Para combatir el comercio libre y encarecer más la vida de los guatemaltecos mediante los impuestos a las importaciones, la vicepresidenta Roxana Baldetti asumirá la dirección de la Comisión Interinstitucional de Combate al Contrabando, creada en 2011. Andrés Castillo, presidente de la Cámara de Industria, explicó que durante la reunión sostenida entre empresarios con el presidente Otto Pérez y Baldetti, el mandatario se mostró anuente a continuar los trabajos alcanzados hasta ahora.
Los políticos de turno dicen que combaten el contrabando; pero…¿qué es el contrabando?
Eso que falazmente se llama contrabando, no es más que comercio voluntario y pacífico…luego de que el estado le impone aranceles con dos propósitos inmorales: el proteccionismo, y la redistribución política de la riqueza. Por eso es muy desatinado buscar la salud de las finanzas públicas por medio de un endurecimiento de las leyes y de la aplicación de estas para perseguir eso que llaman contrabando.
El comercio internacional no es más que el comercio entre personas (individuales, o jurídicas), y no no hay diferencia alguna entre dos personas comerciando entre la zona 1 y la zona 2 de la ciudad de Guatemala, o entre el municipio de Guatemala y el de Amatitlán, o entre el departamento de Escuintla y el de Santa Rosa. Tampoco la hay entre dos personas comerciando entre Guatemala y México, o Guatemala y cualquier país del mundo.
La diferencia -aparente- es artificial porque se basa en las fronteras, que son demarcaciones políticas. El comercio entre personas de Guatemala y México está regulado, controlado, prohibido, permitido y gravado, como no lo está el intercambio entre personas de San Marcos y de Petén, porque hay políticos que así lo disponen. Nada más. Si no fuera porque los políticos establecen regulaciones y gravámenes sobre el comercio entre personas de diferentes localizaciones políticas, el llamado contrabando no sería nada más, ni nada menos, que comercio o intercambio voluntario y pacífico. Como el que hay entre las personas de El Progreso y Quiché.
El contrabando, pues, no es un delito intrínsecamente inmoral o delicta mala in se, como se dice en la doctrina del Derecho. Es un delito sólo porque está prohibido por la ley positiva o delicta mala quia prohibita. El asesinato y el robo son delitos intrínsecamente inmorales porque violan derechos ajenos como el derecho a la vida y el derecho de propiedad; pero eso no ocurre con el contrabando qua intercambio.
El delito de contrabando existe, de forma artificial porque los políticos han dispuesto que las personas no pueden intercambiar bienes, a través de las fronteras, sin entregarle una porción de sus expectativas de ganancias a aquellos que controlan las fronteras. De hecho, el delito de contrabando tiene su origen en el despojo y en la expoliación que los que controlan las fronteras ejercen contra la propiedad de quienes intercambian pacífica y voluntariamente a través de ellas. Y encima los políticos disponen que, si las víctimas de la expoliación tratan de evitar ser despojados, incurren en delito.
Este es un caso típico en el que la legislación, en vez de proteger la vida, la propiedad y la libertad de las personas sirve para violar aquellos derechos y para convertir a los ciudadanos en súbditos. Por eso es que los aranceles son inmorales; y por eso es que es desatinado buscar la salud fiscal por medio de leyes más duras contra el intercambio voluntario y pacífico a través de las fronteras.
