Cuando objeté, desde el principio, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y a su predecesora la nonata Ciciacs, lo hice sobre dos asuntos que me parecían muy negativos e inquietantes:
1. La manía chapina de no resolver las cosas y esperar que otros limpien lo que ensuciamos; y
2. El peligro de crear una superpolicía política al estilo de la KGB, la Stasi, o la Gestapo.
Ya lo primero se vio cuando -sin la concurrencia de la Cicig- la sociedad civil chapina no hubiera podido controlar a las mafias durante la elección de magistrados en el Organismo Judicial; y se está viendo porque, parece evidente que esa comisión es la que empuja la investigación de casos criminales de alto impacto político.
Lo segundo ya se perfila en este último contexto y ha sido muy bien explicado por Gabriel Orellana en su artículo Los investigables; mismo que, por su importancia y claridad, me permito reproducir en este espacio.
El “Diario de Centro América” del 22.12.09 tiene una particular importancia: es el periódico oficial del Gobierno de Guatemala. Este es el medio que informa que la abogada Yolanda Pérez se dirigió al Presidente del Organismo Judicial, “en nombre de Carlos Castresana, jefe de la Cicig”, para comunicarle “que la mencionada institución investigaba a los ex magistrados (de la Corte Suprema de Justicia, supongo)”, motivo por el cual “no estaba de acuerdo con el nombramiento de Vladimir Aguilar”. De esta cuenta es que, así como en Colombia se desarrolló el concepto de “los extraditables”, la Cicig trajo para Guatemala el de “los investigables”, grotesca negación del Estado de Derecho.
Son personas que, sin estar sometidas a proceso legal, con la complicidad del Estado de Guatemala, han sido privadas, de facto, de los derechos que tienen en cuanto seres humanos. Destaco, a título de ejemplo, su derecho a igual protección ante la ley; su derecho para optar a cargos y puestos públicos; su derecho a la seguridad jurídica; su derecho a la dignidad, y su derecho al desarrollo integral de la personal. Y empeora su situación el que sea por un tiempo incierto e indefinido, porque aun asumiendo que se trate de investigaciones realizadas de buena fe, vaya usted a saber cuánto tiempo consumirá la Cicig en concluirlas. Grave es también que ya en la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24.11.09 (“Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs Guatemala”), nuestro Gobierno admitió que, en Guatemala, el derecho a tener un juicio “dentro de un plazo razonable” es una quimera. Y por si lo anterior fuera poco, la CC se ha negado a tramitar las acciones de amparo en contra de la Cicig.
