Luis Figueroa CARPE DIEM Periodismo de reflexión, por la libertad y la razón

La Sala Segunda de Mayor Riesgo, otorgó arresto domiciliar a Irina Bitkov y Anastasia Bitkov, y les asignó una caución económica de Q50 mil a cada una. ¿Quién se opuso y por qué? La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El fallo no está firme y habrá de ser llevado a la jueza Yasmín Barrios, que podría negarse e, incluso, recibir una apelación de parte de la CICIG.  Ni la Procuraduría General de la Nación, ni el Ministerio Público se opusieron a la resolución de la Sala Segunda (porque no hay delito alguno que perseguir, de acuerdo con el Protocolo de Palermo). Siendo que el MP -cuya función es promover la persecusión penaly dirigir la investigación de los delitos de accion pública en persecución de la justicia, de forma objetiva, imparcial y con apego al principio de legalidad- no se opueso; y siendo que la Comisiónes un auxiliar del MP, un organo asesor del MP llama la atención que se oponga. Llama la atención, también, que la CICIG pretenda usar a Irina Bitkov como rehén, y supuestamente garantizar la permanencia de la familia en el país.  Esto último es una práctica inhumana.

Mientras tanto, el senador Roger Kicker, presdiente de la Comisión Helsinki de los Estados Unidos de América, y el representante Chris Smith, vicepresidente, celebraron la resolución de la Sala Segunda.  Al liberar a la familia Bitkov, el gobierno de Guatemala ha demostrado su compromiso con el estado de derecho. Ahora se deben hacer todos los esfuerzos para proteger a esta familia de represalias adicionales por parte de las autoridades rusas y agilizar el proceso de limpieza de sus nombres, para que su larga pesadilla pueda terminar y puedan vivir en paz , dijo el presidente Wicker. Esta no será la última vez que el Kremlin intenta abusar de los tribunales e instituciones legales del mundo para resolver una venganza. Debemos encontrar formas de defender a nuestras organizaciones internacionales de la propaganda y la manipulación rusas, añadió.  A lo largo del caso la embajada de Rusia en Guatemala ha tenido comunicación intensa con la CICIG y con la jueza Ericka Aifán.

La foto 1 es de elPeriódico.

Por quebrantos de salud y debido a que no hay peligro de fuga, Igor Bitkov goza de arresto domiciliario sin vigilancia luego de una resolución de la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán.

Igor Bitkov tiene prohibición de salir del país y debe asistir al Ministerio Público, cada semana, para registrarse.  Bitkov ya se reunió con su hijo Vladimir, que es menor de edad.

Aquellas son las buenas nuevas; pero falta mucho por resolver para que se haga justicia.  Primero, su esposa Irina y su hija Anastasia todavía están en prisión. Los Bitkov -perseguidos por Vladimir Putin– han estado en prisión injustamente durante tres años y medio.  Injustamente porque son sujetos del Protocolo de Palermo para migrantes. Injustamente porque la Sala tercera de la Corte de Apelaciones, constituida en tribunal constitucional ha ordenado que se cierre el proceso en su contra, en tanto que la jueza Aifán no ejecuta aquella orden, ha sido multada y debería ser investigada por el Ministerio Público, de acuerdo con una resolución de la Sala tercera.  Injustamente porque la jueza D ha iniciado una cadena de amparos para retrasar la liberación de la familia. En dicha cadena de recursos se han involucrado el Registro Nacional de Personas, que en tres años de proceso había estado al margen y, ¿cómo no? la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que ha sido el enlace con el banco estatal ruso VTB y las influencias del Putin. Injusta porque el niño Bitkov ha pagado cara la persecusión de sus padres.

Como la Comisión Helsinki, de los Estados Unidos de America, se ha ocupado del caso y los culpables de la persecusión y violación de los derechos de los Bitkov podrían ser sujetos de a Ley Magnitky global se hace más dificil mantener el acoso contra la familia.

La foto es de Igor Bitkov y sus abogados, hoy a la 1:00 a.m. Tomada de Twitter.

Luego de la captura de sus padres, Vladimir [Bitkov], con apenas tres años de edad, se fue a vivir con sus dos tutores legales, uno su niñera de los últimos tres años, y el otro un amigo cercano de la familia. Pero no por mucho. En un acto de extraordinaria crueldad, una jueza, María Belén Reyna Salazar, dictaminó que por su “seguridad”, debería ser trasladado a un orfanato sin contacto con sus padres o tutores. Permaneció allí durante 42 días antes de que otro juez anulara la decisión anterior. Volvió a sus guardianes un niño asustado y con cicatrices psicológicas que padecía conjuntivitis y portaba parásitos, dice Irina Bitkova en Business Insider.  El niño Bitkov también salió del orfanato con un diente roto y lastimado físicamente.

Aún con esos antecedentes, en marzo de 2016 la jueza Reyna y Shyrel Lynne Osborne, responsable de la Asociación Amor al Niño, interpusieron un recurso de Amparo con el propósito de reclamar al niño y devolverlo al lugar de donde había salido física y psicológicamente dañado.  El amparo fue denegado por improcedente, las amparistas fueron condenadas a costas y sus abogados fueron multados…y la jueza apeló el fallo.

El 22 de mayo de 2018 la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto pr la jueza Reyna y confirmó el fallo apelado.  La Corte de Constitucionalidad confirmó que la juzgadora violó los derechos del pequeño Vladimir Bitkov.

Una vez más -en el caso Bitkov- un tribunal superior ha tenido tenido que enmendarle la plana a una jueza que comete abusos en primera instancia. De esas juezas que acuden al uso de recursos para no cumplir con la ley, aún a costa de la justicia.  Recientemente y en el mismo caso, por ejemplo, la juzgadora Ericka Aifán ha hecho malabares –de la mano de la CICIG– para incumplir con lo resuelto por un tribunal superior (constituido en tribunal constitucional) Y para retrasar la liberación de los Bitkov…y ha sido sancionada por ello.

Asi relata los hechos el abogado Rolando Alvarado:

1. El 15 de enero 2015, un juzgado de turno me entregó al niño Vladimir Bitkov.  Entrega fue conjunta a mi favor y de su niñera Verónica González.
2. El 10 de febrero del 2015, la jueza de Primera Instancia (superior a la de turno), nos citó para presentar al niño y realizar una audiencia para determinar su situación.  Lo llevamos, y ese día dijo que “la identidad del niño estaba viciada” (lo que le dijo la Fiscalía Especial contra la Impunidad a la Procuraduría General de la Nación ) y que nosotros no eramos sus parientes.  En ese mismo momento y sin escuchar al niño  (lo cual es grave en materia de la niñez), lo remitió a un cuarto de niños abandonados y ordenó su traslado al Orfanato Amor del niñ, donde fue maltratado.  La jueza prohibió visitas al niño.
3. Luego de una batalla legal intensa, logramos que la Sala de la niñez revocara la ilegal resolución de la jueza Reyna Salazar, y ordenó que el niño saliera del orfanato (donde pasó 42 días practicamente secuestrado).
4. Denunciamos a la jueza ante el Procurador de los Derechos Humanos, el anterior, De León Duque, y el declaró que los derechos del niño fueron violados por parte de la jueza y por parte del orfanato.
5. La jueza y la directora del Orfanato presentaron un Amparo ante la Corte Suprema.  Fue denegado.  Ellas apelaron y fue remitido a la Corte de Constitucionalidad.
6. La CC dictó sentencia confirmando que la resolución de PDH se encuentra ajustada a Derecho.

Como la jueza de Mayor Riesgo D no cumplió con lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones de lo penal, en el sentido de que anulara la resolución con la cual Igor Bitkov fue enviado a nuevo juicio, aquella Sala -que actúa como tribunal constitucional- le fijó un plazo de 24 horas a la jueza Ericka Aifán para que emita una nueva resolución que debería beneficiar no sólo a Igor, sino a su esposa Irina, y a su hija Anastasia.

La Sala amparó a los Bitkov que pedían no ser sometidos a un proceso penal porque son migrantes y sujetos del Protocolo de Palermo; y tanto ese instrumento, como las leyes nacionales benefician a los migrantes para no ser señalados por delitos referentes a su ingreso y paso por territorios distintos a los de sus orígenes. ¡El caso debe ser sobreseído!

La Sala tercera también le ordenó al Ministerio Público que investigue al a jueza Aifán por incumplimiento y desobediencia al no haber cumplido una resolución emitida por aquel tribunal.  Y la cosa no queda ahí, también le impuso una multa de Q1000 a la jueza.

Es cierto que la multa es casi una nadería, comparada con el daño que les ha causado no sólo a los Bitkov, como personas, y al daño que le ha causado al estado de derecho al desobedecer la resolución de un tribunal constitucional; pero casi simbólica y todo, la multa y la investigación, así como la proteccción de los derechos de los Bitkov, son actos de justicia notables.

La resolución de la Sala tercera -constituida en tribunal constitucional- fue emitida justo antes de que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (que ha estado íntimamente ligada a la persecusión del los Bitkov, de la mano del banco estatal ruso VTB), viaja a Washington D.C. para tratar de rescatar aquella comisión luego de que, en la Comisión Helsinki, su credibilidad ha sido puesta en serias dudas.

Velásquez ha conseguido una audiencia privada con la Comisión Helsinki, luego de no haber aceptado un escrutínio público como cualquiera otro.  ¿Qué ocultan Velásquez, la CICIG y la ONU?

Una de las mayores objeciones contra la forma en que opera la CICIG es que lo hace a la sombra, a espaldas de los tributarios y de los electores, sin responder dentro de un sistema republicano de pesos y contrapesos.  Que tiene el poder de aconsejar al Ministerio Público sobre qué causas penales iniciar, cómo iniciarlas y contra quiénes iniciarlas.  Tal poder formidable -porque el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente- no debería ser ejercido en secreto; ni en Guatemala, ni en Washington D.C.

Actualización: La jueza Aifán le está dando largas al asunto y presentó un recurso de ampliación y aclaración.  ¿Qué poderes la protegen, que siente que puede jugarle la vuelta a un tribunal superior?

Ilustración por Deval Kulshrestha, CC BY-SA 4.0,  Wikimedia Commons.

El empresario Bill Browder presentó, ante la Comisión Helsinki, un listado de evidencias documentales que prueban que le banco estatal ruso VTB trabajó con la CICIC la persecución de la familia Bitkov, en Guatemala.

Bill Browder es el promotor de la ley Magnitski, que en sus inicios buscaba castigar a funcionarios rusos involucrados en el asesinato de Sergei Magnitski mediante no dejarlos entrar a los Estados Unidos de América y mediante la prohibición de que usen el sistema bancario de aquel país; y luego se extendió a funcionarios globales involucrados en abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. En Guatemala, un diputado acusado del asesinato de dos periodistas fue sancionado por los EE.UU, con la ley Magintski.

Recientemente uno de los banqueros rusos involucrados en este asunto es Andrey Kostin, presidente del banco estatal VTB que ha sido objeto -junto a otros oligarcas rusos- de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, que le ha aplicado la ley Magnitsky, que equivale a una muerte financiera internacional.

Las evidencias provistas por Browder incluyen que: el 13 de noviembre de 2014 la CICIG aceptó una queja de VTB contra los Bitkov: el 21 de enero de 2015 VTB publicó un boletín de prensa en el que elogiaba las acciones coordinadas entre VTB y la CICIG, que llevaron a la captura de los Bitkov; el 22 de enero de 2015 la CICIG arguyó, en la corte, que VTB de debería ser aceptado en los procedimientos judiciales contra los Bitkov.

Las evidencias también incluyen que: el 26 de enero de 2015 un periódico de negocios, ruso, reportó que los abogados de VTB estaban involucrados con la CICIG en el caso contra los Bitkov; el 14 de diciembre de 2017 VTB y la CICIG presentaron una apelación que buscaba anular un amparo a favor de los Bitkov; y el 25 de abril de 2018 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló a favor de los Bitkov y rechazó una apelación de VTB y la CICIG.

Claro que la CICIG no actúa directamente en los tribunales, sino que lo hace por medio del Ministerio Público, de acuerdo con su mandato.  La CICIG hace las investigaciones para el MP, lo asesora en cuanto a qué casos perseguir y con qué intensidad y le arma los casos.

Hay un caveat, sin embargo, con normas como la legislación Magnitsky, La legislación de extinción de dominio, o la lista Engel por mencionar tres: Por supuesto que a uno le alegra que los malos sean castigados; pero la legislación referida y la práctica mencionada son disposiciones ejecutivas -y por lo tanto políticas- que violan el debido proceso, y la presunción de inocencia.  Además son expropiatorias. Nada tienen que ver con la administración de justicia.  Son un sanbenito y pueden resultar en una forma de linchamiento o asesinato de carácter que tiene efectos profundos en la prensa, las redes sociales, en la opinión pública y, hasta en los tribunales.

Todo aquello no sirve a la justicia, ni siquiera si cae sobre los malos. ¿Y qué tal si cae sobre los buenos? El problema grave de castigar políticamente, al margen de las garantías procesales, es que se abre una puerta ancha para la arbitrariedad y para el ejercicio de la guerra jurídica o lawfare. 

En Guatemala esa puerta fue abierta durante los tiempos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG; y la cuestión es si queremos que siga abierta.  

¡Por supuesto que los malos -como los esbirros de Putin y los violadores de derechos humanos- deben enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos delictivos y abusadores! Pero no por medio de decisiones políticas, no a riesgo de decisiones arbitrarias y no al margen de las garantías procesales.