Al grito de La madre tierra no se compra ni se vende, se recupera y se defiende, la dirigencia agrarista de Guatemala organizó una manifestación para exigir la inmediata aprobación de una ley que privilegie sus intereses particulares, sobre el derecho de propiedad.
La ley agraria apunta a la redistribución de la tierra, y a combatir los cultivos de caña de azúcar, bananos, palma africana y otros cultivos que son para su venta fuera del país. Los que proponen dicha ley hablan de regularizar la tenencia de la tierra para las comunidades campesinas e indígenas; por lo que uno puede suponer que aquella normativa busca eliminar o minimizar el derecho de propiedad y busca colectivizar la tenencia de la tierra. La normativa busca, claro, que dinero ajeno tomado por la fuerza (o impuestos) sean canalizados políticamente para atender las exigencias de los privilegiados que resulten tenedores de tierras bajo el régimen que establecería esta normativa.
Este es un ejemplo más de cómo es que grupos de interés pueden usar la ley para sus propios beneficios, si hacen suficiente bulla y si ejercen suficiente presión.
