Si las cosas siguen como van, dentro de 36 años el gobierno de Guatemala va a estar pactando la paz firme y duradera con los grupos que -en 2013- empezaron su lucha armada con acciones de terrorismo como el ataque a la mina San Rafael, ocurrido en la madrugada del sábado 12 de enero.
Los grupos que se oponen a la minería, que buscan hacer la revolución mediante el uso de los movimientos sociales, y que comparten iconografía y retórica con la guerrilla de los años 69, 70, 80 y 90 ¿están retomando el camino de la violencia?
Claro que habrá que ver cuáles son los resultados de la investigación que se haga con respecto a las acciones armadas del sábado, en las cuales perdieron la vida tres personas y hubo siete heridos; además de que hubo costosos daños materiales-
Mientras tanto, y dada la experiencia de los últimos años, no está de más preguntar si dentro de 36 años, cuando se acuerde la paz firme y duradera, ¿recibirán alguna indemnización las familias de todas estas víctimas? ¿O sólo la recibirán las familias del atacante muerto? ¿Cuántos generales y oficiales del ejército van a ser perseguidos luego de que se pacte la paz firme y duradera con los terroristas que perpetraron los actos del sábado en San Rafael?
Admitamos, por favor, que es muy distinto oponerse a algo de forma pacífica, que hacerlo mediante la violencia, y peor aún si esa violencia implica el uso de armamento, el terrorismo, la muerte y otras acciones propias de grupos revolucionarios cuyo legado todavía estamos sufriendo.
Por cierto…¿dónde están las protestas de la oligarquía de los derechos humanos por el asesinato de los indígenas que murieron en este acto de terrorismo? ¿Dónde? Sospecho que para la Oli de los derechos humanos hay muertos útiles, y muertos inútiles.
