24
Jul 09

Pero que mala taza esos del IGSS

Una malatazada es lo que hace el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con los altos funcionarios a los que el seguro social no quiere darles cobertura. Hoy leo que Maynor Robles, jefe del departamento actuarial y estadístico del Instituto, dijo que hay que considerar el perfil que tienen estos funcionarios; es decir, la morbilidad que ellos van a presentar, porque muchos de ellos presentan enfermedades crónicas, como presión alta, cardiovascular, diabetes, que son enfermedades de alto costo y esto impacta financieramente en los programas.


Dicho en otras palabras, por cuestiones puramente financieras -y nada humanitarias- el IGSS se rehusa a darles cobertura a los altos funcionarios porque son muy costosos y riesgosos. Lo cual, encima de todo, no tiene sentido, porque el IGSS obliga a pagar a altos ejecutivos del sector privado, que están sometidos a las mismas presiones, pero sí tienen que cotizar.

Eso, claro, nos lleva a una contradicción conceptual del Seguro Social. Los altos ejecutivos del sector privado están obligados a pagar, no porque al IGSS les preocupe su salud (como ya quedó evidenciado por las implicaciones de las declaraciones de Robles), sino porque supuestamente tienen una obligación solidaria con los más pobres. Se supone que los ejecutivos bien pagados, aunque no tienen necesidad de caer con el seguro social, están obligados a cotizar para contribuir al canasto comunal y apoyar, con sus altos pagos, a mejorar las condiciones de los que tienen menos ingresos. Ya todo ese proceso redistributivo es falaz y perverso, como para que se le añada el nuevo elemento que queda al descubierto con los que nos cuenta Robles.

Sepa usted, que los altos funcionarios del gobierno están exentos de la obligación solidaria a la que sí están sometidos los ejecutivos del sector privado. Esto constituye un privilegio para los funcionarios, y una malatazada para los más pobres, que no se benefician con las contribuciones de los funcionarios privilegiados.

Al final, tantas inconsistencias propias del seguro social en el que todo es de todos y nada es de nadie, sólo perjudican a los trabajadores que no tienen otro palo en qué ahorcarse; y sólo minan el estado de derecho y la igualdad de todos ante la ley. Por eso, urge una reforma del seguro social en el que cada quién sea dueño de sus ahorros, en vez de que pase como ahora, que los que más se benefician son los funcionarios que los maladministran, se los roban, o los pierden.

01
Abr 09

Se ha perdido todo el pudor

Cuando allá por 1987 la administración de turno intentó prohibir el uso de vidrios polarizados en los automóviles, con el pretexto de que ello contribuiría a la seguridad ciudadana, los ponentes de la ley pretendieron que sólo los funcionarios públicos pudieran tener sus vehículos polarizados.

Esto puso en evidencia tres cosas:
1. Que los funcionarios no tenían empacho alguno en asignarse ese privilegio.
2. Que los vidrios polarizados brindaban beneficios a los que los funcionarios no estaban dispuestos a renunciar: protección contra la delincuencia y comodidad frente al sol y al calor.
3. Que a los funcionarios no les importaba privar de aquellos beneficios a los electores y a los tributarios.
Con todo y todo, bastó que la prensa expusiera estos tres aspectos para que la iniciativa fuera deshechada.  Electores y tributarios se manifestaron indignados por las pretensiones de los promotores de la regulación citada, y todo quedó en nada.  Ya no hubo prohibicion porque no se basaba en la igualdad de todos ante la ley.  Este principio, el de la igualdad de todos ante la ley, es fundamental para el estado de derecho y para la convivencia social pacífica.  Cuando es violado, ¡y cuando es violado por los que están llamados a protegerlo!, es una gran calamidad.
Ahora ha ocurrido algo parecido, pero como ya se ha perdido todo el pudor, a pocos nos parece relevante.  Los diputados y la administración promovieron una nueva ley de armas que les limita a los electores y tributarios su derecho a tener y portar armas para su defensa personal (cuando la administración es absolutamente incapaz de proteger ese derecho) y les da a funcionarios y exfuncionarios el privilegio  de no tener que registrar sus armas.  
Un privilegio tan descarado y tan abusivo debería ser intolerable en una sociedad que no sea de ovejas y de súbditos.  Y, encima, uno se pregunta, ¿qué pasará cuando un funcionario, o diputado bolo, como ya ha ocurrido, salga y haga disparos irresponsables que causen daños?  ¿Qué pasará cuando a un diputado, a un funcionario, o a su seguridad les roben las armas no registradas? ¿Qué pasará cuando algún diputado, o funcionario le de por vender, o prestar su arma no registrada?

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