Desde el martes pasado, la coalición oficialista demandó al Estado de Guatemala, ante la Corte Centroamericana de Justicia, debido a que Sandra Evita Torres –precandidata presidencial de esa alianza– se considera excluida de la lucha electoral.
Ni la administración de Alvaro Santa Clos Colom, ni los partidos demandantes les informaron de esa acción a los guatemaltecos; y hoy nos enteramos sólo porque lo reveló un alto funcionario de la CCJ.
Mientras tanto flota una duda en el ambiente twittero:
Según resolvieron el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, la precandidata cometió fraude de ley para intentar ser inscrita a pesar de una prohibición constitucional. Y en ese contexto, la Corte Suprema de Justicia confirmó que sí hubo fraude de ley y que, por lo tanto, el Registro sí tiene la facultad legal de denegar la inscripción.
Entendido lo anterior, resulta que la coalición que apoya a Evita ha demandado al Estado de Guatemala; pero ahí está que quien ejerce la representación del estado es el Jefe de la Procuraduría General de la Nación; órgano que, en su oportunidad le pidió a la Corte Sprema de Justicia que amparara a Torres. Para más señas, el Procurador es nombrado por el Presidente de la República, que es cómplice, con Evita, en la comisión de fraude de ley.
¿Quién, entonces, defenderá al Estado? ¿Es al Estado al que hay que defender, o al estado de derecho y a la República?
Coincido con quienes opinan que esta acción de la Unidad Nacional de la Esperanza-Gran Alianza Nacional, no es más que un acto más del numerito japonés que Evita montó, ayer, en la Corte de Constitucionalidad. Mi cuate, Fernando, decía que su mamá le hacía un numerito japonés cuando, a modo de Cio Cio San, la señora le montaba un drama lastimero con lágrimas y todo.
¿Qué más sorpresas nos depara este novelón?
