La Constitución de Guatemala, en su artículo 204 fija como condición esencial de la administración de justicia, que los tribunales, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley, o tratado; y en su artículo 44, dice que serán “nulas ipso” jure las leyes y las disposiciones gubernativas, o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan, o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.
Por eso llama mucho la atención la opinión que el abogado y columnista -ex decano de una Facultad de Derecho- Alvaro Castellanos Howell, expresó sobre ProReforma en su artículo titulado El derecho internacional. Castellanos sostiene que el artículo 175 de aquel proyecto de reforma constitucional, que se refiere a la primacía constitucional y a la jerarquía de las normas, es problemático.
Castellanos argumenta que el citado artículo 175 de ProReforma contradice al artículo 46 de la Carta Magna chapina, mismo que dice que se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
Empero, Castellanos pasa por alto la especificidad a la que se refieren los artículos 204 y 44, mismos que claramente le dan primacía a la Constitución, sobre leyes, tratados, disposiciones gubernativas y otros tipos de ordenes. Y hasta donde yo se, en materia de interpretación legal, lo específico prevalece sobre lo general.
Castellanos también parece ignorar que la Corte de Constitucional ha emitido fallos reiterados en los que confirma que la Constitución prevalece sobre los tratados. Uno puede encontrarlo cualquiera en la Gaceta Jurisprudencial No. 9, página 28, expedientes acumulados 39-88 y 40-88; y otro puede hallarlo en la Gaceta Jurisprudencial No. 37, página 9, expediente 199-95.
Es una ligereza inexplicable la interpretación del artículo 46 de la Constitución, sin tomar en cuenta el 204, el 44 y los fallos de la Corte de Constitucionalidad.
De acuerdo con la doctrina generalmente aceptada, todo estado tiene una Constitución, y ya sea escrita, o no, esta es un sistema de normas supremas. Si la Constitución no es puramente nominal, sus normas dominan los procesos políticos y estos se adaptas a las normas constitucionales. Sin Constitución no hay estado, ni organismos que firmen y aprueben tratados. Todas las constituciones -que no son puramente nominales- no sólo imponen limitaciones procesales sobre los gobiernos, sino que también imponen limitaciones de carácter sustantivo sobre los poderes gubernamentales, incluidas limitaciones a sus poderes en cuanto a emitir leyes y en cuanto a firmar tratados (que para que tengan efectos plenos, deben ser convertidos en leyes ordinarias).
A nadie debería extrañarle que ya que una de las funciones esenciales de cualquier constitución no nominal, es la de limitar el poder del gobierno (o sea, el de los políticos que ejercen el poder), entonces la Constitución sea la ley suprema.
ProReforma recoge y protege aquellas tradiciones constitucional, jurisprudencial y doctrinaria según las cuales toda ley (incluidas aquellas que tienen su orígen en tratados) está superditada a la Constitución.
¿Por qué es que Castellanos está cortando varas? Cuenta la leyenda que un campesino bastante sordo fue saludado desde lejos por un compadre suyo; y entre ellos se produjo el diálogo siguiente:
–Adiós, compadre.
–Aquí, compadre, cortando varas.
–Adiós, le digo.
–Sí compadre, para hacer un cerco.
Y por eso es que aquí, en Guatemala, se dice que alguien está cortando varas cuando -fingiendo demencia, o ignorancia- lleva el diálogo por donde le conviene, independientemente de los hechos, o de la naturaleza de aquel.
