Como ochenta mil jicaques ha de andar Sandra Evita Torres, que junto a su esposo Alvaro San Nicolás Colom, hizo el ridículo en Cuba cuando ambos fueron a ofrecerle la Orden del Quetzal a Fidel Castro y este no quiso recibirlos.
De hecho, el viernes reunió a los diputados del partido gobernante y los fustigó: “Nadie salio en defensa del Presidente con el viaje a Cuba. Les recuerdo que yo tuve que llamarlos personalmente pra que enfrentaran a los medios y defendieran los programa de cohesión social”. Así reclamó la Doña, por la supuesta falta de lealtad de su gente en el Congreso.
Lo cierto, sin embargo, es que dada la reacción ciudadana luego de la afrenta en La Habana, y por la tontera de ir a pedir perdón por Bahía de Cochinos, sin que el tirano de la Isla se disculpara por los miles de muertos del enfrentamiento armado, lo mejor que pudieron hacer los diputados de la administración socialdemócrata fue tratar de no embarrarse.
La batalla que se libra en el Congreso, para evitar que el Ejecutivo tenga el control total del Presupuesto del estado es una batalla por la separación del poder y por el estado de derecho.
En dos platos, el Ejecutivo quiere tener la facultad de hacer transferencias a su sabor y antojo, independientemente del Presupuesto que, según la Constitución, le corresponde aprobar, modificar o improbar al Legislativo.
El Congreso de la República tiene dos funciones importantes fundamentales: legislar y fiscalizar; y en esta segunda dirección, las labores de aprobar, modificar o improbar el Presupuesto que le presenta el Ejecutivo, tiene que ver con la separación del poder. Este principio evita la concentracion del poder en un sólo grupo y es uno de los fundamentos del estado de derecho.
Si el partido de gobierno y sus diputados se alzan con la facultad de mover transferencias según sus necesidades políticas, le quitarán al Congreso de la República la facultad de controlar el Presupuesto que el Ejecutivo le somete a consideración. Y si así fuera, ¿de qué serviría, del todo, enviar el presupuesto? Sin los llamados candados, el Presupuesto quedará a merced de las decisiones arbitrarias de la administración.
Los electores y tributarios tenemos derecho a saber qué diputados promueven la hipoteca de las futuras generaciones de chapines -mediante préstamos-, y qué diputados promueven que se incremente la expoliación para el servicio de más, y más políticos y burócratas.
Cívicamente, es muy educativo, también, que los diputados asuman la responsabilidad de sus acciones, y que los electores y tributarios sepan qué diputados protegen sus libertad y propiedad; y qué diputados no vacilan en violarlas para alimentar intereses políticos y económicos.
Por eso es valiosa y educativa la iniciativa del Partido Patriota y de la bancada Líder, en el sentido de que para aprobar de urgencia siete prestamos, eliminar las restricciones del presupuesto y se repartan las comisiones legislativas, los diputados tengan que votar de forma nominal y razonada. Sin la protección del anominato, las acciones de los diputados serán más transparentes.
Usted habrá leído, en la Constitución, que los diputados son “irresponsables por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo”; pero, ¿cómo va a saber uno si su diputado se merecía ser electo, o merece ser reelecto, si no conoce cómo vota, ni como actúa cuando está en el ejercicio de sus funciones públicas?
Los diputados deben responder por sus acciones frente a los electores y a los tributarios, y la irresponsabilidad a la que se refiere la Constitución no tiene que ver con esta clase de accountability, intimamente relacionada con otro principio constitucional que dice que “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalemten por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.
Si no hubiera dinero en las arcas públicas chapinas, ¿usted cree que los diputados se gastarían Q100 mil para los festejos del cambio de directiva del Congreso?
Esos diputados, que usted conoce por corruptos, sinvergüenzas, transeros, traidores, mentirosos, mañosos, nefastos, haraganes, patanes, ñaques y muchos de ellos hasta delincuentes, se van a somatar Q100 mil para celebrar algo tan de trámite como es el cambio de junta directiva en el Legislativo. Esos Q100 mil, por cierto, son de los tributarios; y no serán usados para otras cosas, en las que sí son necesarios. Digamos que no serán usados para mejorar la seguridad ciudadana, ni para entrenar policías, ni para mejorar la capacidad de investigación de la fiscalía, o la capacidad de impartir justicia en los tribunales.
Los Q100 mil que le sobran a los diputados serán gastados en satisfacer la vanidad de un puñado de parásitos.
La administración socialdemócrata y sus aliados en el Congreso de la República pretenden aprobar el Presupuesto del estado como si fuera de urgencia, a marchas forzadas.
La comisión de Finanzas, en el Congreso de la República dictaminó favorablemente acerca de ponerle más cargas impositivas sobre los guatemaltecos. Le dió luz verde al Impuesto de Circulación a las Primeras Matrículas, al Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles…y esto es sólo el principio.
Los votos de 104 diputados, cuyos nombres habría que saber, hicieron posible que el Congreso aprobara la Ley de Frecuencias Televisivas que impide a los canales 9 y 5 asignados al Legislativo y a la Academia de Lenguas Mayas respectivamente, vender espacios publicitarios a los partidos políticos, y tener pautas comerciales. Dicha normativa asegura el monopolio atrificial de los canales de televisión abierta, propiedad de Ángel González.
Las explicaciones que el ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Light, les dio a los diputados de la Comisión de Finanzas no fueron suficientes para convencerlos de firmar un dictamen a favor del paquetazo tributario que busca imponer la administración socialdemócrata.
