19
Abr 18

Fuertes revelaciones

En los últimos años hemos vivido un debilitamiento de la institucionalidad en Guatemala. Se ha erosionado la confianza de los ciudadanos en las organizaciones que nos representan a todo nivel. Esa consciencia nos motivó a asumir un rol activo en el desarrollo del país y del fortalecimiento de su gobernabilidad democrática. A través de nuestras acciones y proyectos hemos demostrado nuestro compromiso con el desarrollo social y económico de nuestro país. Ante el entorno electoral del 2015, los aquí presentes o representados, decidimos participar facilitando la movilización de fiscales electorales para el partido FCN-Nación. Dicho partido no contaba con fiscales en las mesas electorales que resguardaran la voluntad de cada voto, dijeron Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Ramiro Castillo, Herbert González, José Stefano Olivero, Salvador Paiz, Miguel Torrebiarte y Fraterno Vila.

Las acciones respondieron al momento histórico de  crisis política que existía en nuestro país y la premura bajo la cual se dieron estas acciones, explicaron.

Luego de las declaraciones emitidas  hoy por el el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez y por la Fiscal General Telma Aldana en relación al caso de apoyo financiero al partido oficial FCN-Nación, un grupo de empresarios ofreció disculpas.

No se si te acuerdas; pero durante aquellos comicios las dos posibilidades electorales con posibilidades de ganar la Presidencia de la República eran: Sandra Torres, la del Transurbano, y admiradora de Chávez y de Fidel Castro ; o el vesánico Manuel Baldizón, comprador de títulos y de tesis y vinculado al caso Odebrecht.  La elección ocurría tras el colapso de la espantosamente corrupta administración de Otto Pérez y Roxana Baldetti; y había grupos que querían evitar las elecciones y tomar el poder a golpe de plaza.  Había una crisis de profundidades oceánicas  y ciertamente había que actuar con premura.

Como guatemaltecos, estamos acá dando la cara, asumiendo cualquier responsabilidad que hubiere y conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones personales. Reconocemos, con humildad, que, sin saberlo, se cometieron errores, dijeron los empresarios.

Mi primera aproximación a las fuertes revelaciones de hoy es una valoración de la responsabilidad.  ¿por qué es importante que a la libertad la acompañe la responsabilidad? Porque esta última nos fuerza (y quizás fuerza no es la mejor palabra) a prever las consecuencias de nuestras acciones. Sólo las personas que actúan tienen efectos en la realidad, y sólo las personas responsables saben que sus acciones tienen consecuencias.  Sólo las personas responsables saben que no se mojaron porque llueve, sino porque no sacaron el paraguas, para usar un símil de Fred Kofman; y en este contexto, ¿cómo no valorar el acto de compunción de los empresarios? ¿Cómo no valorar el resarcimiento que ofrecen los artífices del financiamiento al partido oficial?

Desde otra perspectiva, las personas pueden no hacer nada, para no equivocarse.  Pueden conservar su inocencia; pero, ¿cuál es el precio de ser inocente? ¿Cuál es el precio de no actuar?  El precio de la inocencia, es la impotencia, para usar otra idea de Kofman.

Si haber financiado los fiscales del partido oficial durante los comicios de 2015 por interpósitas personas y debajo de la mesa es delito, ciertamente no es un crimen.  Ya sabes, hay delicta mala in se, y delicta mala quia prohibita.  Los primeros son malos por sí mismos porque violan derechos ajenos (matar, robar, o estafar, por ejemplo); en tanto que los segundos sólo son malos porque afectan los intereses de quienes tienen la facultad de legislar, o pueden influir en ellos (el contrabando, la venta de comida sin permisos, o usar la propiedad de uno para lo que le convenga), o porque afectan procedimientos.  En este caso el interés es evitar la opacidad en el financiamiento de partidos políticos.

En aquellos contextos, no deja de ser cierto lo que dijeron hoy los empresarios, en el sentido de que el carácter de las personas no se conoce en los errores, sino de la forma en como los enfrentamos y de qué aprendemos de ellos, asumiendo un firme y claro compromiso de no volver a cometerlos.  No es delicta mala in se, ni es criminal, haber actuado para tratar de garantizarles a los guatemaltecos que se iba a respetar su voluntad elecoral, con respecto a una tercera opción, aunque esa opción  fuera raspada del fondo de la olla y en consecuencia no diera la talla. Si la elección de 2015 la hubieran ganado la del Transurbano, o el de Odebrecht…que también recibían financiamiento bajo la mesa,  ¿estaríamos celebrando la decisión? Voy a apostar a que no…y claro, todo esto explica, aunque no justifica.  Y de todos modos, en la historia de Guatemala, ¿cuándo has visto un mea culpa del tamaño del que viste hoy?

Lo cual me lleva a la segunda aproximación que es en forma de preguntas:

¿Fue casualidad, o no fue casualidad que las fuertes revelaciones de hoy ocurrieran en el contexto de la elección de Fiscal General que tiene que hacer el Presidente? Si así fuera, ¡que truhanería!

¿Cuánto va a pescar, el jacobinismo, en este río revuelto?  Esto es un peligro real que hay que tomar en cuenta.

Sospecho que, para que lo de hoy no sea una victoria pírrica, hubo algún tipo de acuerdos.  Como suele ocurrir. Empero, ¿va a haber chivos expiatorios? Ojalá que no.

¿Qué vamos a aprender de lo que está ocurriendo?  Ojalá que bastante.

Hay quienes creen que el trato dado a los empresarios viola el principio de igualdad de todos ante la ley y que el mismo trato se les debería dar a otros acusados de delitos que no son crímenes.  Opino que es posiblee y se puede cuestionar si la CICIG y el MP tienen facultades para dispensar este trato; pero -all things considered- de ninguna manera debe aplicarse a funcionarios, ni a políticos cuyo mandato era velar por el cumplimiento de la ley y por la buena administración de los dineros tomados de los tributarios.  Estos funcionarios y políticos violaron la confianza de quienes les dieron el mandato.  No cometieron errores de juicio en circunstancias apremiantes; sino que consciente y muchas veces sostenidamente traicionaron aquella confianza. Sin olvidar, siempre y eso sí, los principios básicos de la administración de justicia, en el supuesto de que es justicia, y no venganza, lo que se busca. Además sería incontitucional.

Como dice la canción: Yo no se mañana; pero me voy a la cama con un pensamiento de Ayn Rand:. Cuando los principios básicos opuestos están abierta y claramente definidos, eso obra en ventaja del lado racional; y cuando no están claramente definidos, sino que están ocultos, o difusos eso obra en ventaja del lado irracional.

La foto es de Prensa Libre.


17
Abr 18

La dudosa historia guatemalteca de Rusia

Guatemala, y específicamente la administración de justicia en Guatemala, ha llamado la atención de The Wall Street Journal, en torno a la trama siniestra de la que es víctima la familia Bitkov...a manos de lacayos de Vladimir Putin. El artículo se llama Russia’s Dubious Guatemala Story.  

La historia cuenta algo que se comenta por estas latitudes; pero que parece tan lejano que no faltará quien diga con Susanita, la de Mafalda, que que bueno que el mundo queda tan lejos.

En Rusia, si eres empresario exitoso, Vladimir Putin y sus cronnies, te echan el ojo.  Ese es el caso de Igor Bitkov que compró una fábrica de papel en 1999 y en 2005 recibió una oferta de un lacayo de Putin para comprarle el 51% de la empresa. Bitkov no quiso vender y ese fue su primer error.  Dos años más tarde, Irina Bitkov, esposa de Igor, rechazó la oferta de ser jefa del partido de Putin en Kaliningrado y luego rechazo unirse a la junta de un sindicato en el que Andrey Kostin, presidente del banco estatal ruso, VTV y aliado del presidente de Rusia.

Ese fue srtike three…pero hubo otro desaire para Putin: los Bitkov se negaron a contribuir con donaciones para los secuaces del Presidente de Rusia y eso selló su futuro. A partir de ahí se desató el torbellino infernal.

La hija de Igor e Irina, de nombre Anastasia y de 16 años de edad fue secuestrada y violada.  La familia pagó US$2000,000 como rescate.  Los Bitkovuyeron a Austria con la esperanza de regresar a Rusia cuando las cosas se calmaran.  Dos semanas después, tres bancos estatales que les habían prestado dinero exigieron su reembolso inmediato. Bitkov volvió a Rusia para negociar con los bancos; pero un funcionario le advirtió que había orden de captura en su contra y volvió a salir del país.

Uno de los banqueros rusos involucrados en este asunto es Andrey Kostin, presidente del banco estatal VTB que ha sido objeto -junto a otros seis oligarcas rusos- de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, que le ha aplicado la ley Magnitsky, que equivale a una muerte financiera internacional.

¿Y qué tiene que ver Guatemala con esto?

En Guatemala, los Bitkov recibieron sentencias de prisión inusualmente severas por usar documentos falsos que les proporcionaron, adivina en donde, en oficinas gubernamentales guatemaltecas. Igor está condenado a 19 años, e Irina y Anastasia a 14 años de cárcel.  En 2005 el Ministerio Público los acusó de usar documentos falsificados emitidos por el gobierno; y una corte de apelaciones dictaminó que no habían cometido crimen alguno, sino sólo delitos administrativos.  Mientras tanto, el hermano de Igor y la madre de Irina fueron amenazados en Rusia.  El bufete de abogados que tramitó los papeles de los Bitkov no ha sido investigado.  Y, de acuerdo con la Convención de Palermo y la legislación guatemalteca, la familia rusa debería haber sido tratada como víctimas, y sin embargo, no fue tratada como tal.

¡Sorpresa, la CICIG está involucrada!; pero no te cuento más para que leas la columna de Mary O`Grady, en The Wall Street Journal y te enteres de más detalles; y si quieres darle seguimiento al tema, te invito a seguir @SupportBitkovs


16
Abr 18

¿Magistrados al servicio de posibles delincuentes?

Los magistrados que integran la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia dispusieron que los jueces deben hacer pública la información sobre ordenes de captura…y tres personas que iban a ser capturadas pusieron pies en polvorosa. Esto no debe pasar inadvertido.

Mediante llamadas telefónicas, efectuadas el 12 de abril pasado, tres personas fueron alertadas de órdenes de captura en su contra. Los tres prófugos y otras cuatro personas que residen fuera del país, estarían implicados en la compra fraudulenta de ambulancias para el Seguro Social, por Q49.2 millones, en 2014. Ninguno de los tres sindicados fue localizado en sus domicilios durante los allanamientos para ejecutar las capturas, emitidas por el juez suplente, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad atribuyó el fracaso del operativo a la puesta en práctica de un sistema que permite compartir las capturas vía electrónica entre los juzgados y las unidades operativas de la Policía Nacional Civil. Esa disposición, según el fiscal, fue emitida por la Cámara Penal. Por su parte, los miembros de la Cámara Penal expusieron que, por convenios interinstitucionales se aprobó el uso de tecnología para la notificación de las órdenes de aprehensión.“Por ninguna razón, los miembros de la cámara tenemos acceso a la información; hemos podido advertir que quienes tuvieron en sus manos esa orden de aprehensión electrónica fue el juez que la emitió y el fiscal que la pidió, explicó el magistrado Felipe Baquiax.

¡Por supuesto que todos van a tratar de tirarse la chibolita; pero cosas como esta enojan mucho y no deben quedar impunes, ¿verdad?

La ilustración la tomé de aquí.


12
Abr 18

Max Quirín, el preso político olvidado

¡Me alegro mucho de que la Cámara del Agro haya publicado un campo pagado para recordarnos la canallada de la que es víctima Max Quilrín!

El documento dice:

1055… El número de días que han transcurrido de prisión preventiva sin que se le otorgue medida sustitutiva al Sr. Max Quirín; existiendo una evidente diferencia en el trato con respecto a sindicaciones similares en otros casos de investigaciones sobre posible delito de fraude, relacionados a otras personas.

El efecto claro de esta diferencia de trato, ha venido restringiendo desde hace 1 mil 55 días su libertad sin que haya claramente peligro de fuga ni de obstaculización de la justicia, violando el principio de igualdad y no discriminación y el derecho de libertad personal.

Promover o mantener prácticas contrarias al derecho de libertad personal y del derecho de igualdad de trato ante la ley no es hacer justicia. La igualdad ante la Ley y el respeto al debido proceso y el derecho de libertad personal son fundamentales en la ruta de consolidar un verdadero Estado de Derecho.

¿Quién es Max Quirín y por qué está preso?

Max Quirín es un empresario del café y un filántropo, durante una de las más dañinas tormentas tropicales recientes -literalmente contra viento y marea-, pero también incluso contra los intereses políticos perversos, Quirín era uno de los coordinadores e inspiradores del puente aéreo que, desde el Aeroclub, llevaba auxilio a miles de víctimas de aquél fenómeno destructivo.  También ha tenido una importante participación cívica, de esas que se pagan caro.

Max Quirín fue miembro de la Junta Monetaria, en representación del sector empresarial y en esa misma calidad, paró en la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.  Esa directiva está integrada un propietario y un suplente nombrados por el Presidente de la República, otros por la Junta Monetaria, el Colegio de Médicos,  el Consejo Superior de la Usac, el Comité Coordinador de Asociaciónes Comerciales, Industriales y Financieras; y por los sindicatos. Para un empresario exitoso, participar en juntas directivas como la del IGSS tiene un costo de oportunidad elevado; pero Quirín nunca imaginó que tan alto iba ser aquel costo.

Hace casi tres años, Quirín fue capturado, se le inició juicio y fue puesto preso por el delito de Fraude en la administración pública. ¿De qué se le acusa? de nombrar una junta de licitación sin que sus miembros tuvieran la idoneidad necesaria, lo cual conforme a la Ley de Contrataciones del Estado no es de su competencia; de aprobar lo actuado por la junta de licitación sin advertir que esta no determinó la capacidad técnica de la entidad oferente, lo que no es facultad de la Junta Directiva; y de que autorizó el contrato, lo cual es una obligación con el único requisito que exista la fianza de cumplimiento.

A Max Quirín el tribunal que lleva su caso y la sala correspondiente le han negado medida sustitutiva, a pesar de que podría tener acceso a ella y de que no existe riesgo de fuga. Los plazos legales del procedimiento judicial han sido inescrupulosamente irrespetados e incumplidos

En Max Quirín, historia de una infamia II, por Danilo Parrinello, puedes ver detalles de las injusticias y agravios de los que ha sido víctima. Quirín sigue preso porque  la audiencia de debate oral inició el 26 de octubre del 2016, fueron 33 audiencias en las que se diligenció un 70 por ciento de la prueba y todo apuntaba a que a Max lo tenían que absolver puesto que los propios peritos del MP le dieron la razón. Inexplicablemente el 15 de enero de 2017 uno de los Jueces que integra el Tribunal Noveno de Sentencia Penal se excusó indicando que había recibido presiones de la Magistrada Blanca Stalling.


08
Abr 18

Justicia para Erwin Sperisen

Frente a la embajada de Suiza, en Guatemala, se celebró un plantón con el propósito de pedir justicia para el guatemalteco Erwin Sperisen, que se encuentra procesado en Ginebra por el caso de la toma de Pavón.

Fui porque estoy convencido de que Erwin Sperisen no sólo es víctima de la injusticia, sino de que es chivo expiatorio en un caso político.

En una entrevista publicada el 4 de abril el exfuncionario que:

  •  El Tribunal que lleva mi caso está compuesto por siete jueces. De esos siete se nos informó hace seis meses que habían cambiado a dos. No mirábamos problema, pero hace un par de días se nos comunicó de otros dos cambios. Vemos difícil que en 15 días los jueces se pongan al tanto de un caso de más de 20 mil páginas. Nosotros recusamos a la jueza por haber hecho esos movimientos, porque las dos personas que ella cambio son jueces que pertenecen al mismo partido político que ella, y son personas que buscan ser parlamentarios del Gran Consejo de Ginebra. 
  • El primer fiscal que tomó mi caso me citó, vimos los documentos y me dijo: “yo aquí no veo nada en contra suya”. No puede ser que un año después otro fiscal agarre el caso y justifique mi arresto con un testigo que ha mentido desde un principio. Ese fiscal es hijo de un exfiscal general de Ginebra que formó una asociación, la cual encontró un testigo que dice que yo maté, y con eso justifican mi arresto. Pero ese testigo ha mentido, nosotros lo denunciamos, pero se archivó la denuncia hasta que el Tribunal Federal dijo que ese testimonio no tiene base.
  • Nosotros ya presentamos una lista de testigos y pruebas científicas, y fueron rechazadas.Vamos de nuevo solamente a escuchar a testigos de la acusación, testigos que solo son referenciales, así que solo nos queda esperar cómo manejaron esto los jueces. No se mira mucha seriedad en el tema.
  • Como ha sido en otras oportunidades, me han condenado en base a algo que llaman convicción íntima; es decir que no tiene pruebas, pero ellos así lo creen. Ahora, contra eso, ¿qué puede hacer uno?

¿De verdad se puede condenar a alguien por esa aberración arbitraria y caprichosa llamada convicción íntima y sin pruebas?

Erwin Sperisen, sin ser condenado y en medio de procedimientos viciados, señalado por testigos falsos y pagados, y sujeto a arbitrariedades, ha pasado cinco años en aislamiento total.   Su familia también has sido víctima del espanto de la injusticia y la persecución.

Por las muertes durante la toma de Pavón, otros funcionarios señalados y procesados en España, Austria y Guatemala, han sido absueltos; a pesar de que sus procesos también han estado plagados por los mismos vicios que el de Sperisen.

Mis mejores deseos a Erwin Sperisen y a su familia.


16
Feb 18

¿Quién debe ser fiscal general?

Hoy vence el plazo para que se presenten los expedientes de los aspirantes a Fiscal General; y hasta el miércoles, unas 53 solicitudes de carencia de sanciones morales habían sido presentadas en la procuraduría del Sumo Pontífice de los derechos humanos.

Escucha el podcast, aquí.

¿Por qué es importante esto? Porque el propósito del MP es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país; y a su jefe, el Fiscal General, le corresponde promover la persecución penal y dirigir la investigación de los delitos de acción pública. De por sí es una posición de gran poder la que tiene aquel funcionario; pero lo es más si cuenta con el apoyo formidable de la CICIG y el incondicional apoyo mediático con el que cuenta esa comisión.

De ahí que todo el que pueda trate de influir, con todo, en el filtro de los aspirantes y en la selección de los candidatos. Por ejemplo, hay universidades que, se dice que tienen facultad de Ciencias Jurídicas con el propósito de tener una silla en las comisiones. Organizaciones no gubernamentales de todos los colores hacen micos y pericos -de orden político y de orden judicial- para que la selección que hagan los comisionados sirva a la misión y visión de aquellas ONG…y a las de sus patrocinadores. ¿Habrá algún grupo de interés político que quiera que el jefe del MP sea de los otros?

A esto hemos llegado porque más que un funcionario que vela por el cumplimiento de la ley, el Fiscal General es percibido como un instrumento político cuyas facultades de gran señalador y de perseguidor son útiles para conseguir, por la vía de la persecución penal, lo que no es posible conseguir en las urnas electorales.; y para detener, por la vía judicial, lo no que no se puede detener por la vía electoral.

Por favor, pregúntame qué tipo de fiscal elegiría yo. Gracias. Yo elegiría un jurista con arrestos, que entendiera el valor del respeto a los derechos individuales y el de la igualdad de todos ante la ley; y el del debido proceso y la presunción de inocencia. Independientemente de si el gato fuera blanco, o negro, para usar una idea de Deng Xiaoping. ¿Es eso posible?

Columna publicada en elPeriódico. Ilustración por École française 17e siècle (Paris, Bibliothèque Nationale) [CC0], via Wikimedia Commons.


09
Feb 18

Indemnización, ¿para quienes?

Hay mucha indignación porque la administración Morales pidió compensación para los presos por casos de corrupción. ¡Por supuesto que sería inaceptable que se les diera indemnización a los condenados por actos de corrupción luego de un debido proceso!  ¿En qué cabeza cabría compensarlos?  Lo que deben recibir es castigo conforme a la ley.

Escucha el podcast aquí.

Otro, sin embargo, es el caso de los acusados que fueran encontrados inocentes.  Porque toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. Porque las personas inocentes que hayan sido perseguidas y procesadas por el MP y la CICIG lo han sido no sólo con todo el poder del estado, sino con el peso formidable de la CICIG, en un ambiente mediático hostil y con una carga política notable. Porque si el MP y la CICIG fueron incapaces de probar la culpabilidad de los acusados, con pruebas irrefutables (por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia), y a pesar de la presión a la que están sometidos los jueces, es muy posible que algunos de los encartados sean inocentes y que sus vidas hayan sido arruinadas por la necesidad política de poner en evidencia la corrupción, que es diferente a la necesidad moral y jurídica de castigarla.

¡La corrupción no debe quedar impune!; pero, ¿por qué no sería razonable que los procesados injustamente reciban compensaciones por los daños sufridos a manos de autoridades políticamente parcializadas, o incapaces? Si muchos culpables del enfrentamiento armado para instaurar la dictadura del proletariado han recibido indemnizaciones, ¿por qué no las iban a recibir personas inocentes acusadas injustamente? ¡Por supuesto que ofende que corruptos cuyo enriquecimiento ilícito es obvio pudieran ser beneficiados!; pero no es menos ofensivo que personas inocentes vean sus vidas destruidas por caprichos políticos.  Claro que se corre el riesgo de que los encargados de la persecución penal sean incapaces de armar casos judicialmente sostenibles contra corruptos obvios; pero, entonces, su incapacidad profesional debería tener consecuencias.

Columna publicada en elPeriódico. Ilustración El triunfo de la justicia, por Jean Jouvenet [Dominio público], via Wikimedia Commons.


29
Ene 18

Corrupción y crédito fiscal

El hecho de que la frase devolución del crédito fiscal incluya la palabra devolución, indica claramente que se refiere al acto de reembolsar, reintegrar, restituir o retornarle el crédito fiscal a su legítimo propietario.  Indica, también,  que el que reembolsa, reintegra, restituye o retorna, tiene algo que no le pertenece y se lo devuelve a quien si le pertenece.

Escucha el podcast aquí.

Dicho lo anterior, si queremos acabar con la corrupción en la devolución de créditos fiscales -lo que es muy deseable, como lo es acabar con la corrupción en otros actos y procesos de la administración pública- nos urge descubrir y entender qué (exactamente) es corrupción.

Corrupción es la situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades están corrompidos, que es lo mismo que estar podridos, estropeados, viciados y cosas así.

¿Qué es lo que permite, o facilita, o hasta  que los funcionarios y otras autoridades estén corrompidos? Fundamentalmente dos situaciones: la posibilidad de arbitrariedad y los procedimientos enredados y costosos.  Hay arbitrariedad cuando en las decisiones y actuaciones de los funcionarios y autoridades privan la ilegalidad, injusticia, abuso, desafuero, atropello, iniquidad, tiranía, despotismo, alcaldada, cabildada, parcialidad, improcedencia, y/o abuso de autoridad.

El crédito fiscal es de antología; es la situación paradigmática en la que los funcionarios y autoridades encargadas de su administración pueden actuar de forma arbitraria, y en la que los trámites son costosos y lentos; y, por lo tanto, es fuente abundante de corrupción.

La cosa es así: mediante legislación los funcionarios y autoridades toman dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza.  Separan lo que creen que les corresponde y deberían devolver la parte que tomaron y no les corresponde.  Pero no la devuelven. Se la quedan y la jinetean. Fundamentalmente la usan para pagar gastos, cuando no se diluye en mala administración, o en apropiación indebida cuando no en hurto. Mientras tanto los legítimos propietarios de aquel dinero no pueden disponer de él para pagar sueldos, pagar proveedores, pagar deudas, o invertirlo y aumentar la productividad.

Aparte del robo -que es tomar dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza-, hay corrupción cuando los funcionarios y autoridades no devuelven lo que han tomado de más.  Cuando atrasan su entrega y cuando abren la posibilidad (sólo ellos tienen la facultad de abrir esa posibilidad) de priorizar ciertas devoluciones mediante tráfico de influencias (sólo se puede influir en ellos) y mediante sobornos.

Hay quienes dicen que it takes two to tango y que tan culpable de corrupción es el funcionario o la autoridad que acepta el tráfico de influencias, o comete cohecho; como el propietario que aprovecha influencias y paga coimas para que se le devuelva lo suyo.  De hecho, la legislación, así lo estima; aunque no estoy de acuerdo. El jurista romano, Ulpiano, explicó que justicia es una voluntad firme y constante para dar a cada uno lo suyo, o su propiedad.

En ese espíritu, cuando a los legítimos propietarios del dinero tomado por funcionarios y autoridades les es negada arbitrariamente la devolución de su propiedad (lo suyo), o les es retrasada arbitrariamente aquella devolución, los funcionarios y autoridades no sólo incurren en injusticia y en corrupción, sino que -si piden, o permiten el tráfico de influencias, o la entrega de sobornos- incurren en extorsión.

Para cumplir con sus obligaciones comerciales y morales, o sólo para recuperar lo que es suyo (su propiedad) los legítimos propietarios del dinero de más, tomado por los funcionarios y autoridades deben someterse a la extorsión y a la corrupción impuesta por quienes tienen el poder para decidir si devuelven, o no el dinero que no les corresponde, y cuando.

A una amiga, los funcionarios y autoridades le deben -por crédito fiscal- una suma de seis cifras.  Como ella necesita el dinero (y es suyo) le preguntó a su contador si era el momento de iniciar un proceso administrativo para recuperar los fondos.  El consejo del contador fue que no lo hiciera; porque lo que ha ocurrido en otras ocasiones es que una vez los propietarios del dinero lo piden de vuelta, los funcionarios y las autoridades a cargo ordenan una auditoría intimidatoria que -entre la arbitrariedad, y la complejidad de la legislación tributaria- termina perjudicando al dueño del dinero.

Los estatistas -porque creen que los intereses colectivos deben prevalecer sobre los derechos individuales, porque no entienden el valor de la propiedad y porque son beneficiarios de la expoliación- te han hecho creer que la obligación de tributar no está sometida a los mismos criterios éticos a los que están sometidas las relaciones privadas entre la gente y la propiedad ajena.  Te han hecho creer que los funcionarios y autoridades no son los corruptores, sino los corrompidos.  Te han hecho creer que los legítimos propietarios del dinero expoliado por funcionarios y autoridades deberían someterse, sin chistar, a la arbitrariedad y a los enredos de los que se rehúsan a devolver lo que no es suyo y no deberían tener en posesión.

Si caes en sus trampas retóricas no sólo contribuyes a profundizar y a perpetuar el poder ilimitado y arbitrario de los funcionarios y autoridades, sino que abonas el sistema en el que medra la corrupción e impides que la lucha legítima contra ese crimen tenga posibilidades de triunfar entre nosotros.

Los corruptos deben enfrentar la ley…y a la justicia; y para entender más la naturaleza perversa de la corrupción, y la del estatismo que la cultiva, te invito a visitar los enlaces de abajo:

Una solución razonable, más allá de la corrupción

Dicho lo anterior, ¿cómo se resuelve de fondo este asunto de los créditos fiscales? ¿Cómo evitamos la tormenta perfecta para la corrupción?  En Reformemos el IVA a las exportaciones, Lizardo Bolaños hace una propuesta razonable que comparto: Ejemplos abundan para hacer una buena reforma, como lo muestra la experiencia internacional que va de Uruguay a la Unión Europea. Ya sea usando «IVA cero» o una «cuenta corriente tributaria», es posible quitarles al Gobierno, a la burocracia y a los políticos involucrados el poder de extorsionar a las empresas pequeñas y grandes del país. Y, claro, quitarles a los empresarios la tentación de resolver el problema pagando mordidas.

Y, ¿qué hacemos con los empresarios culpables de cohecho, por ejemplo?

Las penas para el cohecho activo (el que soborna) son de entre uno y cinco años de prisión con multa de cien a tres mil quetzales.  Si yo fuera juez -basado en que los impuestos son una forma de robo y que la retención de los créditos fiscales son ilegítimas e ilegales y que se prestan a extorsión- le daría al culpable de sobornar la pena de un año conmutable y el máximo de la pena monetaria.  Eso con el propósito de no dejar impune el delito.  En la sentencia explicaría bien por qué.  Y si se pudiera, recomendaría, de la forma en que sea oportuno, que los funcionarios y autoridades responsables de crear la tormenta perfecta para la corrupción fueran perseguidos, procesados y castigados con toda la severidad de la ley.  Eso con el propósito de no dejar impune el delito y de explicar bien que, desde el poder, no se vale expoliar, ni extorsionar a los mandantes, ni a nadie.

Gracias a mi cuate, Danilo, animarme a pensar más sobre este tema.

¿Y ahora, qué piensas?

La ilustración la tomé de Facebook.


30
Nov 17

Primero disparan y luego “viriguan”

Por este medio nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitarles un informe circunstanciado con relación al caso del subcomisario de la Policía Nacional Civil Edilberto Uriel López Godínez, quien fuera sancionado por la población de Sololá, consideramos que es importante contar con un informe por cada una de las instituciones para que esta Autoridad Indígena tenga un soporte de las investigaciones y conclusiones que se llegaron a referido caso, motivo por el cual se sirvan enviar de manera inmediata un informe detallado.

Escucha el podcast aquí.

Así dice la nota que la Alcaldía indígena de Sololá le envió a 12 organizaciones luego de que miembros de aquella alcaldía azotaran al referido Sub comisario, tras de acusarlo de ser integrante de una banda de extorsionistas.

¿Te diste cuenta de lo que ocurrió? aquella Alcaldía primero castigó a López Godínez, y luego -bajo presión, y sólo bajo presión- ideó aquel requerimiento para averiguar si había posibilidad, o no, que el funcionario policíaco se mereciera el castigo al que fue sometido.  Primero disparan y luego viriguan, dirían en mi pueblo.

La carta es enviada luego de que las autoridades indígenas de Sololá reclamaran respeto a sus decisiones, en un intento por acallar las críticas a su actuación por considerarlas discriminatorias y faltas de respeto. El alcalde indígena de Sololá, Tomás Saloj, que participó activamente en la azotina contra López Godínez, justificó su actuación indicando que Si nosotros -Autoridad indígena- no actuamos, la gente se nos va encima.

¿Te das cuenta de lo que implica esto? Autoridades que tienen que actuar arbitrariamente, por presiones del populacho, ¿son autoridades?  ¿Qué clase de autoridades violan el más elemental principio del debido proceso y aplican penas infamantes, por temor a la plebe?

El Diccionario jurídico de Cabanellas define el Debido proceso legal como el cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y la producción de pruebas. Más ampliamente el Debido proceso es el principio por medio del cual el administrador de justicia debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley.  Es un principio jurídico según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, cuyo objetivo es  asegurar un resultado justo dentro del proceso, y permitirle al acusado la oportunidad de ser citado, oído y vencido en juicio El debido proceso supone que el administrador de justicia está subordinado a las leyes que protegen los derechos individuales de las personas. Cuando el administrador de justicia actúa sin respetar la ley y el debido proceso causa daños.

No se puede ser autoridad si no se respeta el debido proceso; y no se puede ser autoridad si se debe obedecer el clamor del populacho al margen de la ley y del respeto a los derechos individuales. Se puede ser tirano, pero no autoridad.  Se puede ser pelele, pero no autoridad.  El poder se consigue a fuerza de puños, o de latigazos; pero la autoridad, no. Como ha explicado el juez argentino, Ricardo Rojas, la nota distintiva del derecho indígena, no es que sea consuetudinario; sino que es comunitario y autoritario.

En occidente, el respeto al debido proceso -y a los derechos individuales de los cuales se deriva- ha costado cientos de años de evolución y quién sabe qué cantidad de vidas humanas.  Y eso de castigar de forma infamante primero y averiguar después, no es bien visto desde, ¿desde hace cuántos siglos?

Seguramente es cierto que la llamada justicia indígena o justicia comunitaria es útil para dirimir controversias sobre quién es el propietario y cómo debe pagar si una vaca destruyó una huerta; pero aún así habría que probar de quién es la vaca, al cuidado de quién estaba y si la vaca se soltó por dolo, o por culpa de su guardián.  Aún así habría que respetar el debido proceso, cuyo respeto se hace más imperativo cuando involucra vidas humanas.  Extorsiones, asesinatos, violaciones, y otros delitos complejos no deben ser objeto de juicio por parte de gente que no está entrenada para la administración de justicia, que no conoce principios de derecho y cuyas decisiones están sometidas a la voluntad de la muchedumbre.

Por cierto…mientras la Alcaldía indígena de Sololá virigua, López Godínez fue a parar al hospital, luego de 15 latigazos. Y no se vale que la Alcaldía indígena alegue discriminación y falta de respeto cuando se cuestionan actos de barbarie como los azotes y como la práctica de averiguar luego de aplicar el castigo.

Las fotos las tomé de Facebook.


25
Sep 17

Por irregularidades, nuevo juicio para Sperisen

Porque hubo irreguraridades en el proceso judicial luego del cual fue condenado a cadena perpetua, Erwin Sperisen tiene -ahora- la oportunidad de enfrentar un nuevo juicio y de defenderse apropiadamente de las acusaciones en su contra. En todas partes se cuecen habas, ¿o no?

En Suiza, el exdirector de la Policía Nacional Civil  fue sentenciado a cadena perpetua en 2014, acusado de 10 delitos. En junio de 2017 el Tribunal Federal anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio. Erwin Sperisen esta en libertad condicional y porta un brazalete electrónico.

Por este caso -el de la toma de Pavón y las muertes que ocurrieron en aquella ocasión- también fueron juzgados el exministro de Gobernación Carlos Vielman, en España; y el exdirector de Presidios, Alejandro Giammattei, y el subdirector de investigaciones criminales de la PNC, Javier Figueroa en Guatemala. En esos procesos los juzgadores declararon inocentes a los acusados. Victor Hugo Soto, jefe de investigaciones criminales de la PNC fue juzgado en Guatemala y fue condenado a 33 años de prisión.

Sobre lo que ocurrió en aquella jornada aciaga, y sobre las persecusiones posteriores, Giammattei escribió un libro llamado Relato de una injusticia: caso Giammattei.

Este caso, como el de los hermanos Valdés Paíz, son paradigmáticos de cuando la política prevalece sobre la justicia y a pocos nos parece que eso esté mal.