Sergio Morales
27
Mar 09
¡Otra salvajada!
18
Mar 08
Los signos de los tiempos
La posible eliminación del Programa Nacional de Autogestión Educativa, y el secuestro de 4 turistas belgas y 2 guatemaltecos, son dos hechos a los que no hay que perder de vista porque son paradigmáticos.
El Pronade es un programa exitoso que involucra a los padres de familia en el control directo de la docencia, incluía un proceso de oposición e incentivaba a los maestros públicos a ser accountables porque tienen que responder frente a quienes los contratan. Por otra parte, como sus plazas no son fijas, le ahorran a los tributarios mucho dinero en prestaciones y canonjías (unos Q300 millones).
Sin eembargo, la administración socialdemócrata podría eliminar el Pronade para cumplir sus compromisos electorales con el poderoso y perjudicial sindicato magisterial, cuyo dirigente es Joviel Acevedo.
Con respecto a los turistas, el procurador de los derechos humanos, Sergio Morales, comentó que aquellos fueron liberados a cambio de tres dirigentes campesinos que habían sido capturados por las autoridades en relación con disturbios ocasionados por una turba que exigía la liberación del dirigente Ramiro Choc que se dedica a organizar invasiones. El grupo de Choc tiene una historia interesante: su agrupación amenazó con boicotear las elecciones generales del año pasado y cuando fue capturado por usurpación agravada, la turba ocupó el juzgado en donde estaba, para liberarlo y luego su gente secuestró a 18 policías. Los vecinos de Livingston temen las consecuencias económicas de las acciones de Choc, que no ha sido liberado.
La dirigencia popular le está tomando la medida a la administración de Alvaro Colom. Como el niño que quiere un dulce y está dispuesto a hacer cualquier berrinche para conseguirlo, el futuro de ese niño dependerá de si sus padres doblan la cerviz frente a los pataleos, o no.
30
Dic 07
"La anatomía del compromiso"
“No se vale participar para obstaculizar los procesos”, dijo el procurador de los derechos humanos, de Guatemala, el viernes pasado, al cuestionar el proceder de representantes de algunos sectores sociales en las instancias de diálogo convocadas por el gobierno.
Sergio Morales dice que “los sectores sociales deben participar más para aportar y empujar los procesos, en busca del bien nacional”.
Le he puesto atención a estas declaraciones del Procurador porque ilustran muy bien, ¡pero muy bien!, los errores metodológicos de la muchos políticos y analistas guatemaltecos. En esta entrada voy a ocuparme de dos: el colectivismo, y el hábito de tratar las cosas en paquete.
El colectivismo se hace evidente cuando se piensa que la política, o la economía, son cuestiones de sectores sociales, de grupos sociales, o de grupos de interés; no de individuos. Se piensa que hay un interés nacional más allá de la suma de los intereses individuales. Esta forma de pensar estima que lo que importa es el grupo, y entonces, sin un grupo, uno no es nada. Desde una visión marxista, estos grupos son las clases sociales; pero desde otras perspectivas, hay grupos étnicos, o de sexo, para poner dos ejemplos.
Yo prefiero el individualismo metodológico que entiende la acción humana como un proceso personal, y no como uno grupal. Para los políticos del corte del Procurador, lo que importa es llegar a acuerdos entre grupos de interés y lo que valen son los acuerdos, no los contenidos. Esto es porque esa posición tiene raices utilitaristas a la manera de que lo que se persigue es el mayor bien para el mayor número, sin tomar en cuenta a las minorías que disienten. Por eso es que aquel que no esta de acuerdo con lo decretado por la mayoría es un obstaculizador de procesos, un negativo, un inconforme, o “un miembro de las mafias”.
El hábito de tratar las cosas en paquete es muy cómodo y es otra característica del análisis político y económico chapín. Al descartar el individualismo metodológico, políticos y analistas centran su atención en grupos de personas y eso conduce a agrupar ideas y fenómenos de igual manera.
Quien hace eso, deliberadamente ignora las diferencia sutiles pero importantes que existen entre las ideas (aunque superficialmente parezcan iguales) y entre los miles y millones de actos y hechos que día a día conforman eso que conocemos como sociedad. Por eso es que muchos políticos y analistas creen que la sociedad actúa y piensa. Por eso creen que el mercado es un “dios”, o que el mercado consume y produce.
El tratar las cosas en paquete tiene una ventaja para aquellos políticos y analistas: les permite hacer caso omiso de los principios y de los valores porque “el paquete es más importante” que las valoraciones individuales, o los principios involucrados en las decisiones personales. Desde aquella perspectiva, el paquete es más grande y por lo tanto debe tener precedencia.
Por eso es que, para ellos, los intereses generales deben prevalecer sobre los derechos individuales. Y por eso es que aquellos que no están de acuerdo con lo que decide la mayoría, son los que obstaculizan los procesos. Los procesos, son más importantes, para ellos, que las personas individuales que se ven involucradas en ellos.
Para ellos el interés nacional es más importante que los derechos individuales de cualquiera que se oponga a los designios del grupo (mayoritario, o minoritario) que haya acordado cuál es ese interés nacional.
Por eso también, es que muchos “representantes de sectores” que llegan a los dialogos convocados por los políticos, llega a regatear posiciones y no a defender principios. No llegan a cuestionar si es legítimo y moral que el gobierno tome recursos ajenos por la fuerza para atender y privilegiar a intereses particulares; sino que llegan a negociar la tasa del impuesto. O su temporalidad, como ocurrió con el Ietaap.
Yo digo que si un proceso viola los derechos individuales de una sola persona. ¡Una sóla!, el deber de cualquiera que valore la vida, la libertad y la propiedad, es obstaculizar ese proceso. Su deber moral es desactivarlo y ponerlo en evidencia.
En todo diálogo y en todo proceso político, los “representantes de los sectores sociales” deberían ponerle atención a algo que escribió la filósofa Ayn Rand en Capitalism: the unknown ideal (Capitalismo: el ideal desconocido). En el capítulo denominado La Anatomía del Compromiso, Rand describe algunas reglas acerca de trabajar con principios en la práctica y acerca de la relación de aquellos con objetivos concretos.
1. En todo conflicto entre dos hombres (o dos grupos) que comparten los mismos principios básicos, gana el más consistente.
2. En toda colaboración entre dos hombres (o grupos) que se apoyan en diferentes principios básicos, es el más maligno, o irracional, es el que gana.
3. Cuando los principios básicos opuestos están abierta y claramente definidos, eso obra en ventaja del lado racional; y cuando no están claramente definidos, sino que están ocultos o difusos, eso obra en ventaja del lado irracional.
No hay, ni puede haber, nada de malo en defender la libertad individual frente al colectivismo. Y si uno está en un “diálogo”, imbuido en un “proceso”, no hay nada de virtuoso en acceder a las demandas del poder y a las exigencias de los grupos de interés por el sólo hecho de no ser un intransigente.
Los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad no se pierden de golpe; sino que se pierden cada vez que alguien accede a ceder un pequeño “pedazo”, para que no se rompa el diálogo, y para que no se interrumpa el proceso.
22
Dic 07
Una observación muy oportuna del PGN
Mario Gordillo, procurador general de la nación, explicó que le preocupa que la Corte Suprema de Justicia otorgue el amparo que solicitó el Procurador de los Derechos Humanos, contra los procesos de adopción que están en trámite, porque “dejaría en un callejón sin salida a centenares de menores que ya no viven con sus madres biológicas y permanecen en casas cuna”.
La PDH fue notificada, el miércoles, de que el amparo interpuesto por el procurador Morales, para suspender el trámite de adopción ,había sido remitido a la CSJ. La PDH pretendía suspender aquel trámite hasta este 31 de diciembre, cuando entrará en vigor la nueva ley de adopciones. El amparo fue presentado en contra de la Procuraduría General de la Nación, en la Corte de Constitucionalidad el lunes pasado.
Unos dos mil niños esperan un hogar mediante adopciones en trámite; mismas que serían suspendidas si la CSJ ampara a Morales.
14
Nov 07
Golpe al estado niñera
A partir de hoy es libre la venta, distribución, importación, fabricación y almacenaje de silbadores, en Guatemala, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto el amparo provisional que prohibía lo anterior.
De forma improcedente, la Corte había amparado de manera provisional a la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque el Procurador presentó la acción legal contra el Ministerio de Economía, para que no extendiera más licencias de importación y de fabricación de silbadores, y que se prohibiera la venta de aquellos artículos.
La acción de la PDH se originó por el incendio ocurrido el 20 de noviembre del 2006 en el mercado La Terminal, donde murieron 18 personas.
Luis Fernández, presidente de la Cámara de Amparos, mencionó que entre los argumentos destaca que una resolución de la Corte no puede limitar las actividades comerciales, las cuales deben ser reguladas por leyes.
El fallo señala que si “la Corte Suprema de Justicia decretara tal limitación se arrogaría facultades que únicamente le competen al honorable Congreso de la República, a través de la emisión de normas que regulen tales situaciones”. Por esas razones, el magistrado Fernández dijo que solo con la aprobación de una ley en el Congreso se podría restringir esa actividad comercial.
Al procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, parece no importarle el Estado de Derecho e impugnará la resolución; y, contra la razón, afirma que sigue vigente la prohibición de la venta y comercialización de silbadores y canchinflines. Los burócratas del estado niñera chapín no entienden -o no quieren entender- que en el largo plazo y para todos es mejor que el poder público esté sometido a la ley. Y que por muy buenas intenciones que tenga, el estado niñera no debe regular arbitrariamente las actividades comerciales.