¡Por supuesto que la violación (y su versión machista de abusos deshonestos) son crímenes muy repugnantes! ¡Y más si son cometidos contra menores de edad! ¡Por supuesto que quienes cometen esos delitos se merecen que la ley sea dura con ellos y que la pena que se les aplique sea severa! Pero de eso, a promover penas bárbaras, hay bastante distancia.
Vienen estas meditaciones a la novedad de que un diputado del partido oficial, en Guatemala, acaba de proponer que los culpables de la violación de niños y mujeres sean castrados mediante un proceso químico; y que, en casos de gravedad la castración sea quirúrgica.
En Occidente la pena es vista como una forma de tratamiento basado en el estudio de la personalidad, encaminada a la reforma del delincuente, a la segregación del no reformable y a la prevención de delitos futuros. Tradicionalmente, sin embargo, la pena ha tenido dos sentidos: a) el de una forma de sufrimiento impuesto por el estado a los que hayan sido encontrados culpables de un delito, luego de un debido proceso judicial; y b) el de una forma de prevención que busca evitar la comisión de nuevos delitos.
En la mayoría de países civilizados las penas suelen ser privativas, o restrictivas de libertad; privativas, o restrictivas de derechos (políticos), y pecuniarias. Las antiguas y bárbaras penas infamantes, o corporales han desaparecido de la mayoría de sistemas penales de Occidente y de los países civilizados.
Sin embargo, como el propósito de las penas debe ser el de hacer justicia -concepto generalmente relacionado con el de retribución- su concepción en el sistema penal de un país debe tomar en cuenta los sentimientos tradicionales propios y enraízados entre los individuos y se expresan a modo de conciencia de grupo (como quepa la expresión). De ahí que no sólo pare los pelos el hecho de que un legislador pretenda restablecer un tipo de pena infamante y corporal como la castración (aún en delitos atroces), sino que pone la carne de gallina leer lo que muchos miembros de la sociedad se atreven a expresar acerca de la propuesta legislativa. ¡Hay quien propone que a los delincuentes les corten un dedo cada vez que entran a la cárcel! Hay quien cree que se debería castrar a los políticos corruptos.
A los que no le atinan, les advierto: ¡No estoy defendiendo delincuentes, y mucho menos a violadores! Pero sí advierto contra al desesperación. Años y años de impunidad, ¿nos están orillando, como sociedad, a la barbarie y a los desmanes? Aparte de la facultad de robar (por medio de impuestos), ¿les vamos a entregar a los políticos la facultad de castrar y amputar? Ya les dimos la de matar (por medio de la pena de muerte); ¿les vamos a dar la de castrar y amputar?
Las penas, ¡por supuesto!, deben ser proporcionales, no sólo al delito cometido, sino a las condiciones personales del delincuente. Pero el sentido común -y la tradición de Occidente- apuntan a que esa proporcionalidad debe respetar los derechos individuales de todas las personas, incluidos los delincuentes, porque es de interés colectivo que los derechos individuales de todos sean respetados por igual…sobre todo por el estado y sus funcionarios, a quienes les hemos concedido el monopolio del uso de la fuerza en la sociedad. ¡Que peligroso sería darles ese monopolio como si fuera un cheque en blanco! y qué peligroso (y hasta cierto punto triste) es que haya diputados y ciudadanos acariciando la idea de que, en una sociedad civilizada, podrían ser aceptables penas infamantes y corporales como la castración y la mutilación.
En todo caso, porque es cierto que tenemos problemas de delincuencia exacerbada y de impunidad generalizada, lo que sí urge es adoptar una política inequívoca y resuelta en cuanto a castigar a los delincuentes. ¡Que se sepa que, contra los delincuentes, no estamos sólo amagando! Al respecto, el juez Oliver Wendell Holmes escribió: La ley debe cumplir con sus promesas, de modo que la aplicación de la ley sea un asunto de principios, no un acto de arbitrariedad, ni un desmán de barbarie.
