Hace años, a un jefe de la Policía se le ocurrió que era obligatorio que todos los vehículos automotores pusieran bandas de tape reflectivo en sus parachoques. Entonces se dijo que era para la seguridad vial y qué se yo que más. Y uno podría pensar que, tan arbitraria orden policial, enriqueció a algún importador y comercializador de aquel tipo de tape. La cosa olía tan mal que la disposición fue anulada poco después; pero no sin que antes, muchísima gente hubiera tenido que gastar en el capricho del jefe policíaco.
De eso me acordé cuando leí que una iniciativa de ley que obligará a que sólo sean importados y comercializados los llamados focos ahorradores, fue aprobada en el Congreso de la República. Según Mario Taracena, diputado oficialista, los focos ahorradores que sí podrían ser comercializados son distribuidos por una empresa determinada.
La justificación para esta disposición arbitraria es que busca el ahorro energético para el país; pero esa es una falacia burda. En realidad, el país no paga la factura de energía eléctrica; sino que cada consumidor paga su propia factura. Uno, como consumidor, decide si quiere ahorrar en su consumo de energía, o no. Y quienes al final pagan más, o menos, de acuerdo con el tipo de focos que quiera usar, o el tipo de aparatos eléctricos que tenga, son las personas individuales, no el país.
Se exceptúan, claro, los casos de subsidio en los cuales los políticos socialistas disponen quitarles la responsabilidad del consumo a unas personas y cargarles el costo a otras. Pero aún en ese caso, el problema es el subsidio, no el costo del consumo. De modo que si se quiere evitar que la socialización del consumo sea más cargosa que lo que sería el consumo responsable individual, con lo que hay que acabar es con la distorsión.
Una vez más, el estado niñera infantiliza a los individuos al quitarles responsabilidad, crea privilegios comerciales y coarta la libertad de las personas, y crea oportunidades para la corrupción.
