Para proteger a las víctimas

 

Durante 18 viernes, en 2001, fui parte de un grupo de guatemaltecos que nos reuníamos en el Obelisco a las seis de la tarde para tratar de evitar que a los chapines se nos cargara con más impuestos.  Nos vestíamos de negro, llevábamos velas, cantábamos el Himno Nacional, a veces alguien decía unas palabras, y le dábamos la vuelta a la rotonda de aquel monumento.  Al concluir los encuentros dejábamos el lugar limpio y nos íbamos a casa.

Al principio recibíamos alguna atención de la prensa; pero luego, sospecho que los medios se aburrieron de nosotros; y, por supuesto que no conseguimos detener el alza en los tributos.

Ante la frustración, algunos participantes sugirieron: ¡Paremos el tráfico y vas a ver cómo sí salimos en los medios! ¡Bajemos la bandera del lugar y vas a ver cómo llamamos la atención!  Nunca se permitió que algo como aquello ocurriera y eso desanimó a los exaltados que acudían a aquellos Viernes de Luto.  Era criterio del grupo organizador la idea de que si violábamos los derechos de las personas al bloquear el Obelisco, o si tomábamos una bandera que no nos pertenecía, íbamos deslegitimar un movimiento sano y civilizado.  Para los organizadores estaba claro que si dañábamos a terceros, no íbamos a ser diferentes de los agresores que querían elevar los impuestos, ni del tipo de manifestantes que bloquea carreteras, o del que se comporta como simios.

No te cuento aquello para presumir…pero sí.  Hay diferencia ética entre quienes ejercen el derecho a manifestar de forma pacífica (sin amenazar, ni perjudicar a nadie); y los que usan el derecho a manifestar como un pretexto para incitar a la violencia, y crear terror y desorden.  ¡No existe tal cosa como el derecho a bloquear! Y si un puñado de personas bloquea (es decir, que amenaza con usar la fuerza contra quienes intenten pasar el bloqueo), la obligación moral de las autoridades, en defensa de los derechos de las víctimas del bloqueo, es remover el bloqueo.

Las autoridades, pues, deben contar con el apoyo legislativo, judicial y político necesario para proteger a las víctimas de los bloqueos, contra las imposiciones de los bloqueadores.

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