De forma sorpresiva y oportunista, un grupo de diputados oficialistas intentó colar una enmienda legislativa —entre los fondos para el Tribunal Supremo Electoral— y repartir millones de quetzales de los tributarios a supuestas organizaciones no gubernamentales afines. Aquellas transferencias iban de entre Q1 y Q13 millones para aquellas organizaciones por medio de los ministerios de Desarrollo Social y Educación.
La iniciativa fraudulenta fue improbada, pero ¿notas que la nueva política se parece mucho a la vieja política? A los tributarios nos debería quedar claro que una organización supuestamente no gubernamental no puede reclamar ese título si por medio del gobierno toma dinero de los tributarios para beneficiar su causa (o la de sus directivos). Los tributarios deberían tener claro que ministerios como el de Desarrollo Social, Educación, Salud y Agricultura son plataformas perfectas para criar clientelas electorales para los partidos oficialistas (cualesquiera que sean sus colores). Esto es porque son ministerios regalones, o porque contratan multitudes.
Estas prácticas, rescatadas por la nueva política de los semilleros y raiceros, bien pueden ser calificadas como fraudulentas en el contexto de los comicios de 2027 porque apuntan a compra de voluntades, compra de influencia y compra de votos.
Las organizaciones que recibirían dinero de los tributarios, de forma arbitraria y abusiva, son:
- Asociación para el Desarrollo y Progreso de Guatemala
- Asociación Civil No Lucrativa para la Defensa y Promoción de los Intereses Relacionados con el Desarrollo Campesino de Occidente (ADECO)
- Rut Noemí
- Asociación Tz’ikin Tactic ONG
- Asociación Aq’onvil
- Comunicación, Información, Monitoreo y Análisis para el Desarrollo Humanitario
- Centro de Estudios de Resiliencia y Regeneración
- Asociación de Beneficio Social Integral
- Asociación para el Desarrollo Empresarial de la Región Chortí
- Asociación de Desarrollo Comunitario, Unidad, Inversión en Sociedad
- Asociación Civil No Lucrativa de Desarrollo de Sordos de Quetzaltenango
La primera ha de ser importantísima porque si la iniciativa hubiera pasado, esa asociación hubiera recibido Q13 millones.
¿Quién controla realmente estas organizaciones? ¿Qué nivel real de transparencia financiera y operativa tienen? ¿Por qué precisamente estas once y no otras? ¿Tienen capacidad real para ejecutar y fiscalizar esos montos? ¿Cuál es el propósito político real detrás de esta selección? ¿Qué otras asociaciones reciben privilegios de esta naturaleza y a cambio de qué? A tí, ¿qué preguntas se te ocurren?
Con tantos millones de los tributarios en juego para esas asociaciones, queda claro que el negocio del clientelismo sigue operando con los mismos mecanismos de siempre, solo que ahora con nuevos nombres y disfraces.


