pero muy importante: si la Corte de Constitucionalidad se constituyera en el árbitro último de las decisiones ejecutivas del Jefe del gobierno y Jefe de estado, ¿de qué serviría tener un Jefe del gobierno y Jefe de estado?  Si la Corte de Constitucionalidad usurpara las funciones del Jefe del Ejecutivo, está claro que se excedería en sus facultades de una forma inaceptable.

Aún si tal aberración tuviera éxito político temporal, generaría un fenómeno no menos indeseable: El gobierno de los jueces; es decir un sistema de revisión judicial verdaderamente sin restricciones, que no pudiera ser limitado ni siquiera por medio de una enmienda constitucional.  El gobierno de los jueces no debe ser confundido con el control jurisdiccional que es, este último, un componente del estado de derecho. Gracias al cuate Chingui, por llamar mi atención sobre este tema .

Por lo pronto, la fiscal general ha llamado al diálogo, lo que apunta a que hay una oportunidad para que no haya consecuencias graves en este enfrentamiento.  Este es el momento apropiado para recordar el consejo de Ayn Rand: En todo conflicto entre dos hombres (o grupos) que comparten los mismos principios básicos, gana el más consistente. En toda colaboración entre dos hombres (o grupos) que se apoyan en diferentes principios básicos, el más maligno, o irracional es el que gana. Cuando los principios básicos opuestos están abierta y claramente definidos, eso obra en ventaja del lado racional; y cuando no están claramente definidos, sino que están ocultos, o difusos eso obra en ventaja del lado irracional.

Las fotos son de elPeriódico y de Luciano Gil.