Por la transparencia en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Miércoles 9 de marzo de 2011, a las 8:00 a.m. frente a la Corte.
Lea: Opacidad en el Ejecutivo.
Por la transparencia en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Miércoles 9 de marzo de 2011, a las 8:00 a.m. frente a la Corte.
Lea: Opacidad en el Ejecutivo.
La Corte de Constitucionalidad instó a los miembros de la Comisión Postuladora de candidatos a Fiscal General a que se inhiban de integrar la nueva postuladora y a que la organización a la cual representan -las universidades, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados- elijan nuevos representantes. Y el viernes pasado el presidente Alvaro San Nicolás Colom, un grupo de diputados y personajes que dicen representar a la sociedad civil demandaron a los 12 integrantes de la Comisión de Postulación que se inhiban de participar en el nuevo proceso de elección de fiscal general, como lo sugirió la Corte de Constitucionalidad. ¡Todo esto es un reverendo desatino!
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó una lista de impresentables; Un jóven más y el Movimiento Cívico Nacional hicieron igual cosa y la Corte de Constitucionalidad dictaminó que las votaciones en el Congreso deben ser públicas para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué corresponde ahora? Procede que los candidatos tachados sean purgados de la elección; pero si la elección ocurre con ellos incluidos, ¿qué procede?
Gracias a una acción de inconstitucionalidad presentada por Carlos Chacón Torrebiarte, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente parte del artículo 9 del Decreto 64-76 del Congreso, que contiene la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Con ello se detiene la utilización de este recurso para retrasar procesos judiciales y administrativos, pues se ordena que siga el trámite de los casos. En marzo de este año, el diario Siglo Veintiuno publicó que en tres años la CSJ recibió 1,995 conflictos de jurisdicción, de los cuales sólo 4 fueron declarados con lugar.
La Corte de Constitucionalidad decidió darle un espaldarazo y apoyo a la arbitrariedad cuando, ayer, falló en el sentido de no suspender el acuerdo mediante el cual la Municipalidad capitalina dispone avalúos de inmuebles para aumentar el Impuesto Unico sobre Inmuebles.
Impúdico es que cada magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala disponga de Q300 mil anuales para médicos y dentistas. ¿Cómo cuánto tendrá que enfermarse uno cada año para gastarse esa cifra? ¿Cuántas caries tendrá que tener uno para gastarse tanta plata en rellenos? ¿Cuántas coronas, cuántos frenos y cuántos tratamientos de canales podrá uno tener al año? ¡¿Qué médicos y qué dentistas se prestan para emitir las facturas que justifican la obscenidad de estos gastos?!
Si somos optimistas lograremos recaudar alrededor de Q30 millones (unos $3.9 millones), lo cual servirá para cubrir, mínimamente, el déficit financiero producto del alza de los combustibles en el Transmetro, se lamenta hoy, el alcalde Alvaro Arzú, mientras se queja de las críticas contra su Impuesto Unico Sobre Inmuebles, con el que castiga a las familias capitalinas que ya, de por sí, están sufriendo los efectos de la inflación y los del alza generalizada en el nivel de precios.
El dios del Palacio de la Loba derrama sus lagrimas de cocodrilo con descaro y deaparpajo; porque él y su equipo, en el ayuntamiento capitalino, fueron los que diseñaron el Transmetro. Y si este pierde dinero en costaladas, a razón de unos $650 mil mensuales, es por la incapacidad financiera y administrativa de Tu Muni, o por una decisión política deliberada. Luego, si la administración municipal necesita tomar recursos de los tributarios, no es por “el déficit financiero del Transmetro”, así en abstracto; ¡hay “necesidad” de cubrir pérdidas porque ellos tomaron la decisión de que aquel sistema de transporte funcione con pérdidas, o porque son incapaces de hacer que funcione sin ellas! Y ahora, usted tiene que pagarlas.
Encima de todo, la sinvergüenzada esta ha sido refrendada por la Corte de Constitucionalidad que, en vez de defender los derechos de los triburarios, en el sentido de que no es moralmente aceptable gravar derechos; y que son prohibidos los impuestos confiscatorios, ha actuado como parte del “aparato” del estado y le ha reconocido a Tu Muni la potestad de que gobernar es gravar para gastar.
Ayer, la CC dispuso no suspender el acuerdo municipal que da vía libre a los avalúos que lleva a cabo la comuna capitalina, para incrementar el pago del IUSI.
Cuentan los que se acuerdan, que allá por los tiempos de Romeo Lucas, un presidente de la Corte Suprema de Justicia, al asumir el cargo, le agradeció al Señor Presidente su nombramiento al frente de aquel alto tribunal.
La cosa causó entre gracia e indignación porque, de acuerdo con la Constitución era impensable que el Presidente de la República hubiera nombrado al Presidente de la CSJ; y sin embargo, no había duda de que, de hecho, así había sido.
De eso me acordé cuando leí acerca de la toma de posesión de Gladys Chacón como presdienta de la Corte de Constitucionalidad. Alvaro Colom, presidente de la administración socialdemócrata, le impuso el pin y el anillo que la distinguen como Presidenta de aquel alto tribunal; en vez de que se los diera el presdiente saliente, como suele hacerse. ¿Cómo no acordarse del incidente que relato al principio? Sobre todo porque la abogada no olvidó mencionar que tanto Colom, como el presidente del Congreso, Eduardo Meyer, son “sus grandes amigos”.
Aparte de esto, también llama a la reflexión que, una administración que insiste e insiste en que necesita extraer más recursos de los tributarios, se gaste cerca de $1,300 en el acto de toma de posesión de la señora Presidenta de la CC.
La foto, de Prensa Libre, muestra a Leonel Chacón, que le recitó un poema a la magistrada Chacón.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, acciónó contra la Corte de Constitucionalidad por la resolución en la que los miembros de aquel Tribunal resolvieron que España no tiene juriscicción para juzgar a 7 guatemaltecos sindicados de delitos cometidos en Guatemala.
La ex candidata presidencial (que obtuvo 5.74% de los votos válidos) dijo que “pudo haber discriminación, ya que los magistrados, por ser ladinos, favorecieron a los sindicados, que son de su mismo grupo étnico”. En la lógica de la fracasada empresaria de farmacias, sólo los indígenas fallarían a favor de los reclamos indígenas, sólo las mujeres fallarían a favor de las demandas de las mujeres, sólo los pobres fallarían en favor de las exigencias de los pobres, sólo los hombres fallarían a favor de las pretensiones de los hombres, y así sucesivamente. Porque, si no lo hicieren, estarían incurriendo, necesariamente, en discriminación contra los suyos.
¡Yo digo que se le aguanta mucho a Menchú! Para ser alguien por quien no votan ni en su mismo pueblo, se le pone demasiada atención a sus disparates. Este último, el de acusar de discriminadores a jueces que resuelven que otro país no tiene jurisdicción para juzgar a personas acusadas de cometer delitos en Guatemala, es, por lo menos, un absurdo que sólo se explica por la necesidad de mantenerse a flote luego de sus fracasos político y empresarial.