¡Chapó para el Banco de Guatemala! Porque rechazó la pretensión del Organismo Ejecutivo de usar US$40 millones de las reservas monetarias internacionales para financiar la adhesión de nuestro país al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con sede en Venezuela.
¿Por qué querrían los chapines que el gobierno sea accionista del CAF? La ilustración es de Grok.
Según el Ministerio de Finanzas —por medio del Presupuesto para políticos y burócratas 2025— se le podía ordenar al Banguat que entregara las RMI para la compra de acciones de aquel órgano. Pero el banco central se puso los pantalones y dijo que siempre no, porque lo prohíben tanto la Constitución, artículo 133 como la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, artículo 71c. De hecho, la Junta Monetaria prepara una acción de inconstitucionalidad contra la pretensión del Ejecutivo.
Para garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto al gobierno.
Esta disposición protege el valor del dinero que tienes en la billetera y el de tus ahorros, porque cuando el gobierno consigue financiamiento del banco central —como ocurrió durante los encierros forzados del 2020— se genera inflación. Tú ya sabes, por supuesto, que la inflación le roba valor a tu plata y que por eso debería ser delito.
Además, esa disposición es parte de la división del poder, esa misma característica del estado de derecho a la que Karl Loewenstein calificó como la base del gobierno civilizado. El jurista consideraba que la clasificación de un sistema político como democrático constitucional republicano depende de la existencia de instituciones efectivas mediante las cuales el ejercicio del poder está distribuido entre los detentores del poder.
Aquel mandato constitucional es de 1994; pero diez años antes, mi recordado y querido amigo Gilberto Chacón fue pionero con su tesis “El control jurídico de la emisión monetaria”, cuando escribió que la existencia de un estado de derecho presupone limitar de forma clara y precisa la facultad de los políticos y burócratas de crear dinero. ¿Por qué? Porque los intereses del Estado no deben prevalecer sobre los derechos individuales y porque el financiamiento de políticos y burócratas era una de las principales fuentes descontroladas de creación de dinero.
En la calle se suele creer que la división del poder es sólo entre los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; pero aquel concepto clave se extiende a un Ministerio Público independiente y a autoridades electorales y monetarias independientes, por mencionar tres. Mientras menos concentrado esté el poder estatista, mejor.
Además, ¿por qué los guatemaltecos deberíamos pagar la adhesión del país a otro organismo financiero internacional? ¿Acaso no es suficiente la sopa de letras del FMI, BIRF, BM, BID y BCIE? Tanto John Hancock en Lords of Poverty como William Easterly en The Elusive Quest for Growth: Economists: Adventures and Misadventures in the Tropics han advertido de los peligros de la industria internacional del desarrollo por medio de préstamos y ayudas.
¿Para qué queremos otro club donde endeudarnos para que luego nos digan cómo vivir? ¡Basta ya de regalar nuestro dinero y nuestra soberanía!
Columna publicada en República.
Actualización: Si quieres conocer qué es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe o CAF, haz clic aquí.
Otra actualización: El Minfin afirma que hubo una malintepretación dolosa. Sin embargo, comprar acciones de un banco con el historial del CAF; y usar dinero tomado de los tributarios cuando ni la seguridad ciudadana, ni la administración de justicia, ni el sistema penitenciario son bien atendidos; y cuando las carreteras se están desmoronando (por mencionar algo) es un disparate que sólo se explica por motivos puramente políticos de la actual administarción.
