Con el propósito de detener la caravana que viene de Honduras -¡Que debe ser detenida y regresada!- la administración Giammattei impuso un estado de prevención en siete departamentos guatemaltecos. No está en duda que esas caravanas son pagadas y que ocasionan problemas graves y complejos; pero no es admisible que la Administración acuda a los estados de excepción para desfacer entuertos en violación de la Constitución y/o para hacerse la vida fácil a costa de los derechos individuales.
La ilustración la tomé de la Corte Nacional de Justicia, de Ecuador.
Los positivistas no van a estar de acuerdo, porque el texto constitucional permite la limitación de derechos; pero como la Constitución existe para hacer constar los derechos individuales y otras garantías, el acto de limitar los derechos temporalmente con el propósito de gobernar es anticonstitucional. Los estados de emergencia son anticonstitucionales porque anulan la razón de ser de la Constitución. Puesto de otra forma, ¿de qué sirve que la Constitución haga constar derechos, si la Administración puede neutralizarlos a su antojo?
Si el Ejecutivo puede suspender los derechos cada mes por decreto para gobernar (y así ha sido en esta Administración), el mal mensaje es que los derechos sólo entorpecen al ejercicio del poder y a la Administración. El mal mensaje es que -en tiempos de pandemia, o de caravanas- los derechos son suspendidos por nuestro bien.
A aquellas razones de fondo, por las cuales es anticonstitucional suspender la vigencia de los derechos individuales, hay que sumarle razones prácticas. Ni la contención de la pandemia, ni la de las caravanas necesitan de una ley de orden público para hacerse efectivas. En el caso de estas últimas, tanto la policía, como el ejército están plenamente facultados para actuar; pero el Ejecutivo prefiere dictar y decretar (como en una dictadura, y de ahí la anticonstitucionalidad), que gobernar, como corresponde en una república (en la que los derechos individuales de todos por igual, se respetan siempre, sin excepción).
Los estados de excepción son abusos y son anticonstitucionales.
¿Qué opinas?
Columna publicada en elPeriódico.
