11
Jun 18

Prohibir el matrimonio igualitario es un absurdo

Las reformas al Código Civil -que se discuten en el Congreso- pretenden prohibir el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, lo cual es un absurdo jurídico.

¿Por qué?

Porque el orígen del matrimonio es un acuerdo entre individuos (o incluso entre familias), y por lo tanto dicho acuerdo pertenece al campo del Derecho Privado y al de la ley (Nomos);  campo en el que (en una sociedad sana) las personas pueden hacer todo lo que no está prohibido (prohibido porque viole derechos ajenos). Sin embargo, el estatismo hizo del matrimonio una institución social y un asunto de orden público, lo trasladó aquel acuerdo al campo del Derecho Público y al de la la legislación (Thesis) donde las personas sólo pueden hacer lo que está permitido.  En consecuencia, legislar para prohibir algo que no está permitido es un disparate legal; pero es una victoria política para el conservadurismo rancio.

Dicho lo anterior, comparto con los lectores un artículo que publiqué antes sobre este mismo tema, y que sigue teniendo vigencia. Con una salvedad: ahora estoy más a favor de llamar  virimonio, o en femimonio a la unión entre dos hombres, o dos mujeres. Y con un llamado: Los liberales estamos a la zaga en la batalla por la igualdad de todos ante la ley porque, intimidados por los conservadores, les dejamos a los socialistas temas como la naturaleza del matrimonio.  Por eso también estamos a la zaga en la batalla por el respeto irrestricto a los derechos individuales y a los proyectos de vida de otras personas.

Aunque el artículo se refiere al matrimonio, las consideraciones que hago también se aplican a la unión de hecho.

Contrato privado e igualdad ante la ley

Debido a que el matrimonio civil es una creación legislativa… la única discusión atingente respecto al matrimonio [igualitario] es aquella cuyo  reconocimiento por parte del gobierno constituye un acto de justicia y una confirmación del principio de igualdad de todos ante la ley.

Lo que conocemos como matrimonio es un acuerdo privado entre dos personas, que deciden compartir sus vidas –generalmente porque se aman– y hacerlo en el marco de cierta formalidad.  Dicha formalidad subraya el carácter de compromiso y de permanencia en la unión, y busca el apoyo del prójimo para la pareja contrayente.

Federico Puig Peña, sin embargo, considera que el abandono del matrimonio como acto privado es una etapa superada, y que tanto la affectio maritalis como el principio  consensus facit nuptias, así como la sola voluntad de los contrayentes sin requisito de forma alguna, no son suficientes para que el matrimonio quede válidamente constituido [1].

Válidamente constituido de cara a lo que el Gobierno y la legislación consideran como válido, claro, porque en las condiciones descritas por Puig Peña el Gobierno entra a regular un asunto que es principalmente contractual e íntimo. Un asunto en el que –en el contexto de una sociedad abierta, o en el de un orden espontáneo, como es la sociedad– el gobierno y el Estado deberían estar obligados a respetar el principio de igualdad de todos ante la ley.

Kosmos y sociedad abierta

Un orden espontáneo o kosmos, a diferencia de un orden creado o taxis, dice Friedrich A. Hayek, no está limitado por lo que determinada mente humana pueda dominar; su existencia no tiene por qué estar al alcance de nuestros sentidos, por estar basada en relaciones puramente abstractas  que sólo mentalmente cabe establecer; y finalmente, por no ser producto de creación intencionada, “no se puede legítimamente afirmar que persiga un fin determinado”, si bien el hecho de descubrir su existencia puede en gran medida contribuir a que con mayor facilidad consigamos materializar nuestras propias apetencias [2].  Un kosmos sólo puede ser regulado por leyes tipo nomoi [3]; es decir, por normas generales, abstractas, de aplicación para todos por igual y de conducta justa.  Precisamente el tipo de leyes que delimitan y protegen las esferas individuales de acción, dentro de las cuales las personas ejercen sus derechos individuales con la única obligación de respetar los derechos de los demás [4].

Adicionalmente, Karl Popper [5] advierte que esta civilización [la occidental] no se ha recobrado todavía completamente de la conmoción de su nacimiento, de la transición de la sociedad tribal o “cerrada”, con su sometimiento a las fuerzas mágicas, a la “sociedad abierta”, que pone en libertad las facultades críticas del hombre.  En la tribu –precisamente por su carácter tribal– cabe la intromisión de otros –por la fuerza de la costumbre o de la normativa– en un asunto tan íntimo y privado como el contrato de unión entre dos adultos capaces; pero en una sociedad abierta, donde es inaceptable aquella invasión, esta sólo se explica por la conmoción a la que se refiere Popper.

El Gobierno como taxis, orden creado u organización que persigue fines determinados, y el Estado, en persecución de los objetivos que le imponen a la sociedad quienes tienen la facultad de legislar, son los que disponen, por la fuerza de la legislación, que en el matrimonio –como institución jurídica– los involucrados deban ser de distinto sexo y su propósito la multiplicación de la especie humana.  Puig Peña [6] opina que no basta la unión espiritual de un hombre y una mujer para alcanzarel fin supremo de la procreación de la especie”, un objetivo indiscutiblemente colectivista,  sino que hace hincapié en que, para que haya matrimonio, aquella unión debe ser consagrada por la ley.

En algún momento de la historia de la humanidad las religiones dispusieron hacer uso del matrimonio para hacer avanzar sus intereses, e igual cosa hizo el Estado.  Pero antes de que ambas organizaciones se inmiscuyeran en aquel acuerdo privado, ya había compromisos de largo plazo entre personas individuales que decidían unir sus vidas.

Historia y tradición

Guillermo Cabanellas [7] lo explica con claridad, al decir que históricamente el matrimonio tiene por origen un contrato: el consentimiento familiar o sensual de la pareja humana, un acuerdo de las voluntades o de los deseos de ambos cónyuges.  Y luego añade que la religión (y la católica con mayor constancia y empeño que ninguna) lo eleva a la jerarquía de sacramento, basado siempre en la libre manifestación del consentimiento de los contrayentes.

Sabemos que los gentiles se juntaban sin necesidad de contar con la bendición del dios judeo-cristiano, porque, según la Biblia, así se lo dice Tobías a Sara en su noche de bodas: Nosotros somos hijos de santos y no podemos juntarnos a manera de los gentiles, que no conocen a Dios [8].  Tobías y Sara son de distinto sexo, pero por El banquete sabemos que desde la antigüedad ha habido amores entre personas del mismo  sexo [9].

El punto clave, aquí, es que la unión voluntaria de personas existía antes de que la religión judeo-cristiana dispusiera que esa unión tenía que ser santificada [10].  Y, de hecho, cada religión (con su dios y sus ceremonias) lo santifica a su modo.  De la misma forma en que cada legislación (con sus normas y sus procedimientos) lo legaliza a su modo.  En realidad, a la larga, ni la ceremonia matrimonial católica (qua ceremonia) es mejor o peor que la judía o que la sintoista. Del mismo modo en que la ceremonia matrimonial civil en Madrid (qua ceremonia) no es mejor o peor que la ceremonia civil en Nueva York, en Jerusalén, o en Japón.

A pesar de ello, las Iglesias cristianas y el Gobierno pretenden que el matrimonio sirva principalmente para la reproducción.  La Iglesia católica, por ejemplo, no solo pretende hacer de menos el carácter contractual del matrimonio, al asegurar, en su catecismo, que no depende del arbitrio humano.  El mismo Dios es el autor del matrimonio [11], sino que subraya la exigencia de que la naturaleza de aquel contrato sea la de servir para la reproducción.  De hecho, asegura que por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole y con ellas son coronados como su culminación [12]. En ese sentido viene a mi mente la oración que Pedro, uno de los protagonistas de la película Como agua para chocolate,[13] dice antes de copular con su esposa, a través de una sábana con un agujero: no es por vicio ni por fornicio, sino para hacer un hijo para tu servicio.

De todos modos, el carácter contractual del matrimonio tiene una importante tradición -aún dentro de la Iglesia católica- porque, aunque el Código de Derecho Canónico vigente se refiere a la alianza matrimonial, el Codex iuris canonici de 1917, resaltaba el matrimonio como contrato [14].

En cuanto al Estado, Cabanellas [15] cuenta que Las partidas decían que el matrimonio era para perpetuar la especie.  Es en esa vía que Bergier y De Casso, citados por Cabanellas, coinciden en que el matrimonio es para tener hijos y para procrear y educar hijos, respectivamente.  Y en esa dirección va el artículo 78 del Código Civil [16] guatemalteco, que cita como objetivos del matrimonio vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos, y auxiliarse entre sí. [Igual cosa hace la reforma que se discute actualmente en el Congreso].

El uso incorrecto de la ley

En tales condiciones es evidente que la ley y una institución jurídica están siendo usadas de forma incorrecta para imponerle a todos, en la sociedad, objetivos propios de algunos integrantes de la misma.  El propósito de este análisis no es moralizar sobre la ley, como no lo es cuestionar, y menos poner en duda, la validez de aquellos objetivos –en cuando sean fines individuales–.  Lo que sí se  busca con él es establecer como ilegítimo que aquellos fines le sean impuestos a una situación contractual como el matrimonio, que le sean impuestos en el contexto de un kosmos y que, de todas formas, tanto en este como en cualquier otro caso en el que el Gobierno crea derechos y obligaciones por medio de normas legales, estas deben aplicarse con estricto apego al principio de igualdad de todos ante la ley.

Es demasiado corrientemente aceptada la idea de que el derecho de familia  –y consecuentemente el matrimonio– es de orden público.  Asegura Puig Peña que las normas del Derecho de Familia son, por regla general, de “orden público”, inderogables por actuación de la mera voluntad privada. Las partes, en efecto, no pueden dejar de cumplir las condiciones naturales ni modificar a su arbitrio los cánones imprescriptibles del derecho de familia. No pueden casarse cuando quieren como quieren, ni adoptando la forma que estimen conveniente, ni disolver el matrimonio, ni incluso modificar los pactos matrimoniales establecidos.  Las potestades familiares no son potestades-derechos, sino “potestades-función”, o sea, facultades establecidas, no en propio beneficio, sino en utilidad y régimen de los que a ella aparecen como sometidos[17]. Y aquello podría ser bien visto en una sociedad colectivista, en una sociedad cerrada o en una tribu, en la que los individuos están llamados a ser engranajes de una maquinaria, órganos de un sistema, o partes de un todo superior a ellos;  pero no está bien en una sociedad de personas libres y responsables, en un kosmos o en una sociedad abierta.

Puig Peña considera que el hecho de que el Derecho de Familia tenga una función social, y  no sea una potestad-derecho, es un evidente progreso [18] para el derecho.  Desde mi punto de vista, esto pone de manifiesto la idea peligrosa de que el individuo y sus relaciones personales deben servir al Estado, o a la sociedad, y, peor aún, que el interés social debe prevalecer sobre los derechos individuales.

Ahora bien, como las personas no son animalitos que solo se unen para perpetuar la especie, el matrimonio del siglo XXI debe tomar en cuenta las diversas razones que llevan a las personas a unir sus vidas.  La comunidad de intereses, el amor, la admiración, la búsqueda de compañía, entre muchos otros, son ejemplos de aquellas razones.  El matrimonio debe tomar en cuenta que las personas son individuos, no aparatos reproductores, y que las mismas deben ser tratadas por la ley como seres racionales, no como medios ni como instrumentos.

Tradición y evolución

No es extraño, entonces, que en la sociedad, evolutiva por naturaleza, las palabras también evolucionen.  Por eso los diccionarios etimológicos son útiles para conocer mejor las palabras y sus orígenes, pero no para saber lo que significan, ya que muchas veces el significado actual de aquellas se distancia del de su génesis.

Friedrich A. Hayek explica que en todos los países y en todos los tiempos existen grupos que han alcanzado una posición más o menos estacionaria con hábitos y formas de vida establecidos durante generaciones.  Tales formas de vida pueden verse inesperadamente amenazadas por desarrollos con los que nada tienen que ver; y no sólo los miembros de las aludidas agrupaciones, sino a menudo otras gentes muy dispares pueden también desear la preservación de los hábitos en cuestión [19].

De esa cuenta, el matrimonio reservado únicamente para parejas de distinto sexo, o como instrumento para la reproducción, en el marco de culturas propias de sociedades cerradas, puede perfectamente pasar a ser el matrimonio moderno, como contrato de convivencia y de respeto mutuo entre individuos que lo aceptan libremente, independientemente de su sexo, su religión o etnia, en el marco de culturas propias de sociedades abiertas.  Ni al servicio de la Iglesia, ni al servicio del Estado,  sino que al servicio de aquellos que, en ejercicio de sus derechos como personas humanas, asuman el compromiso.

Un acto de justicia

Adicionalmente a las cuestiones tratadas arriba, está claro que el matrimonio apareja ciertas ventajas [o más bien, privilegios] de orden tributario y social para las parejas de distintos sexos que deciden optar por aquella forma de unión.  Las parejas de uno y otro sexo, que están casadas, pagan menos impuestos que las que no lo están [20].

Considérese el caso de una pareja del mismo sexo, en  la que a una de las partes se le niegue el acceso a ver a su contraparte en la sala de cuidados intensivos de un hospital, donde se encuentra, solo porque no es pariente cercano de la misma.  ¿Sería eso correcto? Por supuesto que no.  Una pareja del mismo sexo tiene tanto derecho a estar al lado de la persona que ama como lo tiene una pareja del sexo contrario.

En la serie Si las paredes hablaran [21] se cuenta la historia de dos ancianas que habían sido pareja durante toda su vida.  Cuando una de ellas muere, llega la familia de la difunta y saca a la sobreviviente de la casa que habían compartido ambas, dejándola sola y desamparada.  Se podría decir que fue por descuido,  que ambas deberían haber pensado en esa posibilidad, y que deberían haber hecho testamento o algún tipo de contrato de copropiedad.  Pero lo cierto es que no hay razón alguna para que, en un kosmos y en una sociedad abierta, una clase de personas tenga ciertos derechos y otra clase no los tenga.  No hay razón para que ciertas personas, por su etnia, su orientación sexual o su religión,  tengan que hacer previsiones adicionales, solo porque al Estado (en respuesta a presiones de grupos de interés) se le antoja que no haya igualdad de todos ante la ley.

Frente a la discriminación y a los privilegios, el matrimonio gay es un acto de justicia [22] que reconoce el carácter contractual y privado del matrimonio, y que reconoce, en el marco del principio de igualdad de todos ante la ley, el derecho de toda persona a unir su vida con otro u otra, y a buscar el apoyo de sus prójimos.

Conclusiones:

  1. El matrimonio es una institución jurídica. Como tal, debe estar sometido al principio de igualdad de todos ante la ley, que debe regir en una sociedad qua kosmos, y sobre todo, en una sociedad abierta.

  2. El reconocimiento del matrimonio [igualitario, virimonio, o femimonio] por parte del Estado es un acto de justicia; es decir, un acto del Estado dirigido a la protección absoluta de los derechos individuales de un sector de la población, al que actualmente le están vedados los privilegios fiscales y sociales que otorga el matrimonio.

  3. El reconocimiento del matrimonio [igualitario, virimonio o femimonio] por parte del Estado es un acto de justicia, por cuanto se realiza en el contexto de un juicio objetivo sobre el carácter contractual y privado de aquella opción de unión entre dos personas adultas y capaces,  tomando en cuenta que las personas son seres racionales, y no medios ni instrumentos.

  4. En una sociedad abierta –contrario a lo que podría ocurrir en una sociedad tribal– ni el Estado ni la sociedad tienen facultades para entrometerse en la esfera de acción privada de los individuos.

  5. En una sociedad abierta, o en un kosmos, no puede haber objetivos sociales, ni fines sociales.  Al Estado le está vedado normar los fines de los individuos mediante regulaciones tipo taxis, para obligarlos a ajustar sus objetivos individuales con los supuestos fines de la sociedad.  No es función de la ley cuestionar las intenciones o motivos de aquellos que desean, por medio de un contrato, asumir derechos y obligaciones que no violan la vida, la libertad y la propiedad de terceros. 

  6. En una sociedad abierta, o en un kosmos, Los grupos de interés –de carácter religioso, ideológico, corporativo y demás– no deben tener facultad alguna para utilizar la majestad de la ley con el fin de imponer sus objetivos sobre los otros miembros de la sociedad.  Pueden hacerlo dentro de sus organizaciones (taxis) y para quienes libremente opten por comprometerse a acatar tales disposiciones; pero no pueden, ni deben, imponerlas a la sociedad.

[1] Federico Puig Peña, Compendio de Derecho Civil. Editorial Aranzadi, Pamplona, 1979. Pág. 36.

[2] Friedrich A. Hayek. Derecho, legislación y libertad. Unión Editorial, Madrid, 1994. Pág. 74

[3] Hayek. Op. Cit. Págs. 165-214.

[4] “For every individual, a right is the moral sanction of a positive– of his freedom to act on his own judgment, for his own goals, by his own voluntary uncoerced choice.  As for his neighbors, his rights impose no obligation on them except for a negative kind: to abstain from violating his rights”. Ayn Rand. The Virtud of Selfishness. Signet Books, New York, 1964.

[5] Karl Popper. La sociedad abierta y sus enemigos. Ediciones Paidos, Buenos Aires, 1994. Pág. 15.

[6] Federico Puig Peña. Op. cit. Pág. 27.

[7] Guillermo Cabanellas. Diccionario enciclopédico de derecho usual.  Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001. Pág. 339.

[8] Tobías, VII:5.

[9] Platón. El banquete. En Diálogos. Espasa-Calpe Argentina, S.A.,  Buenos Aires, 1966. Págs. 89-138.

[10] Del mismo modo en que las casas de cambio preceden por miles de años a los bancos centrales –hecho que a los políticos y a los banqueros centrales no les gusta recordar–.  La gente tiende a creer que antes de que el Gobierno regulara ciertas prácticas estas no existían, y que no eran posibles sin aquellas normativas.

[11] Catecismo de la Iglesia Catolica. Coeditores católicos de México, 1993. Pág. 414.

[12] Guillermo Cabanellas. Op. cit. Pág. 427.

[13] La película, de 1993, es dirigida por Alfonso Arau,  y está basada en una novela de Laura Esquivel.

[14] Antonio Benlloch Poveda (Dir.) Código de Derecho Canónico. Edicep, Valencia, 1993. Pp. 469-470

[15] Guillermo Cabanellas. Op. cit. Pág. 339.

[16] Decreto-Ley número 106, de 1963.

[17] Federico Puig Peña. Op. cit. Págs. 19 y 20.

[18] Federico Puig Peña. Ibid.  Pág. 20.

[19] Friedrich A. Hayek. Los Fundamentos de la Libertad. Unión Edtorial, Madrid, 1975. Pág. 79.

[20] En términos materiales, por ejemplo, el matrimonio crea, deliberada y exclusivamente, beneficios fiscales para la pareja; y en términos morales, una pareja unida en matrimonio goza de más prestigio social que una pareja que simplemente convive, e incluso más que una pareja que está unida de hecho,  aunque esta última práctica esté normada, como el matrimonio, en el Código Civil guatemalteco, a partir de su artículo 173.

[21] Transmitida por HBO, en el 2000, y dirigida por Martha Coolidge y Anne Heche.

[22] De protección absoluta a los derechos individuales de todos los miembros de la sociedad, y de juicio objetivo respecto a la naturaleza del matrimonio mismo, como acuerdo voluntario entre adultos capaces, libres y responsables.


08
Jun 18

¿Por qué se opone CICIG a medida sustitutiva para Irina y Anastasia Bitkov?

La Sala Segunda de Mayor Riesgo, otorgó arresto domiciliar a Irina Bitkov y Anastasia Bitkov, y les asignó una caución económica de Q50 mil a cada una. ¿Quién se opuso y por qué? La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El fallo no está firme y habrá de ser llevado a la jueza Yasmín Barrios, que podría negarse e, incluso, recibir una apelación de parte de la CICIG.  Ni la Procuraduría General de la Nación, ni el Ministerio Público se opusieron a la resolución de la Sala Segunda (porque no hay delito alguno que perseguir, de acuerdo con el Protocolo de Palermo). Siendo que el MP -cuya función es promover la persecusión penaly dirigir la investigación de los delitos de accion pública en persecución de la justicia, de forma objetiva, imparcial y con apego al principio de legalidad- no se opueso; y siendo que la Comisiónes un auxiliar del MP, un organo asesor del MP llama la atención que se oponga. Llama la atención, también, que la CICIG pretenda usar a Irina Bitkov como rehén, y supuestamente garantizar la permanencia de la familia en el país.  Esto último es una práctica inhumana.

Mientras tanto, el senador Roger Kicker, presdiente de la Comisión Helsinki de los Estados Unidos de América, y el representante Chris Smith, vicepresidente, celebraron la resolución de la Sala Segunda.  Al liberar a la familia Bitkov, el gobierno de Guatemala ha demostrado su compromiso con el estado de derecho. Ahora se deben hacer todos los esfuerzos para proteger a esta familia de represalias adicionales por parte de las autoridades rusas y agilizar el proceso de limpieza de sus nombres, para que su larga pesadilla pueda terminar y puedan vivir en paz , dijo el presidente Wicker. Esta no será la última vez que el Kremlin intenta abusar de los tribunales e instituciones legales del mundo para resolver una venganza. Debemos encontrar formas de defender a nuestras organizaciones internacionales de la propaganda y la manipulación rusas, añadió.  A lo largo del caso la embajada de Rusia en Guatemala ha tenido comunicación intensa con la CICIG y con la jueza Ericka Aifán.

La foto 1 es de elPeriódico.


30
May 18

Vericuetos del caso Molina Theissen

El caso Molina Theissen, que podría haber sido uno por la justicia, se ha convertido en un instrumento de poder y en un disparador de pasiones peligrosas.

Antes de continuar me gustaría dejar claro algo: Así como son criminales las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los secuestros y las desapariciones que cometen regímenes revolucionarios como los de Nicaragua, Venezuela, o Cuba, y las que aquí cometieron los delincuentes subversivos, son inaceptables aquellas prácticas en otros contextos.  Ni siquiera contra personas involucradas en repartir propaganda y material subversivo con el propósito de ayudar a establecer -por la fuerza- la dictadura del proletariado y un régimen revolucionario al estilo de los de Nicaragua, Venezuela, o Cuba.  ¡Y menos contra un niño!  Hoy, Oscar Clemente Marroquín, en su columna, trancribió un testimonio de Emma Molina Thiessen que es muy conmovedor.

En su oportunidad ca. 1983, defendí los tribunales de fuero especial porque, con defectos y todo, eran opciones más civilizadas y decentes para tratar con los delincuentes subversivos, vis a vis las prácticas señaladas arriba.

Dicho lo anterior, los promotores del caso Molina Thiessen y quienes se benefician de él perdieron la oportunidad histórica de hacer justicia cuando el juez de Mayor Riesgo C afirmó que en este tipo de acciones los relatos de la víctima deben considerarse reales y subsisten por sí mismos; haciendo a un lado las evidencias y de las pruebas, y haciendo caso omiso de que un relato puede ser verdadero, o falso. De ahí que las pruebas científicas sean más valoradas que las pruebas testimoniales en un proceso.  De ahí que un relato, un cuento o una narración, por conmovedores que sean, por horribles que sean (y los de los Molina Thiessen lo son) no pueden constituir prueba alguna.  Pueden ser útiles para la retorica y para la cobertura mediática; pero como elemento probatorio, un relato no sólo no puede subsistir por sí mismo (frente a las pruebas plenas, o en sustitución de las pruebas plenas), sino que no tiene por qué ser considerado como real…y menos en ausencia, o sustitución de evidencias.

Estoy seguro de que en Segunda instancia, la sentencia del tribunal de Mayor Riesgo C va a ser anulada, en buena parte por las razones expuestas arriba.

Mientras tanto la maquinaria de opinión pública se ha echado a andar sobre las exigencias políticas de los Molina Thiessen que entre otras cosas quieren que, con dinero de todos los tributarios:

El Ministerio de Educación -que tiene el control de la educación estatal y privada y por lo tanto controla el pensamiento de los niños y los adolecentes (especialmente de los más vulnerables)- incluya textos que expliquen lo actontecido contra aquella familia.  La cuestión es si esos textos serán objetivos, o presentarán un sólo lado de la historia.

Los ministerios de Educación y de Cultura y deportes elaboren un documental que explique el caso, avalado por la familia y, una vez, más, la custión es si servirá para fijar en el imaginario de la gente una sóla versión de lo que ocurrió.

La Universidad de San Carlos diseñe otro documental sobre el mismo tema y que sea difundido por medios de comunicación.

Haya becas con el nombre del niño Marco Antonio Molina Thiessen.

Se construya un monumento en Quetzaltenango, con el nombre de Emma Guadalupe Molina Thiessen.

El Ministerio de la Defensa cree una condecoración llamada Molina Thiessen para oficiales y miembros del Ejército que realicen labores humanitarias, o se destaquen en el respeto a los derechos humanos.

La familia quería que al Campo de Marte se le cambiara el nombre por el del niño Marco Antonio; que se diera de baja deshonrosa a los militares y que aquellos le reintegraran al estado los US$690 mil que la familia ya ha recibido como resarcimiento. La familia renunció a un nuevo resarcimiento; pero ya había recibido dinero antes.  Con algo de buen juicio, el tribunal rechazó esas peticiones.

Todas estas disposiciones son instrumentos de poder porque no sólo modelan la opinión pública, sino que siembran formas de pensamiento único en las mentes de niños y adolescentes, en las aulas; y las de un público de más amplio espectro en distintos medios de comunicación y redes sociales.  En una sociedad sana, nunca es suficiente advertir contra el peligro que representan el control estatal de la educación y de sus contenidos. ¿Te has dado cuenta como es que los estatistas y los revolucionarios insisten tanto en el control político y burocrático de la educación, sus contenidos y su iconografíá?

En ese ambiente, el caso Molina Thiessen está despertando pasiones que dan escalofíos.

Ayer leí que un columnista escribió: La familia Molina Thiessen es un cáncer en la sociedad guatemalteca y hay que extirparlo de raíz, lastimosamente sólo fue uno el desaparecido.  Y me quedé papo.  Es cierto que las pretensiones del tribunal tienen propósitos políticos; pero Emma fue torturada, violada y su vida fue horriblemente dañada y Marco Antonio fue desaparecido.  Es cierto que Emma transportaba propaganda y material subversivo para imponer por la fuerza la dictadura del proletariado y la revolución; pero la idea de que una familia debería ser extirpada y desaparecida no anuncia nada bueno. Es inaceptable animar una escalada de venganzas y violencia.

La libertad, no es libertad para hacer lo que uno quiera, sino estar libre de la coacción arbitraria de terceros.  Por eso es que la libertad de expresión tiene límites razonables como la injuria, la calumnia, la difamación y ¿cómo no? la intención de extirpar, o desaparecer a una familia.

Yo prefiero confiar en que la sentancia del tribunal de Mayor riesgo C será anulada por un tribunal superior, en la apelación, como ocurrió con la sentencia contra Efraín Ríos Montt.  Con todos sus defectos prefiero confiar en la administración de justicia, que en la idea de que tirios, o troyanos, deberían ser extirpados, o desaparecidos.

La foto la tomé de elPeriódico y la ilustración es de Twitter.


29
May 18

Igor Bitkov libre bajo fianza y sin vigilancia

Por quebrantos de salud y debido a que no hay peligro de fuga, Igor Bitkov goza de arresto domiciliario sin vigilancia luego de una resolución de la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán.

Igor Bitkov tiene prohibición de salir del país y debe asistir al Ministerio Público, cada semana, para registrarse.  Bitkov ya se reunió con su hijo Vladimir, que es menor de edad.

Aquellas son las buenas nuevas; pero falta mucho por resolver para que se haga justicia.  Primero, su esposa Irina y su hija Anastasia todavía están en prisión. Los Bitkov -perseguidos por Vladimir Putin– han estado en prisión injustamente durante tres años y medio.  Injustamente porque son sujetos del Protocolo de Palermo para migrantes. Injustamente porque la Sala tercera de la Corte de Apelaciones, constituida en tribunal constitucional ha ordenado que se cierre el proceso en su contra, en tanto que la jueza Aifán no ejecuta aquella orden, ha sido multada y debería ser investigada por el Ministerio Público, de acuerdo con una resolución de la Sala tercera.  Injustamente porque la jueza D ha iniciado una cadena de amparos para retrasar la liberación de la familia. En dicha cadena de recursos se han involucrado el Registro Nacional de Personas, que en tres años de proceso había estado al margen y, ¿cómo no? la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que ha sido el enlace con el banco estatal ruso VTB y las influencias del Putin. Injusta porque el niño Bitkov ha pagado cara la persecusión de sus padres.

Como la Comisión Helsinki, de los Estados Unidos de America, se ha ocupado del caso y los culpables de la persecusión y violación de los derechos de los Bitkov podrían ser sujetos de a Ley Magnitky global se hace más dificil mantener el acoso contra la familia.

La foto es de Igor Bitkov y sus abogados, hoy a la 1:00 a.m. Tomada de Twitter.


25
May 18

Confirmado: jueza Reyna violó derechos del niño Bitkov

Luego de la captura de sus padres, Vladimir [Bitkov], con apenas tres años de edad, se fue a vivir con sus dos tutores legales, uno su niñera de los últimos tres años, y el otro un amigo cercano de la familia. Pero no por mucho. En un acto de extraordinaria crueldad, una jueza, María Belén Reyna Salazar, dictaminó que por su “seguridad”, debería ser trasladado a un orfanato sin contacto con sus padres o tutores. Permaneció allí durante 42 días antes de que otro juez anulara la decisión anterior. Volvió a sus guardianes un niño asustado y con cicatrices psicológicas que padecía conjuntivitis y portaba parásitos, dice Irina Bitkova en Business Insider.  El niño Bitkov también salió del orfanato con un diente roto y lastimado físicamente.

Aún con esos antecedentes, en marzo de 2016 la jueza Reyna y Shyrel Lynne Osborne, responsable de la Asociación Amor al Niño, interpusieron un recurso de Amparo con el propósito de reclamar al niño y devolverlo al lugar de donde había salido física y psicológicamente dañado.  El amparo fue denegado por improcedente, las amparistas fueron condenadas a costas y sus abogados fueron multados…y la jueza apeló el fallo.

El 22 de mayo de 2018 la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto pr la jueza Reyna y confirmó el fallo apelado.  La Corte de Constitucionalidad confirmó que la juzgadora violó los derechos del pequeño Vladimir Bitkov.

Una vez más -en el caso Bitkov- un tribunal superior ha tenido tenido que enmendarle la plana a una jueza que comete abusos en primera instancia. De esas juezas que acuden al uso de recursos para no cumplir con la ley, aún a costa de la justicia.  Recientemente y en el mismo caso, por ejemplo, la juzgadora Ericka Aifán ha hecho malabares –de la mano de la CICIG– para incumplir con lo resuelto por un tribunal superior (constituido en tribunal constitucional) Y para retrasar la liberación de los Bitkov…y ha sido sancionada por ello.

Asi relata los hechos el abogado Rolando Alvarado:

  1. El 15 de enero 2015, un juzgado de turno me entregó al niño Vladimir Bitkov.  Entrega fue conjunta a mi favor y de su niñera Verónica González.
  2. El 10 de febrero del 2015, la jueza de Primera Instancia (superior a la de turno), nos citó para presentar al niño y realizar una audiencia para determinar su situación.  Lo llevamos, y ese día dijo que “la identidad del niño estaba viciada” (lo que le dijo la Fiscalía Especial contra la Impunidad a la Procuraduría General de la Nación ) y que nosotros no eramos sus parientes.  En ese mismo momento y sin escuchar al niño  (lo cual es grave en materia de la niñez), lo remitió a un cuarto de niños abandonados y ordenó su traslado al Orfanato Amor del niñ, donde fue maltratado.  La jueza prohibió visitas al niño.
  3. Luego de una batalla legal intensa, logramos que la Sala de la niñez revocara la ilegal resolución de la jueza Reyna Salazar, y ordenó que el niño saliera del orfanato (donde pasó 42 días practicamente secuestrado).
  4. Denunciamos a la jueza ante el Procurador de los Derechos Humanos, el anterior, De León Duque, y el declaró que los derechos del niño fueron violados por parte de la jueza y por parte del orfanato.
  5. La jueza y la directora del Orfanato presentaron un Amparo ante la Corte Suprema.  Fue denegado.  Ellas apelaron y fue remitido a la Corte de Constitucionalidad.
  6. La CC dictó sentencia confirmando que la resolución de PDH se encuentra ajustada a Derecho.

24
May 18

Caso Molina Theissen: ¿Los relatos deben considerarse reales?

En este tipo de acciones los relatos de la víctima deben considerarse reales y subsisten por sí mismos, dijo el presidente del Tribunal C de mayor riesgo, Pablo Xitumul.

El juez se refería al proceso contra cinco militares retirados, recién condenados por el tribunal que preside Xitumul.  Los señalados fueron acusados de haber detenido ilegalmente en un control de carreteras  a Emma Molina Theissen cuando portaba propaganda y material surbversivo. Molina fue llevada a la Zona Militar Manuel Lisandro Barillas, de Quetzaltenango, donde fue violentada sexualmente y torturada.y de donde escapó nueve días después. Al poco tiempo su hermano, Marco Antonio, de  14 años de edad y estudiante de secundaria, fue secuestrado por personas vestidas de militares y nunca apareció.

¡Por supuesto que las detenciones ilegales, los secuestros, las torturas, las violaciones y las desapariciones no sólo son deliltos, sino crímenes horribles!  ¡Por supuesto que si alguno de esos crímenes es cometido contra un niño, no sólo es criminal, sino cobarde! ¡Por supuesto que los autores de aquellos crímenes deberían ser castigados!  Pero deberían ser castigados para hacer justicia y conforme a la ley.  ¡No como un acto de venganza! y tampoco en violación del debido proceso y ciertamente, no basados en relatos que subsisten por sí mismos, al margen de las evidencias y de las pruebas. Un relato puede ser verdadero, o falso (hasta lo dice el inspector Fynch, en V for Vendetta); pero las evidencias y las pruebas deben ser plenas.

Aquello se aprende en Derecho Penal I y en Derecho procesal I y sospecho que lo sabe cualquier estudiante de Derecho.  Yo lo aprendí de mis maestros Francisco Fonseca Penedo y Baudilio Navarro Batres, que luego fueron Magistrados de la Corte de Suprema de Justicia. ¿Qué son pruebas?

Los medios y procedimientos aceptados en la ley para convencer al juez de la certeza de los actos y hechos​ discutidos en un proceso judicial. La plena prueba no sólo debería convencer al juez, sino que debería establecer la verdad de los actos y hechos, si ha de servir a la justicia.

De ahí que las pruebas científicas sean más valoradas que las pruebas testimoniales en un proceso.  De ahí que un relato, un cuento o una narración, por conmovedores que sean, por horribles que sean, no deberían constituir prueba alguna.  Pueden ser útiles para la retorica y para la cobertura mediática; pero como elemento probatorio, un relato no sólo no puede subsistir por sí mismo (frente a las pruebas plenas, o en sustitución de las pruebas plenas), sino que no tiene por qué ser considerado como real…y menos en ausencia, o sustitución de evidencias.

La afirmación del juez Xitumul no sólo viola la relación que debería haber entre la la realidad, la verdad, la justicia y la responsabilidad; sino que viola el principio -que conoce cualquier estudiante de Derecho- de que la carga de la prueba pesa sobre el acusador, o sea sobre el que afirma un acto, o un hecho que no es admitido por la contraparte, debido a la presunción de inocencia.  La afirmación del juzgador viola dos principios fundamentales de la justicia penal en Occidente.  ¿A dónde iríamos a parar si, principalmente con base en la narración de la víctima, un acusado (tu, por ejemplo) tuviera que probar que es inocente?

Para que se les hiciera justicia a los Molina Thiessen, los responsables de los crímenes cometidos en su contra deberían enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos conforme a los principios fundamentales citados y conforme al debido proceso y en proporción a su responsabilidad; pero no con base en el criterio de un juzgador que sostiene que los relatos deben considerarse reales (pudiendo no serlo, esto lo saben hasta las piedras) y seguramente no con base en el criterio de un juez que sufrió en carne propia el hecho de que los restos de su padre fueron encontrados en un destacamento militar.

Sólo en ese contexto se explica el criterio de que los relatos de la víctima deben considerarse reales y subsisten por sí mismos; y el hecho de que, el día de la sentencia, el Tribunal presidido por Xitumul citó a los acusados a las 3:00 p.m. y aquella resolución no fue dada a conocer hasta las 10:00 p.m.

Procedimientos judiciales como este -por legítimos que sean los reclamos de las víctimas- huelen a venganza, más que a justicia.  Porque no sólo no se establecen plenamente relaciones causales, ni responsabilidades, sino que se privilegian los relatos o narraciones, y da la impresión que hay un ensañamiento, una intención de humillación y un encono más propios del odio, que de la búsqueda de la verdad y de la justicia.


22
May 18

¡Victoria constitucional para los Bitkov!

Como la jueza de Mayor Riesgo D no cumplió con lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones de lo penal, en el sentido de que anulara la resolución con la cual Igor Bitkov fue enviado a nuevo juicio, aquella Sala -que actúa como tribunal constitucional- le fijó un plazo de 24 horas a la jueza Ericka Aifán para que emita una nueva resolución que debería beneficiar no sólo a Igor, sino a su esposa Irina, y a su hija Anastasia.

La Sala amparó a los Bitkov que pedían no ser sometidos a un proceso penal porque son migrantes y sujetos del Protocolo de Palermo; y tanto ese instrumento, como las leyes nacionales benefician a los migrantes para no ser señalados por delitos referentes a su ingreso y paso por territorios distintos a los de sus orígenes. ¡El caso debe ser sobreseído!

La Sala tercera también le ordenó al Ministerio Público que investigue al a jueza Aifán por incumplimiento y desobediencia al no haber cumplido una resolución emitida por aquel tribunal.  Y la cosa no queda ahí, también le impuso una multa de Q1000 a la jueza.

Es cierto que la multa es casi una nadería, comparada con el daño que les ha causado no sólo a los Bitkov, como personas, y al daño que le ha causado al estado de derecho al desobedecer la resolución de un tribunal constitucional; pero casi simbólica y todo, la multa y la investigación, así como la proteccción de los derechos de los Bitkov, son actos de justicia notables.

La resolución de la Sala tercera -constituida en tribunal constitucional- fue emitida justo antes de que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (que ha estado íntimamente ligada a la persecusión del los Bitkov, de la mano del banco estatal ruso VTB), viaja a Washington D.C. para tratar de rescatar aquella comisión luego de que, en la Comisión Helsinki, su credibilidad ha sido puesta en serias dudas.

Velásquez ha conseguido una audiencia privada con la Comisión Helsinki, luego de no haber aceptado un escrutínio público como cualquiera otro.  ¿Qué ocultan Velásquez, la CICIG y la ONU?

Una de las mayores objeciones contra la forma en que opera la CICIG es que lo hace a la sombra, a espaldas de los tributarios y de los electores, sin responder dentro de un sistema republicano de pesos y contrapesos.  Que tiene el poder de aconsejar al Ministerio Público sobre qué causas penales iniciar, cómo iniciarlas y contra quiénes iniciarlas.  Tal poder formidable -porque el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente- no debería ser ejercido en secreto; ni en Guatemala, ni en Washington D.C.

Actualización: La jueza Aifán le está dando largas al asunto y presentó un recurso de ampliación y aclaración.  ¿Qué poderes la protegen, que siente que puede jugarle la vuelta a un tribunal superior?

Ilustración por Deval Kulshrestha, CC BY-SA 4.0,  Wikimedia Commons.


17
May 18

Caso Bitkov: ¿Puede, un juez, compartir información?

La jueza, de Mayor riesgo D, le dio una respuesta detallada, a la embajada de Rusia, acerca de las posibles penas para los Bitkov.  ¡Dos meses antes de que fueran llevados a juicio! ¿No te parece raro que una jueza independiente responda a una solicitud política durante el trámite de un proceso?

Esto viola la Ley del Organismo Judicial porque es prohibido a los jueces y magistrados dar opinión sobre asuntos que conozcan, o deban conocer (Artículo 70, c); los jueces deben excusarse cuando antes de resolver hayan extemado opinión en el asunto que se ventila (Artículo 123). Viola el Código procesal penal porque todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños (Artículo 314).  Viola la Ley de la carrera judicial porque es falta grave no guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva; (Artículo 40).

Ayer, Igor Bitkov, intentó por medio de dos acciones legales separar a la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán,  como contralora en el caso en su contra;  ambos recursos fueron rechazados ya que a consideración de la jueza Aifán no contenían los medios de prueba necesarios que demostraran que había emitido opinión en el caso Migración. Previo al inicio de la audiencia de ofrecimientos de medios de prueba, la defensa de Bitkov accionó en contra de la jueza aduciendo que había externado opinión al remitir un informe solicitado por los magistrados de la Cámara Penal.

Así operó el asunto:

  1. La embajada de Rusia le hizo la solicitud al Ministerio de Relaciones Esteriores.
  2. El Minex remitió la solicitud a la Corte Suuprema de Justicia y generó un expediente de la carta rogatoria: 01004-2017-01088.
  3. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la sección de procedimimientos especiales remitió el requerimiento de la embajada rusa para las juezas Ericka Aifán y Yassmin Barrios.
  4. La jueza Barrios respondió que no podía atender el requerimiento porque tiene prohibición como juez según la Ley del Organismo judicial (Artículo 70 C). Pero La jueza Aifán si respondió y proporcionó la información requerida por la embajada de Rusia.
  5. Las respuestas de las juezas se fueron de regreso a Procedimientos especiales de la Cámara penal de la Corte Suprema de Justicia y de ahí pasó al Minex.
  6. El Minex le proporcionó, a la embajada de Rusia, la informació proporcionada por la jueza Aifán.

Barrios sabía que aquello estaba mal, ¿no lo sabía Aifán?

¿Y esto no es raro?

Las fotos las tomé de Twitter.


16
May 18

Caso Bitkov, CICIG y Guatemala en el ojo de U.N. Watch

Con el título de Agencia de la ONU en Guatemala secuestrada por Rusia en cruel venganza contra familia que desafió al régimen, la organización United Nations Watch publicó un informe sobre la familia Bitkov, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la administración de justicia en este país.

Una agencia poco conocida de la ONU, creada para combatir la corrupción gubernamental en Guatemala, parece haber sido corrompida por Rusia en su venganza contra Igor, Irina y Anastasia Bitkov, quienes escaparon de Rusia a Guatemala en 2008 temiendo por sus vidas después de haberse atrevido a desafiar a Putin, dice el reporte que incluye evidencias de la influencia de Rusia en la CICIG en la persecusión contra los Bitkov. El informe también indica que, en aquella persecusión, la CICIG violó su mandato y la ley de Guatemala.

United Nations Watch es una organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, cuyo mandato es supervisar el desempeño de las Naciones Unidas con el criterio de su propia Carta. United Nations Watch, junto con otras 20 ONG internacionales, organiza cada año la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia. Iniciada en 2009, esta conferencia anual de derechos humanos reúne a reconocidos defensores de los derechos humanos, víctimas, activistas y ex presos políticos, informados por los principales medios de todo el mundo.

Las evidencias citadas por U.N. Watch incluyen las presentadas por Bill Browder, promotor de la Ley Magintsky, ante la Comisión Helsinki del gobierno de los Estados Unidos de América y otras presentadas por los abogados Victoria Sandoval y Rolando Alvarado.

13 de noviembre de 2014 – La CICIG aceptó una queja del banco VTB contra los Bitkov.

21 de enero de 2015 – El Banco VTB emitió un comunicado de prensa alabando las acciones coordinadas del Banco VTB y la CICIG para detener a los Bitkov.

22 de enero de 2015 – La CICIG argumentó, en la corte para que el VTB Bank se una al caso de migración contra los Bitkovs, aunque las infracciones de pasaportes no guardan relación con las acusaciones de VTB Bank -rechazadas por los tribunales guatemaltecos- de que los Bitkov cometieron fraude contra el banco en Rusia.

26 de enero de 2015 – Un importante periódico ruso, Kommersant, informó que los abogados del VTB Bank involucraron a la CICIG en el caso Bitkov.

14 de diciembre de 2017 – VTB Bank y la CICIG presentaron un recurso para anular la decisión del Tribunal de Apelaciones de Guatemala en favor de Bitkov.

25 de abril de 2018 – Aunque el tribunal constitucional de Guatemala confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones en favor de Bitkov y rechazó la apelación del VTB Bank y la CICIG, el caso fue enviado para su reconsideración por el mismo tribunal penal que erróneamente enjuició a los Bitkov.

Esto es importante porque algunos defensores de la CICIG siguen negando que haya evidencias; a pesar de que ya fueron presentadas hace días.  La evidencia presentada por Sandoval es que la CICIG inició un procedimiento para enviar a un orfanato al hijo menor de edad de los Bitkov; y la presentada por Alvarado se refiere al uso excesivo de la fuerza durante el primer cateo de la casa de los Bitkov, fuerza que fue justificada por un fiscal con base en que el cateo estaba relacionado con el reclamo de VTB, reclamo que ya había sido rechazado por una corte guatemalteca.

La historia triste de los Bitkov ha sido resumida en varios artículos publicados por The Wall Street JournalThe New York Times, y National Review, entre otros, explica el reporte de U.N. Watch.

 


11
May 18

VTB, la CICIG y los Bitkov en la Comisión Helsinki

El empresario Bill Browder presentó, ante la Comisión Helsinki, un listado de evidencias documentales que prueban que le banco estatal ruso VTB trabajó con la CICIC la persecusión  de la familia Bitkov, en Guatemala.

Bill Browder es el promotor de la ley Magnitski, que en sus inicios buscaba castigar a funcionarios rusos involucrados en el asesinato de Sergei Magnitski mediante no dejarlos entrar a los Estados Unidos de América y mediante la prohibición de que usen el sistema bancario de aquel país; y luego se extendió a funcionarios globales involucrados en abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. En Guatemala, un diputado acusado del asesinato de dos periodistas fue sancionado por los EE.UU, con la ley Magintski.

Recientemente uno de los banqueros rusos involucrados en este asunto es Andrey Kostin, presidente del banco estatal VTB que ha sido objeto -junto a otros oligarcas rusos- de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, que le ha aplicado la ley Magnitsky, que equivale a una muerte financiera internacional.

Las evidencias provistas por Browder incluyen que: el 13 de noviembre de 2014 la CICIG aceptó una queja de VTB contra los Bitkov: el 21 de enero de 2015 VTB publicó un boletín de prensa en el que elogiaba las accones coordinadas entre VTB y la CICIG, que llevaron a la captura de los Bitkov; el 22 de enero de 2015 la CICIG arguyó, en la corte, que VTB de debería ser aceptado en los procedimientos judiciales contra los Bitkov.

Las evidencias también incluyen que: el 26 de enero de 2015 un periódico de negocios, ruso, reportó que los abogados de VTB estaban involucrados con la CICIG en el caso contra los Bitkov; el 14 de diciembre de 2017 VTB y la CICIG presentaron una apelación que buscaba anular un amparo a favor de los Bitkov; y el 25 de abril de 2018 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló a favor de los Bitkov y rechazó una apelación de VTB y la CICIG.

Claro que la CICIG no actúa directamente en los tribunales, sino que lo hace por medio del Ministerio Público, de acuerdo con su mandato.  La CICIG hace las investigaciones para el MP, lo asesora en cuanto a qué casos perseguir y con qué intensidad y le arma los casos.