Según cierta mitología africana, en algún lugar del Continente Negro se encuentra un cementerio de elefantes. De eso me acordé cuando leí que el Palacio Nacional y la Casa Presidencial de Guatemala son un cementerio de aparatos antiguos de espionaje, según se desprende de declaraciones del presidente socialdemócrata Alvaro Colom.
“Se encontraron aparatos viejos que no estaban en funcionamiento, como teléfonos inalámbricos y antenas por todos lados, para escuchar conversaciones”, aseguró Colom
El perro del hortelano, según la tradición popular basada en una comedia de Lope de Vega, ni come, ni deja comer.
Perros de hortelano son los chapines que quieren energía eléctrica barata y abundante; pero que se oponen a la construcción de hidroeléctricas. Así son los chapines que quieren empleo y buenos salarios; pero que se oponen a la instalacion de industrias y a la explotación de los recursos naturales para convertirlos en riqueza. Exactamente como los chapines que no dudarían en usar un teléfono móvil para llamar a un médico, o a un taxi; pero no quieren antenas de telefonía en su vecindarios.
Una de esas personas aseguró que “hay estudios sobre los efectos dañinos que producen esas antenas en la salud de las personas, como el riesgo de contraer cáncer”; pero nada de esto ha sido probado. Sin embargo, si aquel extremo fuera cierto remotamente, ¿a qué vecindarios deberían ir a parar las antenas de telefonía móvil? ¿Es posible y útil confirnar las antenas de telefonía a lugares deshabitados? ¿Deberíamos prescindir del todo de la telefonía móvil?
Actidudes así -contra la tecnología y basadas en rumores- me recuerdan a las de los luditas que, en el siglo XIX, se oponían violentamente a las máquinas y la tecnología emergente de aquel entonces. Los neoluditas del siglo XXI obstaculizan la revolución digital, la biotecnología, la tecnología de telecomunicaciones y otras formas nuevas de desarrollo; en parte por ignorancia, pero no ajenas a movimientos ideológicos que aprovechan la candidez de la gente sencilla.
Aquí en Guatemala, donde a cualquiera lo matan por robarle el teléfono móvil y donde los asaltos a la salida de los bancos están a la orden del día, ni siquiera Dios se salva de la inseguridad.
Así lo muestra este letrero que dice: Esta iglesia está portegida con alarmas contre robos.
Estos dos se echan una siesta sabrosa en el parque que está al lado del Mercado de la Villa de Guadalupe. ¡Quién pudiera!
Casi no hay semana del año en la que no encuentre a alguien meando en la calle. Aveces me da tiempo de fotografiarlos y aveces no. He aquí al meón de la semana.
Esta es una de las costumbres chapinas más despreciables, juntamente con la de la impuntualidad, la de no confirmar asistencia a las invitaciones, y la de no responder directamente a preguntas directas.
Cándido no paraba de atorarse de la risa esta mañana. “Vea usted”, me dijo. “El honor vicepresidencial está a salvo, y yo tan mal pensado”. Acto seguido, el buen hombre me mostró la noticia de que el vicepresidente, Rafael Espada, dió a conocer que ¡localizaron micrófonos escondidos! en dos teléfonos y en la calculadora de su oficina. Los aparatos fueron hallados durante una segunda inspección.
“Francamente daba grima. ¿Se imagina, usted, que alguien ponga micrófonos y cámaras en el despacho presidencial y que ningunee a Rafael Espada? El pobre Médico Machete, ¡que obra portentos!, debe haberse sentido como víctima de la exclusión. Afortunadamente hubo una segunda inspección y en esa ocasión sí encontraron aparatos de espionaje de acuerdo con la alta investidura del cirujano”, me expicó Cándido.
“Si les ponen micrófonos a don Alvaro y a doña Sandra Evita –y si Chávez denuncia una conspiración para asesinarlo y para dar un golpe de estado- ¿iba usted a creer que las fuerzas oscuras iban a ignorar a don Rafa? ¡Que va!, lo que pasa es que en la primera inspección fueron unos ineptos y no hallaron los aparatos”, concluyó Cándido, mientras tomaba algo de agua, para aliviar la risa.
Una nueva ley de armas ha sido presentada en el Congreso y su principal característica es que no limita el número de armas que pude tener una persona y el único requisito que pide, para tenerlas, es que el poseedor tenga una licencia por cada tres de ellas. Yo aplaudo esta iniciativa porque la anterior, desarmaba a los ciudadanos honrados.
Lo que me parece descarado y una sinvergüenzada, es la justificación para hacerlo. El diputado Luis Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, dijo que es para equilibrar entra las demandas de la sociedad civil y las de los empresarios de armas que pedían dejar en libertad la adquisición de municiones.
La explicación de Mendoza pone en evidencia lo que sabemos y sospechamos: que la legislación chapina está plagada de normativas hechas a la medida de los grupos de interés que tienen influencia y poder. En vez de leyes generales y abstractas que protejan los derechos individuales y el cumplimiento de los contratos, el Legislativo es una churrería de normas mandadas a hacer, particulares y concretas, hasta con nombre y apellido.
La verdadera justificación para no negarles a la gente la facultad de poseer y portar armas registradas reside en el derecho a la defensa que todos tenemos qua personas. Los delincuentes prefieren víctimas desarmadas. Los delincuentes ni registran sus armas, ni piden licencias para portarlas y cometer crímenes con ellas. Y encima de todo, la administración y el Estado son demostradamente incapaces de proveer un mínimo de seguridad y justicia. En esas condiciones, el indiscutible derecho individual a la defensa de la vida y de la propiedad es, sobradamente, la única justificación necesaria para que el estado niñera se mantenga al margen de este asunto.
Más, aún, las armas en manos de los ciudadanos no sólo sirven para defender legítimamente la vida, la propiedad y la libertad contra los delincuentes; sino para garantizar la protección de aquellos derechos en caso de que la administración (depositaria del poder público y del monopolio del uso legítimo de la fuerza para proteger los derechos individuales) se convierta en una sistemática violadora de los derechos que está llamada a proteger. Esto, claro, no les gusta a los políticos; pero ¿quién dijo que tiene que gustarles? Total, “el poder público proviene del pueblo y los funcionarios son depositarios de la autoridad”.
Lamentablemente, entre la manía regulatoria de los grupos de interés que dicen representar a la sociedad civil, y la rapiña de los pipoldermos y de sus patrocinadores, se olvida lo más importante.
